Recrear así el pasado es simpático y consolador, pero presenta el peligro de que nos creamos el cuento, olvidemos lo VERDADERAMENTE sucedido, y en alguna forma tengamos que repetirlo. Con la probabilidad de que, entonces, no estén las Fuerzas Armadas para sacarnos del pantano. ¡Han dicho tantas veces: «¡Nunca más!» desde entonces!

El tema ha aflorado al discutirse por la prensa el papel que jugaron la Democracia Cristiana y sus líderes de la época, en el golpe militar, y específicamente en el célebre acuerdo de la Cámara, el 23 de agosto de 1973, que imputó a Allende, con mucho detalle, “hechos y circunstancias” que entrañaban un “grave quebrantamiento del orden constitucional y legal”.

En sus Nºs 2 y 3 —DOCE de las DIECISEIS líneas del acuerdo—, éste decía que los cuatro ministros castrenses del momento —atendida “la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlas al ministerio”— debieran “poner inmediato término” a las “situaciones de hecho” constitutivas de ese quebrantamiento. De lo contrario, incurrirían en “abierta contradicción” con la Carta Fundamental, comprometiendo “gravemente” el carácter y prestigio de aquellas instituciones…

La DC como tal copatrocinó este acuerdo, y sus jefaturas políticas lo aceptaron y sus diputados lo votaron sin ninguna oposición interna QUE SE HICIERA PUBLICA. Sin los sufragios de los parlamentarios democratacristianos, la Cámara no habría acordado nada.

Ahora bien, la perentoria exigencia de la mayoría de la Cámara a los ministros uniformados —el inmediato término de las inconstitucionalidades e ilegalidades— era insensata si dirigida a simples ministros, meros secretarios del Presidente de la República en áreas específicas de gobierno, de su exclusiva confianza y ejecutores de su voluntad. En cambio, era de perfecta lógica si se les solicitaba respaldar el “inmediato término” de las inconstitucionalidades e ilegalidades CON LA FUERZA ARMADA DE SUS INSTITUCIONES (de tres de las cuales eran comandantes en Jefe).

Es decir, el golpe… «civilizado» (cubierto púdicamente por alguna hoja de parra jurídica) o brutal, sangriento o indoloro… pero golpe de todos modos.

¿Lo anticipó la Democracia Cristiana? Veamos los antecedentes revelados últimamente:

a) El presidente del partido —y después primer Presidente de la República concertacionista— no «redactó» el acuerdo, pero lo «revisó». Es exactamente lo mismo: fue aprobado por la máxima autoridad partidaria, antes de votarse.

b) El mismo personaje, al hacerle notar alguien las implicancias golpistas del texto que la colectividad votaría, dispuso que, en la PARTE SECRETA de la sesión del 23 de de agosto, un diputado DC, SIN ADVERTIR “QUE LO HACÍA POR ENCARGO DEL PRESIDENTE DE SU PARTIDO”, aclarara que éste no propiciaba un golpe (El Mercurio, 29 de noviembre). Veremos de inmediato que semejante «aclaración secreta», DESCONOCIDA HASTA HOY, Y CUYO TEXTO PRECISO AUN SE IGNORA, NO TUVO, NO PUDO TENER, la menor importancia práctica.

Existen hechos de previo conocimiento, ya completamente indiscutibles, también importantes para terminar de apreciar este asunto y en general la posición de la DC respecto del golpe. Son los siguientes:

1. Ningún partido ni parlamentario, ni líder opositor, nacional (derechista) ni democratacristiano, jugó ningún papel de ninguna especie en decidir, planificar ni ejecutar la acción uniformada del 11 de septiembre de 1973. Ni siquiera supieron de ella, sino los rumores que podían escucharse coetáneamente en cualquier café del centro.
Lo mismo vale para los dirigentes de Patria y Libertad, comprometidos con el «tanquetazo» del 29 de junio, pero no con el 11 de septiembre, cuyos ocultos organizadores ignoraban que ocurriría el primero y lo desaprobaron vivamente.
Esto confirma y subraya la inanidad de la «aclaración» secreta de la DC. Ella no pudo llegar por ninguna vía a esos organizadores, quienes sólo tuvieron a la vista el acuerdo literal del 23 de agosto, y debieron ratificarse con él en sus propósitos

2. Serían las cúpulas castrenses, en cada rama, o parte de ellas, las que impulsaran el golpe. Hasta el punto que, de los comandantes en Jefe, sólo uno estaba totalmente decidido a darlo antes del 9 de septiembre. El General Director de Carabineros no se halló nunca de acuerdo ni intervino. La resolución definitiva de Ejército y FACH fue tomada ese 9 de septiembre, en la tarde, en la casa del general Pinochet, firmando éste y Leigh el “papelito” que enviara Merino desde el puerto, comprometiéndolos. Con anterioridad, el golpe, aunque planificado —pues su planeamiento era el mismo de la contrainsurgencia— simplemente no tenía existencia concreta.

3. El golpe militar fue, pues, INSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN. Y su causa primera y básica: impedir la guerra civil que fatalmente se produciría, dada la polarización política, si ésta entraba a los cuarteles. Como fatalmente entraría en muy poco tiempo más.
La guerra civil representaba para los institutos armados el sumum de sus males posibles: dividirse; muertos y heridos en las filas; perecer la disciplina,la jerarquía y la verticalidad del mando; quedar de antemano indefensos ante cualquier ataque vecinal, en particular de un Perú revanchista y armado hasta los dientes (cuya agresión, sabemos hoy, pudo comenzar ese mismo 11), etc.

Prats se lo había advertido sin tapujos a Allende: “(Si actúan los generales pro golpe), no se producirá hacia abajo el quiebre de la verticalidad del mando, PORQUE HASTA LOS OFICIALES MAS CONSTITUCIONALISTAS ENTIENDEN QUE LA DIVISION DE LAS FUERZAS ARMADAS ES LA GUERRA CIVIL” (Memorias).

Pues bien, los contendores de esta guerra civil en ciernes (que no eran uniformados), los que bordeaban el choque fratricida… ¿exhibían alguna disposición a evitarlo, a buscar un consenso aunque fuese transitorio que impidiera las 500.000 víctimas que Prats calculaba? Ninguna. No se propuso nunca una solución pacífica y común… ésa misma que ahora muchos dicen haber sido viable y hasta fácil. Cabe sostener que una de las partes (cualquiera) acertara al ser tan intransigente, al exigir la “rendición incondicional” del enemigo. Pero eso —de ser efectivo— significaba que no habría acuerdo sino guerra civil, precisamente lo que las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a permitir.

A la verdad, los civiles de ambos bandos habíamos llegado a aceptar la eventualidad de la guerra civil, tan irrenunciables eran, para cada cual, los valores que declaraban en juego y defendían.

Inconscientemente, aun los que propiciaban la transacción de hecho no creían en ella. Así, el general Prats, con su «tregua», y el cardenal Silva con su «diálogo». Pues ambos, representantes de instituciones tan profunda y antiguamente vinculadas a Chile, MARGINABAN de sus respectivas gestiones a la Derecha, que venía de obtener el 21% de los votos populares (parlamentarias de marzo del ’73).

Excluirlos implicaba que lo buscado era no un consenso general de los chilenos, sino el arma para sojuzgar a una parte de ellos.

En este enfrentamiento final, antes de la guerra civil… ¿qué papel representó la Democracia Cristiana?
Obedecía, como nunca en la historia del partido, a su líder natural,el ex presidente Frei Montalva, cuyo alter ego encabezaba la colectividad… el mismo personaje que después, muerto ya el jefe venerado, sería el caudillo de la Concertación y su primer Presidente.

No fue la DC un elemento morigerante en la tumultuosa lucha entre los dos bandos que se encaminaban a la guerra civil. Pues Frei odiaba políticamente a Allende (testigo, Gabriel Valdés), y le había dicho estar convencido de que su gobierno sería muy malo, sintiéndose por ello Frei y la Democracia Cristiana en el deber de que durase lo menos posible. Después, en su carta a Mariano Rumor, sostendría que “la responsabilidad íntegra (del «quiebre» de la democracia chilena)… —y lo decimos sin eufemismo alguno— corresponde al régimen de la Unidad Popular”.

Fracasado el diálogo, el alter ego de Frei y futuro Jefe del Estado, diría: “Restablecer(lo)…es imposible, mientras el gobierno (de Allende) no restablezca la normalidad constitucional que ha quebrantado”.

Y otro DC, importantísimo hasta hoy en la Concertación: “(Las Fuerzas Armadas) son las grandes reservas morales de nuestro país, y pueden ser ellas quienes en un momento dado estén llamadas a solucionar las cosas aquí. En esto no hay que tener tapujos, y lo demás es ser hipócritas”.

Y otro, senador: “Los políticos ya hemos actuado. Ahora corresponde hacerlo a los militares”.

Es posible, y probable, que la solución militar soñada por la DC fuera muy distinta de la que en definitiva prosperó. ¿Un Allende bajo control de las Fuerzas Armadas, mediante ministros «empoderados» (como dicen ahora) y mandos medios inamovibles, de su confianza?¿Un paso castrense por el poder breve y normalizador de la democracia ya existente? De cualquier modo, era abrir la puerta un poquito, y es difícil abrir las puertas un poquito.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Segunda.

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Santa Sede pide alto al fuego y reanudación de negociaciones en Gaza

El Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra, Arzobispo Silvano Tomasi, llamó al alto al fuego y a la reanudación de las negociaciones entre Israel y Hamas; para poner fin a los enfrentamientos de la Franja de Gaza que ha cobrado hasta el momento la vida de más de 900 personas y más de 4 mil heridos.

En su discurso en la 9ª Sesión Especial del Consejo para los Derechos Humanos el pasado 9 de enero dedicada a la situación en la Franja de Gaza, el Prelado expresó la “solidaridad de la Santa Sede con las gentes de Gaza, que mueren y sufren a causa de la ofensiva militar de las Fuerzas de Defensa israelíes y con las gentes de Sderot, Ashkelon y otras ciudades israelíes que viven bajo el terror constante de los ataques de cohetes que lanzan los militantes palestinos desde la franja de Gaza y que han causado víctimas y numerosos heridos”.

Asimismo, el Arzobispo recordó el mensaje del Papa al Cuerpo Diplomático ante la Santa Sede, el pasado 8 de enero, en el que aseguraba que “la opción militar no es una solución y la violencia, venga de donde venga y bajo cualquier forma que adopte, ha de ser firmemente condenada”.

Tras recordar la reciente jornada de oración de los cristianos en Jerusalén por la paz en Gaza y Tierra Santa, el Nuncio señaló que “es evidente que las partes interesadas no son capaces de salir del círculo vicioso de la violencia sin la ayuda de la comunidad internacional que tendría, por lo tanto, que cumplir con sus responsabilidades, intervenir activamente para impedir el derramamiento de sangre, facilitar el acceso de la ayuda humanitaria de emergencia y acabar con todas las formas de enfrentamiento”.

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Padre Manuel Musallam, párroco de Gaza:
Un crimen contra la Humanidad

Al padre Manuel Musallam lo llaman el párroco de Gaza, pues desde 1995 trabaja ofreciendo servicio pastoral a los 200 cristianos que viven en la ciudad principal de la franja. Es palestino y conoce bien a Hamas, pues, según él mismo afirma, los hijos de algunos de sus dirigentes acuden a la escuela anexa a su parroquia. En una entrevista a Enric Roig, periodista que en la actualidad trabaja en los proyectos de la Fundación Promoción Social de la Cultura, realizada poco antes de que Israel iniciara la Operación plomo fundido, que ya se ha llevado cerca de 700 víctimas, afirmaba: «Israel mantiene Gaza bajo sitio, un sitio estricto, muy estricto… Más aún: están cometiendo un crimen de guerra, un crimen contra la Humanidad. Tanto sufrimiento sólo provoca más fanatismo, más deseo de muerte, más agresividad, más amargura, más gente tratando de gritar más fuerte: ¡No a Israel!»

El padre Manuel asegura que los palestinos no ven otra salida para escapar a su situación más que lo que ellos llaman resistencia, y afirma que las negociaciones de paz en el pasado no han dado los frutos que esperaban: «Hemos invertido mucho tiempo en esto, y ahora descubrimos que es tiempo perdido. Hay más asentamientos judíos, más presos palestinos, el muro del apartheid… Nuestro derecho del retorno se ignora, el sitio de Gaza se hace más estricto…»

Sobre la actuación de Hamas, el padre Manuel comienza explicando que «la gente piensa: No nos devolverán Jerusalén, no abandonarán Cisjordania, ni volverán a las fronteras del 67. No reconocerán nuestro derecho del retorno. No destruirán este muro. No nos darán nuestra bandera ni nuestra libertad. Nos mantendrán prisioneros en esta tierra. Ésta es la filosofía de Hamas. En el momento de la libertad, pensamos: ¿quién nos puede liberar? Si es Hamas, estamos con Hamas».

Y añade causas más profundas a la hora de explicar el conflicto: «Nuestro problema no es ni el hambre, ni el sitio. Nuestro problema es la libertad. Queremos poner fin a este tiempo desastroso y ser una nación como las demás: libre, activa, desarrollar el mundo junto con las demás. Podemos hacerlo. Somos una buena nación, una nación culta. Nos gusta querer, nos gusta trabajar…» Y finaliza con una petición a Israel: «Ahora es el momento de hacer la paz con los palestinos. Ahora es el momento de ponerse de acuerdo, de hacer concesiones. El primer pilar para la paz es la justicia. Israel debería hacer la paz ahora. Justicia para los palestinos: tienen derechos».

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Arnold Roth, víctima del terrorismo de Hamas:
Educan a sus hijos para odiarnos

La adolescente israelí Malki Roth fue asesinada por un terrorista-bomba de Hamas mientras tomaba un café con una amiga en un restaurante de Jerusalén, en agosto de 2001. Tenía 15 años, y acababa de llegar de un campo de trabajo en beneficio de adolescentes discapacitados. Su padre, Arnold Roth, dirige hoy la Fundación Malki (www.kerenmalki.org), que ayuda a miles de familias -cristianas, musulmanes y judías- que tienen en casa algún niño con discapacidad. Desde su experiencia ante el terrorismo, afirma: «La guerra entre Israel y el régimen de Hamas en Gaza no comenzó ayer. Es, simplemente, otro capítulo más en una larga y dolorosa historia de odio y muerte. Desde mi experiencia personal, puedo decir que la sociedad israelí no odia a los árabes, ni a los palestinos, ni siquiera a la gente de Hamas. Queremos que tengan vidas productivas, que sus hijos crezcan con salud, que puedan practicar su religión y vivir en paz. Pero ellos no. Ellos han educado a sus hijos para odiarnos, y su odio no está limitado a los judíos. Creen que tienen una misión de parte de Dios, y que esta misión es la justificación para las acciones más grotescas de odio y barbarie».

Desde el nacimiento de Israel, en 1948, un total de 1.634 civiles murieron en acciones terroristas, que dejaron más de 14.000 heridos, según datos ofrecidos por el Instituto de Seguridad Social de Israel. Arnold Roth recuerda el atentado en el que murió su hija Malki, y afirma: «Ellos no nos ven como seres humanos a imagen de Dios. Sólo quieren herirnos, matarnos y echarnos de Medio Oriente. Cuando se vio claramente que Hamas seguirá su escalada de provocación sin parar, nuestro Gobierno tomó la decisión de pararlos, y la sociedad israelí en su mayoría lo consideró necesario. Los israelíes no disfrutamos causando sufrimiento a otras personas, pero está claro para nosotros que, hasta que no los detengan, los yihadistas de Hamas continuarán recibiendo armas y apoyo de sus aliados, y se asegurarán de causarnos sufrimiento. Parar a Hamas será un proceso sangriento, con pérdidas en ambos lados, pero las pérdidas serán mucho mayores en el lado de Hamas, porque es lo que quieren los mismos líderes de Hamas».

Y concluye con amargura: «Un día habrá paz, pero hoy no está a la vista. Mientras Hamas y otros regímenes yihadistas continúen educando a sus hijos para odiar y demonizar a los judíos, la paz estará lejana».

Nota:
Las declaraciones de Monseñor Tomasi fueron publicadas originalmente por ACI Prensa.
Las entrevistas al Padre Manuel Musallam y a Arnold Roth fueron preparadas por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo y publicadas por Alfa y Omega.

No obstante, si bien es factible que una religión entorpezca el curso de la actividad científica y filosófica, este no es el caso del Catolicismo. Hay dos hechos históricos que, aun cuando no alcancen para demostrarlo, son al menos un signo de lo que estamos diciendo. El primero de ellos es que el mundo cristiano de Europa salvó de su perdición toda la filosofía desarrollada antes por los griegos y por los romanos. Si no hubiese sido por el interés real que tenía nuestra religión por la filosofía, esta última hubiese desaparecido con el imperio romano. Además, este interés nunca, hasta el día de hoy, ha desaparecido, sobreviviendo a los momentos de mayor decadencia intelectual.

En segundo lugar, está el hecho de que para el Catolicismo siempre haya sido un gran problema el de la contradicción entre fe y razón. En efecto, el mismo hecho de que haya sido un problema es una prueba del valor que le da a las conclusiones de la razón. Si no hubiese existido esta preocupación, habría significado que no le importaba en lo más mínimo lo que la inteligencia dijera. De hecho, para ella no habría sido un problema real, en la medida en que habría despreciado todo lo que se descubriese por medios racionales.

Por lo demás, este respeto que el Catolicismo le da a la razón no es algo casual, sino que una de las particularidades más propias de su doctrina. En verdad, más que un respeto a la razón humana, en nuestra fe se le da un inmenso valor. Como sabemos, la inteligencia es una de las facultades que definen al ser humano, que lo distinguen del resto de los animales. Es justamente aquello que nos dignifica y nos hace superiores frente a todo el universo creado por Dios. En consecuencia, como todo lo creado por Dios es bueno y el hombre es su máxima creación terrenal, se sigue que aquello que lo define necesariamente debe ser bueno. Por otro lado, ¿no es acaso un dogma en nuestra fe el que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Y qué nos hace semejantes a él? Precisamente nuestra inteligencia y voluntad. Por lo tanto, un rechazo a la razón y a sus actividades más propias (como la filosofía y las ciencias en general) sería algo completamente contradictorio dentro del Catolicismo. Es más, una consecuencia de esto es que nuestra fe promueve las actividades más propiamente intelectuales. Es decir, contrariamente a lo que podría pensarse, el Catolicismo tiene un gran interés en que el hombre se dedique a la ciencia y a la filosofía, ya que son justamente aquellas actividades que más lo perfeccionan y acercan a Dios. Es por esto mismo que el Catolicismo absorbió de manera tan rápida toda la tradición filosófica y científica greco-romana, en la cual se tenía confianza en que la razón era un medio para conocer y explicar la realidad.

Desde esta perspectiva, cuando efectivamente hay un choque entre lo que dice la razón y lo que dice la fe, el problema es gravísimo. En efecto, es imposible que dos afirmaciones contradictorias sean verdaderas a la vez. Por ello, es absolutamente necesario buscar un modo de compatibilizarlas en los casos que sea posible. Cuando no lo sea, es necesario determinar cuál de las dos es verdadera y cuál es falsa. Ahora bien, si esta ha sido siempre la actitud de nuestra Iglesia, creo que se cae en una gran injusticia al acusarla de hostil o enemiga de la razón. Es cierto que muchas veces se ha equivocado al rechazar ciertas conclusiones de la ciencia, pero también es cierto que está formada por seres humanos imperfectos que pueden cometer errores. Por lo demás, no necesariamente cada vez que la Iglesia rechaza conclusiones sacadas por las ciencias está equivocada. Muchas veces, también ocurre lo contrario. Así como la Iglesia puede cometer errores, también los pueden cometer las ciencias. No porque haya diferencias de opinión – sobre todo en el plano de la filosofía – significa que sea la Iglesia la equivocada. Es perfectamente factible que sean las ciencias las que se equivocan. Un muy buen ejemplo de esto es el permanente rechazo de la Iglesia frente a la teoría de la evolución darwiniana, la que, por lo demás, ha sido aceptada siempre como un dogma de fe científico, no habiendo sido nunca comprobada. No podemos negar que el origen del rechazo hacia esta teoría radica en que viene a negar un dogma importantísimo del Cristianismo, como lo es el de que toda la humanidad vendría de una sola pareja. Sin embargo, las razones aducidas en contra de esta teoría son y han sido en todo momento estrictamente racionales, apuntando siempre a la imposibilidad metafísica de que sea verdadera. Sumémosle a esto el hecho de que cada vez son más los científicos que no aceptan la teoría de la evolución.

Otro excelente ejemplo de la gran importancia que tiene para el Catolicismo el que las verdades de razón y de fe sean compatibles, lo encontramos en una obra nuestro Santo Padre, Joseph Ratzinger. En el prólogo de Jesús de Nazaret, resalta la necesidad que tiene la Iglesia Católica de que el Jesús histórico coincida con el de la fe:

“Hay que decir, ante todo, que el método histórico – precisamente por la naturaleza intrínseca de la teología y de la fe – es y sigue siendo una dimensión del trabajo exegético al que no se puede renunciar. En efecto, para la fe bíblica es fundamental referirse a hechos históricos reales. Ella no cuenta leyendas como símbolos de verdades que van más allá de la historia, sino que se basa en la historia sobre la faz de la tierra”. (Ratzinger, Joseph, Jesús de Nazaret, Planeta, Santiago, 2007.)

En efecto, para nuestra religión es trascendental que lo que la historia nos enseña sobre Jesús no contradiga lo que nos dice la fe. Si ocurriera esto, todos los dogmas en torno a Cristo se esfumarían y nadie podría creer en ellos. Es por eso que Ratzinger intenta poner a prueba todas aquellas teorías históricas sobre Cristo que contradicen la fe Católica. Aplicando un método objetivo y basado en criterios estrictamente históricos, explica los límites de dichas teorías e incluso, en algunas de ellas, su inverosimilitud. Asimismo, muestra de qué manera las verdades históricas sobre Cristo parecieran estar de parte de la fe Católica.

En definitiva, nos parece totalmente infundada la acusación de que el Catolicismo no es compatible con la ciencia y la filosofía. Por el contrario, las necesita y les da un inmenso valor. Es muy cierto que dentro de la Iglesia se han cometido muchos errores a lo largo de la historia, pero no han sido de ningún modo sistemáticos. Rechazar sin previo examen una conclusión científica no es una actitud propiamente Católica. Por ende, dichos errores solo pueden ser circunstanciales y atribuibles a la imperfección de quienes forman la Iglesia: los hombres.

Pocos observadores externos del proceso político venezolano pueden captar la lógica con la que actúa el entorno cercano a Chávez. Es la lógica del poder crudo, de una desnudez cubierta con lo que Karl Marx llamaría “máscara de interés de clase [proletaria]”, pero que, más allá de la jerga de los movimientos totalitarios, significa “máscara del partido por el que se manejan los resortes [militares] del poder”. Sólo bajo esta óptica tiene sentido la conducta de esa primera capa de cebolla que recubre al tirano, el entorno íntimo de Chávez.

Las declaraciones directas recogidas por El Mercurio revelan la verdadera preocupación del círculo íntimo: consolidar el verdadero poder político y eliminar al chavismo disidente. “Anoche, el Mandatario señaló que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ‘los sectores populares’ van a evaluar si presentaban una propuesta de enmienda constitucional para aprobar la reelección presidencial indefinida. ‘Es un derecho del pueblo. Ya verá el pueblo si usa ese derecho’, señaló, aunque recalcó que para él hoy no es su prioridad. ‘Lo que no puedo evitar es que alguien pueda hacerlo’, añadió el Mandatario, quien señaló que ‘la disidencia chavista quedó hecha nada, hecha polvo cósmico’ tras las elecciones”. ¿Por qué es el chavismo disidente, sobre todo en los Estados llaneros Guárico y Barinas, centro-oriental y centro-occidental, respectivamente, la principal preocupación de Chávez? Porque el chavismo disidente controla parte del aparato paramilitar que ha construido el gobierno y conoce los crímenes masivos sobre los que se ha levantado el edificio del poder.

No me cabe duda de que en las elecciones hubo un fraude galopante. Se repitió incluso un mecanismo perverso que consiste en lo siguiente: cuando un elector presiona su voto en la máquina electrónica, ésta imprime un comprobante con el voto tal como fue computado, que entonces debe depositarse en la urna electoral. Algunos valientes electores que presionaron una opción y vieron que el comprobante daba una distinta, se negaron a introducir el dicho comprobante en la urna, para no legitimar el fraude que se había hecho con su voto. A pesar de que en el pasado se había ya encerrado a este tipo de héroes en prisión, en el último acto electoral hubo bastantes docenas que todavía se atrevieron a hacer lo mismo, y fueron nuevamente puestos en prisión (cfr. El Universal, 25 de noviembre de 2008, “Fiscalía: 96% de detenciones fueron por destrucción del comprobante electoral”). Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral reconoció la victoria de la oposición en los Estados más poblados. ¿Por qué? Porque la oposición es inocua, y ello por tres razones. 1) La actitud de casi la unanimidad de los candidatos opositores es la misma que manifestó Henrique Capriles Radonsky, gobernador electo de Miranda, y que recogió El Mercurio en la misma nota de prensa a que vengo aludiendo: “Yo no vengo a pelear con el Presidente Chávez, sino que a trabajar sin descanso por los habitantes de Miranda”.

2) Por si esto fuera poco, el único rasgo que podría hacer temible a un gobernador o alcalde de oposición es el control de la policía estadal o municipal, pues permitiría defender a la ciudadanía de los grupos paramilitares del gobierno y quizá revelar la verdadera naturaleza de muchos de los crímenes que se han atribuido al “hampa común” o “ajustes de cuenta” en los últimos diez años. Este peligro ya no existirá en unos meses, porque la Ley de Policía Nacional ya fue promulgada, y ella pone de hecho las policías regionales o locales bajo el control del Ejecutivo Nacional. Así lo decía Asdrúbal Aguiar en un artículo publicado en El Universal el 12 de abril de 2008: “Por otra parte, aquella [Ley de Policía Nacional] desarrolla el artículo 164.6 […] y el artículo 178.7 constitucionales, relativos a las competencias de los Estados para crear policías y determinar sus ramas ‘conforme a la legislación nacional aplicable’ y de los municipios para proveer al respecto. Pero se permite, bajo tal paraguas, aniquilar las competencias estadales y municipales en cuestión. Una cosa es que los estados y municipios dispongan sobre policía lo que les corresponde bajo las normas de la Ley Nacional y con apego a la Constitución, que declara el carácter ‘exclusivo’ de tal competencia cuando menos por lo que respecta a los estados (Artículo 164), mas otra cosa es pretender que los estados y los municipios organicen sus policías según lo diga y autorice el ministro del Interior, como reza la Ley sancionada. Ésta, en efecto, no ordena las competencias nacionales, estadales y municipales sobre policía para su ejercicio eficaz, proveyendo por una parte a la creación de un órgano nacional de policía bajo la autoridad del Ministro del Interior y por la otra a un sistema de policía que le sirva de marco de referencia a los estados y a los municipios. Su artículo 19 es claro en su óptica distinta y arbitraria. El ministro del Interior es el órgano rector del ‘sistema de policía’, cuyos distintos cuerpos -nacionales, estadales y municipales- deben informarle sobre sus desempeños (artículo 21). […] Finalmente, la Ley prohíbe que los distritos metropolitanos puedan organizar cuerpos de policía o ejercer servicios de policía, asunto que, según la Constitución, corresponde decidirlo a los consejos legislativos estadales (artículos 171 y 172) y en el caso de Caracas a su Cabildo Metropolitano”.

3) Los ingresos propios de los Estados y Municipios se han visto muy mermados con la decadencia económica sufrida por Venezuela en los últimos diez años en cualquier rama distinta del petróleo y el tráfico de drogas. Por esto dependen cada vez más del presupuesto nacional. La periodista Mayela Armas ha hecho un estudio excelente de las tendencias que se descubren en la legislación de ámbito nacional, publicado en El Universal del 26 de noviembre de 2008 bajo el título “Se articula cerco financiero y funcional a las regiones. Cambios legales incrementan dependencia del Gobierno central”. Se nos informa allí que “el Ejecutivo nacional, mediante cambios legales, contempla que las gobernaciones y alcaldías estén más sujetas a los requerimientos del Gobierno central no sólo a través del presupuesto sino de la planificación. […] En el proyecto de Ley de Ordenamiento y Gestión del Territorio (el cual ya fue aprobado en primera discusión por parte del Parlamento) se apunta que el Presidente será la suprema autoridad en la ordenación del territorio teniendo un papel preponderante la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio, la cual tendrá réplicas en los estados y municipios. El texto añade que ‘las administraciones públicas estatales y municipales y sus entes descentralizados serán sometidos a las directrices de las autoridades regionales [nombradas por el Presidente de la República], debiendo colaborar activamente en la ejecución de planes y proyectos calificados como de importancia regional’. En el presupuesto del año 2009 las gobernaciones, alcaldías y consejos comunales recibirán […] 30% más respecto a lo programado para este ejercicio [fiscal]. Pero ante ese incremento en la asignación se cuestiona la distribución que se hace de los fondos y se plantea la necesidad de realizar una revisión. […] Las regiones […] en 2009 contarán con 31 millardos de bolívares fuertes, de ese monto 43,7% estará en manos de seis estados: Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Lara, Miranda y Zulia. Para el Gobierno central está concentración de recursos no puede seguir. En la Ley de Presupuesto se indica que la distribución por Estados revela montos significativamente disímiles que obligan a una reflexión por cuanto las entidades que conforman el eje norte costero reciben la mayor parte del situado, en tanto que el resto del país con grandes extensiones territoriales y escaso nivel de desarrollo tienen que enfrentar permanentemente el desafío de la supervivencia con las escasas asignaciones que les corresponden (…) fenómenos como éstos explican la necesidad de que el Gobierno bolivariano y revolucionario enfrente mediante políticas públicas definidas, y en el marco del proceso de descentralización desconcentrada prevista en el Plan de Desarrollo 2007-2013’. En diferentes alocuciones el primer mandatario, más allá de advertir la restricción de fondos de acuerdo con la tendencia política de la entidad, también ha indicado que las gobernaciones y alcaldías recibirán apoyos en la medida en que presenten proyectos socialistas. Por tal motivo, en las líneas para la ejecución del gasto del próximo año se agrega que ‘las gobernaciones y alcaldías tienen que impulsar el desarrollo de las unidades de producción social que abarcan a las unidades de producción socialista, cooperativas y empresas de producción social’ […]”.

La verdadera lucha por el poder, entonces, se dio entre los chavistas que aún se adhieren ciegamente al líder del movimiento y los disidentes. La razón ya se apuntó. Éstos son los elementos peligrosos, porque tienen cierto acceso a las estructuras paramilitares y a información que podría comprometer la propaganda de la tiranía. En Guárico y en Barinas, por ello, es donde se puede notar la verdadera naturaleza de las elecciones y del ejercicio del poder. En Barinas, según El Universal de 25 de noviembre (“Protestan en Barinas por inconsistencia numérica en actas de votación”), los seguidores de Julio César Reyes, chavista disidente, que incluyen a Wilmer Azuaje, Diputado chavista de la Asamblea Nacional, en palabras del propio Azuaje, llevaban el martes 25 “[…] ‘dos días de protestas intensas por el fraude en el estado Barinas. Todos los barinenses nos sentimos desilusionados del CNE, después de un día histórico donde todos salimos a sufragar, donde la gente estuvo hasta las once de la noche esperando para ejercer el derecho al voto, y pretenden hacernos un fraude electoral’. Indicó que hay más de diez mil personas protestando en las calles de Barinas. ‘Los municipios están tomados, todo está parado en función de que no reconocemos a Adán Chávez como gobernador electo, no queremos que este fraude se consolide’. Manifestó que el pueblo de Barinas lo único que está pidiendo es la impugnación del proceso, que se revisen las actas. Qué le cuesta a la presidenta Tibisay Lucena, revisar y que se cuente voto a voto para que vean el fraude, que se revisen las papeletas y se abran las cajas, revisar no es un delito, eso nos va a permitir saber la verdad’. Azuaje dijo que se van a mantener en la calle porque el pueblo de Barinas está desilusionado de la familia Chávez y del presidente de la República, ‘él ha sido el que más daño le ha causado a la entidad. Nos vamos a mantener en la calle con fuerza y si tenemos que estar una semana, pues lo estaremos pero no vamos a permitir que la familia Chávez siga haciendo lo que le da la gana´. Precisó que […] ‘no podemos permitir que el nepotismo siga internado en la entidad, hemos denunciado corrupción y la Fiscalía no ha hecho nada, el pueblo salió a votar y ahora pretenden desconocer los verdaderos resultados, donde sabemos que hay inconsistencia numérica, donde faltan 97 actas. No vamos aceptar que Adán Chávez se imponga en Barinas’” .

En Guárico la situación es, si cabe, más grotesca. Puesto que el gobernador saliente, Eduardo Manuitt, del Partido Socialista Unido de Venezuela (el de Chávez), no pudo presentarse para la reelección, lanzó a su hija, Lenny, contra la voluntad del tirano. Después de esto, la lucha por el poder en ese Estado llanero ha sido literalmente sangrienta. El domingo, de hecho, algunos militantes del PSUV fueron asesinados y otros heridos, e inmediatamente La Fiscalía esgrimió su coletilla oficial: se trata de crímenes cometidos por el hampa común, en “ajuste de cuentas”. Pero William Lara, el candidato proclamado por el CNE como ganador de la elección, pidió esta vez que se revise la coletilla: “‘Nos reunimos con la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, para pedir información sobre la hipótesis que se ha puesto a rodar por la prensa de circulación nacional donde argumentan que el asesinato de dos militantes del PSUV, se trata de un ajuste de cuenta entre bandas de delincuentes. Le he planteado a la fiscal, con el respeto que merece, que cuando se trate de una investigación de esta naturaleza, hay que tener abierta todas las hipótesis de trabajo’, dijo. Explicó que el 23 de noviembre, entre las 10 y 11 de la noche, en el centro de votación ubicado en San Juan de los Morros, específicamente, en el Centro de Eduación José Felix Ribas, ‘unos sujetos que se desplazaban por el lugar, en el momento que los dos compatriotas del padrón electoral del PSUV salieron del centro, fueron objetos de disparos resultando fallecidos ambas personas’. Indicó que le parecía muy extraño que unos sujetos por ajuste de cuenta, procedan a matar a dos personas en el momento que finalizaba la jornada electoral, ‘es por esa razón que exijo, con respeto, se manejen otras hipótesis en la investigación para esclarecer el caso’” (ver: El Universal, 25 de noviembre de 2008, “William Lara solicitó abrir otras hipótesis en caso de militantes asesinados”). Tiene razón William Lara. Resulta muy extraño. Pero lo es aún más que un político tan experimentado como Eduardo Manuitt incurra en un error tan infantil como lo es matar a dos inocuos militantes del PSUV, en una acción estéril del todo. Los únicos beneficiados por ese asesinato son William Lara y Hugo Chávez, que probablemente sacarán de él un pretexto para encarcelar a Eduardo Manuitt.

La conclusión de mi análisis es que nada ha cambiado con las elecciones regionales en las áreas que realmente interesan a Chávez: el control del poder de fuego. Si algo cambió es que la propaganda de la tiranía tiene un argumento más para engañar a los incautos: en Venezuela hay democracia, y la prueba es que la oposición ganó la Gobernación de cinco estados y la Alcaldía Mayor de Caracas. Así como Chávez forzó por medio de Decretos pseudo-Legislativos y decisiones pseudo-judiciales las reformas que fueron derrotadas en el referéndum de diciembre, del mismo modo forzará el control de los estados y ciudades que la oposición cree controlar ahora. El gobierno de Chávez constituye un monopolio de la violencia, pero ilegítima e incapaz de legitimarse. El pueblo, como en la tiranía del libro IX de la República de Platón, no es más que el pretexto para eliminar a los enemigos políticos. El gobierno de Chávez consiste en un uso sistemáticamente usurpador de la fuerza, como debe serlo el de todo movimiento totalitario de acuerdo con la aguda descripción de Hannah Arendt.

Pero, por muy amplia y abierta que pretenda ser una sociedad, no lo puede ser completamente. Para empezar porque, completando el título de la conocida obra de Popper, la sociedad abierta tiene sus enemigos, y si se les hace sitio es a cambio de que reduzcan algunas de sus libertades; es decir, mientras su libertad esté limitada.

Pero para que una sociedad permanezca abierta es preciso no sólo que desactivemos los elementos totalitarios; hace falta también que haya motivos racionales para argumentar por qué no se puede hacer cualquier cosa. Es obvio que no hay sociedad sin leyes que prohíban u obliguen; que una sociedad necesita para subsistir establecer límites, y estos han de estar argumentados. Para ello es preciso superar un extendido y bienintencionado equívoco: el que prescribe que, para acoger la gran diversidad presente en la sociedad, es preciso que nos abstengamos de formular juicios acerca de los valores defendidos por los diversos estilos de vida, tradiciones o culturas llamados a convivir en ella. De acuerdo con ese tópico, para que las sociedades sean realmente abiertas, sería preciso asumir lo que cabría llamar “discurso de la indiferencia”.

Entiendo por discurso de la indiferencia el que, en aras del mayor grado de libertad posible, decreta que todos los valores presentes en la sociedad han de ser considerados igualmente valiosos. Desde esta premisa, se concluye que la crítica de valores que puedan ser importantes y sustantivos para algún tipo de identidad cultural, nacional, religiosa o sexual, representa un atentado a la convivencia y a la libertad. El discurso de la indiferencia establece que la libertad social requiere que aceptemos que no existen cosas buenas o malas, mejores o peores, deseables o rechazables; en fin, lo bueno o lo malo; sólo existen formas diferentes de vivir o entender determinados aspectos de la vida. Al tratarse simplemente de formas diferentes de entender la vida, y que, sin embargo, son esenciales para la identidad de determinadas personas, resultaría un atentado a la libertad cuestionar su bondad y señalar sus deficiencias. A partir de este supuesto se formula el imperativo de que, en el debate público, es obligado mostrarse indiferente ante lo que es sólo diferente, es decir, lo que de suyo no es ni mejor ni peor.

Se trata de algo parecido a lo que ocurre en el ámbito estético y del gusto. “Sobre gustos, no hay nada escrito”, suele decirse; aunque también hay quien responde: “¡hombre!; sobre gustos hay mucho escrito, lo que pasa es que usted no se lo ha leído”. El caso es que en cuestión de gustos y de arte parece que hay una gran gama de posibilidades en las que elegir, sin que resulte obvio afirmar que unos productos artísticos sean mejores que otros. Seguramente no podemos decir que “Las Meninas” de Velázquez sea mejor que el “Gernika” de Picasso, pero estamos de acuerdo en que las dos obras son geniales y en que resulta posible discernir entre una mediocridad artística y una obra sublime. Parece que, por muy elástico que sea, es preciso admitir algún tipo de canon en el arte, que permita discriminar lo valioso de la basura.

En las cuestiones políticas, en cambio, se nos dice que hay que renunciar a adoptar algún canon sobre lo valioso, porque, en caso de admitirlo, estaríamos negando el derecho a la diferencia. Pero el derecho a la diferencia, como valor exclusivo y absoluto, puede dar lugar a situaciones inverosímiles. Un caso muy ilustrativo, que generó su debate en el Reino Unido meses atrás, es el de la pareja formada por Tomato Lichy y Paula Garfield, sordos los dos, que acudieron a la fecundación in vitro para, tras un diagnóstico pre-implantatorio, poder seleccionar un embrión sordo. En la polémica que generó esta insólita decisión, la pareja argumentó, precisamente, que la sordera no es peor ni mejor que su contrario; que es simplemente diferente. “La sordera –argumentaron– es una realidad positiva, con aspectos maravillosos; es como ser judío o negro, y no tenemos la impresión de que pertenecer a uno de esos grupos minoritarios sea una desgracia… Si las personas que oyen tienen derecho a eliminar embriones sordos, nosotros deberíamos tenerlo también para desechar un embrión sin sordera”; argumentación que Tomato Lichy remató con esta observación dirigida al entrevistador de la BBC: “en una comunidad de sordos usted sería el discapacitado”.

Efectivamente, se trata de un caso límite, pero perfectamente válido para constatar que el discurso de la indiferencia –que el respeto a los diferentes exige una indiferencia valorativa– no es argumento; el caso Lichy-Garfield sirve para comprender que la discusión en los debates sociales no es acerca de lo simplemente diferente, sino sobre lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor y que, por tanto, el respeto a las diferentes sensibilidades e identidades no pasa por admitir cualesquiera exigencias formuladas a partir de lo que cada uno considera fundamental para la propia identidad.

Necesitamos un canon de lo humano capaz de discernir si lo que está en juego es una simple cuestión de diferencias o una elección entre lo más o menos plenamente humano o, incluso, lo inhumano. Adoptar algún tipo de canon sobre lo humano entraña, desde luego, gran dificultad, pero más complicado todavía es que podamos convivir si renunciamos a encontrar una base racional para discutir sobre lo mejor y lo peor. Si eliminamos una base racional para el diálogo, estamos admitiendo que la única justificación de las decisiones políticas es al fin y a la postre la fuerza de los votos; o sea, la fuerza.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente en Arvo.net

Con gran alegría la Iglesia celebra hoy el tercer aniversario de la canonización del Padre Alberto Hurtado, un gran regalo de Dios para nuestra Patria, como también lo han sido la canonización de Teresa de Los Andes y las beatificaciones de Laura Vicuña y Ceferino Namuncura. En un país de memoria frágil, nos hace bien revivir ese hermoso acontecimiento que es parte del patrimonio histórico de Chile y que se tradujo en la fiesta memorable que se vivió en la Plaza de San Pedro y en todo nuestro país, en octubre del año 2005. Los acontecimientos de la hora presente nos demuestran que es necesario y bueno hacer un alto en el camino para valorar el legado de este santo de la fe y “padre de la Patria”, como lo llamó el entonces Presidente de la República.

2. La necesaria consecuencia de los líderes

El Padre Hurtado no se quedó en declaraciones, homilías ni en discursos. Los hizo y muy bien. Aunque sus escritos remecieron a la Iglesia y al país, estaba convencido de que “el mundo está cansado de discursos (…) Quiere hechos, quiere obras, quiere ver a los cristianos que encarnan como Cristo la verdad en su vida”. Hoy, cuando la opinión pública clama a sus dirigentes una mayor consecuencia entre el decir y el actuar, el ejemplo de este sacerdote santo que pone en práctica lo que cree es un testimonio elocuente que urge resaltar. En vísperas de las elecciones de alcaldes y concejales, un proceso de la más alta trascendencia para la vida de las personas y sus comunidades, es saludable para nuestra convivencia democrática que los electores puedan discernir, libremente y en conciencia, los proyectos y personas que mejor se acercan a sus ideales y valores, que mejor traducen sus propuestas en acciones, y que con mayor coherencia trabajan en favor del bien común. Quiera el Señor que los comicios transcurran en plena normalidad, y que el Compromiso de Amistad Cívica que los partidos políticos firmaron junto al Arzobispo de Santiago en el mes de agosto, se traduzca en una jornada pacífica, sin triunfalismos ni revanchismos, por el mayor bien y progreso de todos.

3. La verdadera riqueza: el servicio a los pobres

San Alberto tenía muy claro que “el pobre es Cristo que carga su cruz, y como a Cristo debemos amarlo y ampararlo. Debemos tratarlo como a un hermano, como ser humano”. Para san Alberto, la opción preferencial por los pobres es una opción genuinamente eclesial que remonta a Dios y a Cristo mismo.

Nos decía el Padre Hurtado: “la misión de los ricos es servir a los pobres”. “Y en la Iglesia Santa, la Iglesia de los pobres, los ricos también tienen entrada con un pasaporte: el servicio a los pobres”. ¡Qué lección más contundente para aquellos que, ante el altar de un mal entendido “progreso”, exaltan la riqueza como un triunfo, el prestigio como ideal y el poder como la principal ambición! La crisis financiera internacional, que también manifiesta sus efectos en Chile, nos da suficientes pruebas en este sentido y bien vale la pena una consideración particular al respecto.

4. En tiempos de crisis, construir sobre roca firme

Aunque los pastores no somos, necesariamente, expertos en ciencias económicas, la Iglesia es maestra en humanidad al enseñarnos el amor de Dios. La referencia evangélica con que el Santo Padre Benedicto XVI ha meditado en torno a la incierta situación de las finanzas mundiales resulta muy iluminadora para nuestros días. Porque cuando el afán del lucro y la acción especulativa sin límites se imponen en los mercados, la persona humana está construyendo su casa sobre arena. “Quien construye su vida sobre estas realidades, sobre la materia, sobre el éxito, sobre todo lo que es apariencia, construye sobre arena. Únicamente la Palabra de Dios es el fundamento de toda la realidad, es estable como el cielo y más que el cielo; es la realidad”, ha dicho el Papa.

Sabemos que nadie es inmune a estas crisis, pero al mismo tiempo valoramos los pasos previsores que la institucionalidad de nuestro país ha venido dando y que le permiten enfrentar de mejor modo sus consecuencias. De un modo especial saludamos la iniciativa del Gobierno al invitar a los principales actores nacionales a actuar unidos en esta situación de crisis mundial. Trabajar en unidad y colaboración es, sin duda, un camino para construir sobre “roca firme”. En efecto, la buena voluntad y la disposición de todos a un diálogo honesto, con altura de miras y espíritu constructivo, posibilitan acuerdos sobre las principales decisiones nacionales y evita al país enfrascarse en la enemistad y en largas y estériles polémicas que debilitan la amistad cívica y defraudan la confianza ciudadana.

Si bien la prudencia aconseja adoptar un sano realismo en estas situaciones, no quisiéramos que una lógica fatalista termine instalando el miedo entre los agentes y los procesos económicos. La experiencia, lamentablemente, nos demuestra que los más perjudicados por estas crisis terminan siendo los grupos más vulnerables de la sociedad, los pobres, los predilectos de Jesús. En ese sentido, hacemos un ferviente llamado a todos los empresarios y emprendedores de nuestra patria, y a todos los trabajadores: necesitamos valorar, cuidar y promover nuestras fuentes de empleo, dignificar el trabajo, hacerlo cada día mejor, comprender que un trabajo bien hecho y dignamente remunerado es el sustento de la familia, el pilar de nuestra sociedad. Valoramos el apoyo que se quiere dar a las Pymes, donde encuentra empleo la mayor parte de los trabajadores, y pedimos respetuosamente a empresarios y trabajadores, así como a las autoridades del Ejecutivo y del Parlamento, aportar su mayor esfuerzo para impedir, en todo cuanto nos sea posible, la pérdida de fuentes laborales.

5. Solidaridad y justicia, hoy más que nunca

Los cristianos estamos llamados a exaltar la solidaridad y la justicia como virtudes urgentes de verificar en nuestro tiempo. No se trata de una simple motivación hacia una actitud asistencial. El Padre Hurtado nos deja una tarea que no podemos eludir: se trata sobre todo de hacer justicia pues la caridad construye sobre la base de la justicia. Por ese motivo, tres años después de su canonización, a todos nos duelen las injusticias sociales, los hechos de corrupción y valoramos todas las acciones destinadas a dignificar a los más pobres y a hacerlos sujetos de nuestra historia. En estos tiempos en que las proyecciones económicas tambalean, estos énfasis deben ser reforzados. Porque “sin justicia social no puede existir democracia integral”.

6. ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar?

La vida del Padre Hurtado se explica por su amor apasionado y vehemente por Jesucristo. Si una palabra tuvo permanentemente en sus labios fue precisamente la de Cristo. Él era su único anhelo y su principal energía. “Apóstol de Jesucristo” lo llamó su gran amigo, Monseñor Manuel Larraín, en sus exequias. Y en pocas palabras lo resumió el Santo Padre durante su homilía en la Misa de Canonización: “En el amor y entrega total a la voluntad de Dios encontraba la fuerza para el apostolado”.

La pregunta central y reiterada del Padre Hurtado, también hoy, en vísperas del Bicentenario de nuestra Independencia, es: “¿qué haría Cristo si estuviera en mi lugar?”. Es una pregunta relevante, una invitación que despierta las grandes potencialidades del corazón humano: encarnar a Cristo en el trabajo, en la familia, en las relaciones afectivas, en el estudio, en la profesión, en la vida deportiva, en la vida cultural, en la vida social. Y no nos cabe duda que seguiría defendiendo a los pobres, promoviendo la vida plena para todos y liberándonos de tanta esclavitud personal y social. Y por supuesto, en esas mismas tareas encontraríamos también hoy a San Alberto Hurtado.

Al Padre Hurtado le tocó vivir la cultura de la sobriedad y del ahorro. A nosotros, acostumbrados a vivir en medio de la cultura del consumo y del individualismo, y ante un escenario de incertidumbre globalizada: ¿qué haría Cristo si estuviera en mi lugar?

Ante sus ojos y los nuestros está un progreso que no alcanza para todos, están las oportunidades que se reparten de manera desigual, los modelos diversos de vida familiar, de desarrollo de la sociedad y de la persona humana: ¿qué haría Cristo si estuviera en mi lugar?

Que la Virgen María, a quien el Padre Hurtado llamaba cariñosamente “la Mamita”, nos haga mirar a Jesús y le pida a Él que fije en nosotros su mirada. Que Ella nos proteja a todos y nos haga discípulos misioneros cada vez más fieles de su Hijo Jesucristo.

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua
Presidente de la CECh

+ Gonzalo Duarte García de Cortázar
Obispo de Valparaíso
Vicepresidente

+ Card. Francisco Javier Errázuriz Ossa
Arzobispo de Santiago

+ Ricardo Ezzati Andrello
Arzobispo de Concepción

+ Cristián Contreras Villarroel
Obispo Auxiliar de Santiago
Secretario General

Santiago, 23 de octubre de 2008.

A) El primero de ellos, y quizá el más importante, es la afirmación de los padres como primeros educadores. Son los padres los que tienen el deber y el derecho de educar a sus hijos, y cualquier otro ente social que participe en ello (el colegio, el municipio, el estado, los medios de comunicación) debe hacerlo atendiendo a esa condición de los padres como primeros educadores, ya sea colaborando directamente en aquella labor (como es el caso del colegio), ya sea generando las condiciones sociales, económicas o ambientales necesarias para que el proceso educativo sea posible (el estado, los medios de comunicación).

B) Puesto que la educación es el proceso interior por el cual cada hombre se perfecciona en cuanto hombre, el fenómeno educativo debe estar siempre regido y orientado por la singularidad del educando. Esta es una de las principales razones del principio anterior (los padres como primeros educadores), ya que sólo en el contexto familiar aparece la persona en toda su singularidad. La educación es imposible si tiene como destinatario a una masa de hombres, o a un número estadístico, o a un hombre promedio. Se trata de educar a Juan, con el temperamento de Juan, los afectos de Juan, la inteligencia de Juan, el ambiente social de Juan, las amistades de Juan, la fuerza de voluntad de Juan, etc. etc. Como Juan es absolutamente singular, su educación debe ser también, y en la medida de lo posible, absolutamente singular. He aquí una de las dificultades mayores que presenta la cuestión de las políticas públicas en materia de educación: por la universalidad que tales políticas implican, no pueden aspirar a determinar las condiciones particulares del proceso educativo de Juan. No se trata de que no puedan existir políticas públicas en materia educacional, sino de que es necesario comprender el alcance y los límites que las mismas tienen por su naturaleza, pero esto nos refiere a un tercer elemento esencial:

C) La función del estado en materia educacional debe ser estrictamente subsidiaria. Y al decir subsidiaria, no debe pensarse en la subsidiariedad liberal, según la cual el estado debiese desaparecer lo más posible para que los particulares hagan como les guste, con el único límite de que unos no pasen sobre otros. Más bien se trata de la subsidiariedad en su sentido clásico, según la cual compete a la autoridad promover, resguardar, exigir y poner las condiciones para que los miembros de la sociedad puedan desempeñar adecuadamente sus respectivas funciones, ¡pero nunca reemplazar a esos miembros en la función particular de su competencia!, de otro modo, nos enfrentamos al estado totalitario. Así, en materia educacional, lo que nunca puede hacer el estado es educar. Más bien, le compete poner las condiciones necesarias para que los padres puedan realizar adecuadamente su tarea educativa. Y esta función subsidiaria del estado en materia educacional, dados los principios anteriores, no puede reducirse a unas políticas públicas enfocadas exclusivamente en los procesos educacionales formales (educación municipal, subvención escolar, etc.), sino que debe atender a la integridad de las condiciones necesarias para aquél proceso de perfección interior en el cual consiste la educación: pueden ser políticas públicas fundamentales para la educación, por ejemplo, unas políticas de empleo que atiendan a la constitución familiar (que faciliten, v.gr., la proximidad de la madre con sus hijos), o unas políticas de transporte que permitan la presencia de los padres en el hogar (y que no les hagan perder las pocas horas que podrían dedicar a la vida familiar), o unas políticas reguladoras de los medios de comunicación que no haga incompatible la función de los mismos con la tarea educadora de los padres (que impidan, por ejemplo, que los medios destruyan, con una hora de Morandé con Compañía o semejantes, todo aquello a lo que la educación se ordena), desde luego, son fundamentales para la educación las políticas que fortalecen la institución familiar (y las que la debilitan, como el divorcio, no hacen sino debilitar, también, las condiciones para una sana educación), y así, podríamos continuar en una larguísima enumeración de políticas públicas que atienden a la educación. En todas ellas, sin embargo, puede verse un elemento común esencial: no se trata de erigir al estado como el gran educador, sino que se trata de que éste, fiel al principio de subsidiariedad, promueva, resguarde, exija y ponga las condiciones para que los padres puedan educar adecuadamente a sus hijos.

D) Todo lo anterior resulta especialmente verdadero en materia de educación sexual. Y decimos especialmente verdadero porque la sexualidad, contra lo que parecen pretender las políticas públicas actuales, no es un fenómeno meramente biológico, ni una suerte de problema sanitario, ni un hecho sociológico moralmente neutro. La sexualidad humana pertenece al ámbito de lo más íntimo de la persona singular; se ordena según una inclinación que es racional (y no meramente animal); y es manifestativa de la unidad radical entre el cuerpo y el espíritu. Por esto, si en materia de educación sexual el estado no reconoce a los padres como primeros educadores; si, en consecuencia, se pierde de vista la singularidad del educando, de modo que se le mira como a un hombre masa (o, peor aún, como a un animal); y si, en definitiva, el estado vulnera el principio de subsidiariedad, autoerigiéndose en una especie de instructor sexual universal, entonces, lo que en realidad ha sucedido, no es que el estado se ocupe de la educación sexual de sus ciudadanos sino, más bien, que el estado ha destruido toda posibilidad real de una verdadera educación sexual (y, atendida la unidad radical de la educación humana, toda posibilidad real de educación a secas). Esto es, de hecho, lo que vemos con políticas tales como la imposición universal de planes y programas para una educación sexual concebida ideológicamente (piénsese, por ejemplo, en las JOCAS), o las campañas orientadas a la prevención de enfermedades de transmisión sexual (y su especial énfasis en una sexualidad “libre” –es decir, cuando me dé la gana y con quien me dé la gana– y “responsable” –es decir, con preservativo–), o los reglamentos sanitarios que desconocen la autoridad paterna en materia de sexualidad (como aquél que ordenaba el reparto de la píldora del día después a menores, sin el consentimiento de los padres).

Para entender el rol del estado en lo relativo a la educación sexual, habría que añadir mucho en aquellas materias específicamente referidas al orden de la sexualidad, pero nada de aquello alcanza su pleno sentido si no se tienen a la vista estos principios esenciales a la educación como un todo.

Resulta angustioso ver cómo los jefes de Estado de diversos países de la región se reunieron recientemente para apoyar a Evo Morales, y por tanto a Hugo Chávez, en sus designios totalitarios. Nadie habla de apoyar a los bolivianos preocupados por la amenaza de perder la república.

El reciente referéndum celebrado en Bolivia es la excusa implícita que se da para sostener que es justo apoyar al gobierno central. Frente a esto existen dos objeciones obvias. Una, que los movimientos totalitarios, una vez que obtienen el poder no raramente por medios electorales, intentan legitimar la violación del Derecho por vía referendaria. Así lo hizo Hitler, y así lo ha hecho Hugo Chávez. La segunda, que no rara vez esos plebiscitos son sucios en todo sentido: tanto porque no se respeta equilibrio alguno en las campañas y procesos de votación, como porque con frecuencia se usa el fraude. Esto segundo fue el caso de Venezuela en el año 2004, como probó el informe de Tulio Álvarez, y probablemente también fue el caso de Bolivia el mes pasado. Sobre éste, recuérdense los análisis de Jorge Kafka, importante analista político boliviano, publicados el 20 de agosto en “El Universal Digital” (“Venezuela utiliza a Bolivia como puente para el socialismo”), quizá el único importante periódico de Venezuela que aún conserva cierta libertad: “Aunque es difícil precisar la intervención del Gobierno venezolano en materia electoral del referendo revocatorio que se llevará a cabo mañana, lo que sí se puede constatar, según [Jorge] Kafka, es que el servicio de carnetización del documento de identidad se está llevando a cabo con unas máquinas otorgadas por Venezuela. El proceso se ha caracterizado por irregularidades que han mostrado duplicación o clonación del documento, dice, lo cual puede tener un impacto significativo en las elecciones debido a que ha inflado el padrón electoral de los votantes. En consideración del politólogo, el revocatorio carece de confianza por todas las irregularidades del proceso: el padrón electoral ha crecido sustancialmente en relación con 2005 (de 3.670.995 a 4.047.683 de votantes). Asimismo, explica que el planteamiento de las preguntas y el carácter inequitativo del referendo favorecen al presidente Morales en detrimento de los ocho prefectos (gobernadores)”. Me parece que nada de raro tiene que los resultados oficiales del referéndum venezolano de 2004 y el referéndum presidencial de Bolivia del mes pasado fueran sospechosamente similares.

El objetivo actual del gobierno de Evo Morales es debilitar la oposición para poder imponer el referéndum que proponga su proyecto de Constitución, aunque dicha consulta popular viole el Derecho. Tal objetivo es inaceptable para un verdadero republicano en el sentido de Cicerón, y los republicanos de Hispanoamérica deberían ocuparse en obstruirlo en la medida de sus posibilidades. Pero no abundan hoy en día los gobiernos verdaderamente republicanos en nuestra civilización. Por ello, los países de UNASUR han hecho algo muy distinto, han apoyado casi expresamente los ataques de Evo Morales al Prefecto de Pando.

Sobre la situación actual del Prefecto es preciso observar que nada de extraño tendría que la masacre de los campesinos que dio origen a su arresto hubiera sido provocada por los mismos seguidores de Morales. No es táctica inusual en los movimientos totalitarios. Los nazis planearon usarla en Polonia, por ejemplo. Pero no nos pronunciemos sobre este punto, sino veamos lo que de hecho ha ocurrido:

Evo Morales, como el tirano descrito en el libro IX de la República de Platón, ha tratado de convertir el conflicto interno en un conflicto internacional. Así, expulsó al Embajador de los Estados Unidos, mientras sus militares daban declaraciones repudiando la intervención de Venezuela. Sobre estas dos jugadas “El Universal” del 21 de septiembre nos trae los comentarios de otro importante analista boliviano (“Bolivia se da tregua en la crisis estatal”): “el analista explica que aunque el proceso social en Bolivia es difícil de predecir, es excesivo señalar (como lo ha hecho el Gobierno) que existe una conspiración norteamericana para derrocar a Morales, y en ese sentido recalca que la expulsión del embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, fue más una acción de política interna que externa. Molina reiteró que un golpe de Estado en las circunstancias actuales es poco probable, aunque no descarta a corto plazo hechos de violencia esporádica como lo sucedido en el departamento de Pando y por ende más deterioro institucional que socave la democracia.

Fuerza Armada alza la voz.

Las declaraciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Luis Trigo, en contra de la intromisión del presidente Hugo Chávez en territorio altiplánico generó alerta nacional e internacional. Sin embargo, Molina considera que tiene que ver más con la intención de tranquilizar internamente a la institución castrense que con mostrar una posición ideológica y política del comandante”.

Por otra parte, el gobierno de Morales ha tratado de demonizar a la oposición, como otra vez en “El Universal” de 21 de septiembre nos relata el análisis de Jorge Kafka (“Aristas de un conflicto político y social en el Altiplano”): “los cargos imputados contra Fernández ‘muestran que el gobierno (de Evo Morales) todavía tiene una lucha simbólica por el poder y utiliza la imagen del prefecto para hacer una demostración de fuerza y de amedrentamiento de la ciudadanía’. Asimismo, el politólogo revela que el manejo mediático que está impulsando el Gobierno es tan fuerte que intenta ‘crear una imagen negativa de la actuación del prefecto en el marco de estos conflictos e indirectamente involucra al resto de los opositores regionales en unas condiciones poco propicias para realizar un diálogo nacional’. Kafka recuerda que un escenario de confrontación política como el vivido en Bolivia se traduce en debilidad de la institucionalidad del Estado para la aplicación de la ley, en el cual prevalecen los spots televisivos, y el discurso gubernamental que intenta inculpar a la oposición de Pando de los hechos violentos que terminaron con saldo fatal la semana pasada”.

En este contexto, la ofensiva jurídica contra el Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández ha llevado a la Fiscalía a acusarlo de “genocidio” (sic: “El Universal”, 20 de septiembre de 2008, “Morales negocia autonomía en proyecto constitucional”); y al gobierno a obtener su arresto por medio de un juez incompetente para ello, a desacatar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que mandaba trasladar al Prefecto a Sucre para ser juzgado por la propia Corte en aplicación de la legalidad boliviana, a desautorizar a la misma Corte Suprema calificándola de sede de “triquiñuelas jurídicas”, a nombrar un nuevo Prefecto para Pando (un militar) contra los resultados del referéndum del mes de agosto, a desacatar la decisión del propio juez que antes había ordenado el arresto y que ahora acató a la Corte Suprema de Justicia, y a mantener el estado de sitio en Pando, a pesar de que ya no hay agitación política (cfr. “El Universal” de 20 de septiembre de 2008, “Resuelven traslado de prefecto de Pando por orden de la Corte Suprema boliviana”; y, también, “El Mercurio” de la misma fecha, “Morales propone autonomía si se realiza el referéndum constitucional”).

El lector puede juzgar sobre la gravedad de los ataques que están teniendo lugar en Bolivia contra la constitución republicana del Estado. Yo, por mi parte, añado que en Bolivia se está desplegando un movimiento totalitario que amenaza a toda nuestra región. Ojalá hubiera personas lúcidas y con voluntad para enfrentar la amenaza.

En la población sana, pacífica y honesta, cada una de las exitosas acciones militares contra las sanguinaria narco-guerrilla marxista de las FARC provoca, además de alivio, comprensibles y compartibles muestras de aprobación. Contrariamente, en filas de izquierda, estas mismas noticias producen tristeza y rechazo.

Los cómplices -más o menos disimulados- de cuanto movimiento revolucionario (cruento o incruento) anda por el mundo, sienten pesar por cada noticia que refleje un freno o una derrota para las intentonas de asalto al poder por parte de la izquierda violenta o pseudo pacífica. Los “compañeros de ruta” del marxismo y los llamados “inocentes-útiles” (esos que son siempre útiles pero rara vez inocentes) se esfuerzan en justificar la guerrilla y en fabricar pretextos para condenar las acciones militares en su contra.

En suma: el común de las personas de bien se alegra con el éxito alcanzado en el combate a la guerrilla mientras que la izquierda variopinta lamenta esas derrotas que asume como propias.

Así también sucede hoy en Colombia. Un amigo y colega colombiano, en cuya familia han sufrido secuestro y atentados de las FARC, me cuenta entusiasmado los últimos sucesos y la saludable reacción de la población que aplaude a las fuerzas militares.

La voz en el teléfono vibra, se conmueve, se alegra, se quiebra, hay silencios, se entristece al mencionar las víctimas mortales de la guerrilla, se alegra al detallar las operaciones exitosas….

Sin querer disminuir la trascendencia y la alegría del momento, alerto a mi amigo (y a los colombianos de bien) acerca de lo que puede sucederles si ese éxito militar no se acompaña de eficaces y sostenidas acciones de esclarecimiento a la población. Lo hago a la luz de la dolorosa experiencia recogida en nuestros países.

Me explico: hace décadas, por estas latitudes, también la población aplaudió a policías y militares que arriesgaron y ofrendaron sus vidas en el combate a la guerrilla criminal. Aquí también, mediante exitosas operaciones militares fueron liberados los secuestrados por la guerrilla. Pero, desgraciadamente, un largo proceso de propaganda y agitación, acompañado de debilidades, complicidades y traiciones, provocó un cambio sustancial en el panorama.

La misma población -que sufrió el clima de terror impuesto por la guerrilla- fue inducida a olvidar los brutales crímenes cometidos por la sedición. En este sentido, la función de silencio y mordaza cumplida por los medios de comunicación posibilitó esa amnesia artificial.

Concomitantemente, quienes debieron hacerse oír, guardaron silencio y así, quedó libre el camino para que se impusieran -como si fuesen verdaderas- las falsas versiones propaladas por los mismos ex (?) guerrilleros y sus cómplices. De ese modo, los terroristas pasaron a ser vistos como idealistas angelicales y, al mismo tiempo, los uniformados -que antes fueron aplaudidos- pasaron a ser vistos como “violadores de derechos humanos”.

Al nocivo y repugnante comportamiento de los medios de comunicación se sumó un pésimo manejo de la dirigencia política y de la cúpula militar. Todo orquestado para transformar en victimas a los victimarios y para condenar mediática y judicialmente a quienes tuvieron que enfrentar a la guerrilla. Se llegó a beneficiar a los guerrilleros regalándoles una amnistía total. Más tarde, luego de preparar adecuadamente el terreno, aparecen fiscales y jueces para terminar la tarea y condenar a quienes lucharon contra la guerrilla.

Mi amigo colombiano queda sorprendido y se espanta cuando le digo esto y, además, que si en Colombia no contrarrestan este tipo de propaganda, los mismos militares que hoy son condecorados y aplaudidos por su valor en la lucha antisubversiva, terminarán presos.

“Imposible, aquí todos los colombianos saben que los militares están salvando al país entero de un triunfo de la guerrilla que mata y secuestra para transformarnos en otra Cuba”.

Le respondo que también aquí fue esa una verdad percibida con nitidez.

La conversación telefónica con mi amigo se cortó. Al instante vuelve a sonar mi teléfono. Levanto el tubo y escucho algo que, sin saludo inicial ni nada parecido, me sonó como un rezongo o una proclama: “Ni la sociedad colombiana ni el mando militar permitirán jamás que un solo militar vaya preso”.

Respondí que lamentaba decirle que por aquí también se escuchaban esas afirmaciones y hoy tenemos militares presos y extraditados y que ni la sociedad se inquietó ni el alto mando cumplió con impedir que los militares fuesen injustamente presos o extraditados. Es más, por aquí se escuchaba y se leía “Ni un solo militar será humillado, ni juzgado, ni preso”. Y hoy, tenemos uniformados presos y extraditados mientras decenas de uniformados desfilan cotidianamente por los juzgados para alegría de la izquierda toda (que los humilla) y de los medios de comunicación en particular. Todo eso sucede y no hay reacción proporcionada a tamaña injusticia. El león de otrora se transformó en gatito acostumbrado a ser maltratado.

Expliqué que todavía hoy se interpreta y aplica la ley de modo tal que el resultado sea ese. Prevalecen los criterios políticos, la ley es pisoteada, la venganza se viste con ropajes de justicia. La única verdad es que los guerrilleros están sueltos, fueron “indemnizados” o premiados de mil formas y con enormes sumas, y -aunque cueste creerlo- hay uniformados presos y extraditados. Nuestros “Marulandas” hoy son hombres de gobierno, ministros, periodistas, artistas, burócratas hiper remunerados, etc.

Así que, -le advierto-, ojo con los políticos, ojo con los obispos y sacerdotes cercanos a la izquierda y mucho cuidado con militares débiles que son capaces de entregar a los suyos a cambio de treinta monedas o de nada realmente valioso.

Si tuviese que hacer un esfuerzo de previsión acerca de cómo intentará actuar la izquierda en Colombia, apoyándome en lo sucedido por aquí, diría resumidamente que:

• Lanzarán una gran campaña mediática, dentro y fuera de fronteras, contra las fuerzas policiales y militares en torno a supuestas o reales violaciones de derechos humanos
• Aparecerán emotivos testimonios de guerrilleros y sus compinches denunciando malos tratos inferidos por los uniformados
• Entrarán en escena pública (aunque desde el inicio actúan tras bambalinas) obispos y sacerdotes. Tendrán pronto una especie de cocktail con diversos ingredientes que producirán múltiples efectos. Malabarismos semánticos para mezclar indebidamente nociones tan valiosas como perdón, reconciliación, culpa, responsabilidad, caridad, etc. Un potente efecto anestésico va dirigido a quienes es previsible que reaccionen para que no respondan; legitimador, para mejorar la imagen de los guerrilleros; incrustando sentimientos de culpa en el alma de militares y policías; etc.
• Surgirán políticos que, haciéndose eco de esos testimonios lacrimógenos y guardando total silencio con relación a las víctimas inocentes de la guerrilla que pasan a ser olvidadas e ignoradas por completo, se empeñarán en conceder una amnistía para todos los autores, coautores y cómplices de los crímenes de la guerrilla.
• Rápidamente llegarán desde el exterior los guerrilleros que habían logrado huir (sin haber sido juzgados ni purgado condena alguna) y se sumarán a quienes saldrán de las cárceles para formar un movimiento político “legal”.
• En medio de una gigantesca campaña propagandística, los guerrilleros terminarán consiguiendo votos que los transforme en legisladores. Otros, con un nuevo maquillaje, se destacarán como periodistas, docentes, artistas, etc. y se incrustarán en todas las áreas vitales de la sociedad.
• Si los políticos no marxistas de Colombia son tan torpes, ineptos y corruptos como los de estas tierras, no habrá que sorprenderse si la misma izquierda accede al gobierno nacional con algún candidato que sea presentado como “moderado”, que prometa paz y respeto a la ley que después pisoteará.
• Una vez que todo esto suceda, verán como los mismos militares que ahora son aplaudidos, sufrirán la más brutal persecución mediática, política y judicial que los terminará condenando. La izquierda reclamará memoria pero sepultará en el olvido el sufrimiento de las verdaderas víctimas del terror guerrillero. Esa misma izquierda invocará la verdad y oficializará la más descarada mentira que le prepararán historiadores mercenarios. Todo será bajo el disfraz de la justicia para que el rencor y la venganza se abran camino hasta que militares y policías terminen tras las rejas.

Deseo fervientemente que Colombia evite padecer tal desgracia. Para ello, los colombianos deberán saber que, además de las exitosas acciones militares, se requiere una sostenida acción de esclarecimiento de la población que contrarreste todas y cada una de las mentiras que la izquierda lanza a cada paso.

En la etapa del proceso que ahora se inicia, los denunciantes pedirán a la CIDH que apruebe el informe de fondo y lo presente ante la Corte Interamericana se DD.HH. para que se establezca la responsabilidad del Estado por la supuesta violación de derechos garantizados. Así, Chile podría enfrentar una condena por violar la Convención Americana sobre DD.HH.

Nuevamente nos enfrentamos a una arremetida sistemática y organizada de la ideología de género, que reivindica el paradigma de la igualdad de derechos para todos y en todo. En este caso se considera arbitrario e irracional distinguir entre la habilidad de padres heterosexuales y homosexuales para cuidar a sus hijos adecuadamente. Si la Corte Interamericana asume dicha tesis y condena al Estado de Chile, poco podrá hacerse en adelante para proteger el matrimonio y la familia: el actual proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, la iniciativa legal sobre derechos sexuales y reproductivos, y aquella que pretende eliminar de la definición de matrimonio establecida en el artículo 102 del Código Civil las palabras “hombre” y “mujer”, reemplazándolas por “personas”, encontrarán en el antecedente jurisprudencial el argumento de autoridad suficiente para convertirse en leyes de la República.

El escenario es preocupante, no obstante resten importantes y largas etapas en el proceso. Conviene por ahora, a lo menos, reflexionar sobre la materia:

¿Hay discriminación arbitraria en la distinción que realizó en su fallo la Corte Suprema? ¿Es irrelevante la orientación y opción sexual de los padres respecto de su idoneidad para criar y educar a sus hijos? ¿Hay en la práctica homosexual entre adultos, libremente consentida, algún tipo de disvalor que nuestro ordenamiento jurídico deba considerar a la hora de velar por el interés superior del niño? Es necesario hablar claro:

Más allá de la discusión científica sobre los orígenes y causas de la homosexualidad, no es posible discutir que la práctica homosexual constituye una grave transgresión de la ley moral natural. No es posible entonces hablar de un derecho a la orientación sexual, pues nadie tiene derecho a usar su cuerpo contra la ley natural. Pasa que se confunden decisiones personales, como la de mantener relaciones sexuales homosexuales, con auténticos derechos. No existe vinculación lógica entre una cosa y otra, salvo que se demuestre que toda decisión libre constituye un derecho que debe reconocerse y protegerse. Sabemos que ello es absurdo; tendríamos que derogar el Código Penal si asumiéramos esa tesis.

Sí, en cambio, existe el derecho natural de todo niño a ser criado y educado, primeramente, por sus padres biológicos, en un contexto tal que le permita alcanzar su más pleno desarrollo como persona. Y este contexto no se limita a seguridades materiales y estimas sociales. Es, ante todo, aquel originado por el amor y la unión permanente, estable e indisoluble de sus padres. Asimismo, los padres han de procurar que sus hijos crezcan en la verdad y el bien, fomentando que sean buenas personas, disponiendo los medios para que los niños adquieran habitualidad y gusto en la práctica de la virtud.

Este es el fin primario del matrimonio, y los deseos de los padres se subordinan por completo a la consecución de tal objetivo. Paradojalmente –y lamentablemente esto se olvida con frecuencia- es subordinando su felicidad al pleno desarrollo moral de sus hijos como los padres alcanzan su mayor bien y plenitud.

Pues bien, si por la causa que sea se ha terminado la vida común entre los padres, dado que ello no era el fin principal, subsiste entonces el deber de procurar la realización y perfección natural –también sobrenatural- de sus hijos. La separación de los padres desde luego dificulta la misión, pero no la hace imposible. Por lo mismo, no caben excusas a partir de este triste dato contingente. Es el interés superior del niño el que prima por sobre los deseos de felicidad y satisfacción personal de los padres, y con mayor razón cuando padre o madre deciden buscar su felicidad –subjetivamente considerada- en la práctica de acciones contrarias a la naturaleza.

Podrá decirse que, en un caso particular, el padre o madre homosexual mantiene una mejor relación con sus hijos, puede darles una mejor situación socioeconómica, incluso que es preferido por los niños. La verdad es que nada de eso resulta determinante: el interés superior del niño obliga a procurar que sean criados y educados en el contexto familiar o de vida donde la práctica de la virtud sea más posible; asimismo, en aquel contexto familiar o de vida que más se asemeje al analogado principal: el matrimonio indisoluble entre hombre y mujer.

El niño no necesita solo cariño y confort material, tampoco basta una buena relación entre quienes tienen a cargo su cuidado. Necesita modelos, requiere de ejemplo. Y de virtud, auténtica virtud, y la práctica homosexual no es manifestación de ella, mucho menos si es permanente y estable, como ocurre en la convivencia entre personas del mismo sexo. Todo lo contrario. Exponer a un niño a un constante modelo de vida contrario a la recta razón afecta su desarrollo moral. Y aún si tal efecto no ocurriera, el deber del Estado no se agota en evitar todo aquello que constituya probadamente causa de un mal, sino también apartar lo que implica ocasión de daño, realizando todas las distinciones pertinentes. No es posible calificar como discriminación arbitraria un proceder justo y prudente: dar al niño lo que es suyo, lo que se ordena a su bien.