En nuestra comúnmente pasajera agenda nacional hay debates que, por su naturaleza, no pasan de moda. La polémica en torno a la píldora del día después es un claro ejemplo, no sólo por sus implicancias políticas y sociales inmediatas y más directas, sino, ante todo, por lo que está verdaderamente en juego, a saber, la concepción de hombre a partir de la cual concebimos y construimos nuestra sociedad.

¿Cuándo comienza realmente la vida de un ser humano? Frente a una interrogante de esta envergadura, no deja de sorprender la forma en que habitualmente la opinión pública en general y, el gobierno en particular, escamotean las cuestiones de fondo, privilegiando un discurso “políticamente correcto” que no disimula su verdadero propósito: evitar costos políticos y mantener el poder. Ahora bien, ¿cuál es, tras bastidores, el sustento de este discurso? Una concepción de libertad entendida exclusivamente como ausencia de coacción. A partir de este supuesto, se esboza, por lo tanto, desde los parámetros de un conjunto concreto de ideas, una presunta respuesta a la interrogante: ante la pregunta por el comienzo de la vida humana, toda persona es libre de asumir su propia postura, razonamiento que, como veremos, conduce a la idea de un Estado “moralmente neutro”.

Tras una lectura entre líneas, advertimos la contradicción inherente en este planteamiento. El carácter de “neutralidad” según el cual nuestro gobierno, entre muchos otros en la actualidad, define su política de salud pública e intenta delimitar un aparente marco legal, se inserta dentro de los márgenes de un sistema definido y, en este caso, cerrado de ideas; en otros términos, dentro de los límites de una ideología: el liberalismo. La ideología liberal, en cuanto tal, supone una postura moral. La moral liberal se rige, en definitiva, por el laissez faire y es utilitarista. En este contexto, por ejemplo, se enmarca el actual divorcio entre derecho y moral, el cual se nutre no sólo de un cierto afán “legalista”, sino, sobre todo, del paradójico intento por universalizar valores al margen de sus fundamentos; desembocando, en definitiva, en una aporía: afirmar que el Estado debe abstraerse de asumir una postura moral y limitarse exclusivamente a “rayar la cancha”, supone, paradójicamente, negar al mismo tiempo el valor de lo que se afirma y pretende defender.

Como resultado del maquillaje ideológico, se disimula la realidad bajo el velo de una falsa concepción de libertad, lo cual conduce a una discusión alejada del meollo del asunto, a saber, que la verdadera moral, en cuanto tal, es una y que, por lo tanto, el auténtico diálogo social debe apuntar a dilucidar los verdaderos principios morales que fundamentan el desarrollo integral de toda persona humana desde el momento mismo de su concepción.

A mayor abundancia, es posible además apreciar como la concepción de un Estado “moralmente neutro” –de la mano de la noción del “día después”–, es el fiel reflejo de la para muchos inadvertida inversión de valores por la que atraviesa actualmente nuestra sociedad y nuestra cultura. Dentro de este contexto, resaltan no sólo la degradación del valor de la familia y la sexualidad, sino, sobre todo, el irreflexivo atropello al derecho a la vida. Al poner a disposición de la gente el controvertible fármaco, bajo el argumento de que todos, sin excepción, presuntamente velando por la igualdad, debemos poseer, al menos, la posibilidad de elegir, sin considerar si las opciones presentadas son buenas o malas, el gobierno pasa por alto cuestiones de fondo y sucumbe a la incoherencia fundado en la presunta “neutralidad moral” del Estado. ¿Existen razones y, por lo tanto, argumentos concluyentes que avalen que el polémico fármaco no es abortivo? A juzgar por los contradictorios resultados de los diversos estudios científicos en torno al tema, la respuesta es un rotundo ¡NO! ¿Cuál es, entonces, el verdadero propósito del gobierno? ¿Revela realmente su postura moral frente a la pregunta por la dignidad del ser humano? ¿Se declara a favor o en contra del aborto? Argumentos más o argumentos menos, en definitiva, hay una verdad que se impone por sí misma: “ante la duda abstente”.

Por último, aún queda en el tintero una interrogante: ¿qué valor pretende trasmitir el gobierno al privilegiar el “adiestramiento para el día después en lugar de la educación para el día antes”? (1). ¿Promueve políticas públicas coherentes y responsables en lo referente a la sexualidad humana? Nuevamente, la respuesta es un rotundo ¡NO! Trasmite la falsa idea de que poseemos el “derecho” a mantener relaciones sexuales sin importar la edad y las circunstancias y, sobre todo, sin importar si existe o no amor, el cual supone responsabilidad y un compromiso permanente. Difunde un conjunto de anti-valores determinados por los márgenes del liberalismo, los que bajo la idea de un Estado “moralmente neutro”, se visten con los ropajes del statu quo. Impone y propaga una postura moral concreta: los fines naturales del acto sexual pueden ser simplemente extirpados de raíz, promoviendo relaciones sexuales al margen de su fin primordial; en otras palabras, al margen del niño que está por nacer. Promueve el inicio sexual precoz, desordenado e irresponsable de adolescentes, enarbolando el slogan de que, frente al acto sexual, estamos “protegidos”, por cuanto el Estado, presuntamente es pos de la igualdad y procurando velar por nuestros derechos, abre espacio al laissez faire, extirpando de cuajo los indeseados efectos del uso de nuestra libertad.

Notas:
1. Véase Yáñez, Eugenio, Educar para el día antes, es mejor que lamentarse el día después, columnas de opinión, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, 2007.