Pero apenas cuatro meses después, las ácidas disputas sobre el financiamiento de la reconstrucción –legítimas en sus fondos, inaceptables en algunas de sus formas– revelaron distancias enormes, no superadas, entre dirigentes de acá y de allá.

Entre medio, la Roja de todos –sí, en Chile hay algo que efectivamente se postula como de todos– se presentaba como el paradigma del afianzamiento de la unidad. Hasta se vio a un indígena de blanco abrazarse con un azul de corazón, los dos revestidos de rojo.

Pero llegó el día de la derrota-clasificación frente a España, y en el Forestal se esfumó la unitaria paz. Increpé a un jovenzuelo quinceañero que lanzaba piedras a carabineros –a lo que veía de él en realidad, cubierta su cara por la consabida pañoleta– y en pocos instantes había tres o cuatro bultos más amenazándome. Comprobé que estábamos en el Día del Joven Celebrante.

¿Por qué esas rabias? ¿De dónde esos odios? No es cuestión reciente. Viene de finales de los años 40, al menos.

Nuestra investigación sobre el cultivo del odio en Chile lleva ya una década. Decenas de miles de documentos han sido recopilados, muchos cientos de entrevistas realizadas, casi veinte memorias dirigidas. Va presentándose ya, de a poco, ese grato sedimento de la reposada investigación histórica.

Dentro de un tiempo –el historiador busca dominarlo hacia el pasado, pero nunca puede preverlo hacia el futuro– se publicará.

Y, por supuesto, desencadenará nuevas afrentas, otros odios: servirá para comprobar la propia tesis. Es una pena, pero ahí está.

Estando de acuerdo con el profesor Rojas, aceptemos que según la mayoría lo que se celebra es la “independencia” de Chile, que marcaría el inicio de la transformación de esta “colonia” en nación independiente, que es también el contenido del discurso de los gobernantes durante los últimos años, para quienes la nación simplemente no existía como tal antes de esa fecha.

La verdad es que Chile fue fundado el 12 de febrero de 1541 como “Reino de Chile” y en los 500 años que va camino de cumplir, jamás dejó de constituir un país, pueblo o nación con vida propia (1), sea que el gobernante fuera designado por el rey de España, por una Junta de Gobierno o elegido por votación popular, proceso que no siempre ha sido lineal.

Tan interesante como ignorado por los que promueven 1810 como nuestro año de “nacimiento”, nunca desde 1541 (y quizás desde antes) se llamó a este territorio de modo distinto, ni dejó de estar constituido por la larga y angosta faja que sigue siendo (salvo que por muchos años tuvimos costa sobre el atlántico patagónico), ni fue lugar de tránsito para ir a ningún lado. Quien se aparecía por aquí, venía a Chile.

Ricardo Lagos, considerado un “intelectual” por Carlos Peña, columnista concertacionista de El Mercurio, tiene escasa o ninguna idea de esto. Visitando a SS Juan Pablo II, le presentó de regalo un ejemplar de “Ensayo de la Historia del Reino del Chile” del abate Juan Ignacio Molina, lo cual llevó al Papa a preguntarle desde cuándo comenzaba la historia de Chile.

Seguramente quería darle la oportunidad de lucirse para que le hablara de nuestras hermosas sagas. Que obras como la que le obsequiaba se venían componiendo desde el siglo XVI, incluyendo La Araucana, incorporada al patrimonio mundial del género épico y que hizo de Chile la única nación americana con tamaño tesoro literario.

Pero Lagos salió con un torpe y deslucido “desde 1810”. A lo cual, caritativamente Su Santidad volvió a preguntar: “¿entonces ese libro es prehistoria, bolivariano?”. Lagos respondió que recogía aquellos años y precisó que fue escrito en Bolonia (sic) [Emol, jueves 16 de mayo de 2002].

Efectivamente, para el izquierdismo Chile recién va camino del “bicentenario”. Antes no existió y vaya uno a saber de qué árbol cayó en 1810 sobre el suelo americano.

En efecto, los concertados ahora fuera del gobierno no se conformaron con la monstruosa distorsión de nuestra historia reciente, sino que además intentaron meter mano en nuestra historia vernácula premiando a quien propusiera “obras artísticas” con versiones disparatadas y financiando generosamente iniciativas “culturales” que apuntaran a mostrar una ofensiva visión “escatológica” de nuestros héroes.

Me parece que todavía hay “obras” financiadas con dinero público pasado por los desalojados que están por estrenarse y en las que se muestra la versión “revisada” por gente que desaprendió historia a manos de Gabriel Salazar o algún otro “historiador” premiado por el régimen pasado.

Supongo que todos saben qué ocurrió el 18 de septiembre de 1810 en Santiago de Chile –Gonzalo Rojas lo resume muy bien en su columna– pero, no más para dejar las cosas en su sitio, la declaración de independencia de la corona española (2) fue muy posterior y, significativamente, fue presentada oficialmente otro 12 de febrero, esta vez del año 1818, que además coincidía con el primer aniversario de la batalla de Chacabuco.

Espero que el gobierno actual se sensibilice respecto de este tema y ponga un poco más de orden, reponiendo la enseñanza de nuestra verdadera historia, ubicando como se debe a nuestras efemérides y cortando el financiamiento de quienes buscan instalar sus afiebradas versiones.

Ojalá lleguemos a nuestros primeros 500 años habiendo ya aprendido estas lecciones básicas.

Notas:

(1) La europeización de estas tierras consumió miles de vidas de los conquistadores, enfrascados en una guerra que por indecisiones de índole religioso-ideológica se extendió por 300 años, tiempo suficiente para dar forma a una población que con aportes multirraciales y multiculturales devino en una de las nacionalidades más claramente perfiladas y fuertemente marcadas del continente americano. Para el siglo XVII ya había chilenos nostálgicos repartidos por el mundo.

(2) Nunca hubo dependencia de España como nación ni de otra entidad que no fuera la corona, lo cual fue la base para constituir una Junta de Gobierno desconociendo fidelidad al gobierno peninsular de entonces, designado por Napoleón.

Este artículo fue publicado originalmente por cardenaldo.blogspot.com.

Cuando nació, en el año 480, ninguna autoridad había llenado ese vacío, y bandas armadas imponían su ley en la tierra que fue cabeza del mundo. A los catorce años se le había enviado a Roma para que siguiera estudios que le permitieran ejercer una carrera político-administrativa. El joven Benito se llevó una decepción, pues la Roma que conoció no era una ciudad para personas serias y honestas, nada próximo a la educación familiar recibida. La urbe de inicios del siglo VI no era muy diferente en costumbres a la de algunos Césares del pasado, pese a la pátina de cristianismo que la envolvía. El poder político lo ostentaban los ostrogodos, apegados a un arrianismo negador de la divinidad de Cristo, una creencia que degradaba su naturaleza y misión, al favorecer la formación de Iglesias nacionales, controladas por el poder. Benito interrumpirá unos estudios en los que no encontraba la auténtica sabiduría, aquella que empieza a percibirse cuando en el alma se va deslizando la sed de Dios. El ambiente de Roma le asfixiaba, y decidió huir a los montes de Subíaco, junto a los restos de una antigua villa de Nerón, donde creyó haber encontrado la paz en la búsqueda de Dios en medio de la naturaleza. La vida de los eremitas de los desiertos de Oriente fue trasplantada a tierras de Occidente, pero ya no era la vida del asceta solitario, sino la de una comunidad, en la que había un padre, un maestro, al que rodeaban hijos espirituales que eran sus seguidores: el abad.

En un tiempo en el que la autoridad había decaído, en el plano civil y en el político, se echaba de menos una dimensión paterna de la existencia humana, trasunto de un Dios que es Padre, algo que no eran los dioses paganos con todas sus paternidades accidentales, ajenas al verdadero amor.

Maestro de humanidad

En esa Edad Media, tan denostada y desconocida, la fe y la razón no se separaron, la oración y el trabajo encontraron su perfecta armonía. Recordaba Juan Pablo II, con motivo del XV centenario del nacimiento de san Benito: «No es lícito al hombre fiel a Dios olvidarse de lo que es humano: debe ser fiel también al hombre». Este comentario resume muy bien el lema Ora et labora: la oración y la acción deben ir juntas. El amor a Dios no puede separarse del amor a los hombres. Una fe que se encerrara en sí misma no sería comprensible desde el punto de vista cristiano; una acción, por muy bienintencionada que fuera, que no tuviera como referencia la fe, terminaría por volverse estéril.

Santo y maestro de humanidad fue Benito de Nursia, en una época de crisis y de pérdida de sentido de la existencia. Serán sus monjes, cultivadores de tierras y bibliotecas, los que alumbren un mundo nuevo en la Europa oscura, de tal modo que san Benito fue llamado el último romano y el primer europeo. Éstas son las raíces de la auténtica Europa, cuyos monasterios benedictinos conservaron las semillas aportadas por Jerusalén, Atenas y Roma. Europa surgió así como una comunidad cul tural, en la que el cristianismo representa un ideal de plenitud. Sin embargo, los que quieren construir una nueva Europa aferrados al mito del progreso y haciendo tabla rasa del pasado, se arriesgan a caer en brazos de la utopía, con lo que esto conlleva de irracionalismo. Se olvidan de que el hombre y el mundo no son perfectos, sino perceptibles. Alguien podría replicar que los ingenieros del futuro son también defensores de la justicia y la paz, ideales compartidos por los cristianos. Pero el problema radica en el contenido de esos ideales. Recordaba Benedicto XVI, al principio de su pontificado, que lo peor que les puede pasar a esos ideales es su indefinición, por lo que es fácil que se deslicen hacia un ámbito de política partidista, entendidos como una exigencia dirigida hacia los otros, y menos como un deber personal en nuestra vida diaria.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Alfa y Omega, www.alfayomega.es.

La Constitución dice que el Estado de Chile es unitario y que en el país no hay raza ni grupo privilegiados. Ambos preceptos son de la esencia de la chilenidad. Lo que acaba de anunciar el Presidente contraviene ambos conceptos y es una continuación de las erradas políticas de los regímenes socialistoides precedentes, guiados por modas foráneas dirigidas a separar a los grupos autóctonos residentes en diferentes países, para ejercer sobre ellos un paternalismo contrario a los principios de una sociedad libre e igualitaria.

La iniciativa de Piñera pretende crear, dentro del amplio crisol que es la raza chilena, grupos distintos, separados y ajenos a la gran virtud unificadora que se ha labrado a lo largo de nuestra historia y que nos ha hecho hoy día, a todos y por sobre todo, chilenos, sin distinciones ni segregaciones.

Pero hace tres cuartos de siglo se comenzaron a dictar normas que han perjudicado gravemente la integración de los pueblos indígenas al resto de la nacionalidad, pues leyes superficiales, a pretexto de “protegerlos“, los convirtieron en relativamente incapaces, privados del derecho de disponer libremente de sus bienes raíces.

Sin esa legislación miope el pueblo mapuche se habría fundido mucho más rápidamente con el resto de la chilenidad. Los que hubieren deseado hacerlo habrían vendido sus tierras y buscado mejores destinos laborales en el norte, centro o sur del territorio, como muchos que carecían de tierras lo hicieron, llegando así a diversas actividades y profesiones, desde las de menor calificación, como panificadores, hasta los niveles profesionales, funcionarios y parlamentarios, de lo cual hay miles de testimonios. Pero la prohibición de vender libremente sus tierras convirtió a otros, que eran propietarios minifundistas, en verdaderos “siervos de la gleba“, que no han podido ser autosuficientes y que, en lugar de emigrar cuando se les ha presentado la oportunidad, se han mantenido amarrados al minicultivo y a la pobreza.

En Chile se han fundido muchas razas de todos los orígenes y con el transcurso del tiempo sus descendientes son indistinguibles de los demás. Una gran mayoría de connacionales tiene sangre indígena y en particular mapuche, y la fusión de esta última se habría completado exitosamente sin las fracasadas legislaciones que, a pretexto de favorecerlos, los empobrecieron.

La Concertación llevó el desvarío al extremo, pues premió a quienes comenzaron a tomarse tierras por la fuerza a pretexto de ser los dueños originarios de ellas, sólo en mérito de su ancestro indígena. Se han perpetrado así los más vergonzosos negociados a costa del interés fiscal, pagándose sobreprecios por tierras que luego se han asignado a los mismos que las habían usurpado. Ha habido momentos en que el Estado de Derecho ha dejado de imperar en la Araucanía, pues el incentivo para usurpar es tan fuerte que la violencia se ha generalizado y hay agricultores que han sufrido decenas de atentados.

El caso del fundo “El Notro” fue paradigmático en relación al abuso a costa de las arcas fiscales, pues dicho predio fue adquirido en un precio generoso a su dueño, luego entregado como premio a elementos mapuches que lo habían usurpado y, finalmente, dado por éstos en arriendo al propio dueño original, feliz éste de haber recibido el generoso precio y de seguir trabajando su fundo, y aquéllos de haber capturado una renta sin trabajar, todo a costa del patrimonio fiscal indefenso frente a la codicia de unos y la demagogia de otros.

En ese lamentable contexto la administración Piñera lleva el dislate generalizado un paso más allá, prometiendo nada menos que una reforma constitucional, conducente a que haya unos chilenos distintos de otros, con la potencialidad de que se creen uno o más Estados indígenas dentro del Estado nacional y dando pie a un separatismo que se manifestará en uso de otra lengua distinta de la oficial y de otros símbolos de nacionalidad diferentes de los emblemas patrios tradicionales.

Todo por una moda impuesta por naciones más desarrolladas, en que las diferencias raciales son tan pronunciadas que, al revés de Chile, han imposiblitado la integración, la cual es suplida entonces por generosos subsidios económicos tranquilizadores de la conciencia de los grupos étnicos rubios y blancos, dueños de la riqueza y pacíficamente asegurados contra toda mezcla con indígenas que, a su turno, se dan por satisfechos de recibir generosos pagos con tal de no intentar ser algún día ciudadanos verdaderamente iguales a quienes los subsidian.

Esta reforma constitucional amenaza uno de los rasgos más enorgullecedores de la raza chilena, como lo ha sido su capacidad de fusionar a descendientes de europeos, semitas, islámicos, asiáticos y autóctonos en un solo crisol que ha ido fundiéndolos a todos en una chilenidad que es nuestro orgullo nacional, nuestra personalidad como pueblo y nuestra fuerza como raza.

El dislate que propone consagrar la administración Piñera ha logrado aventajar en desvarío a los muchos que en esta materia y en otras ha consumado la Concertación y es lamentable que un sector político respetable, como la centro-derecha chilena, esté condenada por la manipulación demagógica y las ansias de popularidad fácil de un líder transitorio, a cargar con el baldón histórico de haber dividido artificialmente a la chilenidad.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el Blog de Hermógenes, http://blogdehermogenes.blogspot.com.

Dramático resulta leer el prólogo de «Chile: Cinco siglos de historia», el libro póstumo de Gonzalo Vial. Fechadas en octubre de 2009, el mes de su muerte, en esas páginas el historiador y columnista de La Segunda explica a sus lectores cómo, ante la evidencia de que no lograría completar su obra magna —aquel texto en que se había abocado a estudiar la ruptura de los consensos y las crisis del siglo XX—, resolvió dedicar sus últimos esfuerzos a una tarea sólo relativamente menos ambiciosa: una historia de Chile «breve» (contenida en dos volúmenes y con un total de 1.478 páginas), que abarca desde la Conquista hasta el régimen militar y los gobiernos concertacionistas… aunque no sin advertir que el abordaje de estos dos últimos períodos tendría un carácter esencialmente provisorio, dada la cercanía de los hechos narrados con nuestros días.

Siendo Gonzalo Vial el autor, difícilmente podía limitarse a hacer una simple enumeración de sucesos. Al contrario, el texto se estructura a partir de uno de sus planteamientos fundamentales, la idea del consenso o proyecto alrededor del cual se unifican y canalizan las fuerzas de un país. Al respecto, identifica seis sucesivos consensos que han marcado la Historia de Chile: el imperial de los Austria (en los inicios del Reino), el «ilustrado» de los Borbón, el autoritario de los grandes decenios, el oligárquico, el mesocrático y el actual. Este último, un consenso incompleto, donde “los chilenos hemos consensuado un régimen económico y uno político. Pero no todavía un régimen social basado en una ética común. Carencia semejante amenaza de ruina al «consenso» tan laboriosa y dolorosamente alcanzado”.

Pero junto con explicar el sentido de la obra, el prólogo de Vial incluye también, en su párrafo final, una verdadera confesión, a través de palabras reveladoras del ánimo con que el autor enfrentaba sus últimos días:

“Es triste pensar que, probablemente, mi período de fecundidad como historiador ha concluido. Pero habiendo durado sesenta años, no puedo extrañarme del hecho. Y hay una cierta satisfacción en saber que, ya no muy tarde, conoceré definitivamente la verdad del pasado histórico —al interior de la otra Verdad, la inimaginablemente dulce y total— que es el único objeto y acicate de la profesión que elegí”.

De la valentía y crueldad de los conquistadores, al resentimiento mestizo

A la espera de conocer esa verdad profunda que siempre buscó, los dos tomos de la obra postrera de Vial, junto con dar una visión sintética de la trayectoria del país, sintetizan también algunas de las ideas centrales que marcaron no sólo su trabajo como historiador, sino que también las innumerables polémicas en que participó como periodista de opinión y su accionar como hombre público, desde el aprecio por la herencia cultural hispana y la valoración de figuras como Portales, hasta su preocupación por la pobreza, la mala calidad de la educación y las políticas de planificación familiar.

Así queda claro al revisar algunas de las afirmaciones contenidas en el libro. Como cuando describe “el alma” de los conquistadores españoles, donde se mezclan una profunda catolicidad, veneración de la legalidad y valentía, con dosis de crueldad y aun vesania, satisfacción sádica con el sufrimiento ajeno, difíciles de entender bajo una mirada de hoy. También Vial se preocupa de valorar, no sin introducir una nota polémica, otro “precioso aporte peninsular”: el español o castellano, “el idioma que emplean los ‘Veinte poemas de amor y una canción desesperada’… no las jergas de términos pedantes que hoy los lingüistas iletrados e inintelegibles y los programas oficiales quieren que aprendan los niños chilenos, sino el catellano de Toledo, enriquecido bajo la pluma mestiza”.

Políticamente incorrecto, su descripción de los rasgos mapuches incluye virtudes como “un intelecto y espíritu de alto poder”, “la cualidad de resistir y sobrevivir” y “su violento, tenaz, hasta diríamos desordenado amor por la libertad…”, pero también habla de “el desdén masculino por el trabajo manual, el desmedrado estatus de la mujer, la inclinación a la violencia y la crueldad… el declive alcohólico”.

El propio proceso de mestizaje está lejos de ser idealizado por el autor. “No fue una unión pacífica entre español e india, sino, dijimos ya, una fuerza que ejerció el primero sobre la segunda”… “una desnuda dominancia masculina”… “ese daño inconmensurable e imborrable alimenta el lado secreto de la personalidad mestiza: el resentimiento”.

¿Qué han recibido de nosotros?

La problemática indígena está en realidad presente a lo largo de todo el libro, incluyendo una crítica visión de la «pacificación» del siglo XIX, para concluir en el capítulo final con un escéptico balance de las políticas seguidas en las últimas décadas y unir este tema con el de la pobreza en general, en una conclusión desgarradora:

“Eran «incivilizados» —dice, refiriéndose a los mapuches— pero prósperos y satisfechos con la ancestral forma de vida y cultura que llevaban, como cuentan sus crónicas. ¿Qué han recibido en cambio de nosotros?

La verdad es que ni éstos, lo mapuches, ni los pobres chilenos en general, han recibido nada. Esa es la fractura social que cierra nuestro camino como pueblo y país. Y de ella, en las páginas que preceden, sólo hemos examinado los elementos materiales y culturales: las fallas abismantes en el ingreso, el trabajo, la vivienda, la salud, la educación, el hogar estable como motor de progreso y prenda de auténtica felicidad… Pero solucionar todo esto es insuficiente, si nos falta el espíritu, si no tenemos una razón para que a los privilegiados chilenos nos importen los desposeídos como si fuéramos nosotros mismos —y no ellos— los golpeados por la miseria y la injusticia. Los cristianos poseemos esa razón… ahora sólo nos falta obedecerla… «¡Los pobres no pueden esperar!». Pero muchísimos compatriotas no son cristianos, y la vertiente laica necesita su razón para también acometer, con nosotros, la tarea imperiosa, impostergable de soldar la fractura social. Pero debe ser una razón nueva, creo (aunque nadie me haya pedido el consejo). No la solemne filosofía de la historia marxista, derrumbada con el fraude de los socialismos reales. Ni la imposición «globalizada» de un género de vida uniforme, y uniformemente rastrero y materialista. Ni menos todavía el chato egoísmo posmoderno, sin otra ética que el «¡hago lo que quiero!»; el «ande yo caliente y ríase la gente»… la parranda perpetua, pisoteando todas las responsabilidades, todos los derechos y sentimientos que no sean las propias satisfacciones”.

Chile: Cinco Siglos De Historia

Autor: Gonzalo Vial Correa

Editorial: Zig-Zag

Lo único bueno de los archivos de la Stasi es que existen. Cualquier alemán tiene derecho a consultar si hay información sobre él y quién la proporcionó. Y vaya si quieren. Más de 2,6 millones de personas han escrutado los fondos para averiguar si fueron espiados y por quiénes desde que se abrieron los archivos del régimen comunista, en 1992. Contra algunos temores apocalípticos, el ansia de saber no iba de la mano del afán de venganza. “No conocemos ni un solo acto violento de una víctima contra su acusador”, dijo ayer Helge Heidemeyer, representante del Comisionado Federal de Documentos de la Stasi, en el II Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica, que se celebró en Salamanca.

La Stasi fue puntillosa, obsesiva. Puestos en fila, sus archivos ocuparían 51 kilómetros. En aquel universo cerrado que todo lo oía, la desconfianza se convirtió en un arma de supervivencia. “Enfrentarse al pasado a veces es doloroso y emotivo, pero pone su vida en sus manos. Ahora ya saben quién espiaba y quién no, pueden probar si han sido víctimas de la Stasi y rehabilitar su nombre si no colaboraron”, contó Heidemeyer.

Porque Alemania oriental pareció durante unos años un país de espías. Hasta 174.000 personas colaboraron con la policía comunista en 1989, justo antes de la caída del muro de Berlín. Ese mismo año, en Polonia, los “soplones” no llegaban a los 100.000, según datos aportados por Krzysztof Persak, del Instituto Nacional de la Memoria de Polonia.

El encuentro, que organiza por segunda ocasión el Centro Documental de la Memoria Histórica, pone en su sitio a los archivos, un arma incontestable contra la reescritura histórica o la tentación del silencio. Ya lo avisó el poeta Juan Gelman: “Desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los organizadores del olvido”. En las oficinas de la Stasi lo hicieron a la carrera destruyendo documentos y grabaciones con cualquier método. “Los quemaron, le echaron agua y también los hicieron trizas con las manos, pero no fueron destruidos por completo”, contó Heidemeyer. Son el grupo de los “predestruidos”. Ocupan unas 15.500 cajas. Ya han logrado rehacerse 40.000 páginas. Gracias a lo recuperado se ha desenmascarado algún cargo parlamentario que negaba haber colaborado con la policía secreta.

La transparencia del Comisionado Federal de Documentos de la Stasi sirvió de guía para otros países de pasado comunista como Polonia, que comenzó a ajustar cuentas con su historia reciente en 2000, con la creación del Instituto Nacional de la Memoria. “Durante la transición se consideró agitadores a quienes pedían abrir los archivos y se destruyeron muchos documentos”, contó Krzysztof Persak, investigador e integrante de la Comisión para la Persecución de Crímenes contra la Nación Polaca.

El Instituto Nacional de la Memoria, además de custodiar 89 kilómetros de archivos de servicios represivos de la era comunista, promueve investigaciones penales y ha acusado a 400 personas por crímenes, torturas o detenciones. “El problema es llevar ante la justicia a los jueces militares que firmaron condenas de muerte, porque se tapan entre ellos”, lamentó Persak.

Las deportaciones masivas a la URSS o las limpiezas étnicas contra polacos cometidas por nacionalistas ucranios son algunos de los asuntos que investiga el instituto, cuyo director falleció en el accidente aéreo en el que perecieron numerosas autoridades de Polonia, incluido su presidente Lech Kaczynski, justo cuando viajaban hacia Rusia para participar en un acto de desagravio por la matanza de Katyn. La URSS, responsable de aquella matanza de 22.000 polacos, negó su participación e incluso permitió que el tribunal de Nuremberg juzgase por ello a varios oficiales nazis, finalmente, absueltos.

La farsa se destapó en 1990 gracias al presidente Mijail Gorbachov, que entregó a su colega polaco Jaruzelski la lista de los fusilados y otros documentos. Las investigaciones iniciadas entonces se cortaron en seco en 2004, bajo el mandato de Putin, cuando se ordenó declarar secreto de Estado 116 de los 183 tomos de la investigación. De nuevo, los organizadores de olvido.

A veces reaparecen sobre terreno ganado. El Tribunal Constitucional de Rumania declaró inconstitucional la ley que desnudaba la represión del régimen de Nicolae Ceausescu. “Contenía veneno”, opinó el tribunal. Dragos Petrescu, del Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate, desveló la clave: “Los jueces del Constitucional necesitan tener más de 15 años de experiencia. ¡Habían accedido durante el antiguo régimen!”. En Rumania, la colaboración con la Securitate no era obligatoria, pero se incentivaba gracias al chantaje y a las prebendas como la autorización para viajar a Occidente. Lo vital y complejo que resultaba salir del país se aprecia con nitidez en la película Cómo celebré el fin del mundo (2006), en la que un niño de siete años, Lalalilu, planea asesinar al dictador para impedir que su hermana huya de Bucarest en 1989.

 



Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El País.

¿Y quién compró?, se preguntará usted. Pues justamente el mismo Allende, acompañado del financista del PC, Victor Pey.

Molesto, nos dice Farías, “Allende no pudo tolerar las moderadas y solidarias críticas del periódico izquierdista” y terminó por hacer indebidas presiones para que Saint- Marie vendiera.

Allende compraba así un diario que estaba, lo decía Clarín, firme junto al pueblo, para ponerlo firme junto al propio presidente.

Hoy no es Clarín el medio  que inquieta a un presidente, sino la mismísima Nación.

Piñera nombra a su nuevo directorio (o sea, seguirá funcionando bajo administración estatal); estos caballeros a su vez, intervienen en el nombramiento y remoción casi instantánea de su nuevo director (o sea, ¿se pretendía que La Nación siguiese una línea de centro-izquierda?) y, finalmente, la vocera ratifica la voluntad gubernamental de mantener el periódico en el área pública.

¿No sería hora de desprenderse de un diario que ha estado por décadas firme junto al presidente, para ponerlo de una vez por todas en el mercado abierto de la información?

Piñera podría dar así una señal clara de cuán distinta es su concepción de la prensa de la que tenía Allende.

El método fue sencillo: el tiro en la nuca y, de ahí, directo a la fosa común. Lo practicó la NKVD, lo mandó Stalin.

Pocos días después, un pequeño grupo de hinchas azules, sí, de la gloriosa U, ha logrado salir con vida de un estadio en Caracas, después de que fueran agredidos por la barra local. Cuando la policía intentó proteger a los chilenos, se encontró con una reacción insólita: fue repelida a tiros. Mientras se jugaban los últimos minutos, atónito, el auditor tenía que distinguir entre el relato deportivo y el estallido de los proyectiles.

El método es sencillo: la población ha recibido armas para defender la revolución. Y consideró que perder en casa era, quizás, una agresión capitalista. Entonces, a los tiros nos vamos. El acto lo han practicado unos jóvenes barristas, pero lo ha incentivado Chávez.

Es que los procedimientos concretos del comunismo cambian según las épocas y los países, pero pasan siempre por las armas de fuego. La partera de la historia quiere nuevos alumbramientos.

No esquivemos el punto: tantos que hoy figuran en el listado de las víctimas entre 1973 y 1990 fueron previamente violadores consumados de los derechos humanos de los demás (por afirmarlo así, clarito, el rector de una Universidad con santo nombre inició gestiones para que se me expulsara de la mía) y ciertamente estaban dispuestos a darle con todo, por las armas, a sus propósitos revolucionarios.

Es algo que ha sucedido de Katyn a Caracas, de La Habana a Santiago de Chile, de Phnom Penh al Gulag. Es un conjunto de crímenes que hay que tener el valor de recordar una y otra vez, porque si se los olvida… volverán.

1. Apelación del gobierno a la negativa de la Corte Suprema de reabrir el Caso Soria

En el mes de Septiembre de 2008, el Subsecretario del Interior de la época (ex-jefe del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior), solicitó a la Corte Suprema la reapertura del Caso Soria, a pesar de haber sido ello rechazado en varias oportunidades previas. El ministro designado por el máximo tribunal para estudiar la petición, resolvió que el caso no puede ser reabierto por encontrarse sobreseído definitivamente, además de amnistiado y ejecutoriado. Pese a tan clara y contundente resolución judicial, la Jefa recién designada para dirigir el Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, apeló del fallo mencionado en nombre del gobierno, insistiendo en que el caso debe ser reabierto.

Lo anterior podría indicar que no hubo un análisis serio de las consecuencias que acarrearía la reapertura de un caso en este estado o que el nuevo gobierno no está dispuesto a enfrentar reclamos de parte del mundo de los derechos humanos, manteniendo exactamente igual la asimétrica situación que ha afectado por años a los militares.

La apelación en cuestión expone al gobierno a que le digan que sí, lo que sentaría una jurisprudencia inédita en Chile que estimularía la reapertura de un sinnúmero de casos cerrados y ejecutoriados, anulando el principio de “cosa juzgada”. Ello, solo serviría para estimular la abusiva utilización del tema por parte de los aprovechadores de siempre, en directo perjuicio de la vida de cientos de familias del mundo militar que seguirían viéndose injustamente afectadas, mientras sus adversarios siguen cosechando beneficios económicos y de todo tipo, como lo demuestran los últimos hechos observados por la sociedad. Solo basta recordar que gracias a la Comisión Valech hay más de 40.000 supuestos “torturados” que con seguridad intentarán mantener abiertos o reabrir procesos hasta sacar algún provecho.

2. Impugnación pública de la designación del nuevo Director de Gendarmería

La campaña desatada por un diputado comunista para impugnar la designación del nuevo Director de Gendarmería, sin otra justificación que haber prestado servicios en la misma unidad a la que pertenecían quienes resultaron condenados por el caso degollados, constituye una clara muestra de la odiosidad que no desea abandonar un sector minoritario de la sociedad, el cual trata de hacer aparecer al oficial como integrante del “alto mando” de la DICOMCAR, tergiversando los hechos al omitir que en la época en cuestión el oficial ostentaba apenas el grado de Teniente, ocupando cargos muy subalternos en la organización.

La tibia defensa inicial del gobierno y la falta de una reacción de real fortaleza demuestra que la coalición en el poder sigue temiendo al mundo vengador de los derechos humanos, demostrando con ello que no consigue librarse del complejo que le acarrea este tema y validando sin querer la injusta responsabilidad que le atribuyen sus adversarios.

En la práctica, esta acción abusiva persigue inhibir la voluntad del Director de Gendarmería para que no ejerza las atribuciones propias de su cargo y que le permiten otorgar beneficios2/4 largamente postergados por sus predecesores a los militares condenados, manteniendo a éstos relegados a la condición de parias o ciudadanos de segunda clase.

3. Indulto rechazado

Apenas seis días después de haber asumido el nuevo gobierno y en medio de la crisis causada por el terremoto y las dificultades para la designación de sus autoridades regionales, una extraña señal proveniente del Ejecutivo remeció al mundo militar, al rechazarse de plano una solicitud de indulto presidencial, no resuelta por el gobierno anterior y precariamente estudiada por las nuevas autoridades, en menos de una semana.

La preocupación no proviene del rechazo propiamente tal, cuya injusticia explícita ya no sorprende al mundo militar, si no de la premura con la que se estudió y resolvió un tema tan trascendente para el afectado y para su familia, lo que entregó una potente señal sobre lo que pueden esperar los uniformados en los tiempos venideros.

Pareciera que con ello se deseó evitar la apertura de flancos políticos, aún a costa de seguir sometiendo a los militares al trato vejatorio e inequitativo que le han otorgado los sucesivos gobiernos de la Concertación, quienes en forma reiterada les negaron el acceso a los beneficios que la Ley garantiza para el resto de la población.

4. Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior

Una vez conocido el resultado de la segunda vuelta eleccionaria y poco antes de la instalación del nuevo gobierno, las organizaciones de defensa de derechos humanos hicieron pública su preocupación por el riesgo de que la oficina de abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior fuera desmantelada. La preocupación declarada habla por sí sola del valor estratégico que dicha instancia ha tenido para la mantención del tema en la agenda pública, puesto que desde allí se ha llevado por años la planificación, dirección y control de las acciones legales en contra de los militares.

El riesgo de desmantelamiento se basaba según ellos mismos en la precariedad de la existencia de dicha oficina, cuyo origen legal determinaba una vida máxima de un año, la que fue extendida por la vía administrativa a través de un simple Decreto Presidencial, fácilmente anulable al momento de llegar las nuevas autoridades.

Sin embargo, a la instalación del nuevo gobierno no hubo tal desmantelamiento ni al menos un esfuerzo mínimo de toma de control sobre dicha oficina y sus actividades. Por el contrario, no solo se mantuvo la planta de abogados de un definido color político, si no que se designó a una nueva jefa que haciendo gala de un discurso tan sorprendente como ajeno a los postulados de la coalición gobernante, asumió el liderazgo activo de las causas de derechos humanos, ante la grata mirada de sus antecesores. Es cosa de leer la entrevista publicada el domingo 11 de Abril de 2010 en el diario La Nación para comprender los alcances de su compromiso ideológico.

Dicha actitud no solo no guarda relación con los objetivos declarados por el programa de gobierno, si no que en la práctica lo subordina a los intereses de grupos agitadores de DD.HH., manteniendo la poderosa estructura del Ejecutivo al servicio de una causa ideológicamente lejana y claramente beneficiosa para sus adversarios políticos. Por supuesto, en directo desmedro de la situación de los militares en retiro, desprovistos de todo apoyo al respecto.

5. Fallo en el caso Porvenir

Hace unos días, se conoció en la Corte Suprema el primer fallo en un caso de derechos humanos, dictado con posterioridad al cambio de gobierno. En éste, la Segunda Sala de la Corte Suprema revocó el fallo dictado anteriormente por la Corte de Apelaciones y que absolvía de toda responsabilidad a un ex-Subteniente de Ejército (grado ostentado al momento de ocurridos los hechos de los que se le acusaba), imponiéndole inesperadamente y de oficio una pena de 7 años de presidio efectivo.

Dicho fallo que sorprendió a todos por su extrema severidad y liquidó la vida de este militar y su familia por hechos ocurridos hace casi 40 años, pareciera corresponder, más que a una corrección a la decisión de un tribunal inferior, a una señal que se quisiera enviar al sector vencedor en las elecciones, indicándole que no habrá cambio alguno en el rigor con que se aplicará la justicia a este sector marginal de la sociedad, confirmando que la doctrina del “ni perdón ni olvido” seguirá plenamente vigente, a pesar del cambio de gobierno.

El mensaje, con las dolorosas e injustas consecuencias imaginables, solo confirma la percepción acerca de la persistencia del espíritu vengador que –alimentando el beneficio de unos pocos– seguirá dividiendo a los chilenos, hasta que alguien tenga el valor de detenerlo. Una vez más se demuestra la inequidad en el trato a los militares, quienes se encuentran expuestos a una humillante discriminación judicial que tan solo alimenta sentimientos que atentan gravemente contra la unidad espiritual que debiera existir entre los chilenos.

6. Financiamiento ONG JURE

La defensa judicial de los militares ha estado desde hace un par de años sostenida en gran parte por la Organización No Gubernamental “Justicia y Reconciliación”, constituida legalmente y controlada como tal por el Ministerio de Justicia. Su financiamiento ha estado en manos de unos pocos mecenas y en especial en el aporte voluntario del personal en servicio activo del Ejército.

Recientemente y en forma totalmente inesperada, el principal aporte fue reducido a la mitad, obligando a desligar de la defensa de los militares a 12 de los 18 abogados que cumplían esta labor, generando con ello una concentración de causas en los 6 abogados restantes, lo que con seguridad debilitará gravemente la defensa de los afectados, justo en el momento en que la mayor parte de los procesos entran en sus etapas finales.

El grado de desesperación que ello ha causado en los afectados es enorme, provocando sentimientos de abandono y de impotencia ante el desamparo en que son dejados frente a la coordinada acción de sus adversarios, en especial al saber que los actos de los que se les acusa fueron desarrollados mientras se desempeñaban como empleados del Estado y formando parte de un ente disciplinado y jerarquizado, hecho que hoy es completamente ignorado por los administradores de la justicia vengadora.

Sin financiamiento, el destino de los militares quedará probablemente en manos de jóvenes defensores públicos, quienes se enfrentarán a avezados equipos de abogados, entre otros los del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y nada menos que los del Consejo de Defensa del Estado, sin posibilidades de equiparar su poder de influencia ante los magistrados y ministros de corte.

7. Petición de indulto de la Iglesia Católica

La Iglesia Católica ha planteado formalmente una petición al gobierno para que se dicte un indulto con motivo del Bicentenario de la Independencia Nacional, sin que a la fecha se haya obtenido un pronunciamiento oficial sobre el tema. Entretanto, la izquierda política ha levantado voces en contra de cualquier beneficio que pudiera alcanzar a los militares condenados, presionando directamente al gobierno para evitar que su decisión los favorezca, a pesar de cumplir con todos los requisitos posibles de exigirles para ello.

Una vez más, la sociedad chilena es testigo de la discriminación con que se trata a los militares, quienes son estigmatizados como genocidas en una grosera manipulación de la historia. Nadie recuerda en cambio lo sucedido con los criminales terroristas que fueron indultados por los gobiernos de la Concertación o beneficiados con la Ley de Amnistía, la misma cuya aplicación es negada sistemáticamente a los militares. Será muy interesante conocer en su momento la cantidad de indultados otorgados por los gobiernos concertacionistas, en especial aquellos de última hora.

Nos encontramos hoy ante un escenario previsible, en el que no existe la voluntad política con capacidad para imponer la equidad mínima que un acto de esta naturaleza amerita. Por el contrario, se percibe la clásica tibieza y doble estándar de un mundo político donde los derechos universales del ser humano son utilizados para presionar y obtener ventajas electorales, económicas y de cualquier tipo. Cualquier cosa menos que la satisfacción de la necesidad de trato igualitario a que todo hombre tiene derecho.

Si los militares son dejados fuera de esta iniciativa y se insiste en tratarlos como ciudadanos de segunda, el gobierno estará cediendo ante la presión de un grupo minoritario, en desmedro de los verdaderos intereses que competen al bien común y en directo y grave perjuicio de un grupo de hombres que se entregaron en forma honesta y leal al servicio de la Patria, aún cuando en algunos casos pudieran haber caído en excesos que –fuera del contexto en que se desarrollaron– son difícilmente entendibles.

Los hechos descritos anteriormente demuestran que la situación que afecta a los militares en retiro parece encontrarse lejos de una solución y que –por el contrario– se estaría agravando. Las razones para ello están a la vista y de no mediar una reacción pronta y completa, la sociedad chilena será testigo del encarcelamiento extemporáneo y abusivo de otra gran cantidad de oficiales y suboficiales de las FF.AA. que, al igual que los anteriores, serán tratados sin el menor respeto a los mismos derechos humanos en cuyo nombre sus adversarios dicen actuar.

La aplicación sesgada de la Ley y la negación para los militares de los derechos que ella consagra a todos los chilenos, transforma inevitablemente a los ex-uniformados en “presos políticos”, lo que –junto con alejar la ansiada reconciliación y unidad nacional– constituye una incómoda herencia para los nuevos gobernantes, mientras se siguen sirviendo los objetivos de un grupo político tan ideologizado como ajeno a los intereses de la mayoría de la población.

Si el odio no es contenido a tiempo y se permite que éste siga marcando el eje de la relación entre los chilenos es dable esperar futuras situaciones en las que veremos una vez más aflorar sus dañinos efectos, plasmados en violencia, Todo ello, en un ciclo interminable que solo puede ser interrumpido con el ejercicio vigoroso de la voluntad política y el apoyo de toda la sociedad, en especial de aquellas instituciones que constituyen sus referentes morales y éticos.

Al echar la vista atrás sobre la Historia patria no se trata sólo de valorar correctamente los hechos, de comprender qué fuerzas y con qué sentido operaron en un momento dado, o de discernir las consecuencias que se siguieron de un determinado tumbo de nuestro devenir. Se trata también, y quizás sobre todo, de comprender mejor nuestro presente y de conocer si de ese pasado, interpretado adecuadamente, se extraen lecciones para nuestra actuación hoy.

Ya han comenzado los fastos subvencionados para festejar artificialmente un bicentenario (1810-2010) fantasmagórico. Celebración postiza, como casi todo en nuestra política de los dos últimos siglos, pues a pesar de la machacona y machacante insistencia oficial durante estas dos centurias, no existe ningún tipo de entusiasmo popular americano en torno a la llamada “emancipación” de España.

Bicentenario fantasmagórico, pues en 1810 nadie se independizó todavía y si algo se quiere festejar deberíamos hablar del 200º cumpleaños de las “máscaras de Fernando VII”, con las sombras de duda que sobre la honradez de sus protagonistas siguen sin disiparse.

A ambos lados del océano Atlántico hemos sido incapaces de ofrecer una explicación veraz y popular, compartida, de aquellos terribles sucesos que en realidad fueron guerras civiles entre españoles y que no desembocaron como se dice en ninguna emancipación (pues de yugo extranjero puede empezar a hablarse después de la independencia y hasta hoy, sin solución de continuidad), sino de la destrucción de la comunidad política hispánica.

A partir de entonces el nombre de España se reservó para la porción “europea” de la hispanidad, pero esa continuidad nominal no oculta que el proceso consumado en 1825 supuso un parteaguas en cuanto a la vieja concepción y autoconciencia española. Muchos hitos previos prepararon aquella crisis, pero hasta entonces, y si se quiere hasta la muerte del infame Fernando VII, rey tan legítimo como malo, España era una cosa y después, otra muy diferente. Diferente por problemática y también por artificial, con una artificialidad simétrica a la de las nuevas “naciones” americanas.

Conviene, pues, reflexionar sobre aspectos deliberadamente olvidados durante estos dos últimos siglos al hablar de aquel trauma, español por hispanoamericano. Y que conste que hasta los piadosos intentos de Maeztu o de Vizcarra no llegaron a levantar el velo de la purulenta herida. Guardaron un reverencial silencio sobre los aspectos netamente políticos que estaban en juego, se replegaron sobre una hispanidad cultural y religiosa, que balsámicamente dejaba intacta la cuestión candente.

Es necesaria una todavía más radical “Defensa de la Hispanidad”: de la hispanidad política, de la doctrina política católica e históricamente española y eso no será posible reflexionando sobre una inexistente e hipostatizada “esencia de España”, al modo regeneracionista y liberal, sino volviendo los ojos a “la piedra de la que hemos sido tallados”, fuera de la cual no será posible regeneración ninguna para esta comunidad política (ahora virtual) que se llama España. “Españoles que no pudieron serlo” es mi aportación a esa defensa de la hispanidad.

Nota: Este artículo fue pobliado originalmente por El Brigante, www.elbrigante.com.