¿Qué le parece el proyecto de ley sobre nuevos plazos en la rendición de gastos electorales presentado por la Presidencia de la República?
Equipo Vivachile.org | Sección: Pregunta de la Semana
¿Qué le parece el proyecto de ley sobre nuevos plazos en la rendición de gastos electorales presentado por la Presidencia de la República?
La Presidencia de la República ha presentado un proyecto de ley para dar más plazos en el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuenta de los candidatos que participaron en las elecciones municipales de 2008.
VivaChile.org consultó la opinión de varios intelectuales y profesores sobre esta materia. Las siguientes fueron sus respuestas.
Opiniones
Alvaro Ferrer dice:
La iniciativa presidencial es una lamentable muestra de imprudencia. Imprudencia gubernativa, la principal virtud que ha de tener la autoridad. No se entiende cómo ni por qué la persona con especial responsabilidad de dirigir a la comunidad al Bien Común está dispuesta a cometer un acto que da una señal tan dañina: el cumplimiento de la ley no es obligatorio para todos; existen algunos que, en caso de incumplirla, reciben en su favor una nueva ley que los exime del cumplimiento de la anterior. Y estos privilegiados tampoco son cualquiera, sino también autoridades públicas. Es bien sabido que la circunstancia “quién” puede agravar o atenuar la bondad o maldad del acto humano.
En este caso es patente que sólo sirve de agravante. Y no se trata de un real beneficio: el beneficio para cada sujeto y la sociedad consiste el cumplir la ley justa; recibir este tipo de “ayudas” es más bien contribuir al mal del prójimo. La autoridad no debe jamás condonar las penas: éstas son un bien para el culpable, y son un bien para la sociedad que con el castigo ve restablecido el orden necesario y, además, comprende que la justicia existe. ¿En base a qué méritos, dignidad o necesidad se ha concedido este favor? ¿Alguna necesidad económica o política? ¿La salvaguarda del orden público o la seguridad nacional? ¿Evitar un mal mayor? Patrañas. Se trata simplemente de acepción de personas.
Discriminación arbitraria, para usar el lenguaje de moda. Y todo ello desde y para quienes se auto proclaman servidores públicos. Es el mundo al revés: la perversión de la voluntad por la corrupción de la inteligencia.
Ricardo Couyoumdjian dice:
No conozco en detalle la propuesta. Si los candidatos que recibieron dinero solicitan formalmente un mayor plazo para reunir los antecedentes indicaria que estan dispuestos a cumplir con la norma lo que ya es algo.
Si, por el contrario, se trata de una postergación general preludio a un perdonazo, me parece inaceptable.
José Luis Widow dice:
Este tipo de cosas, si ocurrieran en un contexto de seriedad y responsabilidad generalizado, serían tolerables. Entre otras cosas, porque tendríamos razones para pensar que si personas serias y responsables no entregaron la información a tiempo, probablemente sería por algún inconveniente ajeno a su voluntad.
Pero no es así. Lamentablemente –aunque es injusto generalizar– son muchos los casos de políticos cuya irresponsabilidad y falta de seriedad en la forma de hacer su trabajo ha sido la tónica y no la excepción. Por eso, facilitárselas es especialmente grave. Hasta vergonzoso. Más aun, si se considera que era la primera vez que se aplicaba la ley que mandaba rendir los gastos de campaña.
El proyecto de ley de la Presidencia es una manifestación más, me parece, de la importancia que se le da a que personas afines a los propios colores políticos ocupen cargos de poder, sin importar su calidad personal y, en consecuencia, la seriedad con que afronten sus tareas relativas al bien común, que es el que finalmente sale perjudicado. La ley busca limpiarle el camino a una serie de posibles candidatos que simplemente no debieran serlo, porque no cumplieron con su deber.
José Tomás Alvarado dice:
Aunque Trasímaco en el libro I de la República de Platón aparece sosteniendo que “justo es lo que conviene al más fuerte” (344c), la verdad es que la justicia es realmente la virtud del fuerte. Es quien tiene poder quien está en posición de no dar lo que se debe a alguien. El proyecto de ley en cuestión es un ejemplo del abuso al que quienes tienen poder pueden sentirse inclinados. Los candidatos que no han cumplido con los requerimientos legales, utilizando fondos que provienen de impuestos –fondos que, en principio, deberían estar destinados a fines públicos– están cerca del poder. ¿Sería imaginable una actitud semejante en un particular respecto de, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos? ¿Podría alegar una prórroga, movilizando todo el sistema político, porque “los formularios son muy complicados”?