El Presidente Piñera ahora las emprendió en contra de las pensiones de los presos de Punta Peuco. En una entrevista expresó que “me parece muy mal que una persona que cometió delitos atroces esté recibiendo ese tipo de pensiones del Estado, pero eso es porque así lo establecen las leyes”. Y añadió que “estamos haciendo un esfuerzo muy grande por corregir ese tipo de situaciones que hiere y atenta la conciencia de todos los hombres y mujeres”, de lo que todos entendieron que vería la forma de quitárselas.

¿Hay una nueva embestida presidencial contra los militares para congraciarse con la izquierda, por lo que sucedió hace más de 40 años? Al menos, se advierte poca voluntad de asumir costos políticos y oponer resistencia frente a cualquier cosa “popular” que se le plantea. Así, ante las protestas feministas modificaremos la Constitución para que diga con más palabras lo que ya dice: que “hombres y mujeres son iguales ante la ley”.

Como eso de quitar las pensiones no estaba en ningún plan, fuentes de gobierno tuvieron que salir a precisar que las modificaciones que se estudian no tendrán efecto retroactivo; o sea, que no se va a hacer lo que insinuó el Presidente. Más aún, que el primer mandatario se refería a revisar el régimen de previsión de las FF.AA. y Carabineros, en cuanto ha permitido que algunos (¡hasta un obispo!) hayan obtenido más de una pensión y por montos inusualmente elevados. Por su parte, varios diputados oficialistas se opusieron a que se afecten las pensiones de dichos presos, incluso uno que trabajó en el “segundo piso” en la primera administración Piñera.

Pero nadie dejó en claro que lo que deslizó el Presidente es inconstitucional, injusto e inhumano. Si bien el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) argumentó acertadamente que la pensión es un derecho constitucional, se quedó corto, ya que la Carta Fundamental señala taxativamente que “no podrá aplicarse como sanción la pérdida de derechos previsionales”, sin hacer excepción. O sea que a nadie, no importa el delito que haya cometido, se le puede privar de las prestaciones de seguridad social que le corresponden. Ya que sería injusto, no sólo porque se ha aportado monetariamente para percibirlas, sino por constituir un ensañamiento que el Estado, aparte de aplicar la cárcel como castigo, deje al condenado en indefensión en la vejez.

Indefensión que en este caso tiene un alcance adicional: los acusados de violaciones a los derechos humanos son los únicos perseguidos penalmente a los que actualmente el Estado no provee asistencia jurídica y tienen que financiarla como puedan. Y descontada alguna generosidad de terceros, sólo tienen para eso su pensión. Pero no sólo ellos quedarían desamparados al final de sus vidas, sino que también sus cónyuges, pues no hay que olvidar que en esa época las mujeres no solían trabajar, de modo que sin esas pensiones muchas enfrentarían la miseria. ¿Qué opina al respecto la hoy empoderada ministra de la Mujer, no sería eso inhumano?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.