En febrero de este año, en este mismo espacio, fuimos unas de las primeras voces que llamó la atención sobre la importancia para las empresas de que se defendiera públicamente la libertad de conciencia de las instituciones. Como empresarios, nos pareció crucial que se reconociera a todas las instituciones, incluidas las empresas, el derecho a decidir en conciencia. Esa libertad fue recogida por la ley, pero, lamentablemente, la Contraloría ha emitido un dictamen que en los hechos deja sin efecto ese derecho.

El dictamen dice que “sólo las entidades privadas pueden invocar la objeción de conciencia institucional”, pero que los servicios de salud privados que firman convenios con el Estado para prestar servicios son un “sustituto” del servicio de salud público y, por lo tanto, “no pueden adoptar una posición que les impida realizar las prestaciones de salud a que se encuentra obligado el Estado” y, por lo tanto, no pueden objetar en conciencia.

Con esta interpretación, no sólo se pasa a llevar gravemente una ley vigente –la que reconoce a las personas jurídicas, incluidas las empresas, la posibilidad de objetar en conciencia– sino que pone en riesgo una serie de derechos humanos, garantías constitucionales, principios del orden social, como son el derecho de asociación, la libertad de pensamiento, la libre iniciativa económica y el derecho de propiedad, así como el principio de subsidiariedad por el cual el Estado protege y ampara los cuerpos intermedios de la sociedad.

Es peligroso que una autoridad pública considere que el único medio legítimo para proveer bienes públicos sea a través del Estado y que todos los demás somos sus “sustitutos”. Y es un error confundir lo público con lo estatal. En el ámbito de lo público, la diversidad es signo de riqueza y la pluralidad es un valor que el Estado no debe anular, sino que debe amparar, proteger y promover. Cuando lo estatal es el modo de ser legítimo y todos los demás no somos más que su “sustituto”, toda la enorme diversidad social y la riqueza de la pluralidad no es más que una desviación que el Estado “permite”. Y ese no es el modo en que las personas, dada nuestra dignidad de hombres libres y no de siervos del Estado, queremos vivir; no somos un sustituto del Estado.

Este asunto puede sonar algo abstracto, pero para los hombres y mujeres de empresa es algo concreto. Cada día más, las personas les exigen a las empresas que sean conscientes, que tengan un ideario, que vaya más allá de la mera rentabilidad, que sean un aporte al bien común. Tanto para ser cliente de una empresa como para entrar a trabajar en una, las personas buscan empresas con un sentido trascendente, con un ideario. Y la interpretación de la Contraloría va en sentido contrario.

Es una muy mala señal que se está enviando a los emprendedores sociales, a las empresas B, a las empresas en general que contratan con el Estado. Si una empresa quiere contratarse con el Estado tiene que deshacerse de todos esos rasgos y valores, pues no son un buen “sustituto” del Estado. Si esta interpretación va a ser la norma, ¿significa entonces que, a partir de ahora una empresa con propósito, con ideario, corre con desventaja en una licitación pública, pues no será un buen sustituto del Estado?

Tal vez un ejemplo real lo pueda graficar. En hospitales públicos de La Araucanía se han habilitado salas especiales para que una machi realice sus rituales para los enfermos que allí se tratan. ¿Por qué se destinan fondos públicos para esto? ¿Porque es la creencia de una minoría, la de una mayoría o porque es la creencia del Estado? Nada de eso. Lo hace porque en los hospitales, como en muchos otros lugares y situaciones de la vida social, incluidas las empresas y las empresas que prestan bienes públicos, se expresan los valores, creencias, idearios y libertad de las personas y de las instituciones que ellas crean, las que deben ser cuidadas y promovidas por el Estado. Neutralizar esa diversidad cultural, valórica y asociativa nos empobrece a todos como sociedad y nos acerca más a un sistema totalitario, en que todos somos servidores, mandatarios y “sustitutos” del Estado.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl