Agricultores propietarios de terrenos en Araucanía han excavado fosos para evitar que violentistas y depredadores continúen atacando sus pertenencias y robando sus animales. Este sistema de autodefensa civil surge como reacción ante los innumerables atentados a la propiedad y a la integridad física y síquica de quienes allí habitan y laboran, más la reiterada evidencia de que sus autores quedan impunes y nadie responde por los cuantiosos daños causados.

El Presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco argumenta, en respaldo de la excavación de fosos: “Es una forma de autoprotección. Acá no hay Estado de Derecho. Y si lo hay, está escrito en letras muy pequeñitas, casi ilegibles”.

La Intendenta reconoce: “están dentro de su propiedad, es su derecho”; pero pregunta: “¿buscan evitar nuevos ataques? ¿Es una señal mediática o un acto de provocación?”.

La razón raciocinante, tan necesaria como escasa y escarnecida, comienza por recordarnos que la Constitución, a cuyos preceptos deben someter su acción todos los órganos del Estado, asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y síquica; la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; la inviolabilidad del hogar; el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual; la libertad de trabajo y su protección; y el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Para que tan solemne declaración y promesa no quede en letra muerta o tan minúscula que no llegue a entenderse, el sistema provee órganos, poderes y recursos que demuestren la eficacia de tales garantías.

Los agricultores-excavadores de Araucanía han apelado a dichos órganos, solicitado el ejercicio de tales poderes y arbitrado los recursos que la Constitución contempla. Su decisión de excavar fosos de protección, en recintos de su propiedad y para defensa de sus bienes es la muda, gráfica constatación de que, al menos para ellos, el sistema de garantías constitucionales es letra muerta o ilegible. Y si llegaren a utilizar el reconocido recurso a la legítima defensa (repeler por medios racionalmente apropiados una agresión injusta, actual o inminente) saben que quedan doblemente expuestos a un reproche penal (se estimará que no concurrieron, en la especie, las condiciones que legitiman defenderse de propia mano) y a una vindicta más violenta de los agresores alentados por su impunidad.

Para culminar esta tragicomedia del absurdo, el mismo día en que se conoció la crítica gubernamental a los fosos de agricultores, fue nota de primera página con foto destacada el elogio de los trabajos de remodelación del Estadio Nacional (propiedad del Estado). La reja que bordeaba el campo deportivo –se nos informa– ya está reemplazada por un foso de 2,5 mts. de profundidad.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Revista Humanitas, www.humanitas.cl.