Contra lo que se tiende a creer o normalmente se olvida, no son pocos los casos de destitución presidencial por faltas a la probidad, quebrantamiento de la ley y/o no cumplimiento de los deberes del cargo. La lista es larga y los defenestrados por su incompetencia en el gobernar o su excesiva competencia en el robar habitan o habitaron todos los rincones del planeta. Sin orden de fechas, países y causas, he aquí, para ilustración de los olvidadizos, sólo algunos de los casos y sólo los de menos de 50 años de antigüedad:

En Corea del Sur y en el curso de este año fue sacada del cargo la Presidenta Park Geun-Hy por actos groseramente reñidos con la ley. En Venezuela, en la era pre chavista, el Presidente Carlos Andrés Pérez fue acusado de apropiación de fondos y enriquecimiento ilícito, siendo suspendido de su cargo en mayo de 1993. Su expulsión la confirmó el Congreso en agosto de 1993. En Ecuador, a Abdalá Bucaram se lo acusó de robar fondos públicos y fue echado de la Presidencia en febrero de 1997, aunque no por ladrón sino por “incapacidad mental”. El 2005, en el mismo país, a Lucio Gutiérrez lo acusaron de llenar la Corte Suprema con sus amigotes y sin más trámite lo sacaron de la Presidencia. En Perú, Alberto Fujimori, enredado en toda clase de irregularidades y crímenes, quiso renunciar cómoda e impunemente con una nota enviada por fax desde Tokio, pero el Congreso no aceptó esa salida y lo destituyó. Más tarde la justicia lo condenó a cumplir una pena de 25 años. En Indonesia a Abdurrahman Wahid se le acusó de incompetencia y corrupción, siendo destituido el 2001. En Lituania, el año 2004, el Presidente Rolandas Paksas fue destituido por darle ciudadanía lituania a comerciantes rusos a cambio de dinero.

En Brasil, muy recientemente, Dilma Rousseff fue mandada a vestuarios por manipulación ilegal del presupuesto público. También en Brasil Fernando Collor de Mello corrió similar suerte al ser acusado de corrupción, renunciando en 1992. En Israel el Presidente Ezer Weizman prefirió abandonar su cargo antes de enfrentar un proceso por fraude tributario y un escándalo de corrupción. Y en el mismo Israel, el 2007, el Presidente Moshe Katsav renunció luego de ser acusado de violación y otras ofensas de carácter sexual. De todos modos cumplió una pena aflictiva de siete años. En Alemania Christian Wulff renunció a la presidencia federal el año 2012 después de quitársele la inmunidad debido a cargos de tráfico de influencias. En Guatemala Otto Pérez, acusado de ser parte de un círculo de funcionarios que recibían sobornos para permitir a empresas celebrar importaciones sin pagar impuestos, fue despojado de su inmunidad presidencial el año 2015, luego de lo cual renunció para no ser detenido y llevado a custodia. Y en Estados Unidos cuatro presidentes han sido sometidos a una clase de impeachment u otra, con resultados diversos, siendo el más conocido el caso de Nixon.

Mínimo común denominador

Amén de un notorio elemento que es común a casi todos, la corrupción, los personajes aquí señalados comparten también la siguiente característica: ninguno puso en peligro los cimientos de la existencia física del Estado. Con sus actos fueron heridas la fe pública y/o el erario fiscal, pero no erosionaron el fundamento de toda sociedad, la SOBERANÍA sobre su territorio y la conservación del orden en su aspecto más vital, a saber, el uso de medios pacíficos para dirimir conflictos. ¿Qué sanción merece entonces quien comete esta falta, la cual sobrepasa en gravedad todas las demás? Es una que hiere el corazón mismo de una sociedad civilizada pues esta se distingue de la barbarie porque en ella no predomina la fuerza desnuda, el libre merodeo de hordas armadas en busca de su provecho o proyecto. Por esa razón el primer deber del Estado es defender el imperio de la ley con las armas jurídicas y materiales que le entrega la Constitución. Como nadie, ni siquiera un cavernícola, podría preferir la brutal recaída al estado de naturaleza, todos los regímenes, cualquiera sea su ideología, historia o cultura, se ocupan primero que nada en impedir ese desplome. Las democracias europeas más antiguas, liberales, pluralistas, refinadas y progresivas ni una vez han permitido que deambulen a su gusto grupos armados cuyo propósito sea fragmentar el país haciendo uso de fuerza letal, ataques terroristas, amedrentamiento masivo y abierta publicidad de sus fines. A grupos así se los reduce de inmediato aplicando medidas legales, aunque en casos extremos de resistencia armada se hacen uso de los recursos necesarios para contrarrestarla.

Evaluación

¿Cómo evaluar entonces las situaciones que vive Chile en la Región de La Araucanía y ahora también en otras? ¿Cómo concebir no ya la acción del grupo que pretende separar un territorio de la geografía de Chile y constituirlo en ente político autónomo, sino la nula reacción del Estado ante ese propósito?

Ya no se trata “simplemente” de funcionarios corruptos y/o incompetentes, de los cuales hay abundancia, sino de autoridades lesionando por omisión el patrimonio nacional. Una respuesta adecuada para mantener la integridad territorial y el orden social no sólo no ha existido, sino la omisión ha sido acompañada por el más inaceptable catálogo de ridículas y a menudo hipócritas excusas para justificarla y peor aun, detrás de eso hay una apenas encubierta complicidad, una sintonía ideológica con los perpetradores. La última muestra de dicha conducta de flagrante abandono de deberes ocurrió luego de la quema de 29 camiones de la empresa Sotraser, cuando el fiscal nacional, señor Abbott, respaldado en sus dichos por el ministro Fernández, esto es, por la segunda autoridad del país, adujo que la empresa tenía alguna responsabilidad por no custodiar bien su propiedad estando en una zona que se sabe peligrosa. En otras palabras, Abott traspasó la tarea de conservar el orden público y combatir el terrorismo a los privados. Se pregunta el ciudadano, no ya sólo asombrado sino atónito, qué debiera haber hecho Sotraser para neutralizar a 20 o 30 “combatientes” armados. ¿Poner tres rondines en vez de uno? ¿O tal vez se le insinúa que organice su propia capacidad militar en paralelo a la policial y las FF.AA., ambas en estado de catatonia por voluntad superior? ¿Deben los agricultores contratar mercenarios? ¿Debieran los conductores de camiones llevar armas en sus vehículos?

No han sido más felices las declaraciones presidenciales. Para este caso en particular la señora Bachelet expresó su “condena”, lo cual quizás deba considerarse “un paso en la dirección correcta” –como suelen decir sus camaradas del PC– comparado con otras intervenciones suyas donde ha hablado de “robo de madera”. Lamentablemente su “condena” sirve de tan poco como la clásica frase “se iniciarán querellas contra quienes resulten responsables”. En medio de tanta inepcia hasta hubo un intendente que se creyó filósofo de la historia y culpó de todo a un “conflicto intercultural”. También se han achacado los atentados a argucias de corredores de propiedades que desean bajar los precios de los predios atacados para futuros negocios inmobiliarios. Otra explicación que suele darse es la falta de inteligencia de los organismos policiales. En efecto, hay en el país mucha carencia de ese producto, pero no necesariamente en dichas instituciones policiales. Es, además, una justificación totalmente falsa, porque aun la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) y pese a sus desmedradas capacidades sabe perfectamente quiénes son los cabecillas, dónde viven, dónde entrenan, quiénes son sus contactos, sus ayudistas y hasta sus amantes.

Abandono de deberes

¿Sería entonces necesario y/o posible, a estas alturas, acusar a alguien formal y constitucionalmente de abandono de deberes? Necesario, quizás; posible, NO. Aun en quienes podrían interponer una acusación de ese tipo se adivina no haber voluntad para hacerlo. En ellos, como en todos, prevalece el miedo y también el discurso política y tontamente correcto. El remedio, entonces, será tardío y cien veces más doloroso.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.