Un informe de la OMS revelaba que las tasas de homicidios en América Latina del año 2012 fueron, de lejos, las más altas del mundo, con una tasa 5 veces mayor que el promedio global. Y además, de las más de 165.000 personas asesinadas (de un total mundial de 475.000), más de la mitad lo había sido por el uso de armas de fuego.

Diversos países encabezan la lista, en este orden: Honduras, Venezuela, Jamaica, Belice, El Salvador, Colombia, Brasil, Bahamas, Haití, República Dominicana y México. Aunque el caso mexicano sea más conocido, especial gravedad presenta Honduras, donde las pandillas juveniles controlan hasta colegios, de donde reclutan a sus nuevos integrantes.

Resulta evidente que esta lamentable realidad se debe a condiciones de miseria y marginación, que generan auténticos círculos de pobreza. También deben recordarse los flagelos del narcotráfico y del terrorismo, que no hacen sino empeorar las cosas.

Ante esta cruda realidad, los Estados debieran preocuparse no solo por la seguridad interior de sus territorios, sino también de cimentar las bases para una sociedad sana. De esta manera, se debiera fortalecer a la familia, a fin que los niños y jóvenes puedan ser efectivamente criados como corresponde y no abandonados a su suerte; invertir de forma eficiente en la educación, para que sea realmente de calidad (partiendo por la mejora formativa y material del profesorado); fomentar auténticas posibilidades de desarrollo económico –donde el sector privado es insustituible–, permitiendo la generación de riqueza y la creación de trabajos dignos; mostrar ideales de vida honestos, que exalten la generosidad y la responsabilidad y no lo contrario, como tanto ocurre hoy, entre otras muchas materias.

Por otro lado, de cara a tantas organizaciones nacionales e internacionales que abogan por los derechos humanos, su labor prioritaria debiera dirigirse también hacia este gravísimo problema. Sin embargo, y a pesar de existir varias que efectivamente luchan contra esta deleznable situación, llama la atención que tantas otras inviertan muchísimo trabajo y recursos en pos de derechos o pseudoderechos no solo muchas veces discutibles, sino absolutamente irrelevantes de cara a la situación que aquí se comenta. ¿Cuánto podría avanzarse en este problema invirtiendo en él las energías que se emplean para promover la ideología de género o el aborto, por ejemplo?

Por tanto, debiera existir una profunda revisión de las prioridades de la región, puesto que parece absurdo que algunos se empeñen tanto en reivindicaciones prácticamente superfluas en relación al que podría considerarse el verdadero problema del continente.