Es claro que el sistema actual pareciera en algunos aspectos no dar más de sí. No me refiero al sistema binominal. No estoy abogando por un cambio del binominal otro proporcional. El asunto no está en el hecho de si necesitamos mayor representatividad o mayor estabilidad. Es claro que, según la teoría democrática, el sistema proporcional mejora la representatividad. Pero también es claro que aumenta la inestabilidad al entregarle la llave de los acuerdos a los extremos del arco político. Considerando, además que los extremos existentes en Chile son nada más que de una izquierda radical –no digo que si hubiese un extremo de derecha fuese mejor–, tironeada por el odio, la ideología y la política de eslóganes, podemos adivinar que el cambio a tal sistema no traería nada bueno. Por otro lado, si el sistema binominal ha traído una estabilidad política, está no ha sido más que formal. Chile ha sufrido desde 1990 hasta hoy un continuo tránsito hacia el proyecto político liberal-socialista. No hay más que tomar los dichos de muchos políticos de derecha de hace veinte años atrás y compararlos con los de esos mismos políticos hoy día. Hoy se han casado con muchas de las tesis y políticas que hace un par de décadas no hubiesen aceptado ni por error. En este sentido, bajo una apariencia de estabilidad, Chile ha ido descristianizándose y desnaturalizándose en muchos bienes sin los cuales no se entiende su historia (cuando decimos historia, no decimos sólo pasado, sino fundamentalmente el presente tradicional, es decir, el ser que le corresponde y debe tener).

No se trata entonces de un sistema binominal o proporcional. Se trata de encontrar una forma política que nos permita apegarnos más a nuestra tradición histórica. Aunque no hay ningún sistema que asegure tal cosa, sí están aquellos que parecieran ser mejores en orden a ese fin. Sea cual sea el sistema, me parece que debe cumplir ciertas condiciones:

1. Acercar a las personas a sus sociedades particulares naturales. La familia, el barrio, la ciudad, la región, las corporaciones profesionales. En ellas se juega el bien humano más directamente y por eso todos son más reacios a vivir de abstracciones y a aceptar soluciones espectaculares en el papel pero desastrosas en la realidad. El sentido común sobre lo que es bueno o malo está algo más a flor de piel.
2. Lo anterior supone necesariamente descentralizar el poder: en sus dimensiones legislativa, administrativa y ejecutiva –incluyendo la económica–, y judicial. Hay que dar mayor espacio a órdenes particulares y terminar con el centralismo agobiante y totalitario en el que vivimos.
3. Junto con lo anterior hay que velar para que esos órdenes particulares no se disgreguen en una multitud inarmónica y finalmente autodestructiva. El bien de cada parte no debe dejar de entenderse a la luz de su participación en un mismo bien común  de mayor universalidad que se ha ido tejiendo a lo largo de nuestros casi quinientos años de historia –y no, ¡por favor!, doscientos.
4. Los tres puntos anteriores pasan por un cuarto, pues es, me parece, condición de posibilidad para que se verifiquen: me refiero a la necesidad de terminar de una buena vez con el monopolio del poder que han tenido los partidos políticos. La representación no puede estar más catalizada en ellos, pues, desde hace tiempo, si es que alguna vez no lo fueron, están convertidos en oligarquías cuya única lógica es la de mantener y acrecentar su poder. Los partidos parecieran interesarse casi sólo en aquello que les permita asegurar la siguiente elección: si para eso hay que votar leyes inicuas o inútiles, si para eso hay que bailar en un programa de farándula o vestirse de puta, si para eso hay que llenar los espacios en los medios de comunicación diciendo nada, entonces,… allí están. Probablemente la mala evaluación de los partidos políticos tiene que ver con esto. El ciudadano de a pie tiene la peor impresión de la clase política no por falta de información o porque sea alguien negativo. La tiene porque se da cuenta que en Chile hay un mundo real y arriba una costra política que discurren, al menos, por caminos paralelos que, entonces, nunca se topan.

El problema es que una reforma así, que termine con este monopolio del poder, debe pasar precisamente por aquellos que se han encargado de monopolizarlo. Como tal cosa no parece posible, podemos augurar que nuestro futuro no estará exento de explosiones populares –y ocupo este término en el mejor de sus sentidos– más o menos grandes. Ojalá todas ellas sean usen medios legítimos y estén movidas por la justicia… aunque tal cosa sea imposible de asegurar.

Con esta ley, entramos al reino de los países más éticamente subdesarrollados que promueven el nuevo decálogo de los derechos humanos impulsado por la ideología de género imperante de este siglo.  Los que no compartimos lo políticamente correcto del lobby gay y del ateísmo radical seremos quemados en la hoguera de los tribunales populares  o de la prensa ávida de pan y circo.

Este proyecto inició su recorrido hace más de 7 años, bajo el impulso del entonces presidente Lagos, y se paseó por las dos Cámaras en interminables discusiones. El tema es odioso porque si bien todos discriminamos, desde que se tiene uso de razón, el tema está en que la discriminación en las relaciones sociales no puede ser “negativa” o “arbitraria”, por riesgo de faltar a la dignidad del otro. Tomando un ejemplo, no contratar a una persona porque es sorda podría ser injusto, pero justificable a la luz de las habilidades necesarias para realizar un trabajo, ya que sería obvio que esta persona no podría cumplir con lo requerido. Pero ahora con el tema del género u homosexualidad ya no hay justificaciones. Por ejemplo, será considerada discriminación arbitraria el no contratar a un profesor de religión por el solo hecho de que su homosexualidad no es compatible con el trabajo o con las creencias religiosas y principios educacionales del colegio. Lo que para unos sería el legítimo ejercicio de sus libertades fundamentales, para el afectado  puede ser interpretado como discriminación arbitraria.

Según esta ley, la presunción de arbitrariedad negativa de una parte puede terminar en los tribunales y sujeta a la interpretación subjetiva del juez de primera instancia, quien tendrá que develar las intenciones “ocultas” de las decisiones, si es que las hubiese, y castigarlas.

Esta ley además estableció categorías sociales “protegidas”, que se supone podrían sufrir mayor discriminación arbitraria. A la luz de la Constitución parece redundante, ya que ella hace suya estos temas con mucha amplitud de criterio, conforme al principio de igualdad. Esta sabia amplitud permite justamente incluir a todos. Al definir con exactitud categorías protegidas, este proyecto ya discrimina, porque considera que hay personas que merecen más protección que otras.

Pero cuando solicitó esta mayor protección a otro grupo extremadamente vulnerable, incorporando a las categorías protegidas también a los “niños que están por nacer”, esta petición fue denegada. ¿No es ésta una prueba de la misma arbitrariedad que la nueva ley pretende impedir?

Las categorías puestas a la fuerza y que no figuran en nuestro ordenamiento jurídico, las de “identidad de género” y “orientación sexual”, son las que hacen que este proyecto haya sido tan conflictivo desde sus inicios.

La teoría “del mal menor”, o de “ceder para no perderlo todo”

Por la falta de consensos y por ser considerado explícitamente un mal proyecto de ley, parecía estar destinado a desaparecer. Además, el proyecto no solo reconoce como derechos comportamientos no conformes a la naturaleza, sino que además es contrario al bien, común y particular, y por lo tanto, perturba la paz y genera conflictos.

Pero resulta que, contrariamente a la que ha sido la práctica usual de otros gobiernos, el actual hizo suyo el proyecto. Lo retomó con el pretexto de que las “presiones” eran muy fuertes; lo cambió en muchos aspectos, con ánimo de “mejorarlo”. Sin embargo, ningún gobierno retoma proyectos de sus antecesores, sobre todo si son tan conflictivos e ideológicos. Lo que normalmente ocurre es que se archivan, a menos que se esté de acuerdo con el proyecto…

El proyecto “mejorado” fue rápidamente aprobado en el Senado y entró a la Cámara de Diputados.

El Ejecutivo “asumió” que en la Cámara le iban a “manosear” el proyecto, volviendo a la versión original de Lagos, eliminándole las “mejoras” introducidas durante su trámite en el Senado. Para impedirlo, había que apurar la votación.

Según las propias palabras del ministro Chadwick, se aprovechó el caso Zamudio para colocarle suma urgencia, y evitar así que se estancará el proyecto en la Cámara (con el riesgo consecuente de “empeorar”). Pero, también según el ministro, la presión del lobby homosexual se hizo muy fuerte, y el Ejecutivo se “vio obligado” a  hacer concesiones. En los hechos, esto significó un claro empeoramiento del proyecto de ley para quienes lo rechazaban.

El día de la apurada votación, el ministro Chadwick anunció algunos “cambios”: cuatro “vetos” relativos a tres artículos fundamentales del proyecto de ley (1, 2 y 17).

La Cámara votó a favor del proyecto, salvo por tres artículos no trascendentales (3, 6 y 13), los que fueron entregados al estudio de una comisión mixta de senadores y diputados.

En definitiva, el proyecto fue aprobado casi en su totalidad, y sobre él pesaba la “amenaza” del Ejecutivo de imponer cuatro vetos con sustanciales cambios. Está demás decir que el veto presidencial nunca es bienvenido, ya que se ve como una imposición del Ejecutivo. Contra todo reglamento, los famosos “vetos” fueron incorporados por la comisión mixta, que se excedió en sus prerrogativas al hacerlo, pero dejando así el Ejecutivo libre de pecado…

La comisión mixta se reunió para ver las discrepancias secundarias de los artículos 3, 6 y 13. Contra toda previsión, el presidente de la comisión, el senador Hernán Larraín, solicitó escuchar las opiniones de las organizaciones civiles que habían participado del debate del proyecto.

Costó obtener cupos para participar de la audiencia. Las iglesias no intervinieron directamente, pues recibieron la recomendación de no presentarse, por el riesgo de “molestar a los miembros de la comisión” (dicho de paso, todos ellos católicos).

Esta sesión fue vergonzosa. Las siete organizaciones a favor del proyecto tuvieron el doble de tiempo que los que lo rechazaban. Un abogado vino especialmente desde EE.UU. para presentar la experiencia de la aplicación de esta ley en la práctica, pero el senador Larraín lo interrumpió permanentemente durante su corta exposición, que solo duró algo más de tres minutos… El senador también se negó a escuchar por dos minutos los argumentos de un profesor de derecho constitucional, pero permitió que Simonetti y su abogado se alargaran por casi diez, cuando se suponía tenían solo cinco.

En resumen, quedó en evidencia que esta audiencia tenía exclusivamente un propósito comunicacional: poder decir que se escuchó a “todos”… Una total y vergonzosa farsa.

La comisión mixta emitió su informe, pero con una sorpresa: incorporó los famosos “vetos” anunciados previamente por el Ejecutivo, y que obligaban a una reformulación de los artículos 1, 2 y 17 del proyecto. Esto no lo podía hacer la comisión mixta, pues estos artículos ya habían sido votados por ambas Cámaras.

Unos días después se realizó la votación final en la Cámara: solo 16 diputados votaron en contra y dejaron constancia que los cambios NO se podían hacer de esta forma. Y eso sería todo…

Ninguno de cambios fue tomó en consideración los argumentos de quienes se opusieron al proyecto, a pesar de que solo una semana antes quince instituciones de la Red por la Familia habían tenido una reunión con el ministro Chadwick, quien aseguró su compromiso de velar porque también sus reparos fuesen considerados. Nada obtuvimos, porque parece que hoy a quien no se teme no se respeta.

Acto seguido, al día siguiente, sin tomar tiempo para respirar ni menos reflexionar, se sometió el proyecto a votación de los senadores, siendo solo tres los que votaron en contra (Carlos Larraín, José García y Carlos Kuschel).

Los famosos “vetos” empeoraron el proyecto que, en el fondo, volvió a su punto inicial de hace siete años atrás. Lo más relevante se refiere a los dos primeros artículos. En el primero, se volvió a incluir la “implementación de políticas públicas” para prevenir las discriminaciones. En el segundo, donde se enumeran las famosas categorías protegidas, se debilitaron las garantías constitucionales, como las libertades de opinión, expresión, religión y enseñanza.

La persecución no se hizo esperar: al día siguiente el Movilh trató de homofóbico al alcalde Labbé por el solo hecho de hablar del tema y expresar su opinión contraria en un programa de televisión. Inmediatamente fue advertido y amenazado: con la ley promulgada, ya estaría demandado. Eso es lo que pasa en muchos países y que va a pasar acá.

La experiencia de haber vivido todo este largo proceso me impulsó a releer los poemas de Dante sobre los nueve círculos del infierno. Haciendo una analogía con este proyecto de ley, sus impulsores y defensores, de repente me vi envuelta en una reflexión sobre la vertiginosa caída hacia el pecado. Mientras mayor es la conciencia del acto malo, a mayor profundidad se cae. Dante comienza en el primer círculo, el limbo, lugar neutral donde lo bueno y lo malo se funde, donde reinan los apetitos sensibles (para tener, poseer, gozar). Acto seguido se cae mas, con la negación de los principios, de Dios y de la Naturaleza, para seguir teniendo y gozando; se llega al final al noveno círculo, donde están los que pecan (incluso con gusto) con pleno conocimiento, no tanto ya por poseer o gozar, sino porque ya murió la voz de la conciencia, de lo bueno y de lo ético; es el lugar de la traición, donde estaría Judas, el que traicionó con un beso a su amigo. Es el lugar donde Dios ha sido renegado por los que, sumergidos en el orgullo y la soberbia, hundidos en el relativismo, no tienen ni un atisbo de conciencia moral.

Desde esas mismas profundidades fue engendrada esta anti-ley, hija de la mentira y madre del odio.

No había cruzado una palabra nunca antes con él. Y, por cierto, tenía grabada en mi memoria y en mis convicciones su imagen rupturista La sigo teniendo, pero de un modo muy diverso.

Miguel Ángel Solar es historia de Chile en cuanto presidente de aquella FEUC y es presente en Chile en cuanto abnegado médico con largas décadas de ejercicio en comunidades rurales e indígenas de la Novena región.

Asistió invitado a un debate sobre Gobierno universitario: era la estrella en torno a la cual debíamos girar Alfredo Jocelyn-Holt, Noam Titelman (actual presidente de la Federación de estudiantes) y el suscrito. Todos esperábamos de él tanto la defensa de aquella ruptura histórica como la promoción de criterios para la actual contingencia.

Más de 350 estudiantes miraban al ícono, al casi Cohn-Bendit chileno.

Unos pensábamos que sería hueso duro de roer, ya que nunca hemos compartido su acción del 67; otros venían a beber de sus experiencias para potenciar unas consignas estudiantiles cada día menos vitales.

Sorpresa total para todos.

Miguel Ángel Solar inició su intervención citando un texto de Jaime Guzmán E., con el que dijo estar en completo acuerdo y, después, se explayó en una serena y lúcida defensa del trabajo comunitario y participativo en la medicina rural. El gobierno universitario apareció marginalmente, casi como cuestión de otro foro.

Consultado al final sobre si animaría o no a los actuales estudiantes a repetir una toma, fue aún más sencillo y claro. “Dejé de ser dirigente estudiantil hace más de 40 años”, acotó, y agregó que por favor no lo invitaran a la conmemoración de los 45 años de la toma; que él prefería invitar a Titelman a Temuco, porque “la Católica necesita conocer Temuco también”.

Estupor completo.

Nos habíamos encontrado con un hombre maduro, servicial, cordial, ponderado, alejado de las consignas del cogobierno y de la democratización.

Es lo mismo que le pasa a todos aquellos dirigentes que se incorporan después a la vida universitaria propiamente tal y que, una vez convertidos en jóvenes profesores, entienden a cabalidad la necesidad de custodiar y desarrollar formas jerárquicas de gobierno académico.

Gracias Miguel Ángel Solar; no nos vemos en agosto.

La carta de la discordia está firmada por el presidente y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, el arzobispo de Westminster Vincent Nichols y el arzobispo de Southpark Peter Smith. Está dirigida a los fieles de Inglaterra y Gales, con motivo de la apertura del plazo de la consulta vía web sobre la propuesta del gobierno británico de legalizar el matrimonio gay.

El objetivo de la carta es “exponer a los fieles la visión católica del matrimonio” –si bien, como luego se explica, la institución matrimonial hunde sus raíces en la naturaleza humana– y “arrojar luz sobre la importancia del matrimonio para la sociedad”.

A explicar lo anterior, los arzobispos dedican casi todo la carta. Sólo al final, en dos párrafos de catorce, extraen la consecuencia lógica: si la institución del matrimonio tiene unos rasgos básicos que ni la Iglesia ni el Estado le han dado, el gobierno no puede cambiar la definición legal del matrimonio. Tal decisión supondría una transformación radical y arbitraria de los fines del matrimonio.

Una “perspectiva equilibrada”

Es de suponer que el ministro de Educación de Gales, Leighton Andrews, no tendría nada que decir sobre un pronunciamiento de los obispos. El problema comenzó cuando el Catholic Education Service (CES), la patronal de los colegios católicos británicos, envió a 385 colegios católicos de secundaria de Inglaterra y Gales y a sus familias: a) la carta pastoral de los dos arzobispos; y b) la sugerencia de firmar, si así lo desean, una petición en contra del matrimonio gay. Entonces fue cuando el ministro Andrews pensó que el CES podría estar vulnerando la Education Act.

En un comunicado hecho público el 8 de mayo, Andrews explica que escribió a los directores de todos los colegios católicos para advertirles que la firma a favor de mantener la definición legal del matrimonio como unión de un hombre y una mujer sólo era válida para los alumnos de 16 o más años, pues los organizadores de la campaña Coalition for Marriage así lo establecen en su web.

Pero sobre todo les da un toque de atención. Dice Andrews que oponerse a la propuesta de un cambio en una ley podría ser considerado un acto político, algo que iría contra la Education Act de 1996 que prohíbe a las escuelas involucrarse en actividades políticas a favor o en contra de algún partido. En cualquier caso, si se trata ante los alumnos un tema político, el ministro recuerda a los directores que tienen el deber legal de exponer de forma “equilibrada” las posturas contrarias a las que defienden.

En realidad, lo que prohíbe la ley es que en las escuelas se hagan actividades o pronunciamientos políticos partidistas. Por eso el CES niega que haya actuado ilegalmente y mantiene que explicar la visión católica del matrimonio es algo estrictamente religioso, no político.

El adoctrinamiento laico, ¿nos hace más neutrales?

La polémica sobre los colegios católicos y el matrimonio llegó a la prensa británica dos semanas antes de que el ministro Andrews escribiera a los directores de los colegios católicos de Gales. El motivo es que algunos medios –como, por el ejemplo, The Guardian– denunciaron el envío de la carta pastoral por parte de el CES y la petición de apoyo a la iniciativa Coalition for Marriage.

Es evidente que si los obispos hubieran dicho que nada es más acorde a la caridad cristiana que abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo, y que merece la pena apoyar esta causa tan noble, estos medios nunca hubieran denunciado el partidismo de los obispos.

Pero como no era así, varios medios británicos difundieron las declaraciones de la British Humanist Association –asociación atea, que es un clásico en estas polémicas– y de otros grupos que acusaron a los colegios católicos de “sectarios” por no apoyar el matrimonio gay; y de imponer el “adoctrinamiento político” a sus alumnos por defender la doctrina católica sobre el matrimonio.

En defensa de los colegios católicos salió el editor de Spiked Brendan O’Neill. Escribe en un blog del Telegraph: “Esto de escandalizarse porque los colegios católicos promueven las bondades del matrimonio de siempre es como si sorprendiera que en un campamento organizado por los Amigos de la Tierra se enseñara a los niños sobre el Armagedón ecológico o porque un colegio judío enseñe que la Torah es una buena lectura. Lo colegios católicos tienen libertad de acción para enseñar la doctrina católica sobre la vida, la sexualidad y el amor. Si no lo hicieran, entonces no serían ‘colegios católicos’; serían simplemente ‘colegios’ (…)”.

“Lo gracioso del asunto es que mientras los laicistas acusan a los colegios católicos de ‘adoctrinar políticamente’ a sus alumnos, el verdadero adoctrinamiento político que está teniendo lugar aquí es el empeño incesante de impedir a los colegios católicos que expongan sus valores a sus alumnos. Este deseo intolerante de forzar a los colegios católicos a que doblen sus rodillas frente al pensamiento dominante –ya sea el ‘sexo seguro’, ya sea el ‘matrimonio entre personas del mismo sexo’– es el martillo con que golpea el adoctrinamiento, intentando borrar del mapa a instituciones que van por ‘mal’ camino y hacerles repetir una y otra vez sus cansinas clases de catecismo [laico]”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Aceprensa, www.aceprensa.com.

Siguiendo el discurso del Papa Benedicto XVI al Cuerpo diplomático, del año pasado, el sociólogo italiano identificó cinco riesgos relacionados con la libertad religiosa. El primero lo constituye la «confusión sobre lo que precisamente es la libertad religiosa: hay una confusión muy común entre la libertad de religión y la libertad de profesar una fe. La última es una parte importante de la libertad religiosa, pero sólo una parte. La libertad religiosa debería incluir la libertad de predicar fuera de las iglesias, de convertir y convertirse sin temor a represalias, de publicar libros o revistas, de evangelizar por radio, televisión e Internet, de abrir escuelas y participar en conversaciones públicas y en política». Introvigne defendió que «la Iglesia no tiene más derechos que nadie de hablar en público de asuntos políticos controvertidos, pero también es cierto que no tiene menos derechos a hacerlo». El segundo riesgo relacionado con la libertad religiosa sería «el intento, por parte del ultra-fundamentalismo islámico, de realizar una limpieza religiosa que eliminaría a los cristianos».

El tercer riesgo lo constituyen las agresiones a cristianos por parte de fundamentalistas hindúes y budistas en general. Y una cuarta amenaza la constituyen «los regímenes comunistas, que hacen difícil la vida de las comunidades religiosas, a veces incluso peligrosa». Y citó a la comunidad católica de China y sus pastores, o los olvidados cristianos de Corea del Norte.

La cristianofobia de Occidente

Por último, el quinto riesgo que amenaza a los cristianos en el mundo se concentra particularmente en Occidente, con el fenómeno de la cristianofobia. Massimo Introvigne denunció que, «en naciones que otorgan gran importancia al pluralismo y la tolerancia, la religión está siendo marginada más y más. Hay una tendencia a considerar la religión como algo insignificante, o incluso desestabilizador, en la sociedad moderna. Y se intenta, prevenir que tenga cualquier influencia en la vida social». Alertó asimismo de que este proceso dé lugar a «incidentes, aparentemente menores, que puedan desencadenar un proceso de violencia». Y puso como ejemplo los ataques a iglesias en España y en Italia; o, siguiendo palabras del Papa, «el ataque que sufren las familias en ciertos países europeos que ordenan la participación obligatoria en cursos de educación sexual y cívica que supuestamente versan sobre una concepción neutral del ser humano y de la vida, pero que realmente reflejan una antropología opuesta a la fe y a la recta razón».

De este modo, identificó una secuencia clara en la cristianofobia occidental: «Primero está la intolerancia, un fenómeno cultural. Segundo, la discriminación, un proceso legal. Y tercero, los crímenes por odio». Para concienciar a la sociedad occidental, Introvigne ha sugerido la celebración de un Día de los mártires cristianos contemporáneos, que podría ser el 7 de mayo. Todo ello, para que la historia de estos hermanos nuestros «sea contada a nuestros hijos en Occidente y a aquellos que la ignoren; y que su memoria pase de generación en generación».

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Alfa y Omega, www.alfayomega.es.

Hay que prepararse para todas las situaciones que habrá que enfrentar desde que entre en vigencia la nueva ley sobre discriminación, ya aprobada con los votos de esa buenas personas que después nunca reconocen el numerito que se mandaron.

Por ahora, sólo por ahora, un pequeño catálogo de unas pocas de las decenas o cientos de situaciones que van a plantearse en la Educación Superior.

Una universidad será denunciada por negarse a contener en sus programas de Medicina la explicación sobre diversos procedimientos para abortar.

Otra será perseguida porque en su Declaración de Principios se establece que los profesores deben respetar determinadas doctrinas y comportarse de tal o cual manera.

Una tercera será acosada porque al momento de resolver un concurso prefirió al mejor postulante y no al que por cuotas de minorías estaba obligada a contratar.

Una cuarta será multada por colocar en su publicidad personas que no cubren la totalidad de los aspectos con que los chilenos nos presentamos al mundo.

Y siga desarrollando su imaginación.

Un profesor será sumariado por suspender el examen oral en el que un alumno contestaba intercalando garabatos entre palabras de alguna lengua civilizada.

Otro deberá repetir el concurso de ayudantes porque no puso más que carteles en su facultad y no los extendió al universo-mundo-cosmos-globo.

Un tercero sufrirá persecución porque usó en clase la expresión “los Malo-malo” para referirse a un equipo al que ahora le hacen de a cinco goles.

Un cuarto deberá modificar su bibliografía obligatoria porque no contempló obras probadamente erróneas o mentirosas, pero políticamente correctas.

¿Estamos irresponsablemente dando con estos ejemplos ideas a quienes saben que la nueva ley es el paraíso de sus desvaríos?

No. Simplemente hay que agudizar la atención y las precauciones, porque la discriminación contra el sentido común viene con todo.

Ay, qué irá pasar por escribir esta columna.

Para lo anterior, se analizaron los datos oficiales del INE sobre mortandad materna entre los años 1957 y 2007, concluyendo que es sobre todo el nivel educacional de la madre el factor que más incide en esta materia. Junto a esto, otros elementos son: el ingreso per cápita, la tasa de fertilidad global, el orden de los nacimientos, la nutrición complementaria para embarazadas y sus hijos en centros de atención primaria y escuelas, el suministro de agua potable, el alcantarillado, y la atención del parto por personal entrenado.

Sin embargo –y para lo que más nos interesa destacar aquí–, también se concluyó que la legislación existente posee un importante papel, pues de manera contraria a lo que suele decirse, en Chile la tasa de mortalidad materna no sólo no aumentó luego que se prohibiera todo tipo de aborto en 1989, sino que contrariamente, continuó disminuyendo.

En realidad, los datos son indesmentibles: si en 1957 morían en Chile 270,7 mujeres a causa del embarazo o del parto por cada 100.000 nacidos vivos, en 2007 esa cifra había disminuido ni más ni menos que a 18,2, o sea, un 93,87%; e incluso en 2008, había vuelto a descender a 16,5, ubicando a Chile como el segundo país con mortalidad materna más baja en América –incluso por encima de Estados Unidos–, después de Canadá.

Para lo anterior, también se consultaron las estadísticas de los restantes países de América, con lo que de paso, se constató que los datos suministrados por la OMS a este respecto son bastante más altos que los señalados por este estudio.

De hecho, agrega este trabajo que actualmente en Chile, las causas más importantes de mortalidad por embarazos y partos se deben sobre todo al retraso de la maternidad, lo que pone a la mujer en un mayor riesgo no por problemas propios del embarazo, sino debido a su edad más avanzada, en particular si se trata del primer hijo.

Lo anterior significa que la relación entre leyes pro aborto y mortalidad materna es un aspecto que debe ser reestudiado, pues hoy tiende a asumirse casi como un dogma que el no tener acceso al aborto legal aumenta la mortalidad materna por embarazos y partos. Un dato no menor, si se recuerda el reciente intento –por ahora rechazado– de implantar el aborto “terapéutico” en nuestro país, aduciendo entre una de sus causas, precisamente, el peligro para la salud o vida de la madre de un embarazo.

En suma, se trata de un importante estudio, que debe ser tomado muy en cuenta al momento de debatir sobre esta controvertida cuestión.

Lo que a veces ha ensombrecido al movimiento estudiantil es cierta monotonía en su discurso. La imaginación alegre, la multiplicidad de colores, el pluralismo de tendencias, edades y orígenes que muestran las manifestaciones, han contrastado con lo monocolor de las propuestas, que muchas veces no salen del eslogan: “Educación pública, laica y gratuita”.

Me parece que el discurso no ha estado siempre a la altura de la estética de las marchas.

Alguien podría replicar: ¿Pero no ha ocurrido siempre que los movimientos sociales se han movilizado tras consignas monótonas, pues son ellas –y no los complejos discursos– las únicas capaces de movilizar?

Es cierto, pero sólo en parte.

Mayo de 1968, París: Le Nouvel Observateur publica un diálogo entre Daniel Cohn-Bendit, líder estudiantil, y Jean-Paul Sartre, el reputado filósofo. Es allí, en medio de ese diálogo, que aparece el lema “la imaginación al poder”. Sartre, Marcuse, de Beauvoir, Ionesco, Eliade, Cioran, Bourdieu, contados entre las más egregias cabezas del siglo 20, fueron, directa o indirectamente, parte en el movimiento del 68. Los eslóganes allí eran expresión de una reflexión compleja. Se buscaba ampliar el campo de lo posible, pulsar los resortes y límites de la sociedad y el Estado hasta su punto más extremo, para engendrar nuevos modos de acción y comprensión.

Entre nosotros, en cambio, parece que no se trata de extender el campo de lo posible allende sus estrechos límites actuales, sino de algo más simple.

“Educación pública, laica y gratuita”, se dice. Con esta afirmación se desconoce, empero, la imaginación creadora de aquellos laicos o cristianos que soñaron con instituciones privadas de excelencia que han alcanzado esa calidad según mediciones objetivas, como la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Concepción, la Austral de Valdivia, las Católicas en Valparaíso y Santiago, la Universidad Diego Portales, la Universidad de los Andes, el Duoc o el Inacap.

Por momentos, parece que el modelo ideal de cierta dirigencia estudiantil sería algo así como una única institución estatal y laica que concentre exclusivamente los recursos públicos destinados a educación superior, que imparta todas las carreras sin costo para los alumnos (aunque sí para quienes compran pan y pagan IVA). No se repara en que con ello se pone en serio riesgo el pluralismo y la libertad, las condiciones de la ciencia y la enseñanza que los mismos dirigentes quieren defender.

Una repartición pública no asegura, por el mero hecho de ser pública, pluralismo. Ella también puede ser campo de uniformidad, monotonía e incluso sectarismo. Conozco facultades estatales donde sólo se enseñan ciertas posturas. Por su parte, hay no pocas universidades no estatales que han logrado la suficiente apertura como para dar espacio a la crítica y al pluralismo.

Además, la variedad de tipos de instituciones de educación parece ser una mejor garantía de libertad para el pensamiento que la uniformidad o que un monopolio educativo. Ya Montesquieu sabía eso de que, para dar espacio a la libertad, hay que dividir el poder de las instituciones.

Dados estos antecedentes, ¿por qué no superar los estrechos límites del eslogan y ampliarse a un sistema de educación superior institucionalmente pluralista, en el cual todas aquellas entidades que cumplan con las condiciones de excelencia y apertura que la comunidad política defina sean financiadas por el Estado, con independencia de quien sea titular de su propiedad?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Segunda.

Mediante la carta de un ex canciller chileno publicada en un importante medio de comunicación social, el grupo dio a conocer su compromiso de mantener una acción continua en apoyo a las políticas del gobierno de Cristina Fernández en este tema.

Todo un éxito el del embajador transandino y una muestra de la capacidad y disposición de importantes actores nacionales para movilizarse cuando una causa les interesa y los motiva.

Magallanes por su parte, lleva largo tiempo luchando contra la indiferencia nacional; mirando como es desplazado de su condición de base logística para las operaciones antárticas; resignándose a recibir el turismo sobrante de Ushuaia; arrebatado de sus merecidos títulos como ciudad patagónica por antonomasia;  resistiendo la presión constante de los operadores de turismo de Argentina, –con el enérgico apoyo de sus gobiernos–, para incursionar en los canales, glaciares y recursos turísticos existentes en el territorio nacional y esperando que el gobierno central se decida respecto a las concesiones marítimas que permitirían iniciar una industria de acuicultura importante, entre otras muchas otras aspiraciones fallidas. Pero Magallanes no tiene Amigos que lo pongan en los medios de comunicación, que difundan sus argumentos y que promuevan sus aspiraciones.

La violenta crisis política que produjo el aumento sorpresivo del precio del gas en Punta Arenas, –consecuencia de una decisión tomada en una oficina del centro de Santiago en base a sólidos argumentos económicos pero desconectada de la realidad política y social de la región–, puso de relieve esta orfandad y carencia de amigos.

El inicio de la solución de los problemas que enervan el desarrollo austral descansa en la construcción de un muelle de pasajeros decente y funcional en Punta Arenas, otro en Puerto Williams y un aeropuerto de verdad en la Isla Navarino, peticiones modestas si las comparamos con los gastos que implican obras como el puente de Chiloé, el Transantiago, el Metro de Santiago o el fallido tren a Puerto Montt. La Antártica y Magallanes son una sola unidad geográfica y política, no puede haber una política antártica autónoma o independiente de la política de desarrollo de Magallanes y ambas pasan, ineludiblemente, por la conectividad entre ambas partes, con el resto del país y con el mundo.

¿Para qué teníamos tanto interés en conservar esas islas bajo la soberanía nacional si las hemos dejado en el olvido y siguen vegetando entre el desinterés que la administración central muestra respecto a lo que no ve ni conoce y la carencia de amigos organizados?. Miles de marinos, soldados y aviadores, miles de ciudadanos puntarenenses estuvieron listos a dar sus vidas por esos territorios y ¿para qué?, ¿para que sean explotados desde Ushuaia?

Que no se diga que no hay dinero, lo que no hay son prioridades justas: expertos viales sostiene que se necesita una inversión de aproximadamente US 2.000 millones para “mitigar” los efectos viales de un edificio recientemente edificado en lo que se conoce como Sanhattan, y la inversión se hará, ¿alguien tiene alguna duda?. No importa que esa obra sea el resultado de un proyecto aprobado sin considerar seriamente sus efectos en el tránsito vehicular, ni que se trate de una iniciativa de un particular. En realidad Santiago no habría sufrido ningún menoscabo si la construcción no se hubiera llevado a cabo. En breve, esos US 2.000 millones son “un gusto caro” de la hacienda chilena; sin embargo, para apoyar el desarrollo normal de Magallanes no hay recursos.

En medio de la crisis de Aysén un periódico publicó una infografía que sería risible si no fuera insultante. Aseguraba que la inversión pública per cápita en Aysén era la más alta de Chile así es que no tenían de que quejarse. Si en Puerto Aysén o en Magallanes se adquiere un bus para llevar pasajeros, lo más probable es que durante un día transporte menos pasajeros que en Santiago, pero, ¿significa eso que dado que los ayseninos son pocos deberían movilizarse a caballo?. Es de Perogrullo que si no hay transporte público, la población difícilmente aumente para hacer más eficiente la inversión. La inversión genera actividad económica y ella trae población; es el “círculo virtuoso” del desarrollo.

La respuesta santiaguina: ¡Váyanse a vivir a Santiago!. Ahí está todo: poder político, económico, recursos financieros y masas capaces de gritar sus frustraciones.

La vida en Magallanes es dura, el clima no es fácil, el esfuerzo constante cansa, el costo de vida es alto, no hay buenos servicios de salud y si muchos otros inconvenientes, pero hay muchas personas que insisten y siguen ahí, haciéndose cargo de las dificultades siguen adelante, cargan con lo malo sin reclamar, sin embargo, cuando aparece una oportunidad que les permite avanzar, que compense sus sacrificios y “empareje la cancha” respecto a los chilenos de otras latitudes, entonces sus intereses son pospuestos, dejados de lado y sin ni una explicación se les priva de aprovecharla. Fue el caso de la ganadería y luego del petróleo, la plata fue a contribuir al desarrollo “nacional”, que incluye marginalmente a esa región.

Ahora tenemos el caso de la explotación petrolera en Las Islas. Después de muchos años, surge una gran oportunidad para que Magallanes avance y se consolide como centro logístico e industrial petrolero, pero se les impide hacerlo. Chile prioriza la buena voluntad con el gobierno de Fernández; sus Amigos se organizan y se mueven; los organismos gubernamentales centrales desconocen la realidad y las decisiones se toman con una perspectiva del “valle central”. En Chile se desconoce la relación comercial y familiar entre Las Islas y Punta Arenas; se ignora que tan pronto como comience la explotación de los recursos petroleros, habrá una migración de trabajadores especializados magallánicos que aumentará la ya importante población nacional en Las Islas; se menosprecia la importancia y magnitud de la base industrial y logística para la industria del petróleo costa–afuera ya existente en esa región. Es difícil competir con un brazo amarrado.

En Argentina se viene un drama económico mayor y para conjurarlo se levantan vientos nacionalistas. Cuando el conflicto con Gran Bretaña quedó congelado en Cartagena por falta de apoyo regional, el gobierno de Cristina Fernández levantó otra causa patriotera, “poner fin al vaciamiento que YPF hacía del petróleo argentino” ¿Qué viene después?. Imposible adelantarse a la creatividad transandina. Este es el camino que siguió Galtieri y terminó en guerra.

Enap, empresa estatal chilena, “de todos los chilenos” como gustan de decir algunos, en esta pasada de chovinismo está perdiendo 47 millones de dólares invertidos en Argentina. Según el Ministro de energía, las peticiones que planteará Chile en Buenos Aires es altamente probable que sean desatendidas. Peor aún, en la eventualidad de que Argentina conceda algo a Chile, no es seguro que a lo que se comprometa hoy lo cumpla mañana. Ya tenemos experiencia en ello, basta con recordar el episodio del gas.

Y mientras tanto, los chilenos siguen solidarizando con la aspiración argentina sobre las Islas y no solo en el ámbito político donde todos los países lo hacen ya que es gratis, sino también sacrificando la oportunidad de dar a Magallanes la oportunidad de crecer y potenciarse económicamente. Pareciera que Magallanes no solo no tuviera amigos, sino que estuviera rodeada de enemigos.

¿No estaremos haciendo el loco?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera, http://blog.latercera.com.

De hecho, cuando los periódicos publicaban en vísperas del voto definitivo cuadros con las diferencias entre Sarkozy y Hollande en cuestiones cruciales, no incluían la política familiar ni la postura del Estado ante el hecho religioso. Ambas han sido muy debatidas en Francia en los últimos meses, sobre todo, como consecuencia de la creciente presencia pública del Islam, la segunda religión de Francia.

Ya al final de la campaña, el diario Le Monde publicó un expresivo artículo, que resumía el apoyo a Hollande de personalidades laicistas conocidas, como la “misionera del laicismo” Caroline Fourest (así se ha firmado ella alguna vez). El apoyo respondía a la carta que el entonces candidato dirigió al conjunto de asociaciones reunidas en el Comité nacional de acción laica (CNAL), con fecha 16 de abril.

La línea anunciada por François Hollande es radicalmente opuesta a la llamada laicidad positiva practicada por Nicolas Sarkozy. Se propone constitucionalizar los dos primeros artículos de la ley de separación de Iglesia y Estado de 1905, comenzando por aplicarla sin admitir excepción alguna, de las muchas que se han ido promulgando a lo largo de los años como consecuencia de necesidades obvias: por ejemplo, la construcción de un cementerio municipal sólo para musulmanes en Estrasburgo, realizada por un alcalde socialista…

Posibles conflictos con la enseñanza concertada

El nuevo presidente francés se jacta de no haber instrumentalizado a ninguna religión en su campaña. Excepto –se podría matizarle– a la del fundamentalismo laicista. Su carta al CNAL, de tres páginas, no tiene desperdicio. En concreto, se compromete a rehacer los decretos y circulares de aplicación de la Ley Carle de 2009, que, bajo condiciones precisas, obliga a los ayuntamientos a pagar los gastos de escolaridad de un alumno de su municipio incluso si acude a un establecimiento no público de otra ciudad. De esta medida se benefician actualmente unos 250.000 estudiantes.

En ese documento afirma que derogará el decreto, también de 2009, sobre reconocimiento de los títulos otorgados por los Institutos universitarios católicos de enseñanza superior en Francia, en virtud de un acuerdo pactado con el Vaticano. De paso, parece también decidido a someter a un “imperativo de ‘mixité (scolaire)’ a las dotaciones de los centros, ‘comprendidos los de la enseñanza privada’”. Como era previsible, la creación en cinco años de 60.000 puestos docentes –¿será posible financiarla?– afectará sólo a escuelas públicas, no al equivalente a los centros concertados, en su gran mayoría católicos.

Si el jacobinismo real de Hollande –oculto tras una imagen de normalidad– le lleva a un arcaico laicismo, puede darle alas también para reformar el Código de Napoleón. No se atrevieron a tanto François Mitterrand ni Lionel Jospin. En su programa figura reconocer las uniones homosexuales como matrimonio, con el correspondiente derecho de adopción, y una ley de eutanasia.

Como informó La Croix el 2 de mayo, al tener conocimiento de esa carta de Hollande, responsables católicos tomaron contacto con miembros del equipo de Hollande. Les recordaron que “la ley Carle fue un compromiso alcanzado para preservar la paz escolar y superar un viejo conflicto. La supresión pondría en peligro el equilibrio financiero de cierto número de centros católicos”.

Por su parte, la presidente de la Asociación de padres de alumnos de la enseñanza libre (Apel), Béatrice Barraud, envió a sus miembros un mensaje para advertirles que veía un serio “peligro de esta libertad fundamental que es la libertad de enseñanza”. En la mente de los mayores, surge el recuerdo de la magna manifestación en París contra Ley Savary el 24 de junio de 1984, tres años después de la elección de François Mitterrand, que sirvió justamente para frenar la deriva autoritaria del primer presidente socialista.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Aceprensa, www.aceprensa.com.