En una columna anterior, comentábamos que el candidato Frei, en una semi-indefinición doctrinaria, muy propia de su ideología, estudiaba si incorporar o no el aborto terapéutico en su programa presidencial, frente al desafío planteado por la izquierda autodenominada progresista, que por cierto no lo es. En todo caso, manifestó que estaba abierto a analizar y discutir sobre el tema.

Frente a eso, el señor obispo de San Bernardo, actuando en el papel que le es propio como guía moral de su diócesis, manifestó que un católico fiel a la fe y la enseñanza de la Iglesia no puede estar dispuesto a discutir este tema, en ninguna circunstancia, porque el aborto terapéutico es una mentira médica y una mentira moral; y que es absolutamente contrario a la moral natural, en toda circunstancia, que habiendo riesgo de la vida de la madre, la solución sea quitar la vida al niño que está por nacer.

Si el candidato Frei quiere debatir sobre el tema, es porque está dispuesto a hacer concesiones en la materia. De lo contrario, no tiene sentido plantearlo y, si en la discusión se reafirma en la posición de la Iglesia, hasta le puede ser electoralmente perjudicial.

Esto se ha visto confirmado en el debate habido entre los candidatos de la izquierda a la Presidencia de la República, con motivo de las primarias de las Regiones VI y VII, cuando ha afirmado “Estamos dispuestos a despenalizar en aquellos casos que son calificados, que requieren especialización médica. Estas cosas no se resuelven por ley ni con una simple mayoría circunstancial en el Congreso. Vamos actuar con los principios y los valores de las personas”.

Como muy bien lo consignara en su carta al director de El Mercurio don José Joaquín Ugarte, hay temas sobre los que no corresponde debatir, porque siendo de principios, no son opinables.

Como es públicamente conocido, esta materia ha sido objeto de una extensa controversia por los medios de comunicación, en que destacadas personalidades, como el obispo auxiliar de Santiago, monseñor Fernando Chomalí, el sacerdote don José Miguel Ibáñez y don Jorge Ugarte Vial, entre otros, han defendido la enseñanza de la Iglesia, de siempre, recalcando que no es sólo una cuestión de fe, sino de ley natural, susceptible de ser conocida por la razón.

Por cierto, las gentes de izquierda y quienes posan de liberales han extremado sus argumentos para justificar el aborto llamado “terapéutico”, que de tal no tiene nada; o lisa y llanamente, el aborto a secas. O simplemente, han recurrido al típico método gramsciano de descalificar al que no piensa como ellos, limitándose a negarles su derecho a opinar, en una demostración del “pluralismo” que reclaman respecto de sus aseveraciones (basta leer el “blog” relacionado con el artículo del padre Ibáñez del 27 de marzo pasado).

No es de extrañar que quienes adhieren a la ideología materialista, llena de dogmas, entre los que destaca el pretendido derecho a hacer lo que se quiera, porque cada uno es dueño de sus actos y de su cuerpo; y que no existen unos principios morales inalterables de moral natural, sostengan que la mujer tiene derecho a no tener que soportar nueve meses un hijo en su seno. Allá ellos con su error. Nuestra misión será intentar convertirlos de la mentira y el error, hacia la verdad que los hará libres, entre otras cosas, de sus pasiones ideológicas.

Lo que sí llama la atención es que, frente a una enseñanza clarísima de la Iglesia, desde sus orígenes hasta nuestros días, haya quienes se dicen católicos (en realidad normalmente no se atreven a decirse así, sino sólo “cristianos” o “católicos a su manera”, que parece más “pluralista”) y estén dispuestos a no aceptar esa enseñanza y a poner en duda muchas de las verdades eternas que la Iglesia nos da a conocer.

También llama la atención que un obispo, constituido en jerarquía dentro de la Iglesia chilena, aparezca “bajando el perfil” a las declaraciones de otro obispo y llamando a esperar una “opinión colegiada” de los obispos de Chile, como si ésa pudiera diferir de la expresada por monseñor González. Él mismo y en la misma oportunidad, aparece diciendo “la enseñanza de la Iglesia en favor de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, es ampliamente conocida por los católicos y por la opinión pública”. Entonces, ¿para qué crear una aparente contradicción con otro obispo y confusión para los fieles? ¿O es que quiere apoyar al candidato Frei? Pero si él mismo ha dicho “no voy a entrar yo a la polémica política que tiene mucho arraigo”. Y sin embargo, entra…

Bien hace, pues, don José Joaquín Ugarte en recordarnos el Nº 675 del Catecismo de la Iglesia Católica: “Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el “Misterio de iniquidad”, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad”.

La Iglesia nos ha entregado a todos los fieles el Catecismo y es nuestro deber conocerlo y vivirlo; pero en el caso de los católicos que actúan en la vida política, ha sido aún más explícita, pues les ha dirigido una “Nota doctrinal” específica, emanada de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se publicó en enero de 2003, la que no deja dudas acerca de cómo deben comportarse los católicos que se dedican a la política.

Vale la pena destacar algunos de sus párrafos:

“Se puede verificar hoy un cierto relativismo cultural, que se hace evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético, que determina la decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley moral natural. Desafortunadamente, como consecuencia de esta tendencia, no es extraño hallar en declaraciones públicas afirmaciones según las cuales tal pluralismo ético es la condición de posibilidad de la democracia. Ocurre así que, por una parte, los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para sus propias preferencias morales, mientras que, por otra parte, los legisladores creen que respetan esa libertad formulando leyes que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias, como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor. Al mismo tiempo, invocando engañosamente la tolerancia, se pide a una buena parte de los ciudadanos – incluidos los católicos – que renuncien a contribuir a la vida social y política de sus propios Países, según la concepción de la persona y del bien común que consideran humanamente verdadera y justa, a través de los medios lícitos que el orden jurídico democrático pone a disposición de todos los miembros de la comunidad política”.

“La pluralidad de las orientaciones y soluciones, que deben ser en todo caso moralmente aceptables, surge precisamente de la concreción de los hechos particulares y de la diversidad de las circunstancias. No es tarea de la Iglesia formular soluciones concretas – y menos todavía soluciones únicas – para cuestiones temporales, que Dios ha dejado al juicio libre y responsable de cada uno. Sin embargo, la Iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar juicios morales sobre realidades temporales cuando lo exija la fe o la ley moral. Si el cristiano debe «reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales», también está llamado a disentir de una concepción del pluralismo en clave de relativismo moral, nociva para la misma vida democrática, pues ésta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son “negociables””.

”Se asiste, en cambio, a tentativos legislativos que, sin preocuparse de las consecuencias que se derivan para la existencia y el futuro de los pueblos en la formación de la cultura y los comportamientos sociales, se proponen destruir el principio de la intangibilidad de la vida humana. Los católicos, en esta grave circunstancia, tienen el derecho y el deber de intervenir para recordar el sentido más profundo de la vida y la responsabilidad que todos tienen ante ella. Juan Pablo II, en línea con la enseñanza constante de la Iglesia, ha reiterado muchas veces que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la «precisa obligación de oponerse» a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto”.

“En tal contexto, hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral”.

“Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones internacionales de los derechos humanos”.

Cabe hacer presente que tan claras orientaciones provenientes de la Santa Sede se publicaban precisamente cuando en Chile se discutía el divorcio parta terminar con el matrimonio y dañar a la familia, con el entusiasta apoyo de políticos democristianos, incluso algunos de ellos coautores de la iniciativa parlamentaria.

A estas alturas, cabe preguntarse qué parte de los textos citados y de toda la enseñanza de la Iglesia sobre materias morales no entienden el candidato Frei y sus seguidores. ¿O es que no quieren entender? ¿Es que no creen o no quieren creer en esas enseñanzas? ¿O es que la formación de sus conciencias les permite pasar por sobre las enseñanzas de Cristo y su Iglesia, con alguna especie de fuero especial?

Creo que es bueno sincerar las cosas. Cuando uno pertenece a cualquier institución meramente terrenal, una corporación, una fundación o una sociedad, debe estar de acuerdo con sus estatutos y reglamentos y con las cuotas al día; y si no, no es miembro de esa institución. Creo que ello debe ser así con mucha mayor razón, cuando se trata de una Institución de origen divino y trascendente, que vela por la salvación del mundo y que tiene a los políticos como líderes y ejemplos a seguir.

No puedo dejar de recordar un discurso del gran diputado del Partido Conservador don Gustavo Monckeberg Barros, uno de los tres de ese partido luego de la debacle de 1965, quien expresó: “Soy demócrata y soy cristiano; por eso no soy demócratacristiano”.

¿Somos o no somos?