El Gobierno ha dispuesto cancelar la festividad religiosa de La Tirana, invocando su deber de garante de la salud y la vida de más de 200 mil personas. Con dolor, la Iglesia ha comprendido y aceptado esta restricción al libre ejercicio de una de sus expresiones de culto más queridas y masivas: la vida está primero. Un año atrás, el Gobierno ordenó el desalojo de los habitantes de Chaitén: sus derechos de propiedad y libertad ambulatoria y residencial cedían ante la preponderancia del derecho a la vida. Cada vez que un medicamento o alimento reportan o sugieren evidencias de efectos peligrosos para la salud, la Autoridad sanitaria ordena su requisición y destrucción: la salud y la vida prevalecen sobre el derecho de propiedad y emprendimiento o la libertad de comprar y consumir. Sorprendido un ciudadano conduciendo bajo los efectos del alcohol, a velocidad excesiva, manipulando su celular o sin cinturón de seguridad, el Estado ordena sancionarlo severamente. Su libertad y su derecho de propiedad se subordinan al bien jurídico superior: la vida y la salud, de sí mismo y de los demás. Igual restricción y penalidad se descargan sobre quienes invocan su libertad y propiedad para conducir su vehículo o hacer funcionar su industria en días de preemergencia ambiental, o pasan por aduana un bien legítimamente adquirido pero que pone en peligro las normas de protección sanitaria. Por cierto, la libertad de comprar, vender y consumir drogas se cancela ante el evidente peligro y daño para la salud y vida de muchos.

Esta sabia (y obligatoria) ecuación jerárquica entre bienes de distinta ponderación tiene, para el Gobierno de Chile, una estridente excepción: la píldora del día después. Se empeña no sólo en autorizar su distribución, sino en ser su agente promotor y asegurador. Intentó imponerla de hecho. El Derecho le dijo: NO. La máxima instancia jurídica del Estado le advirtió, a la Presidenta de la República, (parte recusada en el requerimiento ante el Tribunal Constitucional) que su pretensión era contraria a la Constitución, porque ponía en peligro la vida y la integridad física y síquica de alguien que, como el embrión, ya es persona desde el momento de la concepción. Interpretando la sentencia a su amaño, la Presidenta anunció, ante el Congreso Pleno del 21 de mayo, que extremaría sus facultades para asegurar que la píldora llegase a todos, esta vez por vía municipal. Más de 60 mil dosis de un compuesto potencialmente abortivo pusieron entonces en peligro la vida de otras tantas personas. El Derecho, vía Contraloría General de la República, le dijo: NO. Y ante esta nueva derrota jurídica, la Presidenta insiste mediante un proyecto de ley en el que deliberadamente omite toda referencia a los dictámenes del Derecho. La garante del derecho a la vida se obstina en ponerla en peligro. Esto es desacato. Grave. A la Constitución.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Humanitas, www.humanitas.cl/html/destacados/hasbun.html.