El número de países representado en la ONU es hoy de 192. De ellos, solo 6 admiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque su ejemplo haya extendido el debate a otras áreas. La contienda jurídica está produciendo un efecto inopinado. Me refiero a la tendencia –presente en un amplio grupo de países latinos y norteamericanos– de adoptar fórmulas para blindar sus ordenamientos, de modo que el matrimonio heterosexual no solamente se mantenga en las leyes ordinarias, sino que también se inserte en las Constituciones.

Este movimiento es especialmente visible en Estados Unidos. Más de 40 Estados han aprobado leyes o modificado sus Constituciones definiendo el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer (natural marriage). Concretamente, desde el pasado 4 de noviembre, 29 Estados de la Unión excluyen en sus Constituciones el matrimonio entre personas del mismo sexo. Otros 15 Estados han incorporado a leyes ordinarias la naturaleza heterosexual del matrimonio.

El último ha sido California. El apasionamiento del debate ha llevado a una serie de anomalías jurídicas, cuyo detonante fue la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo a través de una decisión del Tribunal Supremo (15 de abril de 2008), contradiciendo el resultado de un previo referéndum popular que los vetaba (61% de votantes a favor del matrimonio heterosexual ).

Esta Sentencia fue una imprudencia jurídica. El TS de California decidió, por 4 votos contra 3, la constitucionalidad de los matrimonios gays, precisamente cuando la cuestión estaba pendiente de una segunda iniciativa popular que pedía la reforma de la Constitución de California, ratificando la naturaleza heterosexual del matrimonio. Con ello, el TS –o mejor, 4 jueces no elegidos democráticamente, sino designados por el Gobernador– corría el riesgo de enfrentarse a la voluntad popular. Así ha sido, pues 5.388.000 californianos (un 52,5% de los votantes) decidieron que en la Constitución de California se añadiera esta cláusula: «Sólo el matrimonio entre un hombre y una mujer es válido y reconocido en California» (art. I, sección 7.5 de la Constitución).

Ante esto, el TS ha debido emitir una segunda Sentencia (esta vez por 6 votos a 1, 26 de mayo de 2009), en la que falla que «los argumentos planteados contra la Proposición 8 (la aprobada en referéndum y que define el matrimonio como una unión entre personas de distinto sexo) carecen de fundamento. Habiendo sido aprobada por la mayoría de los votantes, la iniciativa popular enmienda legalmente la Constitución de California». Al tiempo, declara válidos los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados hasta el 6 de noviembre de 2008.

La fuerza de una sociedad viva

Estudiando el sinuoso camino legal que ha llevado a esta última Sentencia, se deducen algunas conclusiones. La primera es el fracaso de los políticos profesionales y los jueces activistas frente a un movimiento popular impetuoso y organizado. En los medios judiciales USA, hace años, irónicamente se decía: «Ante el Tribunal Supremo, Nixon siempre pierde (referido a la entrega de las cintas del Watergate) y los testigos de Jehová siempre ganan (transfusiones de sangre)». Hoy comienza a decirse: «En los referendos populares, el matrimonio natural siempre gana y el matrimonio entre personas del mismo sexo siempre pierde». Repárese que, en USA, los Estados que han admitido estos matrimonios (tres) lo han sido por Sentencia; los que han reforzado el matrimonio natural entre hombre y mujer han sido, casi siempre, por referendos populares (más de 35). En ellos, el enfrentamiento ha sido entre políticos y grupos de presión económicamente fuertes (a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo) y ciudadanos corrientes y muchos donativos pequeños (en contra). Así ha sucedido en California. Si se tiene en cuenta que, en España, la ley que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo fue rechazada en el Senado y aprobada sin consenso en el Congreso, podría especularse con cuál hubiera sido el resultado de un referendum popular.

Uno de los motores que ha movido el triunfo de las dos iniciativas populares ha sido el temor de los padres californianos a que el cambio del modelo matrimonial sancionara una opción moral contraria a sus convicciones y que debería enseñarse a sus hijos en los colegios. Algo parecido a lo que llevó en España a que 30.000 padres presentaran objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la ciudadanía. La diferencia es que aquí una Sentencia muy discutible rechazó a los padres y en California una mayoría popular les dio la razón.

En todo caso, la lección de California (como la de otros Estados de la Unión) es que los ciudadanos, a través de la democracia directa, han reaccionado frente a jueces que tienden a crear leyes y frente a políticos envueltos en la niebla del pensamiento único.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Alfa y Omega.