La ley que determina el presupuesto del Estado es de la mayor importancia. Siempre se recuerda que fue un proyecto de ley de este tipo el que desató el quiebre entre Balmaceda y el Congreso, que solo se resolvió tras una sangrienta guerra civil. Se explica así que la actual Constitución regule minuciosamente la elaboración de este presupuesto, por medio de una ley especialísima, de vigencia anual, que debe tramitarse en el perentorio plazo de 60 días.

Sin embargo, desde un tiempo a esta parte existe una tendencia a utilizar esta ley para lograr objetivos que no le son propios y que no se ajustan a la celeridad con la que deben estudiarse sus partidas. Esta tendencia se ha exacerbado en el proceso de discusión presupuestaria de este año, y las culpas no son solo del Gobierno.

¿Cómo puede la ciudadanía comprender que los parlamentarios aprueben una partida del presupuesto asignándole recursos por un peso? Es una martingala por la que se fuerza al Gobierno a incrementar el gasto en una materia, eludiendo la norma constitucional que prohíbe que el Congreso rechace una partida presupuestaria.

Pero en esto de manipular la Ley de Presupuestos el Gobierno no se queda atrás. Saca de la manga una nueva «fuente de derecho»: la glosa presupuestaria, para cumplir con el anuncio presidencial de gratuidad (parcial) para la educación superior. Todo un estatuto jurídico con las condiciones a través de las cuales se beneficiará a los estudiantes de algunas instituciones de educación superior se introduce no a través de una ley específica que haya sido objeto de una reflexión profunda y de un debate democrático y participativo, sino mediante una nota marginal a la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2016.

Esto no es todo: en los últimos días se ha dado a conocer que, previo acuerdo con las universidades –privadas y estatales– que componen el Consejo de Rectores, se eliminará lo que dispone una norma legal que ha regido por más de 30 años. Se trata del decreto con fuerza de ley que dispone que todas las instituciones de educación superior reciben recursos públicos según su capacidad para atraer a los 27.500 alumnos con mejores puntajes en la PSU: el llamado Aporte Fiscal Indirecto (AFI). Ahora la glosa se convierte en ley derogatoria que rebaja a la mitad los recursos que debían ser entregados por ese estatuto legal permanente. Lo insólito es que la reducción solo afecta a ciertas instituciones y no a otras, a las que esta rebaja les será compensada con recursos equivalentes. ¿Cuáles serán estas? El lector lo habrá adivinado: las universidades del Consejo de Rectores.

Se trata de una disposición no solo inadecuada para una Ley de Presupuestos, sino discriminatoria; más aún, expropiatoria. Me explico: el AFI se calcula según los puntajes de los alumnos que ingresaron a cada institución en el año inmediatamente anterior al de su pago, de modo que lo que le corresponde recibir el año 2016 ya está determinado en el proceso académico 2015. Siendo así, ese derecho ya ingresó en su patrimonio. Con toda razón esas universidades, al elaborar sus presupuestos para el próximo año, han previsto el empleo de esos recursos. Si ahora se disminuye ese aporte a la mitad, se les estará cercenando un derecho adquirido, sin que se cumpla con las formas de una ley expropiatoria que exigiría, al menos, el pago de una indemnización por el daño causado.

Podríamos seguir con la sustracción de recursos destinados a la llamada «ley espejo«, que beneficia a las regiones, para trasladarlos a la construcción de hospitales. Otro intento por salvar del naufragio una promesa inviable.

Son juegos irresponsables y peligrosos los que se están haciendo a expensas de la Ley de Presupuestos. Su gravedad aumenta si se tiene en cuenta que todas estas cabriolas y piruetas se perpetran en un ambiente en que la credibilidad de las instituciones, y en particular del Gobierno y del Congreso, está por los suelos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.