A través de un video promocionado por la cuenta de Twitter del Poder Judicial, se anunció que la Corte Suprema batió un récord histórico al dictar en un solo día nada menos que 12.145 sentencias. Se trata de recursos de protección presentados para evitar el alza de los precios de planes de isapres por el factor de GES. El secretario de la Corte explica que se implementó un proceso con la ayuda informática para dar respuesta a los miles de recursos que los abogados han presentado. Advierte que esto no significa que se haya fallado a la ligera, porque se estudiaron los antecedentes y la sala deliberó la decisión. Pero los funcionarios entrevistados aclaran que fueron una relatora y un ministro quienes dirigieron el proceso, que se redactaron 14 plantillas de resolución, que los recursos se dividieron en grupos y que a cada uno se le aplicó una plantilla.

Nadie podría dudar que resulta positivo que los tribunales de justicia adopten medidas para optimizar su funcionamiento a través de las nuevas tecnologías y así acelerar la tramitación y fallo de las causas judiciales. Pero, ¿puede decirse que se ejerció auténtica jurisdicción cuando se dictan más de 12.000 sentencias en un día, esto es, 1.500 fallos por hora (suponiendo que se hayan empleado 8 horas) y 25 por minuto? La noticia de este «récord histórico» llama a preocupación.

Sabemos que se ha arribado a esta «justicia por plantillas» porque, ante la desidia de los órganos legisladores, los tribunales han terminado por asumir la labor de regular los precios de los planes de salud, lo que con los años se ha ido transformando en una gigantesca «industria del litigio«. Muchos abogados han visto aquí una «oportunidad» de negocios, la que ahora, con la posibilidad de presentación electrónica de escritos estandarizados y la expectativa de tramitación exprés, se verá potenciada.

Los abogados realizan estos trámites confiando en que las Cortes, también de manera estandarizada, fijarán en su beneficio las costas que corresponderá pagar a las isapres vencidas. Estas instituciones tampoco parecen demasiado afectadas, porque les basta con trasladar esos costos a los incrementos de precios de los planes de todos aquellos que, por falta de información o por no querer hacerse cómplices de un mecanismo espurio, no recurren, y que son la amplia mayoría y probablemente la con menos ingresos. O sea, la peor de las políticas de asignación de recursos.

La situación nos proporciona una elocuente demostración de lo que sucedería con la consagración de derechos económicos universales y garantizados judicialmente que se ha venido propiciando por los impulsores de una nueva Constitución. El resultado es la inhibición del Parlamento para cumplir la misión que le es propia y su traslado a los tribunales de justicia, que tendrán que ver cómo fallan las demandas de los que reclaman y terminarán asignando los recursos públicos de un modo atomizado y mediante «sentencias plantillas«. Como ha puesto de relieve el investigador del IES Claudio Alvarado, en su ensayo «La ilusión constitucional«, es paradójico que los mismos que exigen que la deliberación política se amplíe por la eliminación de supuestos «cerrojos» constitucionales y quórums supramayoritarios aboguen por la universalización y garantía judicial de los derechos económicos, cuando esto estrangularía aún más el espacio para el debate político y la discusión democrática.

Estamos ciertos de que tanto el presidente como los demás ministros de la Corte Suprema son conscientes del problema. Quizás esa conciencia haya sido la que condujo a dicha Corte a rechazar un recurso de protección por el cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en vez de acudir a los poderes colegisladores, pretendía que fueran los tribunales los que resolvieran el problema del derecho a sufragio de las personas privadas de libertad. Una señal más positiva, sin duda, que la del récord de las más de 12.000 causas falladas en un día.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.