Los diputados de la Democracia Cristiana Víctor Torres y Matías Walker justifican el aborto en los casos de violación, de peligro para la vida de la mujer y de previsión de que el niño nacido vivirá poco tiempo. Lo justifican basados en el dolor de la mujer que se encuentra en esos casos y afirman que, aprobando una ley que permita el aborto en esas situaciones, de ninguna manera se quiere aprobar el aborto libre.

En un Estado de Derecho democrático, como es el de Chile, el dolor de una persona no justifica matar a otra persona que tiene derecho a la vida, sobre todo, si esta otra persona es absolutamente inocente de ese dolor. Muy grande es el dolor de una mujer a quien un criminal ha matado a su marido o a su querido hijo; pero si esa mujer, movida por ese dolor, matara al criminal, cometería un homicidio penado por la ley, porque el Estado de Derecho en Chile sigue reconociendo al criminal como una persona, sigue reconociendo su derecho a un justo juicio y, aun declarado culpable, continúa reconociendo su derecho a regenerarse. Por eso en nuestro país no rige la pena de muerte. En la vida social, muchas personas son causa de dolor para otras. Pero esto no lo resuelve el Estado de Derecho permitiendo matarlas, sino discerniendo lo que es justo hacer por medio de sus tribunales de justicia. En el caso de la mujer embarazada, en las tres situaciones indicadas, el Estado de Derecho debe dictar leyes que resuelvan el dolor de la mujer, asistiéndola y acompañándola en todo lo necesario, pero siempre defendiendo el derecho a la vida del niño que está en su seno.

Me resisto a creer que los diputados Torres y Walker estén aprobando un homicidio o una violación de los derechos. Si ellos están de acuerdo con el aborto en los tres casos indicados, es porque no le reconocen al niño en gestación el derecho a la vida. No le reconocen a ese niño el estatus de persona como sujeto del derecho a la vida y lo consideran una cosa que se puede extraer del vientre materno sin violar ningún derecho. Lo mismo se diga de sus colegas parlamentarios que aprueban la ley de aborto y de todos los ciudadanos que están de acuerdo con esa ley. Pero, si no tiene derecho a la vida el niño en el seno materno en esos tres casos -dentro del límite, fijado por ahora de manera completamente arbitraria, de las 18 semanas de gestación-, no lo tiene ningún niño que se encuentre en el seno materno, en cualquier otro caso. Así se ha quitado el principio que defiende la vida del niño en gestación, que es su estatus de persona humana, y se ha abierto la puerta al aborto libre. Pronto no se verá por qué el límite de 18 semanas no pueda extenderse a 19, o 20, o 21 y así sucesivamente hasta poco antes del nacimiento. Este es el camino que ha tenido la ley de aborto libre en los países donde rige. Esto lo saben bien los diputados Torres y Walker. Lo saben, sobre todo, sus colegas parlamentarios que están de acuerdo con el aborto libre y apoyan el proyecto que lo restringe a los tres casos como un paso hacia ese objetivo. Deben saber, entonces, los diputados Torres y Walker, y otros que como ellos piensan aprobar el aborto restringido a aquellos tres casos, que con su voto favorable estarán dando luz verde al aborto libre.

Yo soy un obispo de la Iglesia Católica y, por mi fe en Dios como Creador exclusivo de la persona humana, destinada desde el momento de su concepción a la vida eterna, estoy contra el aborto en toda circunstancia. Pero el razonamiento expuesto más arriba no se basa en mi fe cristiana, sino en el principio racional del derecho a la vida de toda persona, derecho que está en la base del Estado democrático que es Chile. La aprobación de la ley de aborto sería verdaderamente un retroceso para el país.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.