En la Ley General de Educación (LGE) promulgada hace pocos meses, se crea la “Agencia de Calidad de la Educación”, la que, entre otras obligaciones, “deberá diseñar e implementar el sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje. Esta medición verificará el grado de cumplimiento de los objetivos generales a través de la medición de estándares de aprendizaje referidos a las bases curriculares nacionales de educación básica y media”. “Las evaluaciones nacionales periódicas serán obligatorias y a ellas deberán someterse todos los establecimientos educacionales de enseñanza regular del país”. La Agencia “deberá informar públicamente los resultados obtenidos a nivel nacional y por cada establecimiento educacional evaluado”. (Art. 37)

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), derogada por la LGE, en su artículo 21 le asignaba al Ministerio de Educación las mismas obligaciones.

El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) no es nuevo, se aplica desde 1988 y desde el 2006 evalúa dos niveles por año: los alumnos de 4° básico todos los años, mientras que los de 8° básico y 2° medio son evaluados en forma alternada, cada año, en Lectura, Educación Matemática, Comprensión del Medio Natural y Comprensión del Medio Social y Cultural.

Sin entrar en la discusión más bien académica sobre qué es la calidad en educación, creo bueno recalcar que el Simce mide el logro de los objetivos y contenidos obligatorios del currículum único nacional. Mientras mayor sea el dominio del programa oficial en las asignaturas evaluadas, mejor debiera ser el puntaje obtenido por los alumnos. Surge entonces aquí las preguntas: ¿es el cumplimiento del programa oficial el que conduce realmente a la mayor calidad educativa? ¿Son peores los incontables programas, distintos al nuestro, que existen en otras partes del mundo?

Por otra parte, como se decía, las preguntas del Simce se construyen para medir los niveles de logro de dicho programa, de manera que, si algunos padres estiman que en la prueba 2009 había preguntas moralmente inadecuadas, esas preguntas están referidas a contenidos que son parte del programa y entregados a los alumnos con detalle en el aula y en los textos oficiales, lo que para dichos padres debiera ser aún más inadecuado. Surge entonces otra pregunta: ¿qué pasa con aquellos padres que, haciendo uso de su legítimo derecho, quieren para sus hijos una educación distinta a la concebida en el currículum oficial?

Toda educación tiene una intencionalidad, un propósito, y ésta se concibe desde una particular concepción sobre el hombre y su destino. Distintas visiones sobre el hombre plantean distintas posturas acerca de sus facultades, de su modo de aprender, de la disciplina, de la libertad, de su autonomía, métodos de enseñanza, etc.; en definitiva, distintas maneras de entender su educación, no sólo en materias de orden sexual, sino en todo el amplio espectro que abarca la educación completa de una persona. Cada familia, como sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida doméstica, en cuanto a sus convicciones o creencias, valores y tradiciones bajo la dirección de los padres y a darse un proyecto humano, un ideal de humanidad, desde el que forjar a sus descendientes.

Hoy en Chile esto no ocurre. Existe en teoría, de acuerdo a la ley, la posibilidad de tener en los colegios planes y programas propios, pero en la práctica, la flexibilidad permitida es mínima y a través de la Agencia de Calidad, que debiera llamarse Agencia de Aseguramiento de la Uniformidad, se controlará que, independientemente del programa que cada colegio tenga aprobado, la evaluación y el control se realicen con el programa único nacional, lo que, unido a la elaboración de un ranking público de colegios y los estímulos económicos asociados a los resultados, constituye una verdadera intervención estatal en la educación.

Así como en cualquier área de la sociedad, el control o supervisión del Estado es necesario, pero debemos diferenciar supervisión de intervención. Por ejemplo, en la industria de los alimentos, el Ministerio de Salud tiene una función muy importante, pero no interviene para que todos los yogures que se fabriquen sean exactamente iguales, sino para que, en la diversidad y la inventiva que cada empresa tenga, se cumplan las normas sanitarias y las características que indica el rótulo de cada variedad.

El Estado, de manera subsidiaria, puede proponer un modelo de educación para quienes libremente lo deseen, pero debe fomentar también la existencia de otras alternativas. Este principio se encuadra en el concepto del Estado verdaderamente democrático, que se pone al servicio de los ciudadanos, asumiendo su diversidad, respetando sus derechos y sus convicciones valóricas y religiosas, dentro de los marcos establecidos por la ley.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio.