Otra vez. Lo han vuelto a hacer. Sí, ante las miradas atónitas, escandalizadas, indignadas o impotentes de la ciudadanía. El Gobierno de Chile, adalid de la igualdad –como lo declara una y mil veces, partiendo por su dichoso programa–, ha vuelto a ejecutar un acto de discriminación arbitraria a plena luz del día, sin que a nadie parezca importarle más allá de aspavientos inconducentes que terminan siempre en nada, para oprobio de nuestro sistema jurídico e institucional.

Un reo se ha escapado de Angol. Un chileno, como usted y como yo, que accidentalmente lleva un apellido araucano, pero que es tan chileno como los chilenos de apellido español o alemán o inglés.

Había sido trasladado a un recinto de mínima seguridad, en virtud de las presiones de diversa índole ejercidas sistemáticamente, y ante las cuales la autoridad ha obrado saltándose la ley.

¿Cumplía Cristián Levinao –ese es su nombre– los requisitos para acceder a este beneficio? No, no los cumplía. El recinto de Angol es un “Centro de Estudio y Trabajo Semi-Abiertos” (CET), institución creada durante el gobierno de Lagos que tiene por objeto proporcionar una forma especial de cumplimiento de condena, que se diferencia tanto del sistema cerrado porque entrega servicios vinculados a la capacitación laboral y al trabajo remunerado bajo un régimen bastante cercano a las condiciones que los beneficiarios encontrarán cuando egresen al medio libre.

Para ser elegibles, los condenados deben haber desarrollado competencias sociales y hábitos laborales que mejoren sus posibilidades de reinserción y convivencia social, además de cumplir condena privativa de libertad en el sistema penitenciario cerrado, y tratarse de individuos que presenten bajo o mediano nivel de compromiso delictual y a los que les resta menos de tres años para llegar al término de su tiempo de condena o para poder postular a la libertad condicional.

Pero Levinao, con un extenso prontuario, fue condenado el 4 de septiembre de 2013 a diez años y un día de cárcel, por el delito de robo con intimidación.

En abril de 2014 inició una huelga de hambre con otros condenados que duró treinta y nueve días e incluyó una toma de las dependencias por parte de familiares y amigos en Angol, así como varias movilizaciones en Santiago y regiones.

Finalmente, el Ministerio de Justicia cedió a incumplir la ley y se comprometió a trasladarlos al CET de Victoria, entre otras concesiones. Las autoridades comunales, sin embargo, se opusieron, y el Gobierno no pudo mandarlos a Victoria.

Como las presiones habían dado resultado anteriormente, el joven “preso político” –como se autodenomina– comenzó entonces una segunda huelga de hambre con objeto de conseguir su objetivo.

El Ministerio de Justicia, al no poder enviarlo directamente a Victoria, le ofreció destinarlo al CET de Angol, para luego trasladarlo definitivamente al CET de Victoria, que era su exigencia. La huelga duró sólo trece días, y volvieron a ceder. Así, desde septiembre de 2014, Levinao estaba en el CET de Angol. Como indicó en su momento el Director Nacional de Gendarmería, Juan Letelier, antes de concretar el traslado al “Centro de Estudio y Trabajo” de Angol, este tuvo que ser sometido a trabajos en su infraestructura, lo que le costó al erario público una buena suma de dinero.

Pero esto no es todo. En la penitenciaría de Santiago hay más de mil condenados que reúnen las condiciones exigidas para optar a este tipo de beneficios, y que no han recibido hasta el momento un trato semejante. Ni hablar por supuesto de los condenados en Punta Peuco, que también satisfacen desde hace tiempo los requisitos necesarios, pero todos sabemos que jamás les será otorgada prerrogativa alguna, por muy legal que sea.

El Gobierno ha optado aquí por una solución de corte ideológico –ni siquiera político–; lo ha hecho de manera reiterada desde que asumió en marzo de 2014. Con ello nos da a entender una vez más que algunos, por pensar lo que piensan, están por encima de la ley; o peor aún: que la ley en realidad está al servicio de algunos, curiosamente, de aquellos que comparten la ideología de los gobernantes.

Esta manera de administrar justicia es profundamente destructiva de las instituciones de la República, y debe ser denunciada hasta que se vean obligados a recular y a someterse al Estado de Derecho. Hay que instalar esta cuestión en el debate público hasta que ya no les sea posible eludirla. Sólo así conseguiremos que hagan algo más que presentar querellas ineficaces y refugiarse tras pomposas y vacías declaraciones, en lugar de sancionar a los responsables.

He aquí mi granito de arena.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Chile B, www.chileb.cl.