La “política indígena” iniciada por Patricio Aylwin ha sido y continua siendo un cúmulo de errores conceptuales que está teniendo consecuencias esperables desde el primer momento y que de no cambiar llevará a situaciones de crisis, como son los que derivan de jugar con la soberanía.
El primer error fue sentar el precedente por parte del Estado que en Chile existirían vagamente dos nacionalidades que ameritan tratamientos diferentes en función de su origen. Es decir el principio básico unitario y macizo de que Chile es uno solo sin perjuicio de los orígenes de cada cual se debilita y socava dando pie a exigencias de “autonomía”, pero acompañada del dinero del resto de los chilenos. Es una vuelta atrás en términos históricos.
Un segundo error es el reconocimiento implícito de “deudas históricas” que dan origen a “compensaciones” hacia determinados grupos de presión que invocan razones étnicas, pero no a otros ni menos a todos, solo a los que presionan y principalmente a los que lo hacen con mas violencia.
Las llamadas “deudas históricas” son un recurso retórico sin ningún contenido legal, lógico, ni menos moral, usado dialécticamente para confundir y medrar.
Desde un punto de vista legal es obvio que no existen las deudas históricas y por esto los reclamantes no van a los tribunales. Los métodos son otros. Desde un punto de vista de lógica, no se entiende como personas ajenas nacidas siglos después de terminados los conflictos puedan deber nada a supuestos descendientes de supuestos antiguos propietarios que supuestamente pudiesen haber sufrido una privación indebida de su propiedad. Es precisamente por esta imposibilidad de acreditar nada efectivo que la ley no ampara “deudas históricas” y existen las prescripciones legales. Curiosamente cuando algunos grupos plantean “derechos” basados en las “tierras ancestrales” el Estado no se preocupa de pedir que se acredite que las tierras pertenecieron a los antepasados de quienes reclaman ni menos que hayan sido despojados de ellas y no vendidas libremente por el supuesto “ancestro”. El Estado ha ido creando la confusión legal y conceptual mas completa, al entregar tierras a familias sin más mérito que presionar y agruparse bajo un nombre indígena: pocas cosas menos rigurosas se han visto en la historia reciente de Chile.
Un interesante corolario de esta política sobre “deudas ancestrales” sería que los nietos de los expropiados por la Reforma Agraria en los 60, sin compensación y mediante la fuerza del Estado de la época, exigieran devolución de tierras al Estado o su pago a los valores actuales.
Desde el punto de vista moral, se podrían escribir tomos sobre la inmoralidad de la política indígena en aplicación. Una breve enumeración: se entregan tierras a quiénes más ilegalidades cometen en perjuicio del resto civilizado, creando un incentivo irresistible a dejar de serlo. Se sanciona por sobre la ley a carabineros que cumpliendo su deber se defendieron de ataques armados, a 15 días del asesinato de dos personas.
Las tierras se compran con dinero de todos los chilenos, el 60% de los cuáles alguna descendencia indígena tiene, para beneficiar a una ínfima minoría más allá de toda proporción frente a otros necesitados. ¿Cómo se compara el monto asignado per cápita en estas compras de tierras con lo que recibe un chileno en situación de pobreza en Santiago o Concepción?
¿Porqué el Estado está embarcado en tan absurda política indígena? Creo que por temor político y por temor a presiones externas de organismos y diletantes internacionales, más una tendencia irresistible a apagar incendios con bencina. Mal pronóstico.