La aprobación por parte de la comisión de salud de la Cámara de Diputados de la posibilidad que la eutanasia pueda ser aplicada a menores de entre 14 y 17 años, ha reavivado un debate que se había visto adormecido por otras preocupaciones tal vez más urgentes, pero sin duda menos importantes. Y no lo son, puesto que aquí estamos tocando ni más ni menos que la vida de nuestros ciudadanos, que debiera ser el leit motiv de todo lo demás.
La eutanasia se ha ido extendiendo de manera paulatina en Occidente como un cáncer que muestra un claro desprecio por la vida –en particular por aquella débil y necesitada–, aunque se vista de ropajes de amor y compasión y cierre los ojos ante los notables avances que han tenido los cuidados paliativos en los últimos años. Y entre otras muchas, esta situación actual merece al menos cuatro comentarios.
El primero es que parece absurdo otorgar tal nivel de libertad a un adolescente –aunque se añadan otros requisitos–, pues existen muchísimas otras decisiones vedadas para ellos que resultan absolutamente intrascendentes en relación al tema que nos ocupa. Seguramente es una de las consecuencias del avance de la noción de “autonomía progresiva” que, entre otros, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño se ha esforzado por acrecentar y difundir hasta el paroxismo, al punto que a veces uno se pregunta si para los defensores de este concepto, los padres tienen algún papel en la formación de sus hijos.
El segundo es que sea cual sea la edad de la persona que podría solicitar la eutanasia, existen serios motivos para dudar en cuanto a si dicha petición es realizada de manera libre y espontánea, por la sencilla razón que el afectado se encuentra en una situación límite, sin perjuicio de la presión que voluntaria o involuntariamente puedan ejercer sus más cercanos para que pida poner fin a sus días.
El tercero apunta a que tal como ha ocurrido en los lugares donde se ha aprobado, la eutanasia tiende a crecer, por muchos límites que se establezcan en un principio para su otorgamiento. De hecho, actualmente en algunos países puede ser solicitada sin condiciones y en otros, incluso se ha impuesto sin el querer del afectado, como a los dementes, por ejemplo.
Finalmente, el cuarto comentario es futurista, aunque ya no tanto: piénsese en lo peligroso que resulta contar con la posibilidad legal de deshacerse de personas enfermas, en sociedades que envejecen a un ritmo acelerado, como las nuestras, y cuyos sistemas de salud ya se están viendo enfrentados a serios problemas de sustentabilidad económica. La masificación de la eutanasia podría ser vista como su salvación financiera.
En el fondo de todo, estos y otros problemas surgen debido a que no resulta para nada inocuo que en una sociedad se cuente con una ley que permite la eutanasia, pues se añade un elemento que no existía en su ausencia. Es algo así como agregar un nuevo factor en una ecuación, lo cual altera el resultado final de la misma, y a veces profundamente. Ello, porque abre la posibilidad de solicitar directamente la muerte de alguien (que no es lo mismo que rechazar los tratamientos), sea que lo haga el afectado o algún interesado, posibilidad que no existe –al menos de manera impune– sin una norma semejante. De esta manera, la tentación de optar por este camino se torna peligrosamente real, lo cual puede afectarnos a todos.

Nota: El autor es Director de la carrera de Derecho en la Universidad San Sebastián. Este artículo fue publicado originalmente por diario El Sur de Concepción.