En todas las zonas afectadas el 27/2 han emergido ‘imprevistos’ que están poniendo a prueba la filosofía política que sustentan las actuales autoridades. En particular me parece que las actuales circunstancias están permitiendo advertir la calidad o alcance de la puesta en obra del principio de subsidiariedad. Y es que la contingencia, junto con poner a prueba la creatividad y habilidades de gestión pone en marcha los preceptos sustantivos en que uno cree, especialmente si se trata de una autoridad cuya misión es velar por el bien común y el desarrollo de la vida social que es lo que hoy llaman políticas públicas. Respecto de la puesta en práctica del principio de subsidiariedad, puntal a la hora de posibilitar y dar vida a  una sociedad libre, las autoridades pertinentes se están enfrentando ante el desafío de saber distinguir entre las variantes asistencialistas enquistadas en la administración pública durante los veinte años de gobierno de izquierda, y por otra parte, deberán desenredar el criterio de racionalidad liberal en que el Estado haciendo prescindencia de sí, deja en manos de las personas por sí mismas, la solución a las multiformes contrariedades que deben abordar a fin de reencauzar la vida cotidiana por la senda de la normalidad.

Por ejemplo si nos ubicamos en una perspectiva de macro política, la decisión de subir o no los impuestos ha sido una discusión –poco profunda– que con el argumento de convocar a fuentes de financiamiento para la reconstrucción nacional, ha dejado bajo la retórica, la perspectiva en relación al principio de subsidiariedad; es muy probable que los argumentos en uno y otro sentido continúen hasta que se adopte un plan multifactorial, pero muy probablemente continuaremos sin escuchar una palabra sobre el principio de subsidiariedad que a mi modesto entender, bastaría para resolver este asunto.  Por otra parte, si advertimos casos algo más particulares, si ponemos atención a problemas situados mucho más cerca de los afectados, como por ejemplo aquellos casos en que vecinos de antiguos barrios de la región metropolitana junto con tener que reparar sus casas, se les ha exigido costear los retiros de escombros, advertiremos que la referencia al principio de subsidiariedad sigue siendo confuso para muchas autoridades. En efecto, hay vecindarios en las comunas de San Joaquín Quinta Normal (por nombrar los más comprometidos en la región metropolitana), que desde la fecha del gran sismo todavía se ven afectados por la acumulación de escombros debido a que los habitantes de las propiedades siniestradas no cuentan con los recursos para llevarlos a un centro de acopio y al mismo tiempo, la autoridad local no ha despejado ni higienizado aquellos espacios afirmando que ello es obligación de cada propietario. ¿Es esta una nueva falta de sentido común? Es una posibilidad.

Más tiendo a creer que estamos en presencia de una importante negligencia o ante una inexcusable confusión política. Pero llama la atención que además de la confusión o poca claridad que las autoridades locales exhiben en su faceta práctica,  la circunstancia de que las autoridades nacionales no definan una visión y acción categórica al respecto. Y es que si hay un motor distintivo en un gobierno que se ha propuesto establecer en primer lugar de su acción la dignidad y libertad de los ciudadanos, ese es el principio de subsidiariedad, por el que las altas autoridades a la vez que generan condiciones para vivir dignamente en libertad, actúan en ayuda de la vida comunitaria toda vez que las personas por sí solas no cuentan con los recursos necesarios para ello.  Comprendo que dar vida a este principio sea algo confuso en medio de tanta emergencia, pero precisamente eso es lo que esperamos de un liderazgo de excelencia.