No es necesario recordar que este argumento se ha repetido, con machacona insistencia, para justificar el divorcio, el aborto, etc.

El positivismo jurídico está tergiversando el sano principio de respetar la libertad de los demás diciendo que no se deben imponer a los demás las opiniones acerca de la ley natural: si tu conciencia te lo impide, dirán, tú no te divorciarás, pero no tienes derecho a exigir que la ley prohíba el divorcio a quien no cree que el matrimonio deba considerarse indisoluble. Y el mismo razonamiento se aplica al aborto, a la eutanasia, a la homosexualidad, a las drogas, etc.

Con este planteamiento, ¿a qué se reduciría la función del Estado? Quizá se estaría llegando a la necesaria consecuencia del materialismo de reducir el Estado a la gerencia económica: “el gobierno de los hombres es reemplazado por la administración de las cosas” (Saint-Simón, frase que Marx hizo suya). Marx, efectivamente, llevará a su último término esta reducción de lo humano a lo material, haciendo del Derecho una sobreestructura de la economía.

El cristiano no puede caer en semejante engaño. Debe quedar muy claro que impedir, luchar con medios nobles, para que la ley humana no contraríe a la ley natural, no es cuartar la libertad de los demás –aunque fueran muchos los que pretendan esa falsa ley–; por el contrario es quitarles obstáculos para el ejercicio de la libertad: ¡la verdad os hará libres! No es imposición inhumana el remover lo que facilita las miserias humanas.

La frase “no ha de imponerse a los no creyentes la creencia cristiana sobre la ley natural”, concediendo retóricamente esa creencia, la niega del todo. Pues los cristianos creen que el contenido del Decálogo –además de haber sido revelado– es todo él de ley natural, afecta a todos y por esa ley seremos juzgados todos los hombres. Esos preceptos no son una opinión, sino una realidad objetiva alcanzable con la luz de la razón.