Inadecuados han sido los comentarios y propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República frente al fallo del Tribunal Constitucional y el posterior dictamen de la Contraloría General de la República sobre la “píldora del día después”.

Al asumir su cargo, el Presidente debe jurar o prometer que cumplirá y hará cumplir la Constitución Política de la República, lo que incluye respetar las garantías constitucionales y el Estado de Derecho.

Pese a ello, aquellos que se encuentran en carrera para ocupar tal magistratura han manifestado su decidida voluntad para “buscar alternativas” que permitan burlar resoluciones dictadas por órganos del Estado en ejercicio de sus competencias legales, vulnerando de paso la garantía constitucional del derecho a la vida del que está por nacer.

El Presidente de la República tiene la obligación constitucional no sólo de respetar sino que además promover los referidos valores fundamentales. Por lo mismo, lo esperable de los candidatos a la presidencia es que patrocinen acciones que promuevan la institucionalidad y el derecho a la vida que, según falló el Tribunal Constitucional, se ve afectado por el uso de la referida pastilla.

Con base en lo anterior, aún si se pudiera interpretar que el fallo del Tribunal Constitucional sólo afecta la distribución de la píldora en los servicios públicos y no su venta en las farmacias, la acción de quienes pretenden asumir la Presidencia de la República debe tender a impedir cualquier tipo de distribución de dicha pastilla, tutelando el derecho que el órgano constitucional competente ordenó cautelar, y no a equiparar las situaciones para que en ambos casos se permita su violación.

Nota: Esta carta fue publicada por El Mercurio el miércoles 24 de Junio de 2009.