Mañana lunes en el Consejo Constitucional debieran comenzar finalmente las votaciones a las enmiendas que se presentaron en las comisiones y antes de conocerse los resultados de las mismas, desde el oficialismo más radical ya se advierte una intención de que la Constitución que se someta a plebiscito sea votada en contra el próximo 17 de diciembre.

Las declaraciones de advertencia del secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, “que sepa la derecha que aquí no termina el proceso constitucional, porque el mandato es una nueva Constitución, y una ‘nueva’ quiere decir ‘no la misma ni peor’”, son inaceptables por principio, pues serán los ciudadanos los que decidirán en diciembre si lo mejor para el país es optar por un camino de certidumbre y dar por terminado el proceso, o seguir en la incertidumbre institucional, votando en contra del proyecto en desarrollo.

Las posiciones contrapuestas presentes en el proceso constitucional –cuyo final sigue siendo una gran incógnita– son una muestra representativa del polarizado ambiente político que se vive en el país. Esto se pudo comprobar el miércoles pasado en la Cámara cuando se aprobó leer el texto de la resolución del 22 de agosto de 1973 –impulsado en aquel año por la DC– para representarle a Salvador Allende “el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República”, lo que generó durísimas reacciones desde la izquierda, con ofensas de grueso calibre y gritos de asesinos, cómplices, etc. Y el PC, por su parte, pretendió que se aprobara una indicación para anular esa resolución del Congreso de 1973, como si se pudiera borrar la historia a su arbitrio, lo que fue obviamente rechazado.

Lo lamentable de todo esto es que el país está paralizado y el gobierno sin rumbo, empantanado con el caso Convenios y el Presidente enfrascado en conmemorar el 11 de septiembre los 50 años del fin de la UP, para exaltar y martirizar a Salvador Allende y su gobierno, en lugar de preocuparse de ofrecerle al país una visión a largo plazo que permita generar unidad nacional ante un propósito común y no incrementar la polarización que ya está presente en el clima de opinión pública. 

Y ese mismo día 11, se cumplirán 18 meses desde que asumió el poder, y esta es la situación que puede mostrar:

En el sur, el terrorismo pampea; en todo Chile el narco y el crimen organizado se ha incrementado exponencialmente; la economía en recesión; la pobreza sobre el 10% y no el 6% declarado por la Casen, como lo explicó claramente el economista Jorge Quiroz y refrendado posteriormente por Claudio Sapelli; el litio en paz descansa hasta que se pongan de acuerdo SQM y Codelco; la minera estatal en un nivel de baja producción que poco y nada está aportando al erario nacional, mientras su deuda es de US$ 18,000MM; la salud con listas de esperas que sobrepasan los 2.6 millones de personas; en educación, los profesores están pensando si van o no a la huelga mientras el ministro Cataldo le dice a los estudiantes que protestan por los $10 de alza en el transporte, que ahora no se justifica saltarse los torniquetes, porque el contexto es diferente al que sí encontraba que estaba bien hacerlo y como si fuera poco, el corrupto fraude al erario nacional hasta ahora conocido asciende a $32.000MM.

Triste comprobar esta realidad y en el horizonte no se ve ni percibe que el gobierno vaya a cambiar, salvo los constantes cambios de opinión del Presidente a los cuales nos tiene acostumbrados. 

Chile enfrenta grandes encrucijadas no resueltas, mientras perdemos competitividad, imagen internacional, certeza jurídica y calidad de vida por el incremento en inseguridad, a lo que se suma un Gobierno incapaz, sin rumbo y el cual, en lugar de proyectarse al futuro, regresa al pasado, como si ese fuera el camino que nos llevará al desarrollo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 27 de agosto de 2023.