Se han barajado diversas fórmulas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, instancia en la que, hace pocos días, se aprobó en general el proyecto que permite la inscripción automática y el voto voluntario.

Tratándose de un tema esencialmente discutible, me inclino a pensar que es bueno consagrar el voto voluntario. Creo que es un buen estímulo para que los candidatos efectúen planteamientos serios, que atraigan al electorado y obtengan su efectiva participación en las elecciones. En todo caso, ello debe ser acompañado por una efectiva educación cívica que haga entender a la gente su responsabilidad respecto de la marcha del país. Es decir, que la democracia se debe tomar en serio y si no, no es democracia.

En cambio, mi opinión varía substancialmente en lo que respecta a la inscripción automática, porque se presta y se prestará para todo tipo de irregularidades.

En efecto, hoy existe un padrón electoral que da confianza a todo el mundo, elaborado desde los finales del gobierno cívico-militar, con elementos objetivos de certeza, como es la huella digital y la firma del elector. Aun así, en las últimas elecciones municipales hubo acusaciones en el sentido de que habrían votado personas fallecidas.

La idea de los proyectos en tramitación parlamentaria es que el Servicio Electoral confeccione el padrón electoral, basándose en datos del Registro Civil, asignando las mesas de votación según la dirección que entregaron las personas en el momento de sacar su cédula de identidad; pero es un hecho que los datos de las direcciones de las personas del Registro Civil no están actualizados. Es decir, se van a asignar mesas a muchas personas, casi dos millones y medio, que actualmente no están inscritos, teniendo como base direcciones que pueden estar obsoletas.

Se piensa en habilitar alrededor de 9 mil mesas adicionales para personas que nunca manifestaron su intención de votar; y habrá que designarles vocales, en un número estimado en 45.000 personas; y surge una interrogante que no puede ser soslayada: ¿se puede obligar a ser vocales a quienes pueden no querer votar?

Por otra parte, las personas continuarán cambiándose de domicilio y, de acuerdo a lo que se ha anunciado, la idea es que quien modifique sus antecedentes, debe comunicarlo al Servicio Electoral, concurriendo al efecto a las Juntas Inscriptoras. Parece razonable; pero me temo que quien no tenga intención de votar no tendrá el más mínimo interés en concurrir a dichas oficinas a modificar sus datos. Además, es muy posible que un sistema automatizado, al advertir que una persona aparece con diversos domicilios, le asigne diversas mesas donde sufragar y una persona termine votando o pudiendo hacerlo en más de una mesa.

Se piensa que la base de un sistema de inscripción automática serán los datos personales que maneja el Servicio de Registro Civil; pero no estará la firma ni la huella digital disponible en el momento de la votación.

Todo ello nos lleva a pensar en volver al antiguo sistema, vigente hasta el 11 de septiembre de 1973, de inscripción obligatoria, sin perjuicio de que, con posterioridad, el voto pueda ser voluntario. En esa época, para cualquier trámite en instancias públicas, se requería estar inscrito en los registros electorales.

Por otra parte, desde un punto de vista doctrinario, lo menos que se puede exigir de un ciudadano es que se tome la molestia de inscribirse, para que pueda ejercer el derecho de elegir a quienes han de regir los destinos de nuestra nación chilena.

Es claro que en la discusión parlamentaria prácticamente no se ha considerado esta opción, porque hoy en día se ha ido instaurando una cultura de hacer todas las cosas lo más fáciles y cómodas posibles, produciendo unos ciudadanos mediocres que la única ley que están dispuestos a cumplir es la del mínimo esfuerzo.

He ahí una serie de consideraciones teóricas y prácticas para no confiar en un sistema de inscripción automática.

Pero hay otro tipo de consideraciones que hacer y es que, tradicionalmente, la gente de izquierda adhiere a la máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios. Además, no cree realmente en la democracia, sino como un medio para alcanzar y retener el poder. En otras palabras, siempre son propensos a hacer trampa para lograr el objetivo de la hegemonía en el poder.

Aún tengo vivo el recuerdo de don Jaime Del Valle quien, en su calidad a la sazón de Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, denunciaba el escandaloso fraude electoral en las elecciones parlamentarias de 1973, precisamente uno de los fundamentos de la ilegitimidad de ejercicio en que había caído el gobierno de Salvador Allende y que, en conjunto con otros conocidos antecedentes, como los dictámenes de la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento, sirvieron de fundamento al pronunciamiento militar de 1973.

También recuerdo otros escándalos de trampas que se han hecho entre ellos mismos, como sus propios personeros lo han denunciado, como por ejemplo el conocido episodio de “Carmengate”.

Con Registros Electorales que daban ciertas garantías hicieron trampa y están dispuestas a hacerlas en cualquier momento. Por eso, hay que tomar todas las medidas para evitar al máximo las irregularidades; y eso pasa por tener registros en papel, con firmas y huellas digitales.

Hoy se afirma como argumento irrefutable que la inscripción automática es magnífica, porque en varios países de Europa existe un sistema similar. Pues bien, tuve la suerte de vivir en uno de esos países, curiosamente gobernado a la sazón por socialistas –y ahora también-, en que luego de cada elección aparecía un número importante de personas reclamando que, al llegar a votar donde se suponía debía estar inscrito de acuerdo a su domicilio, no lo estaba. En cambio, aparecía en otro pueblo a cierta distancia. Incluso recuerdo el caso de personas que, enteradas de que su inscripción se encontraba en otro pueblo, viajaba hasta él y comprobaba que ya había votado; es decir, otra persona había votado por él. Hasta tal punto se llegó, que me tocó presenciar situaciones en que debieron repetirse las votaciones de provincias enteras por este tipo de irregularidades.

Mayor aún era el escándalo de las votaciones realizadas por ciudadanos de ese país en el extranjero, pues llegaba a alterar significativamente los resultados de las elecciones efectuadas en su territorio. Por ejemplo, recuerdo que el Partido Socialista gobernante subió en dos el número de eurodiputados después de contar los votos del extranjero, en perjuicio de los candidatos de derecha.

Entonces, los parlamentarios de oposición no deben ser ingenuos y oponerse a un sistema que abre grandes posibilidades a la trampa impune, que siempre perjudicará a quien tiene sólidos principios morales y no está dispuesto a caer en el mismo sistema de ardides y trampas.

Votación voluntaria sí; pero inscripción automática, no.

En lo personal, no tengo absolutamente nada en contra de la gente con plata, pero si tengo todo contra los “cuicos”, y no por que crea en la lucha de clases o por que le encuentre razón justo en “eso” a Marx, no, porque felizmente en la Universidad aprendí que hay causas sociales y luchas que son nuestras, pero que los “rotos” han sabido administrar con pasión e inteligencia, no por que tengan más o menos vocación que los universitarios de la “cota mil”, si no solo por que se han negado a ser burgueses, aún cuando muchos de ellos lo sean, y aún cuando muchos de ellos salen de la Universidad y se dedican a ganar plata, lo que nos debe motivar siempre a nosotros es vivir siendo personas consecuentes con la realidad del prójimo, por que es fácil ser consecuente en la de “uno”, ser personas rectas e intachables para el resto, y vivir pensando que con eso basta y sobra.

Este año será especial para las Universidades, se discutirán diferentes iniciativas de ley que comprometerán la estructura orgánica de éstas y la forma de cómo administran sus procesos. Todos los dirigentes de izquierda en las Universidades del CONFECH tienen clara su opinión, y por supuesto, ésta apunta hacia agudizar la distancia entre las Universidades de la “Cota Mil” y las Universidades Tradicionales. Como siempre, tenemos dos caminos: contemplar desde el estudio serio y disciplinado como se divide aún más nuestro país, o defender con ideas y propuestas nuestras visión de la sociedad desde la trinchera misma, en donde el olor a napalm por las mañanas se entremezcla con el sabor de un buen caldillo de congrio (¿o no don Gonzalo?)… un sabor y un olor con ganas de vencer, allí, donde las papas queman.

Como siempre, jóvenes chilenos, compañeros (que hermosa palabra nos enajenaron los “rotos”), mi invitación podrá resultar hostigante o majadera, pero es una invitación hacia un camino de lucha y amor. Lucha por lo amas, y ama por lo que luchas.

Nota: El autor es Licenciado Ciencias Políticas y Administración de la Universidad de Concepción.

Las constituciones democráticas se inventaron para poner límites al Poder (derechos civiles individuales, división de poderes, descentralización, libre iniciativa, pluralismo, alternancia…). El gobernante jura acatar la Constitución, respetar los límites, aceptar la alternabilidad y ser servidor público y no tirano.

Por el contrario en la “Revolución” (y en dictaduras de todo pelaje) la constitución –con minúscula– es un papelito utilitario que será cambiado por los serviles cuantas veces le venga en gana al Jefe. Por eso, el inefable Carlos dejó de lado sus retorcidos bizantinismos constitucionalistas, que no alcanzan a demostrar que dos y dos son cinco, y se fue por donde es: “No se trata de un problema de legalidad, ni de juridicidad. Es un problema de soberanía”. Que el soberano actual Chávez se perpetúe en nombre de la futura feliz soberanía del pueblo. Con frecuencia éste es torpe y vota contra sus propios intereses revolucionarios, lo que es comprensible luego de tantos años de deformación imperialista, oligárquica y de manipulación mediática. Pero el Jefe protege al pueblo de sí mismo y, como padre amantísimo, vuelve a pedirle (con amenaza, coacción y engaño) que le apruebe una Constitución que le dé todo el poder, sin límites de atribuciones ni de tiempo.

El Poder tiene sus propias tentaciones. Cuando se posesiona de alguien (de derecha o de izquierda) le mete en la cabeza que es insustituible salvador de su pueblo frente a amenazas inminentes. Bolívar vivió la tentación y terminó rechazándola, gracias a su conciencia republicana y a las resistencias. Lo expresó con claridad envidiable en el muy citado discurso de Angostura (1819): la perpetuación en el poder es una maldición para los pueblos y lleva a la tiranía. Pero, para ganar la guerra y domar la “anarquía” interna, Bolívar quería un poder central fuerte. Luego, en los días del Congreso de Cúcuta (1821), dolido por las acusaciones de usurpador y de tirano, le confiesa a Gual lo que quiere que la historia diga de él: “Bolívar tomó el mando para libertar a sus conciudadanos y, cuando fueron libres, los dejó para que se gobernasen por las leyes y no por su voluntad”.

Mientras los triunfos militares avanzaban, la Gran Colombia se desmoronaba y El Libertador veía que la anarquía devoraría a la República. El temor a la ruina lo llevó a idear (1826) la Constitución de Bolivia (también para la Gran Colombia y otras repúblicas) con presidencia vitalicia y con derecho a nombrar su sucesor. En este tiempo confesaba que “su corazón siempre latía a favor de la libertad, pero su cabeza siempre se inclinaba hacia la aristocracia”. Afortunadamente, no prevaleció esta Constitución y Bolívar pasó a la historia como Libertador y no como tirano.

Los sueños socialistas predicados por Chávez son imposibles, con él o sin él. Él no será el inventor de una nueva economía imposible (pregúntele a Raúl Castro) que elimine de raíz la desigualdad y la injusticia; éstas seguirán siendo la mayor responsabilidad política-moral de las sociedades (son mucho más que la economía) y de los estados, con sus leyes e instituciones.

Chávez está en el dilema de terminar como tirano y fracasado guardián de la miseria de su pueblo (al igual que Fidel Castro hoy) o gobernar en la realidad de 2009 con sus posibilidades. El peligro de Chávez y su mal gobierno no está en 2013, sino ahora, cuatro años antes. El referéndum anticonstitucional, lo gane o lo pierda, consagrará la pérdida del rumbo democrático y social de su gobierno.

Omisiones.

El problema está en que, como son tantas las que inundan con su marea nuestra conciencia –y la mayoría son pequeñas cosas– parece que copan nuestra capacidad de agobio y la consiguiente reacción correctora. Porque finalmente, corregimos cosas, ¿no? A la larga, terminamos lo que había quedado a medias, ¿no?

Sí, lo hacemos.

Pero en ese proceso de tirar los pequeños agobios a la basura, quedan ocultas otras omisiones más cósmicas o, al menos, continentales.

Por cierto que nunca debe olvidarse la certera advertencia de Thibon, quien afirmaba que sobre la tumba de las responsabilidades personales florecen las responsabilidades universales. No, no se trata de vivir con el alma en vilo pensando qué podría haber hecho yo para evitar la muerte de tres niños por un Tifón cerca de Macao.

Es algo más cercano, son algunos mucho más próximos. Es Cuba.

Viene entonces la letanía que tantos podríamos suscribir:

Me acuso de:

• No haber escrito nunca nada para denunciar el castrismo
• No haber hecho donativo alguno a los que luchan por la libertad del pueblo cubano
• No haber rezado por los cristianos cubanos y sus pastores
• No haber leído los libros que me permitieran conocer mejor ese drama
• No haberme quedado con los datos de ese taxista cubano que había combatido en Angola y que vive en Santiago
• No haber participado nunca en una manifestación anticastrista
• No haber difundido las obras de Humberto Fontova
• No haber respaldado los blogs de los exiliados
• No haber dado a conocer la vida y la muerte heroica de tantos perseguidos
• No haber denunciado más veces, muchas más, los vínculos estrechos de la izquierda chilena con el marxismo cubano
• No haber entendido a fondo que Chile y Cuba iban a encontrarse en el pozo de la historia, de no haber sido por el Once de septiembre de 1973

¿Usted tiene algunas de estas omisiones en su conciencia? ¿Otras parecidas?

La actualidad de su pensamiento, por versar además sobre principios de filosofía política, es muy iluminadora a un año de nuestras elecciones presidenciales, donde ciertamente se enfrentan cosmovisiones diversas. ¿Pero hasta qué punto tan distintas? ¿Tan discordantes son los idearios de Piñera, Insulza y Frei? Veamos a qué conclusión llegamos.

Su trabajo se orienta principalmente a la superación de equívocos entre izquierda y derecha, categorías de dialéctica hegeliana (“el álgebra de la revolución”, insiste) que intentan explicar en sus falsos límites la realidad. Argumenta contra esta sofistería no desde la metafísica (esta labor la realiza en otro ensayo), sino desde la perspectiva histórica.

En primer lugar, la “derecha” política –y desde luego que también la compañera– nace en los Parlamentos inaugurados tras la Revolución Francesa de 1789. Y nace del parlamentarismo, es decir, del proyecto de sociedad que este acariciaba. «La derecha vino a ser aquel sector político que, en el ambiente del constitucionalismo liberal, quería salvaguardar el orden y la autoridad, claro está que dentro de la ortodoxia del liberalismo. O, como se dijo en ocasiones célebres, era el partido de quienes querían “conciliar la libertad con el orden”».

Nuestra querida patria no se ha mantenido ajena a estas controversias ideológicas. No en vano a las fuerzas políticas “conservadoras” se les apodó, sobretodo en el siglo XIX, con la etiqueta de “hombres de orden”, mientras que a los vecinos del frente como “partidarios de la libertad”. Y en nuestras clases de Derecho Político, cuando se aborda la naturaleza del Estado de Derecho, palidecemos ante el gran dilema del constitucionalismo contemporáneo: cómo “equilibrar” el binomio orden-libertad. Pues bien, sin enredarnos tanto, «el orden y la libertad no son de suyo cosas incompatibles. Si tanto se hablaba de su conciliación era porque aquella libertad que se propugnaba era la del liberalismo, que siempre había sido y continuaría siendo siempre bandera revolucionaria; mientras que el orden que se trataba de defender era precisamente el nacido de la Revolución. Se comprende, pues, que la operación no dejase de tener sus dificultades».

En el escenario parlamentario francés, entonces, tanto “derecha” e “izquierda” compartían los mismos principios. La diferencia sólo consistía en el grado y estilo de aplicación de los mismos. Mientras la “derecha” se contentaba con asegurar el «orden nuevo», evitando que la subversión misma, «en sus nuevas fases más radicalmente revolucionarias, pusiese en peligro las “preciosas conquistas” ya conseguidas», la “izquierda” se esforzaba por llevar la causa hasta sus últimas consecuencias. Con razón Jaime Balmes definió al partido conservador –o “moderado” – como «el conservador de la Revolución».

En un plano distinto, marginados por negarse a proclamar «como buenos e inmortales los principios de la Revolución», estaba la sana «reacción». Eran quienes resistían el nuevo orden descristianizado, esa inmensa mayoría que llegó incluso al empleo de las armas para defender la constitución católica y monárquica de la sociedad francesa.

En segundo lugar, analiza el profesor Canals la situación a que condujo la actitud «conservadora». Su fruto natural y obvio fue que, ante las nuevas etapas de la Revolución, iban quedando siempre como “reaccionarios”, de enemigos de la libertad y del progreso, frente a los ojos de los más exaltados. «Ante tan gravísimo insulto su “reacción” no podía ser otra que la de acusar a su vez a las “izquierdas” de corruptoras de la libertad y sostener y proclamar que eran ellos –los “derechistas”, los “conservadores”– los verdaderos y sinceros liberales». Pan de cada día entre los bacheletista-aliancistas.

De este modo, «el resultado necesario de esta situación fue el constante desplazamiento hacia la izquierda, no sólo de la opinión y de los partidos, sino de la norma de valoración con que se juzgaba del derechismo y del izquierdismo de tal o cual actitud». Así, en una primera fase la “derecha” era enemiga declarada de la democracia y del sufragio universal; consideraba que eran corruptores de la genuina esencia del liberalismo. Después de 1848 mudaron el criterio, no tanto, eso sí, ya que tampoco eran liberales-liberales; miraban ahora con buenos ojos, como “de orden”, la democracia antisocialista, y denunciaban en la propiamente socialista el germen destructor de todo progreso y libertad. El viraje hacia la izquierda, con matices y escrúpulos repentinos ciertamente, ha seguido hasta nuestros reposados días. No resulta extraño, por tanto, que los partidos que captan la mayoría de los votos “conservadores” y “derechistas” huyan de estos calificativos como de la peste misma, prefiriendo otros menos insultantes como Partido Popular, Alianza por Chile, de Centro y, si no hay más remedio, el de “Centroderecha”. Igual como «hace un siglo [o dos] era para ellos intolerable que se les considerara “reaccionarios”, aunque se gloriaban todavía del título de “conservadores”».

Una tercera idea que trata el autor es aquella relativa al futuro de la heroicamente desangrada reacción. «Cuando los “conservadores” tuvieron que temerlo todo de la revolución violenta y franca, […] llamaron en su auxilio a los que llamaban “reaccionarios”, es decir, a aquellos que habían conservado de algún modo los principios y el espíritu a que la Revolución se oponía». Y, ni tontos ni perezosos, bajo las banderas del “orden” y de la “libertad”. ¿Acaso no era justo exigir a los “reaccionarios” que renunciasen a sus “extremismos inquisitoriales” y a sus “utopías medievalistas” y se hiciesen así útiles a la salvación de la sociedad?».

«Pocas veces dejaron los antiguos “contrarrevolucionarios” de ceder a la tentación “conservadora”». Tentación porque, «aunque era muy propio del auténtico espíritu contrarrevolucionario ayudar siempre a todo cuanto pudiese frenar la Revolución violenta, no lo era tanto que el fusionismo “derechista” viniese a confundir y a diluir aquel espíritu en una actitud “conservadora” –es decir, sucesivamente “liberal”, democrática, centrista…–». El resultado fue la casi extinción de la doctrina y la actitud que hubiera sido adecuada y necesaria para la empresa política más grandiosa y difícil de todos los tiempos: la lucha contra la Revolución; la defensa y la restauración del orden cristiano.

Al terminar su escrito Canals contesta, con la hondura y simpleza del sentido común, a una objeción que probablemente se venía formulando el lector. «¿Acaso defendemos como actitud adecuada la de neutralidad entre la derecha y la izquierda?». Responde categóricamente:

«De ningún modo. Creemos que conviene precisamente denunciar en el “conservadurismo” su inversión de valores y su fidelidad a los principios revolucionarios. Pero si alguien entiende por “derechismo” el auténtico espíritu de defensa del orden cristiano contra la Revolución anticristiana –y así lo entienden muchos que al atacar a la derecha defienden en el fondo el espíritu revolucionario–, entonces creo que no habría que hacer otra cosa sino proclamarse “ultraderechista”. Pero esto es precisamente a lo que la “derecha”, conservadora de la Revolución, no se atreverá jamás».

¿Qué dirá Sebastián de todo esto? ¿Y la UDI, por si acaso…?

Alberto Jara es estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Católica.

Ahora bien, esas palabras, aparte de su referencia específica a la cantante internacional, no expresan sino la doctrina constantemente reafirmada de la Iglesia por lo que toca a la sexualidad humana. Como bien reconoce el rector/columnista, es esa doctrina la causa auténtica de la explosión contra el cardenal, lo que verdaderamente se le reprocha, más que su parecer sobre la cantante internacional.

Y es que ambos columnistas son náufragos del hundimiento de los «socialismos reales», a fines de los ’80. Y no pudiendo, por costumbre ya inveterada, vivir sin la droga de una ideología, han adoptado la postmoderna. Es decir, que cada cual haga lo que quiera, y no reconozca a esta actitud, éticamente, más restricción que el exceso de sufrimiento ajeno que pueda significar… exceso que, ¿es necesario decirlo?, dictamina de modo soberano el mismo que inflige el sufrimiento.

ARMAS PROHIBIDAS. Este individualismo extremo o neoprogresismo suele ser totalitario, quizás por resabio de la utopía socialista que lo precedió. Y una de las armas totalitarias es procurar destruir la imagen moral del adversario utilizando cualquier medio, aunque no sea razonable ni admisible. Ambos columnistas, en su furia, atacan al cardenal Medina de esa manera, rasgo importante para entender el origen y naturaleza reales de la disputa. Veámoslo:

1) Atropellos del general Pinochet a los derechos humanos. Por supuesto, este tema y Madonna no tienen nada que ver. Traerlo a cuento es la más antigua de las falacias lógicas: “Medina se equivoca cuando se refiere a Pinochet y los derechos humanos. LUEGO se equivoca al hablar de sexualidad”. No se puede argumentar así seriamente. Los columnistas debemos recordar que los lectores no son tontos.

Pero el rector/columnista va más allá. Según su inveterada costumbre, atribuye al contendor opiniones sin justificar que efectivamente las tenga. Cito:

“POR SUPUESTO, a Monseñor Medina las actuaciones de Pinochet, entre las que se cuentan cosas tan reprobables como hacer desaparecer personas y practicar la tortura, no le merecen ninguna condena moral. Y ES PROBABLE incluso que, si lo apuramos, citara a algún escolástico y, en vez de condenar esos actos, los justificara”.

El “es probable” es, sin discusión, una gruesa impropiedad polémica, un chisme de cocina, desecratorio de las serias páginas mercuriales. ¿Cómo lo justifica el rector/columnista? Y el “por supuesto” anda muy cerca. Le faltan comillas… las comillas de cuándo, cómo y dónde dijo el cardenal lo que se le atribuye.

2) Delitos sexuales al interior de la Iglesia Católica. Ambos columnistas los relacionan con las críticas del cardenal a Madonna. El rector/columnista brevemente, aunque de modo insultante, con una ironía de plantígrado. Pero el colaborador de La Segunda se exhibe de cuerpo entero:

“El jubilado cardenal, hombre influyente en el Vaticano, debería además tomar nota de que su provocación y sus desplantes moralistas ocurren cuando un nuevo escándalo implica a la Iglesia chilena, en este caso respecto de pornografía infantil encontrada en posesión de un sacerdote, hecho que se suma a las reiteradas denuncias de pedofilia y otras ofensas a menores indefensos que involucran a miembros de la Iglesia Católica”.

Aparte el odio incomprensible que rezuma este párrafo, adviértase cómo reaparece la misma falacia lógica del Nº 1, pero todavía más notoria y descabellada: “Hay miembros de la Iglesia Católica chilena que han cometido delitos o impropiedades sexuales. LUEGO la Iglesia, institución milenaria presente en el mundo entero, no puede tener doctrina moral sobre sexualidad”.

Sin comentarios.

Pero apliquemos esta misma teoría a la Concertación, de la cual el colaborador de La Segunda ha sido desde el comienzo importante servidor público y dirigente político. Razonemos (?): “En los últimos siete u ocho años, si no con anterioridad, pero siempre gobernando la Concertación, funcionarios, militantes y simpatizantes suyos se han llevado para la casa dineros fiscales destinados a las obras públicas (MOP); el deporte popular (rayuela inclusive; Chiledeportes); la subvención de las escuelas pobres (Mineduc); los subsidios a los cesantes (para campañas de parlamentarios concertacionistas hoy en funciones, elegidos gracias a estos «aportes»); el tratamiento del sida (Consejo de las Américas), etc. LUEGO, la Concertación no puede tener doctrina ética sobre corrupción.”

3) Descalificación personal. Si el cardenal Medina habla de Madonna y su show, a juicio de los columnistas no se equivoca solamente, sino que es una “provocación”, un “desplante moralista”, una “extraña vocación de control sobre la sexualidad”, etc. La práctica descalificatoria se extiende, hemos comprobado, a la Iglesia chilena, escandalosa, pedófila, los miembros de cuyo clero —dice pícaramente el rector/columnista— “suelen ser más comprensivos… entre sí” que lo que exigen de sus fieles en materia sexual. El cardenal, se dice con desprecio, es un “jubilado”... para luego calificarlo de “influyente en el Vaticano”; así se relaciona a Roma con las fotos indecorosas halladas en poder de un sacerdote chileno.

¿Cómo no recordar las toneladas de excrementos, verbales y escritos, que el comunismo y sus «progresistas» ensalzadores de Occidente derramaban sobre cuantos denunciaban los horrores de la URSS del bondadoso padrecito Stalin, desde André Gide en adelante? Aquí mismo fue cuidadoso y completo el asesinato de imagen que practicó el PC contra sus «ex» desencantados y espantados: Hidalgo, Chamúdez, el peruano Ravines. Y también nuestros «progresistas» de entonces ayudaron a esa destrucción moral… hasta que «se les hizo la luz».

Pero, las costumbres inveteradas pesan, no se ha hecho la luz como para que el progresismo actual descarte también estos procedimientos incorrectos del pasado.

4) Asimismo, adviértase el resabio totalitario de enfurecerse con las opiniones contrarias. Un sacerdote NO PUEDE tener el “desplante moralista” de defender las doctrinas de la Iglesia sobre sexualidad. NI PUEDE opinar sobre Pinochet y los derechos humanos, alejándose de lo «políticamente correcto». ¿Se equivoca? Pues, demostrárserlo, prescindiendo de si lleva o no sotana o birrete.

Una forma sibilina de esta censura a las opiniones de la Iglesia y su clero es quejarse de que, al manifestarla, intentan IMPONERLA a una sociedad pluralista. ¿Por qué y cómo sería así? ¿Exponer razonadamente lo que se piensa… en qué se parece a «imponer»? ¿Cuáles serían las armas de imposición de la Iglesia? ¿Qué sanciones, si no espirituales, le cabe aplicar (y éstas, exclusivamente a católicos)?

Cuando la Iglesia alerta sobre el peligro de excomunión anexo a promover determinadas opiniones y actitudes, también se suele tocar a rebato y escándalo. La excomunión significa dejar claro, simplemente, que dichas opiniones y actitudes han colocado a una persona al margen de la Iglesia, por negar su doctrina en puntos determinados. ¿Quién sino la propia Iglesia podría y tendría derecho a dictaminarlo? Hace poco tiempo, la Masonería Chilena expulsó a su Gran Maestro, y hace menos tiempo todavía, la Logia de San Fernando expulsó a su sucesor. El neoprogresismo no reclamó. Tampoco, los años ’80, que yo recuerde, cuando el cardenal Silva Henríquez insinuó la excomunión de Jaime Guzmán.

5) Ni es posible dejar sin comentario la ingratitud de la izquierda chilena, hoy, cuando la Iglesia o sus personeros manifiestan la doctrina ética de la primera. ¡No ha pasado tanto tiempo desde que ella, la Iglesia, con grandes sacrificios, era el único amparo de la propia izquierda en la clandestinidad y la prisión! Puras mieles, entonces, brutales injurias, hoy… Quienes, entre los católicos, se sientan cercanos al neoprogresismo, mediten en este cambio de actitud, tan notorio y significativo. ¿Se les quiere de verdad, o se les busca como los comunistas a los «tontos útiles» del siglo pasado?

Nota. Este artículo fue publicado originalmente por La Segunda.

Hay un pórtico de lujo en este libro, que se titula España enferma, con el que el que fuera secretario general de la Conferencia Episcopal Española durante gran parte del primer mandato socialista de nuestra democracia, se adentra en las causas y en las consecuencias de lo que nos está pasando, por eso de dar respuesta al Orteguiano “¡Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa!”.

Alto y claro, directo, sin componendas, sin requiebros argumentales fruto de la estrategia o de la equidistancia, el en gran medida responsable del texto de la Instrucción pastoral de los obispos españoles, Orientaciones morales ante la situación actual de España (noviembre de 2006), afirma que estamos viviendo un profundo cambio cultural, una verdadera revolución cultural favorecida desde el poder. Uno de los instrumentos fundamentales de este giro en la historia de España son las leyes que responden a un fondo cultural que tiene como fin hacer un hombre nuevo, autónomo y libre, con una libertad que no reconoce ni condición humana ni ley moral que suponga una limitación para la liberación plena del hombre a través del poder. Esta cultura que se está imponiendo bajo diversas formas políticas, legislativas y sociales, y que se erige como el principio único y excluyente capaz de definir qué es y qué no es democracia, qué es y qué no es lo democrático, ha sentenciado a la Iglesia como institución non grata, y la ha destinado al infierno de la historia. Afirma monseñor Sebastián que:

Por este camino de reacciones graduales y sucesivas, se ha favorecido la consolidación de una cultura nueva y alternativa, que es el desarrollo de las innovaciones culturales de la República del 31. No es exagerado decir que actualmente estamos viviendo una verdadera revolución cultural, una verdadera ruptura en relación con nuestra tradición espiritual, profundamente influenciada por el catolicismo desde el siglo VI.

Uno de los medios claves en este proceso es el paquete legislativo que, por más que se empeñen los terminales periodísticos de la Moncloa, no van a dejar la conciencia cristiana en paz. Hay leyes que responden indudablemente a ese fondo cultural, como son las de Memoria Histórica, del mal llamado matrimonio homosexual, el divorcio express, la ampliación del aborto, la encubierta eutanasia, la de biomedicina o la de educación para la ciudadanía, por ejemplo. Don Fernando insiste y recalca que estas leyes responden a la inspiración profunda de “la nueva cultura atea, absolutamente permisiva y relativista”. Una cultura que ha sido y es uno de los referentes de la consolidación del proyecto acariciado desde hace ya muchos años por el Partido Socialista: el proyecto de una sociedad exclusiva e irreversiblemente de izquierdas. Un proyecto que siendo aparentemente democrático esconde una de las mayores pérdidas de libertad y de progreso que se pueda imaginar.

España está enferma porque desconfía de sí misma, de la cultura que la ha hecho, de su tradición, de su patrimonio espiritual. Está enferma porque trata de avanzar en contra de sí misma y con la música de la ruptura de una Transición que, cada vez más, se demuestra que fue, por parte de la izquierda, un tiempo muerto para sus iniquidades políticas. España enferma porque la conciencia ética está profundamente alterada, confundida, equivocada y derruida. Se han roto los consensos básicos sobre los que apoyar la convivencia y se han establecido unos nuevos, que más que fomentar el diálogo, atrincheran las ideas. España está enferma.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Libertad Digital, libertaddigital.com

En una animada celebración del viernes pasado, los participantes de la campaña se reunieron para planificar el trabajo formativo para el año 2009, el que comienza con el VIII Encuentro de Jóvenes Jaime Guzmán E. el 17 de enero próximo; durante el año, la formación se desarrollará en la UTFSM en paralelo a los otros 3 grupos de la V región, un viernes al mes.

Para darle mayor contenido a la reunión, vieron un DVD sobre distintos tipos de profesores universitarios y criticaron de modo constructivo la docencia superior.

Las políticas públicas implican acciones de fomento, bien económicas bien de otro tipo, como divulgar comportamientos y actitudes que resultan más convenientes. Es lo que se hace cuando se promueve, aunque no se obliga, a la llamada responsabilidad social de la empresa.

En otros casos incluso se llega a la obligación legal, como las leyes que promueven la igualdad de la mujer. También se aplican las medidas opuestas al fomento, es decir el restringir, el limitar. Es el caso de las limitaciones por edad sobre el alcohol, para conducir, sobre el tabaco para los jóvenes.

Este grupo de medidas es cada vez más importante porque el Estado es cada vez más intervencionista en la vida de las personas, hasta alcanzar la plenitud del ridículo. Cuando la Ministra de Sanidad, Elena Salgado, la emprendió con el tamaño de las hamburguesas, o ahora mismo el Proyecto de Ley de Código Civil de Cataluña obliga a la paridad de las tareas domésticas en el matrimonio, se está cayendo en excesos propios de un intervencionismo tal, que incluso le gustaría meterse hasta en la cama de los ciudadanos. En estos casos, las políticas públicas a que pueden dar pie estos delirios serían nefastas. Y, por lo general, no se desarrollan y, por consiguiente, no pasan del simple enunciado.

Uno de los problemas graves que tienen todas las sociedades occidentales, y en particular y de forma creciente España, son los embarazos entre adolescentes y jóvenes, por una parte, y por otra el aumento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Ante este hecho, una política pública correcta propondría todas las vías profilácticas posibles, que por otra parte han sido definidas por la OMS y que se concreta en tres puntos: la abstinencia o retardo de la edad del mantenimiento de la primera relación sexual, la fidelidad, es decir mantener relaciones sexuales siempre con la misma pareja, y el preservativo. Es de sentido común. Las dos primeras además de tener prácticamente una garantía del 100% cosa que el preservativo no tiene, son las más económicas. En la lucha contra el SIDA, en África, los países que han registrado un éxito importante, han sido aquellos que precisamente han aplicado estas tres vías.

En este contexto de la bondad o maldad de las políticas públicas, la Comunidad de Madrid está incurriendo en una ejemplo desastroso, porque por una parte fomenta el uso del preservativo (es una de las banderas del consejero de sanidad) y por otra se dedica a prohibir publicaciones que recomiendan la abstinencia. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo informar a la gente especialmente a los jóvenes, incitarles a la reflexión de que la promiscuidad, el cambio de pareja, el empezar pronto la relación sexual, es malo?

¿Por qué impedimos a los jóvenes que beban alcohol hasta los 18 años, o que conduzcan un coche o que voten, es decir que elijan, y no les ponemos ningún impedimento ni limitación para que acometan con frecuencia y desde los 13 o 14 años un acto tan delicado, comprometido y de riesgo, como es mantener una relación sexual? ¿Qué extraña enfermedad mental se ha apoderado de los dirigentes políticos que son incapaces de utilizar la razón y los principios científicos para aplicar políticas concretas?

¡Qué terrible paradoja! Quienes se reclaman del laicismo en nombre de la realidad acaban cayendo en el oscurantismo de la consigna bajo banderas tan estúpidas como es el idolatrar una goma, o tan suicidas y dañinas como fomentar el aborto. Pero, este es un mal que por desgracia no sólo aqueja a la post izquierda española sino también al Partido Popular.

El Papa, en su reciente alocución a los que somos miembros del Consejo Pontificio para los Laicos, recordaba la necesidad de que los políticos tengan capacidad para el discernimiento cultural y competencia profesional. El responsable de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid y todos aquellos otros altos responsables políticos que le permiten sus absurdas políticas persecutorias de la prevención de las enfermedad de transmisión sexual, carecen de esos dos requisitos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Forum Libertas.

Esta inclinación debe ser evitada desde luego, y en primer lugar, por los académicos, quienes tienen la obligación de hacerse cargo de las causas reales de los fenómenos. No cabe otro modo de alcanzar el plano de la ciencia, que es el propio de los estudios universitarios. Hay, sin embargo, otro segmento de personas que tampoco puede permitirse el lujo de abordar las cuestiones sociales con trivialidad sin faltar gravemente a sus obligaciones: me refiero a aquellos que tienen a su cargo las decisiones políticas dentro de la sociedad, y de cuya energía desplegada (u omitida) en el momento adecuado dependerán en el futuro más bienes o males de las que pueden percibirse desde el interior de una lógica de partidos o políticamente oportunista, como es la que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a padecer, no sólo en Chile, sino en el mundo entero.

Puede que a muchos de los que lean estas líneas les resulte una curiosidad anacrónica apelar al destino histórico de las naciones para advertir sobre lo conveniente o inconveniente de ciertos actos y decisiones políticas. Esta actitud era frecuente en el político clásico –quiero decir: en el hombre de mentalidad clásica–, para quien la parte más importante de la prudencia política era la providencia (procul videre), es decir, el gesto de contemplación del bien común final de una nación, tanto en su dimensión substancial como en aquellos aspectos propios del país en particular, distintos y diferenciadores de todo otro grupo humano. El acto providente está dotado de una especial grandeza: su cercanía con el fin completo y perfecto, distante en el tiempo. Ello le lleva a considerar lo circunstancial en su verdadera dimensión; sin movimientos exacerbados por la pasión. En este sentido, es también un acto de humildad.

Los ciudadanos hemos sido testigos en el último tiempo del curso que han tomado las relaciones entre algunas comunidades indígenas, los habitantes de las regiones en cuestión, y el Gobierno. Hemos visto cómo se ha agitado políticamente a los araucanos, llevándolos a confundir las exigencias legítimas de una vida mejor con reivindicaciones de tipo étnico, fundadas en títulos jurídicos completamente inaceptables si se desea mantener la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídicas. Hemos observado también, esta vez con estupor, cómo se ha conculcado el Estado de Derecho a causa de motivaciones político-contingentes, haciendo la vista gorda respecto de las reiteradas violaciones a la propiedad efectuadas por indígenas, para no transgredir la sensibilidad de lo “políticamente correcto”, que por supuesto garantiza votos. El horizonte de esta situación es el ridículo, la parodia, el simulacro. El absurdo de un Ministro siendo cabeceado por las indias hace algunos años (¿se acuerdan?), el absurdo de que las empresas afectadas tengan que cargar, además, con la sorda reprobación popular por intentar defender sus legítimos derechos; el absurdo del aprovechamiento mañoso de un conflicto artificial para cargar las tintas contra España y la colonización española –uno de los motivos líricos de la izquierda pseudo-intelectual–. Todo un cuadro, en síntesis, que manifiesta una vez más el estado de confusión al que hemos sido arrastrados, fruto de la hipoteca eleccionaria con que actúa la autoridad política.

Lo verdaderamente grave, sin embargo, no es esto. Lo profundo del problema se oculta un paso más allá de lo epidérmico y de la anécdota, y se relaciona con la pregunta sobre la vocación histórica de nuestro país. Chile tardó muchos siglos en pacificarse, en unificarse, en hacer de todos nosotros –los habitantes del territorio sin distinción de razas ni orígenes– “chilenos” en sentido jurídico y moral. Mucha sangre y mucho esfuerzo quedó en el camino. Ahora puede verse lo poco que cuesta destrozar el trabajo bien hecho, corromper la unidad moral y clavar en el alma colectiva la bandera de la fragmentación. Nuestros nietos tardarán años en deshacer un entuerto semejante, y si lo logran, será a un alto costo.

Y puede que lo más lamentable de todo es que deberíamos haberlo visto venir. Es el signo de los tiempos, como lo descifraría un milenarista. Pero la cosa es mucho menos esotérica que eso: hace ya décadas que la izquierda intelectual postmoderna arrecia con conceptos como “el fin de la historia”, “el fin de los grandes relatos” (en particular, el cristianismo, la unidad cultural de Occidente), la imposibilidad de los grandes proyectos comunes, la entronización de lo pequeño y fragmentario (la diferencia) sobre la unidad (identidad) de interpretación sobre el mundo real. Chile era un proyecto común, en el que no sólo participaban criollos y araucanos, sino alemanes, suizos, franceses, ingleses, croatas y todo el que quisiera venirse a ganarle unos centímetros al mar. Ahora, sin embargo, hemos logrado confundir las legítimas reivindicaciones de un grupo de chilenos (los araucanos) por una vida mejor con las exigencias ahistóricas de una raza; hemos logrado clavar una diferencia inapelable, una latente ponzoña en la –hasta ahora– unitaria y orgullosa impronta de un pueblo cuyo aislamiento le confirió un tipo de identidad cultural propia.

Pienso que todavía tenemos tiempo de detener este proceso. Si nos convencemos –y convencemos a nuestros políticos– de que somos todos chilenos, de que todos buscamos un destino común a pesar de nuestras bienvenidas diferencias, y que respondemos, aunque nos pese a veces, a una tradición histórica y genéticamente común, y a un Estado de Derecho que debe ser obedecido sin pretextos. El pueblo araucano necesita educación, medios de trabajo, cables que le incorporen al “progreso”, en el buen sentido, de Chile. Les haremos un flaco favor dándoles alas para que insistan en una diferencia que sólo puede llevar a tragedias futuras, a mutuas incomprensiones y, lo que es peor, a mutuas odiosidades, que es invariablemente lo que nos espera al final de este camino que ya emprendimos, con leyes inoperantes y discursos interesados y vanos, auspiciados muchas veces con dinero internacional, cuyas motivaciones están a menudo comprometidas con intenciones de política contingente que nada tienen que ver en realidad con el bien de Chile.