El pasado 6 de junio se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Diego Portales y Palazuelos (1793-1837), quien fuera muy probablemente el principal artífice de la llamada Organización de la República, durante el primer gobierno de Joaquín Prieto, el primero de la llamada República Conservadora o Autoritaria –segundo si consideramos a José Tomás Ovalle– (1830/31-1841/51).

Diego Portales es una figura altamente controvertida en la historia nacional: para algunos es el organizador de la república, es decir, un verdadero estadista; mientras que para otros es un dictadorzuelo. No obstante, ambos bandos reconocen su influencia. Como sostiene Alfredo Jocelyn-Holt (2014) en El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica (Santiago: Debolsillo, 2021, 28), “para efectos historiográficos escritos, la lectura que se sigue haciendo [de Portales] es estructuralmente la misma, aun cuando valorativamente distinta”.

Nacido en Santiago en 1793, estudió latín, filosofía, jurisprudencia, teología y bellas artes en el Convictorio Carolino, para pasar a trabajar a la Casa de Moneda, donde trabajaba su familia. En 1813 entró al Instituto Nacional a estudiar En 1813 ingresó al Instituto Nacional para estudiar Derecho Natural y de Gentes, carrera que no concluyó para dedicarse al comercio, oficio en que se encontraría antes de la Revolución de 1830 y por el que se conocen sus ideas políticas, sintetizadas en el Epistolario con su socio José Manuel Cea. 

La complicada situación política durante la llamada anarquía (1823-1830) lo impulsó a entrar en política, articulando el bando estanquero –llamado así por el estanco del tabaco, una especie de concesión–. De acuerdo con Alberto Edwards (La organización política de Chile (Santiago: Editorial del Pacífico, 1943), 71), “Su caudillo era un joven comerciante, oriundo de una distinguida familia patricia, de temperamento activo y clara inteligencia, pero que se había mantenido hasta entonces completamente alejado de la política. Su nombre, el más ilustre que registra nuestra historia, era Diego Portales”. Agrega Edwards que el “partido […] de los estanqueros, tomó individualidad propia en la época de los ensayos federales. Era un grupo pequeño […]. Víctimas en sus propios negocios de la anarquía pipiola, los estanqueros, por espíritu de reacción natural, se persuadieron de que sólo un gobierno fuerte, amparado por todos los hombres que tenían intereses serios que defender, podría salvar a la República”. 

Esto lleva a Portales y los estanqueros a participar en la Revolución de 1830 contra el gobierno pipiolo y apoyando al bando pelucón junto con los o’higginistas. La revolución triunfará en la Batalla de Lircay. El Presidente José Tomás Ovalle, que había sido nombrado en el Pacto de Ochagavía (1829), llamará a Portales al gobierno, como ministro del Interior y Relaciones Exteriores. Poco después asumirá como ministro de Guerra y Marina. Dejará el gobierno en 1832, ya siendo Presidente Joaquín Prieto, y entre 1835 y 1837 asumirá nuevamente las mismas carteras.

Entre medio fallecería el Presidente Ovalle, lo que exigirá llamar a elecciones. Estos comicios tuvieron dos características fundamentales: primero, el sufragio era censitario –es decir, acorde a títulos nobiliarios o renta– y, segundo, eran elecciones indirectas, es decir a través de electores. Éstos fueron elegidos el 15 de marzo de 1831, y el 5 de abril los electores votarían por los candidatos que postulaban: Joaquín Prieto (Pelucón), que obtuvo 207 votos; Diego Portales (Estanquero), que quedó segundo con 186 votos electorales; Francisco Ruiz-Tagle (Pelucón), que obtuvo 18 preferencias; Ambrosio Aldunate (Pelucón), con sólo dos sufragios; y Fernando de Errázuriz (Pelucón), con sólo un voto electoral. De esta manera, sería electo Joaquín Prieto como Presidente y Diego Portales como Vicepresidente.

Dentro de sus obras en el Gobierno, destacan que “Estableció la disciplina en los funcionarios de la administración pública”, “se preocupó de mejorar el Instituto Nacional”, “instituyó el 18 de septiembre como fiesta patria”, “Creó el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública”, “modificó la planta de empleados y delimitó las funciones de cada secretaría de Estado”, “estableció exigencias de conocimientos para los empleados públicos” y “realizó una profunda reforma penitenciaria”, “Impulsó el desarrollo de la Marina de Guerra y Mercante, y para ello creó la Escuela Náutica”, y “promulgó una ley destinada al fomento del cabotaje”, entre otras. Durante la administración Prieto se trabajó la mejora de las relaciones con la Iglesia, obteniendo, mediante el Patronato, dos nuevos obispados, Coquimbo y Chiloé, y la elevación de Santiago a Arquidiócesis.

También tendrá un papel fundamental en la promulgación de la Constitución de 1833, que restaurará la autoridad presidencial e inaugurará un período de estabilidad política casi centenario, esa “restauración de un hecho y un sentimiento”, con la cual “el país continuó obedeciendo maquinalmente con el alma y de hecho ni a Prieto, ni a Bulnes ni a Montt, sino a una entidad abstracta que no moría: ‘el Gobierno’. Del mismo modo había obedecido, no a Carlos III o a Carlos IV, sino al Rey”. “Su indiferencia por las instituciones escritas, era sólo relativa, y perfectamente de acuerdo con la idea superior en que se inspiró su política. La técnica constitucional le importaba poco: lo esencial, en su concepto, era “arreglar lo que él llamaba el resorte principal de la máquina, esto es, la autoridad tradicional, el Gobierno obedecido, fuerte, respetable y respetado, eterno, inmutable, superior a los partidos y a los prestigios personales” (Alberto Edwards, La Fronda Aristocrática en Chile (Santiago: Imprenta Nacional, 1928), 42 y 44. El destacado es del original).

Además de su labor en el Ejecutivo, Portales sería parlamentario. En las Asambleas Provinciales de 1823, sería diputado suplente por Santiago, y en 1937 fue electo senador, pero fue asesinado antes de asumir.

Durante esos años Andrés de Santa Cruz configuraría la Confederación Perú-Boliviana, un intento de reeditar las glorias pasadas del Perú. Las relaciones entre la Confederación y Chile se tensaron fuertemente hasta entrar en guerra en 1836. Entre las causas del conflicto se encuentran “la rivalidad comercial entre Chile y Perú; el no pago a Chile del préstamo hecho a Perú durante la guerra de Independencia; y el financiamiento por parte del mariscal Santa Cruz de una expedición a Ramón Freire Serrano para desestabilizar al gobierno de José Joaquín Prieto”. El Gobierno chileno intentaría negociar la paz con Santa Cruz, aceptando el boliviano los aspectos comerciales del acuerdo, pero rechazando la disolución del estado confederado.

El fracaso en las negociaciones hizo que la República de Chile –“  insultada en su honor y amenazada en su seguridad interior y exterior”– declarara la guerra a los confederados el 26 de diciembre de 1836, argumentando que Santa Cruz sería un “detentador injusto de la soberanía del Perú” que “amenaza a la independencia de las otras Repúblicas Sudamericanas”. Asimismo, que el gobierno peruano, influenciado por Santa Cruz, “ha consentido en medio de la paz, la invasión del territorio chileno por un armamento de buques de la República peruana, destinado a introducir la discordia y la guerra civil entre los pueblos de Chile”.

Como decimos en otra ocasión, “no sería en sentido estricto una guerra de Chile contra Perú y Bolivia –como tradicionalmente se la ha considerado, especialmente en la historiografía de nuestros países vecinos–”. Al contrario, “Perú viviría este conflicto como una verdadera guerra civil, entre quienes estaban dispuestos a renunciar a la soberanía nacional en pos de un imperio imaginario, y quienes –a uno y otro lado del Desierto de Atacama– estaban dispuestos a mantener en el tiempo su reciente independencia”.

Portales no sería comprendido en su convicción de que había que entrar en guerra contra el proyecto imperial de Santa Cruz. Así, “la creación de un ejército expedicionario” impulsada por el ministro generaría “una gran oposición interna, no sólo de los liberales que estaban siendo sistemáticamente silenciados en la prensa y excluidos de la política, sino también en sectores militares”. El rechazo a la guerra llevará al llamado Motín de Quillota, producido el 3 de junio de 1837, mientras Portales el ministro pasaba revista al regimiento Maipú. Allí el Coronel José Antonio Vidaurre se sublevaría y secuestraría al ministro, fusilándolo en Valparaíso tres días tres días después.

Dicha falta de comprensión se disiparía cuando el gobierno adquirió “La convicción de que detrás del asesinato de Diego Portales estaba la mano del mariscal Andrés de Santa Cruz”. Esto motivó al ministro plenipotenciario a insistir en el plan original de Portales: “emprender la disolución de la Confederación Perú-Boliviana por medio de las armas”.

El martirio civil de Portales lo incorporará al panteón de padres de la patria. Pese a que en su momento no fue comprendido, con el pasar de los años comenzaría a reivindicarse el legado portaliano, que Gonzalo Arenas denomina La memoria portaliana y la tradición política portaliana. Diego Portales fue un hombre provisto de virtudes públicas especialmente propicias para el mando y que hoy tanto echamos en falta. Primero, una absoluta falta de ambición de poder, renunciando varias veces a sus cargos en el Gobierno y asumiendo sólo para el beneficio del país, de manera que su tranquilidad le permitiera dedicarse a los negocios. Asimismo, la fortaleza de tomar decisiones impopulares porque son las mejores para el país. Y, tercero, la visión de un proyecto país de largo plazo más allá de las diferencias partidistas, resumida por él en su carta a su socio comercial: “Un Gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el Gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensará igual”.