El apoyo a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido a menudo se fundamenta en la valoración de la autonomía individual. Con ello, se nos presenta como si ella fuera una práctica que no afecta a terceros: vive tu vida y deja vivir; vive tu vida y deja que el otro elija cómo y cuándo quiere morir. La sociedad del dejar vivir, como lo notara Jean-Claude Michéa —filósofo francés—, es también la del dejar morir. ¿Quién es uno para interpretar el dolor insoportable o el hastío existencial de una persona que se enfrenta a una enfermedad incurable o terminal? ¿Y qué decir si ese sufrimiento es originado por una patología mental? ¿Sobre la base de qué derecho puede alguien decirle o “imponerle” a otro cómo debe morir, y amparado en qué justificaciones o principios aceptarlo?

Sin embargo, la discusión sobre la muerte médicamente asistida no se reduce al plano individual, como suele plantearse, sino que tiene, indudablemente, un impacto social. En primer lugar, veremos que esta autonomía (entendida como la libertad de decisión) plantea dilemas más complejos de lo que se admite comúnmente. En segundo lugar, esbozaremos cómo la eutanasia modifica la relación médico-paciente. En tercer lugar, nos referiremos a la manera en que este tipo de prácticas puede tener efectos corrosivos en la valoración de la vida humana. Por último, mencionaremos el caso de los Países Bajos, Bélgica y Canadá, donde la legalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido ha tenido efectos sobre esa misma autonomía, hasta el punto incluso de llegar a horadarla, como se evidencia en la ampliación paulatina de causales que pueden esgrimirse para solicitarla.

Con respecto a la autonomía, esta no opera en el vacío, sino que se contextualiza dentro de un entramado social. Las personas toman decisiones producto de circunstancias sociales. La muerte asistida no es pura manifestación de la libertad individual, aunque así se formule, pues tiene lugar en un contexto donde esa autonomía se lleva a cabo. No es solo que la eutanasia afecte a quienes la rodean, sino que ponerla en práctica involucra además a terceros: la familia, los profesionales de la salud, la sociedad y, en último término, el Estado. Si bien existe cierto margen dentro del cual le corresponde a uno como paciente decidir si renunciar o no a ciertos tratamientos, de ahí no se sigue que, así como tengo un derecho a la vida, tengo un derecho análogo a decidir que alguien me quite la vida. Menos lógico resulta aún que el Estado lo auspicie facilitándome los medios para realizarlo, delegando esta tarea en los médicos.

En ese sentido, y por ese carácter situado de la autonomía, la práctica de la eutanasia genera una tensión en la relación y cambio de roles entre médico-paciente, tradicionalmente concebida en términos de cuidado y acompañamiento. Ahora, en cambio, se solicita que los profesionales de la salud provoquen la muerte y, sobre todo, a tener que cumplir con la exigencia que le hace el paciente, en una relación clientelar o transaccional, prestando un mero servicio, como si lo solicitado fuera neutro en sus implicancias.

Es justamente por la evidencia de este impacto social o de que la eutanasia tiene lugar en un contexto, o que la autonomía nunca es pura autonomía sino que está situada con otros, lo que fundamenta argumentos contrarios a la eutanasia y suicidio asistido, que plantean que no sólo terminan con la vida de la persona que elige morir sino que también pueden involucrar a quienes no han tomado esa decisión. Estas prácticas pueden influir en la manera en que la sociedad valora a los adultos mayores, a las personas con algún tipo de discapacidad y a los enfermos terminales, viéndolos más como una carga que como seres humanos cuya dignidad no depende de su condición. En última instancia también puede tener efectos corrosivos en la valoración de la vida humana.

La presencia de la eutanasia y el suicidio asistido en la legislación podría ejercer presión sobre distintos individuos vulnerables para que opten por estas salidas, especialmente cuando se enfrentan a presiones financieras o sociales (y puede desincentivar el financiamiento de cuidados paliativos). Por ejemplo, las compañías de seguros podrían ser menos propensas a cubrir tratamientos costosos y prolongados, ofreciendo en cambio el suicidio asistido como una opción “más económica”. Como el caso de Randy Stroup, ciudadano norteamericano que, aquejado de un cáncer, recibió el año 2008 una negativa de su seguro de salud para financiar su quimioterapia, pero a su vez le indicaron que asumirían los costos de un suicidio médicamente asistido. Esto no solo afecta a la persona que sufre sino que también pone en tela de juicio el compromiso de la sociedad con el cuidado de sus miembros más desprotegidos.

Por último, la legalización de tales prácticas tiene efectos sobre esa misma autonomía. En efecto, la ampliación paulatina de causales socava la misma autonomía que dice proteger. En esto la experiencia de los Países Bajos y Bélgica es elocuente. Estas naciones, pioneras en la despenalización de la muerte médicamente asistida, revelan que esta medida tiene consecuencias sociales significativas. Por una parte, promueve en la población un cambio cultural de aceptación de esta práctica, lo que se manifiesta en una creciente demanda. Por otra parte, se traduce en la continua ampliación de sus causales. El debate sobre el alcance de la eutanasia ha existido desde mucho antes de su legalización, un fenómeno conocido como “la pendiente resbaladiza”, previsto por el profesor John Keown basándose en la experiencia del Reino Unido con la despenalización del aborto. En Canadá, por ejemplo, desde la legalización de la eutanasia en 2016, los casos han aumentado drásticamente, un 31% solo en 2022, y ahora representan más del 4% de todas las muertes sucedidas allí. Las medidas de protección previstas —como permitir la eutanasia solo en pacientes con expectativa de vida limitada y tras la evaluación de un profesional médico designado como “asesor”— han resultado inadecuadas, con críticas apuntando a que este país tiene menos salvaguardas que otros donde la eutanasia está permitida. La legislación canadiense está siendo revisada para expandir la eutanasia a trastornos psíquicos, aumentando las preocupaciones sobre la ineficacia de las cautelas.

En el caso de los Países Bajos, una de las razones que se han invocado para explicar la ampliación de causales es la esencial subjetividad de la condición de “sufrimiento insoportable”. Este puede deberse a angustia por el deterioro esperado, resultar de la sumatoria de factores mentales y físicos, o de ambas. De ahí, entonces, que habiendo aceptado los tribunales de justicia neerlandeses un primer caso de eutanasia por sufrimiento psicológico, sean comprensibles causales tan dispares como tinnitus persistente, demencia senil, alcoholismo o estrés postraumático.

Theo Boer, inicialmente un defensor de la ley de eutanasia de Holanda en 2001 y miembro durante nueve años de la Comisión encargada de evaluar la correcta aplicación de la ley, revirtió su postura tras comprobar el enorme y constante crecimiento de las causas y cifras de eutanasia en su país. En una entrevista, Boer señaló que cada año la liberalización de esta práctica es más pronunciada, cuestión que ocurre también en Bélgica y Canadá. El 2022 Holanda superó las 8.000 solicitudes y las cifras siguen aumentando, con incrementos anuales entre el 10 y el 15%. No deja de ser alarmante la advertencia de Boer al respecto: “en Holanda siempre se ha defendido que solo se mataría a las personas que sufren (compasión) y que piden la muerte voluntariamente (autonomía). Ahora, sin embargo, incluso estos dos principios se están desmoronando: con la eutanasia de niños (entre 1 y 12 años) renunciamos al precepto de la autonomía y cuando hablamos de eutanasia para ancianos de 75 años, aunque estén sanos, renunciamos al de la compasión. No pensé que llegaríamos tan lejos y por eso ahora digo a otros países: no hagan como nosotros, no legalicen la eutanasia”.

La reflexión de Theo Boer arroja luz sobre una realidad inquietante: la práctica de la eutanasia, inicialmente concebida como un último recurso para casos excepcionales, se ha expandido más allá de sus límites originales. Su testimonio sirve como una advertencia crítica contra la legalización de la eutanasia, que puede erosionar los principios de autonomía y compasión, pilares fundamentales en los que se sustenta su argumento. Su cambio de perspectiva subraya la importancia de proceder con extrema cautela en el debate sobre la legalización de la eutanasia, recordándonos que las políticas adoptadas hoy pueden tener profundas consecuencias sociales. Una supuesta vía para dar salida a unos pocos casos puede terminar perjudicando especialmente a los más vulnerables.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Suroeste el miércoles de febrero de 2024. La ilustración fue realizada por José Ignacio Aguirre para Revista Suroeste.