Es verdad que la píldora del día después puede funcionar como anticonceptivo, dificultando la subida de espermatozoides o impidiendo la ovulación. Pero dado que se toma el “día después” (varias horas o días después), en circunstancias de que la fecundación en condiciones normales ocurre rápidamente (no más de una hora), se puede razonablemente pensar que por lo menos en algunos casos, o funcionó como anticonceptivo por una razón extraordinaria, o no sirvió pues no se produjo concepción o, muy probablemente, si hubo fecundación, opere como abortivo impidiendo la anidación de aquel que ya fue concebido, por la modificación del endometrio que produce como tercer efecto por todos reconocido el levonorgestrel 0,75 mg. Sin embargo, no hace falta la certeza de que funcione como abortivo, basta la sola posibilidad aunque sea mínima, bastante notoria a una  mirada objetiva y desprejuiciada, para que el más elemental sentido del valor de la persona humana indique que es moralmente ilícito consumir y ofrecer algo que pueda matar injustamente al más inocente e indefenso de los seres humanos.

La aprobación pública de la distribución y venta de esta substancia, como lo indica el proceso realizado en otros países, es el paso previo necesario para una legislación derechamente abortista. Etapa previa necesaria pues ante la patencia de la gravedad moral que implica el asesinato del más débil e indefenso a una conciencia normal, en virtud de la cual nunca se aceptaría inmediatamente el aborto, hace falta aquella previa “preparación”, que en este caso consiste en aceptar el consumo y distribución de algo que sólo “puede” funcionar como abortivo. Basta que se use con la sola posibilidad de que sea abortivo para que se inicie aquella progresiva deformación de la conciencia moral necesaria para la aceptación, más adelante, del aborto directo. Por esto, la presentación de la píldora como derechamente abortiva no serviría al proceso conscientemente desarrollado por los que quieren el aborto en Chile.

Supuesto que puede funcionar como anticonceptivo, no se trata de demostrar que es abortiva, basta afirmar y poner el acento en su ilicitud por la sola posibilidad de ser abortiva. El peso de la prueba recae en quienes dicen que no es abortiva. Son ellos quienes deben demostrar que no lo es, ni siquiera como posibilidad, para que su consumo y distribución no sea inmoral y, además, inconstitucional según nuestra legislación vigente. Si en un supermercado se descubre una sola caja de leche en mal estado, no sólo nadie duda sino que todos exigen que se retiren inmediatamente todas las existentes para evitar un problema intestinal. Y, en cambio, si el riesgo es que una substancia pueda quitar la vida injustamente a una persona, es tremendo pensar que no parezca ilícita su promoción y consumo.

Algunos, contradiciendo lo que aparece en las mismas cajas comercializadas por ejemplo en Estados Unidos, argumentan que no es abortiva porque no impide la implantación. Lo bueno de ello es el reconocimiento de que el embarazo y, por tanto, la existencia de la persona humana comienza antes, en el momento de la fecundación. Pero en este tema hay un elemento no suficientemente considerado. Se trata de la implícita aceptación de que si no es abortiva entonces no es inmoral su consumo, venta y distribución. Y es grave, porque es contrario al orden natural no solo el aborto sino también la anticoncepción artificial. De hecho, la mentalidad y práctica anticonceptiva según la cual la concepción del hijo es un mal que se debe evitar (manifiesta en las expresiones “cuidarse”, “preservativo”, anticonceptivo “de emergencia”), no solo afecta la dimensión unitiva del acto sexual sino que también conduce al aborto, en virtud de la lógica interna propia de la cultura contraria a la vida, como lo enseñó claramente Juan Pablo II en la encíclica Evangelium vitae. No es verdad que se evita o disminuye el aborto mediante la promoción de la anticoncepción artificial, como las estadísticas lo indican objetivamente en los países donde se ha operado según ese error, pues es imposible evitar un desorden moral mediante otro. El mal se vence sólo con el bien.

La entrega liberada por parte del Estado de una substancia que puede ser abortiva, con todas sus consecuencias psicológicas y efectos físicos colaterales ampliamente reconocidos y la “orientación” estatal dada en los consultorios, desvinculada del amor personal y cerrada a la vida, reducida mas bien a biología del “sexo seguro” orientado sólo al placer, a menores sin consentimiento de sus padres es, por una parte, un grave escándalo para los jóvenes pues reciben un mensaje que distorsiona su conciencia moral respecto del sentido de la sexualidad y de la relación filial con sus padres y, por otra, un verdadero atropello al derecho de estos en la educación de sus hijos. Como parte fundamental de su responsabilidad por el bien común es deber del gobernante civil generar las condiciones (sociales, económicas, culturales y morales) que faciliten a los padres la educación de sus hijos en el bien y no convertirse de hecho en un injusto agresor del cual los padres deban proteger a sus hijos por el daño que pueda hacerles a sus espaldas.

Por otra parte, parece muy poco consistente el argumento según el cual por razón de equidad habría que distribuir a los más pobres un fármaco al que acceden fácilmente los que tienen más recursos, obviando el problema central de si es o no conforme con el bien humano que el Estado debe promover y proteger. Según este principio, para que Chile sea más equitativo, por ejemplo, habría que ayudar a los más desposeídos a evadir impuestos como pueden hacerlo sin mayores problemas los más acaudalados, o habría que repartir drogas caras en las poblaciones para que todos tengan las mismas posibilidades que los ricos. Evidentemente, si el Estado reparte píldoras que pueden ser abortivas, de espaldas a los padres, y no reparte drogas es porque considera que lo primero está bien, o por lo menos no está mal. Pero esto es gravísimo. Ya está mal que existan abortos, pero muchísimo más grave es que el Estado lo declare legal, pues lo segundo es un desorden más profundo, en el nivel de la conciencia moral. Es verdad que siempre ha existido aborto, como también divorcio y uniones de homosexuales, pero lo que no había antes era declararlo legal. Es de nuestros tiempos la distorsión más profunda consistente en pensar y decir que el bien es mal y el mal es bien. Hoy en día incorrectamente se identifica ley civil con ley moral y así para muchos “legal” es sinónimo de “moralmente bien”. Por ello, el efecto deformador de la conciencia moral de una sociedad entera que operan las leyes civiles contrarias al orden natural hace que aquello “legalmente” aprobado se realice más, con menos trabas de conciencia. Aristóteles, en la Política, dice que la ley no tiene solo un efecto coercitivo sino también, y fundamentalmente, educativo. Legalizado el aborto no disminuye sino que aumenta, como lo prueba la experiencia de países abortistas.

Declarar legal el aborto es en realidad, a pesar de todos los eufemismos con que se presenta, declarar públicamente que quitar injustamente la vida al más inocente e indefenso está bien. Matar con aprobación de la autoridad estatal a aquel que por su condición debiera ser especialmente protegido por el derecho es signo de un grave deterioro moral, señal de una pérdida muy preocupante del más elemental sentido de la justicia. Se puede pensar que una sociedad que declara legal el aborto se ha quedado sin piso jurídico, ha perdido el sentido del derecho. Si es lícito quitar la vida injustamente al más inocente y al más indefenso, entonces ¿podemos decir que en esa sociedad se reconoce el derecho?, ¿podemos, en ese caso, proclamar y exigir coherentemente el respeto de los derechos humanos? Parece que no, por lo menos de manera coherente, porque se le ha dado reconocimiento jurídico, se ha consagrado como un derecho, la violencia injusta del más fuerte sobre el más débil. De ahí en adelante puede venir cualquier cosa. Normalmente, en el proceso de corrupción del derecho y la justicia de las sociedades que “progresan” según los ideales del progresismo liberal, primero es el divorcio, luego el aborto como posibilidad y en casos especiales, finalmente el aborto liberalizado y, después de esto, cualquier cosa: matrimonios de homosexuales (evidentemente, después de progresivas regulaciones civiles), adopción de niños por parte de estos, etc.

Cuando se intenta fundamentar la legitimidad de este tipo de legislaciones en la libertad de opción de los individuos, propia de una sociedad democrática, se está considerando, a mi juicio, solamente la relación de los individuos a las normas o disposiciones de la autoridad civil, pero se olvida la cuestión capital del deber que tiene esta, en virtud de su responsabilidad con el bien común, de que sus leyes sean conformes con el bien humano y así sirvan realmente al bien y felicidad de los ciudadanos. Es evidente que las personas de hecho eligen entre actuar según lo dispuesto por la autoridad o no hacerlo. No sólo se opta frente al aborto sino también frente a las normas del tránsito, ante las leyes laborales, etc. Unos respetan el máximo de velocidad, otros no; unos pagan imposiciones a sus trabajadores, otros no; unos cumplen su promesa de fidelidad conyugal, otros no. Y todos lo hacen libremente. Obran bien o mal, pero libremente. Otro tema, distinto de la obvia libertad de los hombres ante las normas, es que la autoridad no tiene derecho a legislar, ni siquiera a proponer, lo que es contrario al bien del hombre, aunque la mayoría lo quiera. Todos entienden que un profesor, basándose en la libertad de sus alumnos no puede, por ejemplo, poner como norma que las pruebas sean rendidas cuando los alumnos quieran, o que lleguen a la clase o se comporten en ella cuando y como quieran, aunque la mayoría de ellos así lo estime conveniente. Nadie duda de que un padre no obraría bien si, en atención a la libertad de sus hijos, declarara como lícito que puedan pegar pornografía en las paredes de la casa. El sentido común indica que el bien de los alumnos y de los hijos, del cual son responsables los profesores y los padres, exige que el ejercicio de su autoridad esté limitado por él. Si esto es verdad, ¿por qué razón la autoridad civil tendría derecho a normar como lícito lo que es contrario al bien de los ciudadanos? Si tiene derecho a ello, ¿qué se entiende entonces por bien común?

Por otra parte, es muy frecuente, para validar nuevas leyes o modificar las antiguas, el recurso al argumento de “la realidad”. Para legislar el divorcio civil con disolución del vínculo se apeló hace poco en Chile a la incuestionable realidad de que los esposos se separan. Ahora, la realidad del adelantamiento del inicio de la vida sexual de los jóvenes, del creciente número de embarazos de adolescentes parece exigir la promoción y entrega expedita de anticonceptivos, la píldora de emergencia y para muchos el aborto. En otros países “más adelantados”, la realidad de la homosexualidad y del deseo de homosexuales de realizar la paternidad ha sido la razón de modificaciones del ordenamiento jurídico con los correspondientes cambios en los conceptos de sexualidad, matrimonio y familia, y el surgimiento de nuevas normas nacionales e internacionales que lo amparan.

Parece que lo único “real” es lo que el hombre de hecho vive, sin ninguna referencia al orden objetivo de la naturaleza humana. El ordenamiento jurídico ya no está para salvaguardar el bien humano, no se reconoce que la autoridad con sus leyes y legítimo poder está para promover un obrar humano conforme a su naturaleza y felicidad objetiva, prohibiendo y castigando, cuando afecta el bien común, lo que es contrario a ello, sino que al parecer su misión consiste en acomodarse y hacer legalmente válida la vida que los hombres sin ninguna limitación eligen. “La vida real determina la conciencia”, decía Marx.

Y es evidente la realidad de las separaciones, promiscuidad sexual, abortos, homosexualidad, como también lo es la realidad de la mentira, la flojera, la guerra injusta, la miseria y el sufrimiento de los inocentes. Pero también es verdad que existe un orden del bien, un ideal de vida humana honesta al que debemos aspirar y en conformidad al cual se debe legislar. Porque existe esto los padres educan a sus hijos y tiene sentido un colegio. Los educadores particularmente para poder cumplir su misión  tienen derecho a una legislación y ejercicio de la autoridad civil que mantenga la conciencia del bien y del mal en la sociedad. Tiene más realidad, mayor consistencia ontológica, lo que el hombre “debe ser” según su naturaleza que lo que de hecho es en cuanto desordenado en su obrar, porque lo perfecto y perdurable es el bien, nunca el mal que, en cuanto tal, es puro no ser, falta de perfección y bondad debida.

Existe una manera humana de prevenir embarazos de adolescentes antes del matrimonio y de evitar enfermedades de transmisión sexual. Es posible entender y vivir la sexualidad de un modo conforme a la dignidad de la persona humana. Por su inteligencia el hombre puede conocer la maravillosa grandeza del cuerpo humano sexuado y su destinación al amor, y por su libertad puede lograr la integración de su tendencia sexual en la unidad de su ser personal y realizarla, libremente, en el orden del amor. Las substancias anticonceptivas no son remedios porque no sanan de ninguna enfermedad. La concepción de una persona no es un mal, es el resultado natural de la unión sexual de un hombre y una mujer. El asunto está en realizar la vida sexual en el momento que corresponde, con quien corresponde y con la finalidad que naturalmente corresponde. Los hombres somos libres, no un mero agregado de tendencias instintivas necesarias. Podemos decidir nuestra vida eligiendo los actos buenos sin necesidad de “artificios” que, como parches ulteriores, eviten consecuencias no queridas de actos no debidos. Verdaderamente libres, para vivir la sexualidad en el amor.