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Objeción de conciencia

Criticable, por decir lo menos, ha resultado la actitud de buena parte de la oposición a la iniciativa del Ministerio de Salud para permitir la objeción de conciencia, tanto a personas naturales como jurídicas, a propósito de la ley de aborto aprobada hace unos meses, siguiendo en esto el dictamen del Tribunal Constitucional sobre el particular. De tal forma, estos críticos pretenden que nada ni nadie pueda oponerse a esta práctica, por muy controvertida que sea, al tratarse en el fondo para ellos de un “derecho humano”.

Lo anterior resulta curioso, puesto que es sabido que el tema del aborto produce uno de los mayores debates de nuestro tiempo, al punto que en muchas ocasiones, su avance ha sido fruto de polémicas sentencias de tribunales superiores o de exiguas mayorías parlamentarias, todo lo cual demuestra muy a las claras que no se trata para nada de una materia pacífica. De ahí que los que se oponen a esta práctica, al menos hayan tratado de mantener a salvo sus propios principios y convicciones mediante la objeción de conciencia.

Y no es para menos: por mucho que algunos consideren el aborto como un derecho, incluso un “derecho humano”, parece demasiado, es más, resulta inaceptable, que un médico tenga que ser violentado en sus convicciones más profundas y obligado a cometer lo que él considera, con fundamento biológico, un asesinato. Por eso resulta totalitaria una actitud que so pretexto de supuestos “derechos humanos” (que se insiste, en este caso generan una gran y fundamentada polémica), pretenda imponerse de manera avasalladora, no aceptando la más mínima crítica ni disidencia. Lo cual se muestra con las amenazas que usualmente se esgrimen contra los objetores, que van desde la pérdida de sus trabajos o la imposibilidad de acceder a los mismos, hasta el corte de los fondos en caso de ser una institución que recibe ayuda del Estado.

¿Dónde ha quedado pues, el derecho humano fundamental a no verse obligado a actuar contra las convicciones más profundas de una persona? ¿Justifica el supuesto derecho de algunos la cuasi esclavitud de otros? ¿Es justo que el profesional de salud que de buena fe considera que el aborto es un crimen, tenga que ensuciarse las manos para no perder su fuente de trabajo, si además, es posible derivar a quien lo solicita con otro profesional que sí está dispuesto a hacerlo? ¿Ocurrirá lo mismo si se llega a aprobar la eutanasia?

El problema de fondo, y al cual hemos aludido varias veces, es que en la actualidad, el progresismo pretende imponer su agenda valórica amparándose en la noción de “derechos humanos”, que desprovistos de cualquier raigambre objetiva, hoy dan para todo. De esta manera, basta con asignarle este rótulo a cualquier pretensión, por polémica o absurda que sea, para que por ese solo hecho, se sacralice y se conviertan automáticamente en los peores herejes quienes se opongan a ella. Por eso volvemos a repetirlo: actualmente muchos de los “nuevos derechos humanos” –que poco o nada tienen que ver con la Declaración Universal de 1948– están siendo utilizados como verdaderos instrumentos de dominación, como mecanismos para imponer de manera totalitaria una serie de comportamientos que van desde el irrespeto a la vida de los más débiles, hasta anular el derecho de los padres para educar a sus hijos, por mencionar sólo algunas de las polémicas más conocidas de nuestros días. ¿Seguiremos pisando el palito?