Desde 1960 órganos como ICMER y APROFA han implementado en nuestro país una serie de políticas en materia de regulación de la fecundidad, generando todo un mercado de intereses económicos e ideológicos. Si bien en algún momento estas instituciones ejercieron presión, lo cierto es que hoy en día los propios reglamentos del Minsal están lejos de condenar el aborto como una práctica delictual y más lejos aún de generar políticas públicas equitativas y efectivas en este tema.

Polémica generó la controvertida disposición de la ley 20.418, que “Fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad”. En el artículo 2° de esta ley se estipula que la llamada Píldora del Día Después (PDD), o Píldora de Emergencia –y todos los demás métodos de anticoncepción–, puede ser adquirida por cualquier niño o adolescente menor de 14 años, en cualquier farmacia –y gratis en el sistema público–, sin consentimiento de los padres. La única condición es que se le avise, a posteriori, a la persona mayor de 18 años a quien este niño señale como responsable.

No hay que ser experto en la materia para comprender que, en muchísimos casos, ese adulto a quien el niño o adolescente señale será algún amigo, primo, u otro mayor de 18 que no tendrá ninguna responsabilidad ni incidencia real sobre lo que está ocurriendo. De esta manera, “los menores tienen la posibilidad de acceder a esta pastilla, cuyos efectos abortivos aún no se han podido descartar” –precisamente, el último estudio realizado al respecto en España indica que sí es abortiva–, “sin que sus padres tengan la menor idea”. Por eso existen quienes afirman que en estas circunstancias se atenta contra una condición mínima para lograr una paternidad responsable, y un real involucramiento de los padres en la educación de sus hijos. “Es decir, se pasaría a llevar el derecho que, por ley, tienen padres y tutores sobre la crianza y educación de los niños, niñas y adolescentes.”

Por otro lado, la entrega de la PDD pasa por alto un hecho fundamental, según informa la ONG Comunidad y Justicia. “El Código Penal señala que cualquiera que sostenga relaciones sexuales con un menor de 14 años comete delito de violación” –salvo que exista una diferencia de edad de dos años o menos entre ellos–. Esto obliga a los funcionarios de salud a denunciar cuando se evidencia ante ellos esta situación. Más aún tratándose de menores de edad, y dados los numerosos tratados sobre derechos del niño que Chile ha firmado.

Según el abogado y Director de Comunidad y Justicia, Tomás Henríquez, “sólo existen dos alternativas: o se genera el absurdo de que los funcionarios de salud deben informar al Ministerio Público cada vez que un menor de 14 años pida una PDD para que investigue la violación, mientras que queda a su buena voluntad informar a los padres (lo cual, como se mencionó anteriormente, contraría normas constitucionales y de tratados internacional de derechos humanos sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos), o bien este reglamento es, como nosotros creemos, contrario a la ley 20.418 y al mismo tiempo posiblemente inconstitucional”.

En este contexto, cabe recordar que, luego de un año de discusión en Tribunales, durante el gobierno de Michelle Bachelet, un grupo de parlamentarios presentó un requerimiento frente al Tribunal Constitucional (TC), para que declararan inconstitucional el decreto que establecía la distribución de la PDD. Esta instancia estableció que efectivamente el decreto era inconstitucional, prohibiendo la venta del medicamento, por no haber pruebas científicas concluyentes de que no fuese abortiva. Se utilizó la presunción pro-dignidad de la persona humana, y se decretó no distribuirla. “Considerando que el TC es el organismo que interpreta la Constitución, ¿qué pasó entonces, que no se respetó la disposición del TC? Es lo que se preguntan quienes se oponen a este anticonceptivo de emergencia, que aún no encuentran respuesta.”

Algo similar ocurrió con los argumentos que esgrimieron tres de las principales cadenas farmacéuticas que, apelando a la objeción de conciencia, se negaron a vender la píldora. Si bien en un principio se aceptaron estos argumentos, luego se revocó la decisión, y las farmacias que no tenían en stock Píldoras del Día Después fueron sancionadas a pagar una multa de mil UTM ($33 millones de pesos).

Sin embargo, existen estadísticas que muestran que, de las 35 mil dosis adquiridas por el ministerio de Salud (Minsal) en 2001 al laboratorio Grünenthal –actualmente retirado del mercado de las PDD en Chile–, no se entregaron las esperadas. Según el cálculo de entrega por año –no más de mil–, el stock se acabaría el 2016. Claro que, para ese entonces, tendrán 7 años de vencimiento. Hasta el cierre de este reportaje no se pudo obtener respuesta oficial del ministerio de Salud respecto de qué pasó finalmente con esas dosis, pero todo indica que hubo que descartarlas.

Según una investigación que realizó el diario El Mercurio el año 2006, el monto que se pagó por estos medicamentos variaba, según las distintas versiones, entre $65, $130 y $400 millones. Aún si nos quedamos con la cifra más baja, se trata de una cantidad enorme de dinero. Para hacer una comparación, significa el equivalente a 336 veces el sueldo mínimo. Es decir, 28 años de trabajo para alguien que gana ese monto. Quizás esto explica la falta de respuesta de parte del Ministerio de Salud.

Grünenthal se fue del mercado de Chile porque, a diferencia de lo que ocurría en los otros países donde vendía la píldora de emergencia, los envases de sus píldoras no tenían rótulo indicando que el medicamento podía resultar abortivo. Frente a esta situación, grupos que buscaban impedir que se comercializara el fármaco amenazaron con demandar a la empresa por publicidad engañosa. Frente a esta posibilidad, el laboratorio decidió retirarse. En este mar de irregularidades y situaciones poco transparentes, la gran pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo se cuelan este tipo de leyes y políticas en un país como Chile, que no permite ningún tipo de aborto?

Hay una serie de políticas en materia de regulación de la fecundidad que se han implementado en nuestro país, existiendo varios estudios que cuestionan su eficacia, porque concurren intereses económicos e ideológicos atrás, siendo difícil separar ambos aspectos.

La ideología Kissinger aterriza en Chile

El año 1964, el Servicio Nacional de Salud de Chile creó el programa de Control de Regulación de la Fecundidad. Esta iniciativa puso a disposición de la población los métodos anticonceptivos artificiales que hoy conocemos.

En 1965, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se creó en nuestro país la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA). Según se explica en su página el “paradigma original fue la Planificación Familiar, concepto acorde a la realidad de la época, cuando vivir y planificar la sexualidad y la reproducción se ligaba a una familia legal o religiosamente constituida”, en una época en que el aborto terapéutico en Chile estaba permitido por ley, en caso de que tres profesionales se pusieran de acuerdo sobre el hecho de que la vida de la madre o el hijo estaban en peligro. Esta ley de aborto terapéutico estuvo en vigencia desde 1931 hasta 1989.

En un principio, al menos por parte de las autoridades nacionales de ese entonces, estas medidas tuvieron como objetivo frenar, mediante la entrega de píldoras anticonceptivas, que se cometieran abortos. “El que lideró los estudios en Chile [sobre anticoncepción] fue el doctor Benjamín Viel Vicuña [quien colaboró con APROFA en sus inicios, como se puede ver en la página de la asociación]. Al leer sus estudios, resulta manifiesto que la anticoncepción en Chile se comenzó a hacer con un objetivo y fin muy claro, que era prevenir el aborto, y disminuir las hospitalizaciones por aborto en Chile”, explica el doctor Elard Koch, investigador en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile y actual director del Instituto MELISA. Por este mismo motivo, según señala el especialista, los métodos artificiales de control de la natalidad comenzaron a instalarse en Chile sin mayor oposición.

Sin embargo, como se constata en varias investigaciones, y según lo que los mismos protagonistas afirman, la creación de organismos como APROFA –dependiente de la International Planned Parenthood Federation– fue parte de una estrategia para reducir las tasas de natalidad alrededor del mundo.

Es un hecho conocido que en Estados Unidos, durante el gobierno de Gerald Ford –padre de uno de los fundadores de la Fundación Ford, promotora del aborto y el control de la población se tomaron medidas concretas que buscaron disminuir la tasa de natalidad en países tercermundistas, para defender los intereses políticos y económicos de esta nación. Esto se puede leer en el documento –en un principio altamente secreto, pero desclasificado en la década del 90–, “Consecuencias del Crecimiento Mundial de la Población para la Seguridad de los Estados Unidos y sus Intereses de Ultramar”, más conocido como “Informe Kissinger”, que se encuentra completo en internet. Según se explica en el informe, un aumento no controlado de la población en países tercermundistas aumentaba el riesgo de desórdenes e inestabilidad política donde había –hasta el día de hoy– intereses para Estados Unidos.

Los efectos de estas políticas, elaboradas en 1974 por Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano en ese entonces, son estudiadas profundamente hasta el día de hoy, especialmente por agrupaciones que critican la injusticia de las prácticas abortivas, que ven cómo sus consecuencias siguen afectando, más de cuarenta años después, las políticas internas de los diferentes estados.

En el documento se indica que “la estrategia de los EEUU debe apoyar actividades generales capaces de alcanzar éxitos importantes en problemas claves que pueden impedir el alcanzar los objetivos de control de fertilidad. Por ejemplo, el desarrollo de métodos anticonceptivos más sencillos y efectivos”. Se puede leer además, textualmente en el documento: “1. Prácticas mundiales del aborto. Ciertos hechos sobre el aborto necesitan ser considerados: Ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto”.

Las consecuencias de estas decisiones no han sido inocuas. Tras cumplirse 49 años desde la entrada en vigencia del Programa de Control de la Regulación de la Fecundidad en nuestro país, los números hablan por sí solos: en el año 1960 el número de hijos por mujer era de 5,39, mientras que el año 2012, según los datos entregados por el INE había descendido a 1,45, causando preocupación en las autoridades por el bajo crecimiento que está experimentando Chile en su población. Según lo que Jorge Pino, Premio Nacional de Historia (2012) y especialista en demografía, explicó al diario La Tercera, el descenso de la tasa de natalidad es una repercusión de las políticas de planificación familiar de 1960. “Esto era previsible, nuestro país está en lo que se llama ‘transición demográfica’, que implica una caída en las tasas de mortalidad, de crecimiento y un aumento de las expectativas de vida”, señaló.

El dudoso negocio de ciertas ONG

Dado el lugar y posición de privilegio que han tenido las instituciones promotoras del aborto en los organismos de salud en nuestro país, durante muchos años nadie preguntó ni investigó lo que se realizaba en dichos organismos gubernamentales, mientras APROFA y otras instituciones se apoderaban o dirigían internamente nuestros organismos de salud.

El poder que han tenido algunas instituciones extragubernamentales como APROFA o ICMER (Instituto Chileno de Medicina Reproductiva), en la elaboración y dirección de las políticas públicas sobre fertilidad y reproducción en Chile, específicamente desde el Minsal, es innegable. A modo de ejemplo, basta con mencionar que los editores de las Normas Nacionales sobre la Regulación de la Fertilidad del Minsal –documento elaborado durante el gobierno de Michelle Bachelet, que sigue disponible en el sitio del ministerio– fueron los doctores René Castro, del Minsal, Soledad Díaz, de ICMER, Guillermo Galán, de APROFA, Carmen López, de Minsal y María Isabel Matamala, de Minsal.

APROFA – filial de la IPPF (International Planned Parenthood Federation), una de las principales promotoras del aborto en el mundo– declara abiertamente, dentro de sus principios, que busca la legalización del aborto en Chile. Según se explica en su Planificación Estratégica 2011-2015, uno de sus objetivos es “participar activamente, en coordinación con otras Instituciones, en todas las instancias de Advocacy [apoyo] que lleven a la reincorporación del aborto terapéutico en la legislación chilena”. Esto, dentro del contexto de las “5 ‘A’” que conducen su planificación estratégica: Acceso, Adolescentes, Aborto, VIH/SIDA y Advocacy. Así mismo, en su página aclaran que “APROFA está a favor de la Interrupción Legal del Embarazo en Chile y desarrolla acciones para la aprobación de leyes que lo permitan, en caso de riesgo para la salud o vida de la mujer, cuando el feto es inviable o cuando el embarazo es producto de una violación o incesto”.

IPPF, por su parte, explica en su página que “la misión de APROFA es trabajar hacia la despenalización total del aborto. APROFA es miembro activo de un grupo de estrategia que trabaja para restablecer el aborto terapéutico y ha publicado el libro ‘Aborto en Chile: Argumentos Y Testimonios para su Despenalización en Situaciones Calificadas’”.

APROFA, además, “ha desarrollado el mercadeo social de Métodos Anticonceptivos, ofertando la más amplia variedad de ellos, incluida la Anticoncepción de Emergencia”, como se explica abiertamente en su página, y cuenta con dos salas de venta, uno en La Florida y otro en Providencia. Junto con esto, APROFA tiene el registro en el ISP del producto “Norlevo” -cuyo componente activo es Levonorgestrel en 1,5mg-, fabricado por Delpharma, y cuya licencia es de HRA Pharma. La Presidenta de HRA Pharma fue premiada con el mismo galardón que el Dr. Horacio Croxatto.

Este último es médico cirujano de la Universidad Católica de Chile, especialista en métodos anticonceptivos y uno de los creadores del implante subcutáneo. En la actualidad dirige el Centro de Investigación de Medicina Integrativa y Ciencia Innovadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello y es un férreo defensor de la píldora del día después. El Dr. Croxatto, en una entrevista realizada en el programa de televisión Tolerancia Cero, se declaró a favor de la interrupción del embarazo hasta la octava semana.

APROFA recibe financiamiento directo de IPPF. Sólo entre 2008 y 2011 (según los propios estados financieros de la IPPF) APROFA ha recibido casi 1 millón de dólares de financiamiento. En 2011 recibió $110,388 dólares. En 2010 recibió $292,340. En 2009 $263,692. En 2008 $157,803

Con estos antecedentes, el año 2011, –es decir, bajo el gobierno de Sebastián Piñera– “APROFA fue seleccionado por el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de la Mujer para ser una de las alternativas para ofrecer educación sexual en Chile”, según se estipula en su Planificación.

Otra de las instituciones que ha participado en la creación de documentos promovidos por el Minsal es ICMER (Instituto Chileno de Medicina Reproductiva), una fundación sin fines de lucro que fue fundada por la Dra. Soledad Díaz –actual Presidenta del directorio de ICMER– , Dr. Fernando Zegers – miembro del consejo directivo de ICMER y co-fundador de la Unidad de Medicina Reproductiva en Clínica las Condes– y el Dr. Horacio Croxatto, anteriormente mencionado.

En una carta publicada en el sitio web de ICMER, Croxatto relata que los recursos que le permitieron impulsar el instituto fueron donados por organizaciones filantrópicas extranjeras, entre las que destacan: Population Council (promotores del aborto a nivel mundial, fundada por John Rockefeller III), International Development Research Center (IDRC) de Canadá, Bill & Melinda Gates Foundation, quienes realizaron un aporte de US$2.8 millones para implementar un programa de capacitación en salud reproductiva, y con el tiempo se han ido sumando algunas farmacéuticas y otras fundaciones, según se constata en el sitio de Bill & Melinda.

ICMER también obtiene beneficios económicos, ya que a su vez vende una amplia gama de anticonceptivos y otros métodos de regulación de la fertilidad como el Dispositivo Intrauterino, incluyendo, nuevamente, la controvertida PDD.

La Fundación Ford, por su lado, es el principal donante de las instituciones que promueven en Chile la defensa a los derechos sexuales y reproductivos, además de otras instituciones no ligadas necesariamente a estos temas.

Entre las instituciones beneficiadas con sus subvenciones –en diferentes áreas– han estado: ICMER, la Facultad de ciencias sociales de la U. de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Alberto Hurtado (CIDE), Iglesia Evangélica Luterana, La Morada –asociación feminista– y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La eficacia de las medidas

Si bien en algún momento estas instituciones ejercieron presión dentro de cada gobierno para imponer su agenda, hoy esto ya no es necesario, pues los propios reglamentos del ministerio de Salud, lejos de condenar el aborto como una práctica delictual, dan por hecho ciertas afirmaciones, que contradicen el discurso pro-vida enarbolado por Sebastián Piñera, quien en carta a El Mercurio en marzo de 2012 se declaró “contrario a la legalización del aborto, por múltiples razones y de diversa naturaleza (…). Soy partidario de proteger la vida y dignidad humana desde su concepción hasta la muerte natural”.

Por ejemplo, en las “Orientaciones técnicas para la atención integral de mujeres que presentan un aborto y otras pérdidas reproductivas”, del año 2011, se afirma con total certeza que “no existen bases suficientes para definir un ‘síndrome post aborto’” –un tema que no está en absoluto resuelto–, e incluso se afirma que “las reacciones negativas severas son raras; aunque muchas mujeres pueden experimentar remordimiento, tristeza o culpabilidad, la mayoría de las mujeres siente alivio”. El documento del Minsal va más allá: indica que, de acuerdo a estudios realizados, es más frecuente la depresión post parto que la post aborto.

Esto no se condice para nada con estudios realizados en Finlandia que indican que “el aborto incrementa a más del doble el riesgo de suicidio en mujeres en edad reproductiva, mientras el embarazo llevado a término lo reduce”. Pero sin ir tan lejos, “en el contexto latinoamericano la historia de aborto inducido se asocia significativamente a ideación suicida en mujeres brasileñas”.

Contradice toda lógica que un proceso totalmente natural pueda ser más destructivo para la sicología humana que un acto absolutamente violento. Al menos esto se reconoce en otro documento del Minsal: “Aportes a la elaboración de una guía de práctica clínica para la atención de mujeres que ha sufrido un aborto”, donde se afirma que “Cuando un aborto no es espontáneo, sea éste instrumental o farmacológico, es siempre una violencia contra el propio cuerpo”. Pero aún dejando este argumento de lado, lo menos que se puede decir es que este no es un asunto zanjado, como para presentarlo en un documento público, con el sello del Gobierno.

Por otra parte, y considerando que en Chile cada año nacen cerca de 35 mil niños de madres menores de 20 años, las políticas del Minsal sobre salud sexual y reproductiva, buscan combatir el embarazo adolescente, más que a establecer programas integrales sobre sexualidad y afectividad. Así ocurrió, por ejemplo, con el caso del Implanon, –el implante subcutáneo creado por el dr. Croxatto–, que tiene una duración de tres años.

Consultada sobre este método anticonceptivo en particular por diario La Segunda hace un par de años, la entonces Subsecretaria de Salud Pública (S), Sylvia Santander –quien aún se desempeña al interior de la subsecretaría indicó que “uno de los anticonceptivos que se ofrece es éste, pero como es de alto costo, está priorizado para poblaciones de alto riesgo: chiquillas adictas a la droga, que tengan alcoholismo o dificultad de acceso a los servicios (…) especialmente en menores de quince, ojalá. O drogadictas. Que tengan una familia muy disfuncional o problemas mentales”.

De esta manera, se instala este mecanismo para lograr que estas adolescentes –especialmente menores de 15 años– no se embaracen. Como afirma Carmen Croxatto, Coordinadora de la Red por la Vida y la Familia, “considerando que este es un método de liberación lenta durante 3 años, es altamente peligroso en menores, y el Minsal sólo se preocupa de que evita el embarazo. Es un trato discriminatorio y falto de ética hacia las niñas, que con este implante pueden seguir siendo abusadas; como es en confidencialidad, padres y apoderados no se enteran y el ministerio en vez de buscar las causas de las carencias afectivas y educar a la población, opta por lo más fácil”. Ello explica que se hayan presentado demandas judiciales y denuncias por parte de organismos pro-vida. ¿Hasta qué punto están estas adolescentes en condiciones de tomar una decisión al respecto? A los quince años, escasamente lo estarían si no presentaran los problemas mencionados de drogadicción, alcoholismo, o problemas mentales. ¿Tiene el ministerio de Salud la prerrogativa de tomar unilateralmente una decisión de esa naturaleza sobre otra persona? En este caso se impone a estos jóvenes un método anticonceptivo, simplemente por estar en condiciones de extrema vulnerabilidad y desamparo, y por considerar que en el caso de ellos es “peor” que se produzca un embarazo.

Argumentos similares son los que están detrás de la ley sobre la PDD mencionada anteriormente. Sin embargo, como señala el dr. Elard Koch, este efecto que se busca no se ha logrado, según la experiencia de otros países. “Cuando distribuyes la Píldora [del Día Después] a la población, incluso con anticoncepción facilitada, distribuyéndola gratuitamente, para que las mujeres anden con la píldora en la cartera, no muestra reducir las tasas ni de embarazos no planificados, ni de abortos. (…) Esto no se ha logrado en ninguno de los cinco estudios que evaluaron directamente este tema”. Según explica, esto se debe fundamentalmente a que no se está atacando el problema de raíz, que es conductual, esto es, de educación sexual.

En este sentido, Koch es más radical: “según la evidencia científica, actualmente la distribución de la PDD no tiene un beneficio real desde el punto de vista de la salud pública: no reduce los embarazos no planificados, en general no reduce los embarazos adolescentes, y no tiene efectos contra las tasas o las prácticas de aborto”. Parecería, entonces, que los únicos beneficios de la distribución de la PDD los estarían obteniendo quienes comercializan con ella.

Lo mismo concluye Emilio Jesús Alegre del Rey, farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria, quien acaba de presentar en París, con ocasión del Congreso Europeo de Farmacia Hospitalaria –realizado del 13 al 15 de marzo–, un acabado estudio donde concluye que, en un 30 y hasta 50% de las ocasiones, la PDD tiene un efecto abortivo precoz, acabando con la vida del embrión no implantado. “La disponibilidad de la PDD atenta contra la vida de los embriones aún no implantados, supone riesgos para las usuarias, carece de beneficios en términos de reducción de la tasa de embarazo imprevisto y aborto provocado, y ocasiona un gasto superfluo”, señalan las conclusiones del estudio.

Diferente es lo que ocurre con otros métodos de control de la natalidad que se han implementado en algunos países de África, y que incluyen una educación afectiva. Se trata de los métodos ABC: Abstinence, Be faithful and use Condom [abstinencia, fidelidad, y uso del condón], que promueven, en primer lugar, la abstinencia. Si no se está dispuesto a abstenerse, la fidelidad. Si no se está dispuesto a ser fiel, el uso de condón.

Estas son, según señala Koch, las únicas medidas que han resultado ser efectivas en la reducción del embarazo precoz –es decir entre 13 y 17 años–, y en el retraso del inicio de la actividad sexual. Más aún cuando se involucra a los padres. “La educación de la sexualidad y la afectividad que logra reducir realmente las tasas de embarazo adolescente, es aquella que involucra al papá y a la mamá. Cuando tú estás promoviendo la distribución de la PDD sin conocimiento de los padres, lo más probable es que lo único que logres es incrementar su uso”, mientras que no resuelve los problemas mencionados de maternidad adolescente, y prácticas abortivas.

Llama la atención que, dados los resultados que han tenido este tipo de iniciativas, su uso no esté más extendido. De hecho, mientras que durante varios años en Estados Unidos se promovieron políticas en esta línea, actualmente es imposible encontrar documentación al respecto en el sitio del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos.

Resulta indiscutible que en todo tratamiento e iniciativa farmacológica hay una industria farmacéutica detrás, con diferentes estrategias de comercialización y marketing, sea influyendo mediante lobby en los gobiernos, o a las distintas agrupaciones profesionales de los países.

Considerando todos los antecedentes presentados, es inevitable preguntarse e indagar cuáles son los reales intereses que hay detrás de estas prácticas y decisiones. Pareciera, dados los antecedentes disponibles, no ser el beneficio de la población, ni tampoco la educación de los niños y jóvenes del país. Dado que estas políticas tienen un impacto gigantesco en nuestra sociedad, lo menos que se puede exigir es que sean efectivas –y no lo son–; que no discriminen injustamente –y lo hacen–; y finalmente, que cumplan la función de toda política pública, que es dar respuesta a un problema público. Con todo, estamos lejos de contar con una política pública de planificación a la altura de nuestra legislación y más bien pareciera que tenemos un cuerpo normativo que ha favorecido el negocio de unos pocos, a costa de la gran mayoría de los chilenos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Chile B, www.chileb.cl.