Con esta ley, entramos al reino de los países más éticamente subdesarrollados que promueven el nuevo decálogo de los derechos humanos impulsado por la ideología de género imperante de este siglo.  Los que no compartimos lo políticamente correcto del lobby gay y del ateísmo radical seremos quemados en la hoguera de los tribunales populares  o de la prensa ávida de pan y circo.

Este proyecto inició su recorrido hace más de 7 años, bajo el impulso del entonces presidente Lagos, y se paseó por las dos Cámaras en interminables discusiones. El tema es odioso porque si bien todos discriminamos, desde que se tiene uso de razón, el tema está en que la discriminación en las relaciones sociales no puede ser “negativa” o “arbitraria”, por riesgo de faltar a la dignidad del otro. Tomando un ejemplo, no contratar a una persona porque es sorda podría ser injusto, pero justificable a la luz de las habilidades necesarias para realizar un trabajo, ya que sería obvio que esta persona no podría cumplir con lo requerido. Pero ahora con el tema del género u homosexualidad ya no hay justificaciones. Por ejemplo, será considerada discriminación arbitraria el no contratar a un profesor de religión por el solo hecho de que su homosexualidad no es compatible con el trabajo o con las creencias religiosas y principios educacionales del colegio. Lo que para unos sería el legítimo ejercicio de sus libertades fundamentales, para el afectado  puede ser interpretado como discriminación arbitraria.

Según esta ley, la presunción de arbitrariedad negativa de una parte puede terminar en los tribunales y sujeta a la interpretación subjetiva del juez de primera instancia, quien tendrá que develar las intenciones “ocultas” de las decisiones, si es que las hubiese, y castigarlas.

Esta ley además estableció categorías sociales “protegidas”, que se supone podrían sufrir mayor discriminación arbitraria. A la luz de la Constitución parece redundante, ya que ella hace suya estos temas con mucha amplitud de criterio, conforme al principio de igualdad. Esta sabia amplitud permite justamente incluir a todos. Al definir con exactitud categorías protegidas, este proyecto ya discrimina, porque considera que hay personas que merecen más protección que otras.

Pero cuando solicitó esta mayor protección a otro grupo extremadamente vulnerable, incorporando a las categorías protegidas también a los “niños que están por nacer”, esta petición fue denegada. ¿No es ésta una prueba de la misma arbitrariedad que la nueva ley pretende impedir?

Las categorías puestas a la fuerza y que no figuran en nuestro ordenamiento jurídico, las de “identidad de género” y “orientación sexual”, son las que hacen que este proyecto haya sido tan conflictivo desde sus inicios.

La teoría “del mal menor”, o de “ceder para no perderlo todo”

Por la falta de consensos y por ser considerado explícitamente un mal proyecto de ley, parecía estar destinado a desaparecer. Además, el proyecto no solo reconoce como derechos comportamientos no conformes a la naturaleza, sino que además es contrario al bien, común y particular, y por lo tanto, perturba la paz y genera conflictos.

Pero resulta que, contrariamente a la que ha sido la práctica usual de otros gobiernos, el actual hizo suyo el proyecto. Lo retomó con el pretexto de que las “presiones” eran muy fuertes; lo cambió en muchos aspectos, con ánimo de “mejorarlo”. Sin embargo, ningún gobierno retoma proyectos de sus antecesores, sobre todo si son tan conflictivos e ideológicos. Lo que normalmente ocurre es que se archivan, a menos que se esté de acuerdo con el proyecto…

El proyecto “mejorado” fue rápidamente aprobado en el Senado y entró a la Cámara de Diputados.

El Ejecutivo “asumió” que en la Cámara le iban a “manosear” el proyecto, volviendo a la versión original de Lagos, eliminándole las “mejoras” introducidas durante su trámite en el Senado. Para impedirlo, había que apurar la votación.

Según las propias palabras del ministro Chadwick, se aprovechó el caso Zamudio para colocarle suma urgencia, y evitar así que se estancará el proyecto en la Cámara (con el riesgo consecuente de “empeorar”). Pero, también según el ministro, la presión del lobby homosexual se hizo muy fuerte, y el Ejecutivo se “vio obligado” a  hacer concesiones. En los hechos, esto significó un claro empeoramiento del proyecto de ley para quienes lo rechazaban.

El día de la apurada votación, el ministro Chadwick anunció algunos “cambios”: cuatro “vetos” relativos a tres artículos fundamentales del proyecto de ley (1, 2 y 17).

La Cámara votó a favor del proyecto, salvo por tres artículos no trascendentales (3, 6 y 13), los que fueron entregados al estudio de una comisión mixta de senadores y diputados.

En definitiva, el proyecto fue aprobado casi en su totalidad, y sobre él pesaba la “amenaza” del Ejecutivo de imponer cuatro vetos con sustanciales cambios. Está demás decir que el veto presidencial nunca es bienvenido, ya que se ve como una imposición del Ejecutivo. Contra todo reglamento, los famosos “vetos” fueron incorporados por la comisión mixta, que se excedió en sus prerrogativas al hacerlo, pero dejando así el Ejecutivo libre de pecado…

La comisión mixta se reunió para ver las discrepancias secundarias de los artículos 3, 6 y 13. Contra toda previsión, el presidente de la comisión, el senador Hernán Larraín, solicitó escuchar las opiniones de las organizaciones civiles que habían participado del debate del proyecto.

Costó obtener cupos para participar de la audiencia. Las iglesias no intervinieron directamente, pues recibieron la recomendación de no presentarse, por el riesgo de “molestar a los miembros de la comisión” (dicho de paso, todos ellos católicos).

Esta sesión fue vergonzosa. Las siete organizaciones a favor del proyecto tuvieron el doble de tiempo que los que lo rechazaban. Un abogado vino especialmente desde EE.UU. para presentar la experiencia de la aplicación de esta ley en la práctica, pero el senador Larraín lo interrumpió permanentemente durante su corta exposición, que solo duró algo más de tres minutos… El senador también se negó a escuchar por dos minutos los argumentos de un profesor de derecho constitucional, pero permitió que Simonetti y su abogado se alargaran por casi diez, cuando se suponía tenían solo cinco.

En resumen, quedó en evidencia que esta audiencia tenía exclusivamente un propósito comunicacional: poder decir que se escuchó a “todos”… Una total y vergonzosa farsa.

La comisión mixta emitió su informe, pero con una sorpresa: incorporó los famosos “vetos” anunciados previamente por el Ejecutivo, y que obligaban a una reformulación de los artículos 1, 2 y 17 del proyecto. Esto no lo podía hacer la comisión mixta, pues estos artículos ya habían sido votados por ambas Cámaras.

Unos días después se realizó la votación final en la Cámara: solo 16 diputados votaron en contra y dejaron constancia que los cambios NO se podían hacer de esta forma. Y eso sería todo…

Ninguno de cambios fue tomó en consideración los argumentos de quienes se opusieron al proyecto, a pesar de que solo una semana antes quince instituciones de la Red por la Familia habían tenido una reunión con el ministro Chadwick, quien aseguró su compromiso de velar porque también sus reparos fuesen considerados. Nada obtuvimos, porque parece que hoy a quien no se teme no se respeta.

Acto seguido, al día siguiente, sin tomar tiempo para respirar ni menos reflexionar, se sometió el proyecto a votación de los senadores, siendo solo tres los que votaron en contra (Carlos Larraín, José García y Carlos Kuschel).

Los famosos “vetos” empeoraron el proyecto que, en el fondo, volvió a su punto inicial de hace siete años atrás. Lo más relevante se refiere a los dos primeros artículos. En el primero, se volvió a incluir la “implementación de políticas públicas” para prevenir las discriminaciones. En el segundo, donde se enumeran las famosas categorías protegidas, se debilitaron las garantías constitucionales, como las libertades de opinión, expresión, religión y enseñanza.

La persecución no se hizo esperar: al día siguiente el Movilh trató de homofóbico al alcalde Labbé por el solo hecho de hablar del tema y expresar su opinión contraria en un programa de televisión. Inmediatamente fue advertido y amenazado: con la ley promulgada, ya estaría demandado. Eso es lo que pasa en muchos países y que va a pasar acá.

La experiencia de haber vivido todo este largo proceso me impulsó a releer los poemas de Dante sobre los nueve círculos del infierno. Haciendo una analogía con este proyecto de ley, sus impulsores y defensores, de repente me vi envuelta en una reflexión sobre la vertiginosa caída hacia el pecado. Mientras mayor es la conciencia del acto malo, a mayor profundidad se cae. Dante comienza en el primer círculo, el limbo, lugar neutral donde lo bueno y lo malo se funde, donde reinan los apetitos sensibles (para tener, poseer, gozar). Acto seguido se cae mas, con la negación de los principios, de Dios y de la Naturaleza, para seguir teniendo y gozando; se llega al final al noveno círculo, donde están los que pecan (incluso con gusto) con pleno conocimiento, no tanto ya por poseer o gozar, sino porque ya murió la voz de la conciencia, de lo bueno y de lo ético; es el lugar de la traición, donde estaría Judas, el que traicionó con un beso a su amigo. Es el lugar donde Dios ha sido renegado por los que, sumergidos en el orgullo y la soberbia, hundidos en el relativismo, no tienen ni un atisbo de conciencia moral.

Desde esas mismas profundidades fue engendrada esta anti-ley, hija de la mentira y madre del odio.

La carta de la discordia está firmada por el presidente y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, el arzobispo de Westminster Vincent Nichols y el arzobispo de Southpark Peter Smith. Está dirigida a los fieles de Inglaterra y Gales, con motivo de la apertura del plazo de la consulta vía web sobre la propuesta del gobierno británico de legalizar el matrimonio gay.

El objetivo de la carta es “exponer a los fieles la visión católica del matrimonio” –si bien, como luego se explica, la institución matrimonial hunde sus raíces en la naturaleza humana– y “arrojar luz sobre la importancia del matrimonio para la sociedad”.

A explicar lo anterior, los arzobispos dedican casi todo la carta. Sólo al final, en dos párrafos de catorce, extraen la consecuencia lógica: si la institución del matrimonio tiene unos rasgos básicos que ni la Iglesia ni el Estado le han dado, el gobierno no puede cambiar la definición legal del matrimonio. Tal decisión supondría una transformación radical y arbitraria de los fines del matrimonio.

Una “perspectiva equilibrada”

Es de suponer que el ministro de Educación de Gales, Leighton Andrews, no tendría nada que decir sobre un pronunciamiento de los obispos. El problema comenzó cuando el Catholic Education Service (CES), la patronal de los colegios católicos británicos, envió a 385 colegios católicos de secundaria de Inglaterra y Gales y a sus familias: a) la carta pastoral de los dos arzobispos; y b) la sugerencia de firmar, si así lo desean, una petición en contra del matrimonio gay. Entonces fue cuando el ministro Andrews pensó que el CES podría estar vulnerando la Education Act.

En un comunicado hecho público el 8 de mayo, Andrews explica que escribió a los directores de todos los colegios católicos para advertirles que la firma a favor de mantener la definición legal del matrimonio como unión de un hombre y una mujer sólo era válida para los alumnos de 16 o más años, pues los organizadores de la campaña Coalition for Marriage así lo establecen en su web.

Pero sobre todo les da un toque de atención. Dice Andrews que oponerse a la propuesta de un cambio en una ley podría ser considerado un acto político, algo que iría contra la Education Act de 1996 que prohíbe a las escuelas involucrarse en actividades políticas a favor o en contra de algún partido. En cualquier caso, si se trata ante los alumnos un tema político, el ministro recuerda a los directores que tienen el deber legal de exponer de forma “equilibrada” las posturas contrarias a las que defienden.

En realidad, lo que prohíbe la ley es que en las escuelas se hagan actividades o pronunciamientos políticos partidistas. Por eso el CES niega que haya actuado ilegalmente y mantiene que explicar la visión católica del matrimonio es algo estrictamente religioso, no político.

El adoctrinamiento laico, ¿nos hace más neutrales?

La polémica sobre los colegios católicos y el matrimonio llegó a la prensa británica dos semanas antes de que el ministro Andrews escribiera a los directores de los colegios católicos de Gales. El motivo es que algunos medios –como, por el ejemplo, The Guardian– denunciaron el envío de la carta pastoral por parte de el CES y la petición de apoyo a la iniciativa Coalition for Marriage.

Es evidente que si los obispos hubieran dicho que nada es más acorde a la caridad cristiana que abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo, y que merece la pena apoyar esta causa tan noble, estos medios nunca hubieran denunciado el partidismo de los obispos.

Pero como no era así, varios medios británicos difundieron las declaraciones de la British Humanist Association –asociación atea, que es un clásico en estas polémicas– y de otros grupos que acusaron a los colegios católicos de “sectarios” por no apoyar el matrimonio gay; y de imponer el “adoctrinamiento político” a sus alumnos por defender la doctrina católica sobre el matrimonio.

En defensa de los colegios católicos salió el editor de Spiked Brendan O’Neill. Escribe en un blog del Telegraph: “Esto de escandalizarse porque los colegios católicos promueven las bondades del matrimonio de siempre es como si sorprendiera que en un campamento organizado por los Amigos de la Tierra se enseñara a los niños sobre el Armagedón ecológico o porque un colegio judío enseñe que la Torah es una buena lectura. Lo colegios católicos tienen libertad de acción para enseñar la doctrina católica sobre la vida, la sexualidad y el amor. Si no lo hicieran, entonces no serían ‘colegios católicos’; serían simplemente ‘colegios’ (…)”.

“Lo gracioso del asunto es que mientras los laicistas acusan a los colegios católicos de ‘adoctrinar políticamente’ a sus alumnos, el verdadero adoctrinamiento político que está teniendo lugar aquí es el empeño incesante de impedir a los colegios católicos que expongan sus valores a sus alumnos. Este deseo intolerante de forzar a los colegios católicos a que doblen sus rodillas frente al pensamiento dominante –ya sea el ‘sexo seguro’, ya sea el ‘matrimonio entre personas del mismo sexo’– es el martillo con que golpea el adoctrinamiento, intentando borrar del mapa a instituciones que van por ‘mal’ camino y hacerles repetir una y otra vez sus cansinas clases de catecismo [laico]”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Aceprensa, www.aceprensa.com.

Siguiendo el discurso del Papa Benedicto XVI al Cuerpo diplomático, del año pasado, el sociólogo italiano identificó cinco riesgos relacionados con la libertad religiosa. El primero lo constituye la «confusión sobre lo que precisamente es la libertad religiosa: hay una confusión muy común entre la libertad de religión y la libertad de profesar una fe. La última es una parte importante de la libertad religiosa, pero sólo una parte. La libertad religiosa debería incluir la libertad de predicar fuera de las iglesias, de convertir y convertirse sin temor a represalias, de publicar libros o revistas, de evangelizar por radio, televisión e Internet, de abrir escuelas y participar en conversaciones públicas y en política». Introvigne defendió que «la Iglesia no tiene más derechos que nadie de hablar en público de asuntos políticos controvertidos, pero también es cierto que no tiene menos derechos a hacerlo». El segundo riesgo relacionado con la libertad religiosa sería «el intento, por parte del ultra-fundamentalismo islámico, de realizar una limpieza religiosa que eliminaría a los cristianos».

El tercer riesgo lo constituyen las agresiones a cristianos por parte de fundamentalistas hindúes y budistas en general. Y una cuarta amenaza la constituyen «los regímenes comunistas, que hacen difícil la vida de las comunidades religiosas, a veces incluso peligrosa». Y citó a la comunidad católica de China y sus pastores, o los olvidados cristianos de Corea del Norte.

La cristianofobia de Occidente

Por último, el quinto riesgo que amenaza a los cristianos en el mundo se concentra particularmente en Occidente, con el fenómeno de la cristianofobia. Massimo Introvigne denunció que, «en naciones que otorgan gran importancia al pluralismo y la tolerancia, la religión está siendo marginada más y más. Hay una tendencia a considerar la religión como algo insignificante, o incluso desestabilizador, en la sociedad moderna. Y se intenta, prevenir que tenga cualquier influencia en la vida social». Alertó asimismo de que este proceso dé lugar a «incidentes, aparentemente menores, que puedan desencadenar un proceso de violencia». Y puso como ejemplo los ataques a iglesias en España y en Italia; o, siguiendo palabras del Papa, «el ataque que sufren las familias en ciertos países europeos que ordenan la participación obligatoria en cursos de educación sexual y cívica que supuestamente versan sobre una concepción neutral del ser humano y de la vida, pero que realmente reflejan una antropología opuesta a la fe y a la recta razón».

De este modo, identificó una secuencia clara en la cristianofobia occidental: «Primero está la intolerancia, un fenómeno cultural. Segundo, la discriminación, un proceso legal. Y tercero, los crímenes por odio». Para concienciar a la sociedad occidental, Introvigne ha sugerido la celebración de un Día de los mártires cristianos contemporáneos, que podría ser el 7 de mayo. Todo ello, para que la historia de estos hermanos nuestros «sea contada a nuestros hijos en Occidente y a aquellos que la ignoren; y que su memoria pase de generación en generación».

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Alfa y Omega, www.alfayomega.es.

La vida común está llena de buenas intenciones. El infierno también. Un gestor de políticas públicas o emprendimientos privados podrá alegar que tras de cada decisión suya contraria a derecho y moralmente repugnante se esconde el loable propósito de engrandecer a su país, mantener el orden público, hacer más rentable su negocio y dar más trabajo a cesantes. Hitler, Lenin, Stalin vivían convencidos y convencieron a millones de que sus prácticas antihumanas se orientaban al mejor y superior interés de sus connacionales y de los proletarios. Y si lograron deslumbrar y seducir a tantos y por tanto tiempo, fue porque sobreexplotaron el tentador ardid de que cualquier medio se legitima si resulta útil para alcanzar el fin.

El legislador, el sentenciador, el maestro, el confesor ¿pueden excusarse de reprochar el mal ante la sola evidencia o alegación de que sirvió para obtener un bien? El orden jurídico y la preceptiva moral coinciden en adherir a un triángulo sin fisuras: lo bueno, lo lícito, debe ser bueno en la intención, en el objeto y en cada una de las circunstancias. Más aún: la elección de los medios es un criterio verificador de la intención del agente. El axioma maquiavélico (el fin justifica los medios) se contrapone al axioma gandhiano y cristiano: son los medios los que verifican y legitiman el fin.

Nuestro ordenamiento jurídico es particularmente riguroso en exigir la trasparencia de los medios. Información incriminante obtenida mediante violación de garantías constitucionales o preceptos penales está viciada de nulidad y no puede ser considerada por los jueces. Esto vale no sólo para los fiscales del Ministerio Público, a quienes compete exclusivamente la investigación y persecución penal, sino con mayor razón para quienes trabajan en un “medio” de comunicación social y se auto-arrogan la calidad de “justicieros”, con licencia para estigmatizar socialmente a indefensos. Si la sociedad tolera, o incluso alaba  esta “justicia” mediática impartida al margen de la ley, cada ciudadano vivirá en el temor de estar siendo juzgado y condenado por cámaras ocultas de cualquier desconocido o conocido interlocutor. La mejor cámara oculta es la recta conciencia moral, operada solamente por Dios.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Revista Humanitas, www.humanitas.cl.

El Google Instant, por ejemplo, permite optimizar la búsqueda on-line, pero en un modo potencialmente “perverso” por el cual “la respuesta tiende a preceder la pregunta”; así que, más que antes, será importante aprender a formular bien las preguntas, si no se quiere quedar atrapado por los criterios del motor de búsqueda mismo que tiende a anticipar —por lo tanto, a dictar— nuestras intenciones reales. Así, “la búsqueda de sentido no puede resultar motorizada”, observa agudamente Spadaro.

La lógica del don en el user generated content es, también según el autor, compatible con una lógica teológica del don porque el contenido compartido, donado, tiene como recompensa la relación misma. Pero atención: “La relación no produce automáticamente una comunión”. Si se quisiera sintetizar en pocas líneas la sustancia de las incógnitas que surgen del uso cada vez más difundido de la red, se podría condensar todo en esta reflexión de Spadaro: “Conectar y compartir no se identifican con ‘encuentro’, que es una experiencia mucho más comprometida a nivel de relación”.

Es en este punto donde se juega la fiabilidad de todas las teorías sobre los efectos de la red en la socialidad, y por lo tanto también sobre el modo de pensar la fe, en el futuro próximo. Si por un lado se puede estar de acuerdo en el hecho de que la red tiende a amplificar y aumentar nuestras posibilidades de encuentro, por otro es experiencia común la dificultad de “conectarse” con el extraño que se sienta junto a nosotros, tanto en el bar como en el aeropuerto, si este último está concentrado a “relacionarse” con su gadget electrónico (de cualquier naturaleza: tablet, smartphone o notebook).

Y si, citando a Pierre Lévy, es el uso intensivo de utensilios (también tecnológicos) lo que construye la humanidad en cuanto tal, hay que preguntarse por qué entonces se encuentra cada vez a más personas —en cualquier caso ciertamente una minoría— que se distancian de los social network, llegando incluso a anular sus propios perfiles virtuales tras haber experimentado los beneficios, y los “maleficios”, en su equilibrio emotivo y psicológico. Por no hablar del hecho de que aunque a través del uso de instrumentos electrónicos ampliamos indudablemente nuestro perímetro de relación también con personas que residen en el otro lado del planeta, tampoco es experiencia rara encontrar adolescentes que se niegan a intercambiar la propia identidad de Skype. Temen que esas vídeo-llamadas, tan fácilmente al alcance de un click, tan poco “exigentes”, barran con toda la magia que el encuentro físico ha sabido transmitir y que la Maga Tecnología, bajo forma de una interfaz digital, no consigue todavía encaminar ni aún con todos esos millones de bits.

En resumen, la cantidad no hace la sustancia. La barrera tecnológica, no obstante despliegue astronómicas oportunidades de crear relación, puede también transformarse en una “barrera arquitectónica”. El proprio Spadaro, a pesar de las notables esperanzas —e implícitas felicitaciones— que pone en el medio, está obligado a reconocer esta potencial deriva, porque “la simulación golpea a lo real por su amplia potencialidad y su bajo nivel de riesgo, siempre manipulable y reversible”. Pero después se ve obligado a recordar que “el verdadero riesgo en el horizonte es de hecho la alienación, el refugio en un mundo ficticio e indoloro que hacer perder el contacto con la riqueza incomparable de la experiencia ‘irreversible’”

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por L’Osservatore Romano, www.osservatoreromano.va.

A los docentes, directivos y demás trabajadores que se gastan la vida en las aulas y patios educando personas virtuosas, los animo a consolarse sobriamente con las palabras atribuidas al ingenioso hidalgo: “¡Ladran, Sancho!… Señal que cabalgamos”. Reciban esos escupitajos como un galardón más precioso que los puntajes máximos en la PSU y el SIMCE. Paciencia: la verdad, tarde o temprano, va a triunfar.

Y a los responsables del “reality”, les agradeceré tener presente lo que enseña un catedrático de Ciencias de la Comunicación, en una prestigiosa universidad romana: “No hay que confundir la opinión pública con la opinión publicada”. Es cierto: si un perro muerde a un humano, la pobre víctima tendrá que aguantarse en dolor en su ámbito privado. Pero si un humano muerde a un perro, eso sí que es material para nuestros noticieros, llenos de sensacionalismo y emotividad barata. ¿Por qué no van a hacer un verdadero trabajo periodístico a los colegios que instituciones vinculadas a los centros educativos injuriados ayer fomentan, por ejemplo, en la Población El Castillo de La Pintana? A lo mejor no se atreven a internarse por esas calles…

Asimismo superando mareas adversas y vientos contrarios permanece indefectiblemente la antigua Librería Huemul de Buenos Aires (Santa Fe 2237). Verdadero oasis en nuestras tierras americanas, para quienes no se conforman con padecer los tiempos que corren.

Cuando la confusión y la dispersión del pensamiento campean en las mentes y la idolatría de la “novedad” se ha establecido en religión oficial, quizás las bibliotecas y las librerías de viejo sean unos de los pocos lugares en que el legado de nuestros antepasados sobreviva, recordándonos que otra vida es posible. Aquí recordamos a Stefan Zweig, quien dirá que “los libros se escriben (y se difunden) para unir a los seres humanos, y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia: la fugacidad y el olvido.”

Librería de anticuario según el decir argentino, librería de viejo según el chileno, es aún atendido por sus amables dueños, con quienes se gozan largas, sabias y entrañables conversaciones. El amor a la buena literatura y a los bellos libros es una profesión que se conoce y practica en la Librería Huemul.

Cuenta con más de 120.000 títulos de los más variados temas y estilos, pero sobretodo literatura de valía, que no tranza con la mediocridad de moda. (Se puede revisar su extenso catálogo en su página de internet). Además cuenta con varios centenares de obras editadas por la misma librería, entre ellas títulos inéditos y traducciones propias de obras de difícil acceso y de gran calidad. Entre sus obras se cuentan con autores de la talla de Charles Maurras, Hillaire Belloc, Nicolas Berdiaeff, Ramiro de Maeztu, Rafael Sánchez Mazas, Rafael Gambra, Leonardo Castellani, Rubén Calderón, Alberto Caturelli, Jordán Bruno Genta, entre otros muchos. Y entre ellas colecciones de títulos sobre Educación, Teología y Política.

La librería tiene una larga historia de más de 70 años, fue fundada en 1940, que atraviesa gran parte de la historia moderna de Argentina, con sus claros y oscuros. Más aún, parte de esa historia ha pasado por sus vitrinas. Pues, además de salvaguarda de valiosos libros, ha sido un verdadero espacio de difusión cultural del pensamiento tradicional católico. En esta librería se dictaron durante largo tiempo conferencias de grandes pensadores argentinos, entre ellos el sacerdote jesuita Leonardo Castellani, eminente teólogo tomista, el R.P. Julio Meinvielle, el profesor Alberto Caturelli, entre otros. Ya en tiempos sombríos padeció el allanamiento y clausura de la librería, por los autoimpuestos “heraldos de la libertad”, que censuran a los que llaman las cosas por su nombre.

Triste constatar que en nuestro país no exista en la actualidad algún lugar similar a la Librería Huemul. Quizás lo más cercano, haya sido la Librería El Árbol, que perteneciera al historiador Jaime Eyzaguirre, ubicada en calle Moneda y que funcionara por allá en la década del cincuenta, como centro cultural de difusión católica.

Esperamos contra toda esperanza que surja una “Huemul” en Chile, amiga y hermana en la comunión de ideales, de la gran Huemul argentina.

Hay que prepararse para todas las situaciones que habrá que enfrentar desde que entre en vigencia la nueva ley sobre discriminación, ya aprobada con los votos de esa buenas personas que después nunca reconocen el numerito que se mandaron.

Por ahora, sólo por ahora, un pequeño catálogo de unas pocas de las decenas o cientos de situaciones que van a plantearse en la Educación Superior.

Una universidad será denunciada por negarse a contener en sus programas de Medicina la explicación sobre diversos procedimientos para abortar.

Otra será perseguida porque en su Declaración de Principios se establece que los profesores deben respetar determinadas doctrinas y comportarse de tal o cual manera.

Una tercera será acosada porque al momento de resolver un concurso prefirió al mejor postulante y no al que por cuotas de minorías estaba obligada a contratar.

Una cuarta será multada por colocar en su publicidad personas que no cubren la totalidad de los aspectos con que los chilenos nos presentamos al mundo.

Y siga desarrollando su imaginación.

Un profesor será sumariado por suspender el examen oral en el que un alumno contestaba intercalando garabatos entre palabras de alguna lengua civilizada.

Otro deberá repetir el concurso de ayudantes porque no puso más que carteles en su facultad y no los extendió al universo-mundo-cosmos-globo.

Un tercero sufrirá persecución porque usó en clase la expresión “los Malo-malo” para referirse a un equipo al que ahora le hacen de a cinco goles.

Un cuarto deberá modificar su bibliografía obligatoria porque no contempló obras probadamente erróneas o mentirosas, pero políticamente correctas.

¿Estamos irresponsablemente dando con estos ejemplos ideas a quienes saben que la nueva ley es el paraíso de sus desvaríos?

No. Simplemente hay que agudizar la atención y las precauciones, porque la discriminación contra el sentido común viene con todo.

Ay, qué irá pasar por escribir esta columna.

Para lo anterior, se analizaron los datos oficiales del INE sobre mortandad materna entre los años 1957 y 2007, concluyendo que es sobre todo el nivel educacional de la madre el factor que más incide en esta materia. Junto a esto, otros elementos son: el ingreso per cápita, la tasa de fertilidad global, el orden de los nacimientos, la nutrición complementaria para embarazadas y sus hijos en centros de atención primaria y escuelas, el suministro de agua potable, el alcantarillado, y la atención del parto por personal entrenado.

Sin embargo –y para lo que más nos interesa destacar aquí–, también se concluyó que la legislación existente posee un importante papel, pues de manera contraria a lo que suele decirse, en Chile la tasa de mortalidad materna no sólo no aumentó luego que se prohibiera todo tipo de aborto en 1989, sino que contrariamente, continuó disminuyendo.

En realidad, los datos son indesmentibles: si en 1957 morían en Chile 270,7 mujeres a causa del embarazo o del parto por cada 100.000 nacidos vivos, en 2007 esa cifra había disminuido ni más ni menos que a 18,2, o sea, un 93,87%; e incluso en 2008, había vuelto a descender a 16,5, ubicando a Chile como el segundo país con mortalidad materna más baja en América –incluso por encima de Estados Unidos–, después de Canadá.

Para lo anterior, también se consultaron las estadísticas de los restantes países de América, con lo que de paso, se constató que los datos suministrados por la OMS a este respecto son bastante más altos que los señalados por este estudio.

De hecho, agrega este trabajo que actualmente en Chile, las causas más importantes de mortalidad por embarazos y partos se deben sobre todo al retraso de la maternidad, lo que pone a la mujer en un mayor riesgo no por problemas propios del embarazo, sino debido a su edad más avanzada, en particular si se trata del primer hijo.

Lo anterior significa que la relación entre leyes pro aborto y mortalidad materna es un aspecto que debe ser reestudiado, pues hoy tiende a asumirse casi como un dogma que el no tener acceso al aborto legal aumenta la mortalidad materna por embarazos y partos. Un dato no menor, si se recuerda el reciente intento –por ahora rechazado– de implantar el aborto “terapéutico” en nuestro país, aduciendo entre una de sus causas, precisamente, el peligro para la salud o vida de la madre de un embarazo.

En suma, se trata de un importante estudio, que debe ser tomado muy en cuenta al momento de debatir sobre esta controvertida cuestión.

Mediante la carta de un ex canciller chileno publicada en un importante medio de comunicación social, el grupo dio a conocer su compromiso de mantener una acción continua en apoyo a las políticas del gobierno de Cristina Fernández en este tema.

Todo un éxito el del embajador transandino y una muestra de la capacidad y disposición de importantes actores nacionales para movilizarse cuando una causa les interesa y los motiva.

Magallanes por su parte, lleva largo tiempo luchando contra la indiferencia nacional; mirando como es desplazado de su condición de base logística para las operaciones antárticas; resignándose a recibir el turismo sobrante de Ushuaia; arrebatado de sus merecidos títulos como ciudad patagónica por antonomasia;  resistiendo la presión constante de los operadores de turismo de Argentina, –con el enérgico apoyo de sus gobiernos–, para incursionar en los canales, glaciares y recursos turísticos existentes en el territorio nacional y esperando que el gobierno central se decida respecto a las concesiones marítimas que permitirían iniciar una industria de acuicultura importante, entre otras muchas otras aspiraciones fallidas. Pero Magallanes no tiene Amigos que lo pongan en los medios de comunicación, que difundan sus argumentos y que promuevan sus aspiraciones.

La violenta crisis política que produjo el aumento sorpresivo del precio del gas en Punta Arenas, –consecuencia de una decisión tomada en una oficina del centro de Santiago en base a sólidos argumentos económicos pero desconectada de la realidad política y social de la región–, puso de relieve esta orfandad y carencia de amigos.

El inicio de la solución de los problemas que enervan el desarrollo austral descansa en la construcción de un muelle de pasajeros decente y funcional en Punta Arenas, otro en Puerto Williams y un aeropuerto de verdad en la Isla Navarino, peticiones modestas si las comparamos con los gastos que implican obras como el puente de Chiloé, el Transantiago, el Metro de Santiago o el fallido tren a Puerto Montt. La Antártica y Magallanes son una sola unidad geográfica y política, no puede haber una política antártica autónoma o independiente de la política de desarrollo de Magallanes y ambas pasan, ineludiblemente, por la conectividad entre ambas partes, con el resto del país y con el mundo.

¿Para qué teníamos tanto interés en conservar esas islas bajo la soberanía nacional si las hemos dejado en el olvido y siguen vegetando entre el desinterés que la administración central muestra respecto a lo que no ve ni conoce y la carencia de amigos organizados?. Miles de marinos, soldados y aviadores, miles de ciudadanos puntarenenses estuvieron listos a dar sus vidas por esos territorios y ¿para qué?, ¿para que sean explotados desde Ushuaia?

Que no se diga que no hay dinero, lo que no hay son prioridades justas: expertos viales sostiene que se necesita una inversión de aproximadamente US 2.000 millones para “mitigar” los efectos viales de un edificio recientemente edificado en lo que se conoce como Sanhattan, y la inversión se hará, ¿alguien tiene alguna duda?. No importa que esa obra sea el resultado de un proyecto aprobado sin considerar seriamente sus efectos en el tránsito vehicular, ni que se trate de una iniciativa de un particular. En realidad Santiago no habría sufrido ningún menoscabo si la construcción no se hubiera llevado a cabo. En breve, esos US 2.000 millones son “un gusto caro” de la hacienda chilena; sin embargo, para apoyar el desarrollo normal de Magallanes no hay recursos.

En medio de la crisis de Aysén un periódico publicó una infografía que sería risible si no fuera insultante. Aseguraba que la inversión pública per cápita en Aysén era la más alta de Chile así es que no tenían de que quejarse. Si en Puerto Aysén o en Magallanes se adquiere un bus para llevar pasajeros, lo más probable es que durante un día transporte menos pasajeros que en Santiago, pero, ¿significa eso que dado que los ayseninos son pocos deberían movilizarse a caballo?. Es de Perogrullo que si no hay transporte público, la población difícilmente aumente para hacer más eficiente la inversión. La inversión genera actividad económica y ella trae población; es el “círculo virtuoso” del desarrollo.

La respuesta santiaguina: ¡Váyanse a vivir a Santiago!. Ahí está todo: poder político, económico, recursos financieros y masas capaces de gritar sus frustraciones.

La vida en Magallanes es dura, el clima no es fácil, el esfuerzo constante cansa, el costo de vida es alto, no hay buenos servicios de salud y si muchos otros inconvenientes, pero hay muchas personas que insisten y siguen ahí, haciéndose cargo de las dificultades siguen adelante, cargan con lo malo sin reclamar, sin embargo, cuando aparece una oportunidad que les permite avanzar, que compense sus sacrificios y “empareje la cancha” respecto a los chilenos de otras latitudes, entonces sus intereses son pospuestos, dejados de lado y sin ni una explicación se les priva de aprovecharla. Fue el caso de la ganadería y luego del petróleo, la plata fue a contribuir al desarrollo “nacional”, que incluye marginalmente a esa región.

Ahora tenemos el caso de la explotación petrolera en Las Islas. Después de muchos años, surge una gran oportunidad para que Magallanes avance y se consolide como centro logístico e industrial petrolero, pero se les impide hacerlo. Chile prioriza la buena voluntad con el gobierno de Fernández; sus Amigos se organizan y se mueven; los organismos gubernamentales centrales desconocen la realidad y las decisiones se toman con una perspectiva del “valle central”. En Chile se desconoce la relación comercial y familiar entre Las Islas y Punta Arenas; se ignora que tan pronto como comience la explotación de los recursos petroleros, habrá una migración de trabajadores especializados magallánicos que aumentará la ya importante población nacional en Las Islas; se menosprecia la importancia y magnitud de la base industrial y logística para la industria del petróleo costa–afuera ya existente en esa región. Es difícil competir con un brazo amarrado.

En Argentina se viene un drama económico mayor y para conjurarlo se levantan vientos nacionalistas. Cuando el conflicto con Gran Bretaña quedó congelado en Cartagena por falta de apoyo regional, el gobierno de Cristina Fernández levantó otra causa patriotera, “poner fin al vaciamiento que YPF hacía del petróleo argentino” ¿Qué viene después?. Imposible adelantarse a la creatividad transandina. Este es el camino que siguió Galtieri y terminó en guerra.

Enap, empresa estatal chilena, “de todos los chilenos” como gustan de decir algunos, en esta pasada de chovinismo está perdiendo 47 millones de dólares invertidos en Argentina. Según el Ministro de energía, las peticiones que planteará Chile en Buenos Aires es altamente probable que sean desatendidas. Peor aún, en la eventualidad de que Argentina conceda algo a Chile, no es seguro que a lo que se comprometa hoy lo cumpla mañana. Ya tenemos experiencia en ello, basta con recordar el episodio del gas.

Y mientras tanto, los chilenos siguen solidarizando con la aspiración argentina sobre las Islas y no solo en el ámbito político donde todos los países lo hacen ya que es gratis, sino también sacrificando la oportunidad de dar a Magallanes la oportunidad de crecer y potenciarse económicamente. Pareciera que Magallanes no solo no tuviera amigos, sino que estuviera rodeada de enemigos.

¿No estaremos haciendo el loco?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera, http://blog.latercera.com.