En la reciente polémica relativa a la Carta pastoral del Comité permanente del Episcopado, se han encendido los ánimos, tanto a través de la prensa como en reuniones y foros.

¡Qué bueno!

Los temas tratados por los obispos firmantes son de tal relevancia que habría sido más que penoso el silencio o la indiferencia.

Sobre el contenido del texto, otros con más autoridad están haciendo comentarios de fondo. Aquí vale la pena recordar algunos criterios respecto de este tipo de documentos.

Primero, provienen de un grupo específico de obispos, por lo que no necesariamente todos los restantes miembros de la Conferencia episcopal comparten cada uno de los análisis ahí enunciados.

Segundo, su carácter no es dogmático, sino simplemente orientador. Exige, por lo tanto, la atenta consideración de cada una de sus proposiciones, y en esa misma dimensión, el documento está abierto a la discusión, tal y como corresponde a las prácticas del mismo régimen democrático de gobierno que el texto refuerza.

Tercero, en la carta se recuerdan las bases de la doctrina social de la Iglesia Católica –principios que exigen adhesión– pero se entra en juicios específicos sobre situaciones contingentes, apreciaciones todas que permiten disidencia. Y, más aún, si de las eventuales soluciones a esos problemas se trata (impuestos, endeudamientos, regímenes para administrar centros educativos, etc.) la doctrina de la Iglesia ha sido siempre que cada católico tiene libertad para escoger de entre varias soluciones aceptables, aquella que le parezca más conveniente.

Por último, no deben ser utilizados para una parcialidad política. Parece poco delicado que el PDC –con su presidente a la cabeza– solicite más de esto mismo a los obispos, cuando ha sido el senador Walker el que con frecuencia ha insistido en la autonomía de las realidades temporales, aunque lo ha hecho justamente para defender erróneas posturas suyas en una materia preceptiva para los católicos: la indisolubilidad del matrimonio.