Vivir en sociedad comporta derechos y deberes. Una vez que elijo ser parte de una ciudad o nación, sus autoridades tienen obligación de garantizar el libre ejercicio de mis derechos fundamentales: a la vida, a la educación, al trabajo, a la propiedad, a la honra, a la salud, a la libertad religiosa. Correlativamente, me obligo a respetar las leyes justas, defender la integridad y soberanía de mi Patria, honrar sus símbolos y tradiciones y aceptar cargas y limitaciones a mi libertad, claramente exigidas por el bien común.

Entre éstas sobresale el pago de impuestos. La palabra lo dice: es una imposición, un tributo forzado, cuya existencia y monto no se negocian al modo de un contrato entre particulares. Esta carga fuertemente restrictiva de la libertad y del patrimonio de los ciudadanos debe, por su naturaleza, ajustarse a un patrón de rigurosa racionalidad. Ello implica: 1) que el tributo sea absolutamente necesario para asegurar el buen funcionamiento de las estructuras del Estado o de la ciudad; 2) que la distribución de los impuestos guarde congruencia con las rentas de los contribuyentes; y 3) que los contribuyentes tengan efectivo control del destino de los recursos forzadamente extraídos de su patrimonio.

Hay un impuesto que en particular cuestiona estos parámetros de racionalidad: es la contribución por bienes raíces, o impuesto territorial. La persona y su familia tienen como sueño habitar en casa propia y construir en ella sus proyectos e ideales. Trabajan con denuedo, ahorran, se endeudan hasta conseguirla. Pero justo cuando terminan de pagarla (pagan por construirla, pagan por comprarla, pagan por heredarla) comienzan a prever lo que sucederá: al jubilar, con las rentas congeladas o en ostensible merma, sus contribuciones aumentarán. La asimetría entre una renta decreciente y una contribución en aumento, tendrá un previsible efecto perverso: el jubilado se verá obligado a vender su casa, porque su nivel de ingreso real ya no le permite pagar el impuesto territorial.

La persona y su familia son anteriores y superiores al Estado. Una política tributaria que termina despojando de su hogar a la persona y a su familia, es inconsistente con la razón de ser del Estado y su orgánica constitucional. El Estado está al servicio, como garante, de la persona y de su familia y no tiene que convertirse en un súper-gerente, omnipresente proveedor de bienes y servicios a ciudadanos sumisos.

Es la hora de concebir y proponer ideas frescas, traducibles en proyectos de ley que impidan al Estado devorar el patrimonio de sus hijos y sacar sus casas a re-mate.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Humanitas, www.humanitas.cl/html/destacados/hasbun.html.