No, las instituciones no funcionan. Quizás, mejor que en países del deteriorado vecindario (¡qué consuelo!), pero no como corresponde.

Más allá de las actitudes individuales y privadas indeseables, de inauguraciones de metros y museos, y de “oportunas” nuevas querellas por ejecutados en 1973, aquí van algunos hechos de la esfera pública, entre tantos que huelen mal a días de las elecciones presidenciales:

El Gobierno se volvió loco de iniciativa legislativa la semana pasada y decidió ponerle suma urgencia a proyectos que tenía varados en el Congreso desde diciembre de 2008, como el fortalecimiento de la educación pública, o que ni siquiera tenía agendados, como el que cambia el régimen jurídico de las aguas.

Tanto guiño para los votantes de Enríquez-Ominami deja en mal pie a una administración que tiene una deuda social grave con la educación de los de menos recursos. Para ellos ésta no es una herramienta de superación, es una desgracia.

El superintendente de Valores y Seguros también entró raudo a la arena política la semana pasada. Quiso cosechar con el tema más emblemático del mercado diabólico –la colusión de las farmacias– y sancionó a todo el directorio de una cadena, e incluso inauguró un nuevo tipo de multas a los directores que no ejercieron el derecho legal a informarse. Todo muy serio y respetable, si no fuera porque al día siguiente el mismo superintendente estaba participando en un acto de campaña de Frei, usando medio día administrativo, y por la posición que ha mantenido frente a una operación accionaria de su contrincante, Piñera. Hasta ahora suponíamos que era objetivo.

Y un poco antes fue la Contraloría. Cerró el año viejo cambiando su posición anterior y dictaminó que los ministros son funcionarios públicos y como tales deben responder igual que todos al principio de probidad. Ergo, son fiscalizables, pero sólo en los ocho días que restan, desde que se conoció el dictamen, hasta la segunda vuelta. Y todas las intervenciones en actos de campaña y los puerta a puerta del gabinete completo, carcajeándose y fotografiándose con camisetas ad hoc, quedan en el limbo.

Y el Poder Judicial no quiso quedarse atrás. Hace siete años un ministro empezó a investigar si Eduardo Frei Montalva murió por una infección generalizada o fue asesinado, hipótesis que inicialmente descartó su propio hijo candidato presidencial. Hace más de un año recibió dos peritajes que, según el magistrado, comprueban el homicidio, pero justo en la semana de la primera vuelta electoral le dio el vértigo de avanzar y procesó a seis personas. Aun cuando todavía ignora quién fue el autor material del envenenamiento, encontró autores por omisión, cómplices y encubridores.

Como dicen los jóvenes: ¡¡¡ranciooo!!!

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio.