Estas breves líneas buscan aportar una visión conceptual panorámica, y algunas ideas prácticas, respecto a los principales desafíos éticos que pueden enfrentar quienes se han incorporado a los equipos de  trabajo en el nuevo Gobierno de Chile.  A estas alturas resulta obvio que, junto a la eficiencia y a la eficacia en sus tareas, el mayor reto que encaran todos los personeros del Gobierno es desterrar la corrupción que se ha enquistado en el aparato público. Esta responsabilidad sitúa a todos y cada uno de quienes han asumido –y asumirán- labores gubernativas ante la necesidad de ser ejemplos de probidad en el ejercicio de sus labores y, consecuentemente, ante al imperioso deber de estar atentos para evitar cometer errores morales en sus actuaciones, incluso por motivos de simple inadvertencia o descuido.

Teniendo a la vista el escenario descrito, a continuación se mencionan algunas de las dimensiones éticas que, por el valor intrínseco en juego y su probabilidad de ocurrencia, deben ser especialmente cuidadas en el desempeño de los cargos y encargos públicos:

1. Primacía del Bien Común: las conductas en las tareas de gobierno deben orientarse siempre a la consecución del bien común, el cual normalmente se traduce en perseguir los legítimos objetivos que nos han sido encomendados. Ante la eventual contradicción entre el bien común y algún bien particular o, más todavía, personal, corresponde elegir en toda circunstancia el común.

2. Transparencia/ Veracidad: las actuaciones deben ser rectas y claras, conforme a la verdad y el bien, sin que nada relevante respecto a ellas tenga que ser ocultado por problemas de “mala” conciencia, o no pueda ser presentado o explicado sin reparos morales a la opinión pública.

3. Conflictos de Intereses: el desempeño de una responsabilidad pública obliga a prevenir y evitar los denominados “conflictos de intereses”. Estos ocurren cuando los deberes propios del cargo se contraponen con los intereses personales, familiares, de amigos u otros grupos o personas vinculadas a quien lo ejerce. Idealmente estas colisiones han de ser anticipadas con el establecimiento y la aplicación [-a priori–] de normas específicamente establecidas para tal propósito. En el evento de que, a pesar de las providencias adoptadas, de todas formas se generen situaciones conflictivas, ellas deben ser siempre zanjadas teniendo como referencia el principio de la primacía del bien común.

4. Tráfico de Influencias: una de las situaciones que con mayor recurrencia puede afectar al adecuado desempeño de un servidor público, es el intento por parte de terceros de involucrarlo en un intercambio de favores, aprovechando para ello las prerrogativas asociadas a los cargos que se ejercen. [Normalmente, este mal moral es presentado como una posibilidad, más o menos inocua, de que “todos podamos obtener ventajas” de las respectivas posiciones que se ha tenido en suerte ocupar]. El fenómeno del “amiguismo”, tan dañino para las sociedades, se inscribe dentro de esta índole de anomalías. La regla de oro en este ámbito es establecer criterios y normas que tiendan a asegurar la imparcialidad en todas las relaciones.

5. Silencio de Oficio/ Secreto Profesional: prácticamente todas las actividades profesionales requieren saber guardar el debido silencio o secreto sobre materias que deben ser manejadas con prudencia, privacidad o que, una vez resueltas, corresponde a otra persona o autoridad dar a conocer. Es frecuente que las tareas de gobierno, por su propia naturaleza e impacto en la sociedad, requieran de un especial celo en mantener el silencio de oficio y evitar así roces, malos entendidos o hasta hacer fracasar alguna gestión compleja por una inoportuna comunicación o “trascendido”. La prudencia y la discreción son las virtudes maestras en este ámbito.

6. Uso Indebido de Información Confidencial: los puestos públicos suelen traer asociados la  posesión de información confidencial e incluso privilegiada. La tenencia y el manejo de la misma son normalmente requeridos para el buen ejercicio de las responsabilidades asignadas. Sin embargo, siempre  cabe la posibilidad de obtener provecho indebido de la información que se tiene para fines particulares o personales. Este último tipo de conductas es injusto, pues trae habitualmente asociados beneficios ilegítimos y daños a terceros indefensos. Una de sus manifestaciones más típicas, aunque no la única, es la asociada con decisiones económicas o la realización de negocios ventajosos. La justicia en el uso de la información y su ordenamiento a los fines para los cuales se la posee son criterios a cautelar especialmente en este rubro.

7. Abusos de Poder: una de las tentaciones más frecuentes para quienes poseen poder o privilegios es hacer uso de los mismos para provecho propio o de personas cercanas, pasando por encima de los derechos de terceros o faltando al respeto o a la delicadeza en el trato con los demás. En muchas ocasiones esta índole de abusos se manifiesta en acciones aparentemente pequeñas (pases especiales, lugares de privilegio en actividades sociales, entradas a espectáculos, obviar un trámite o fila de espera sin razón, etc.), pero molestas y dañinas para la autoridad e imagen del servidor público. En ciertas oportunidades el abuso de poder puede llegar a ser percibido de forma parecida a una “extorsión implícita” por parte de los afectados. El poder debe estar siempre al servicio del cumplimiento de los fines propios de las tareas directivas y nunca para obtener ventajas particulares.

8. Regalos, favores recibidos y uso de viáticos: otra de las realidades a la cual se encuentra más expuesta una persona que desempeña cargos públicos es la de recibir favores y regalos sin justificación real. Estas prebendas no deben ser aceptadas. Con frecuencia constituyen una suerte de “soborno encubierto” o, al menos, persiguen disponer positivamente a la autoridad respecto a intereses individuales o grupales. Asimismo, el uso de viáticos debe ser austero,  justificado, y, normalmente sujeto a rendición de cuentas. Al respecto, es recomendable que las distintas instituciones u organizaciones establezcan políticas, normas y costumbres claras que prevengan estas conductas y sirvan de guía a todos sus miembros.

9. Lealtad en la Crítica a los Jefes: aunque las diferencias de opinión y la realización de juicios discordantes respecto a las decisiones o conductas de los jefes son inevitables, las críticas a los mismos deben guiarse por el criterio de la lealtad. En términos generales, [esta fidelidad implica que primeramente] esas críticas han de ser formuladas al afectado, en forma respetuosa y en privado. Si el camino señalado no resulta efectivo, correspondería plantear la corrección ante algún testigo idóneo o buscar a un tercero debidamente calificado para que lo haga. Únicamente habiendo fallado las alternativas señaladas, cabría una crítica pública, siempre y cuando, la materia o el impacto previsible de la falta sea suficientemente grave, o ella comprometa seria e injustamente al subordinado que la realiza. En suma, la crítica pública ha de ser la excepción y la privada la norma. Y, en cualquier caso, siempre en el marco de respeto que merecen las personas.

10. Conflictos de Conciencia por Órdenes de Superiores: podrían darse ocasiones en que las órdenes recibidas generen conflictos de conciencia, debido a los principios éticos que pueden ser trasgredidos y a la gravedad objetiva de las faltas asociadas. Enfrentados a tal caso, corresponde plantear el dilema moral a quien ha emitido la orden, para una mejor comprensión de ésta o buscar su modificación. Puestos en la circunstancia de que el conflicto de conciencia persista cabría desobedecer y, en última instancia, denunciar los hechos a quien corresponda. Por otra parte, y al tenor de lo expuesto, si la situación no fuera susceptible de cambio, el afectado ha de estar dispuesto a renunciar a su cargo para no cometer, con conocimiento, una o más faltas morales graves. Sin desmedro de lo anterior, es preciso consignar que existen numerosas situaciones en que se producen diferencias de apreciaciones éticas que, dada su índole y las circunstancias en que se suscitan, pueden justificar acciones pero no necesariamente llegar a los extremos antes mencionados. Una recomendación de aplicación universal para eventos como éste es recurrir al consejo experto y prudente antes de proceder.