Preocupado por la suerte que correrá nuestro país en el Tribunal Internacional, creo que es un deber representar públicamente la situación que enfrentaremos atendiendo a antecedentes históricos.
En la historia de Bolivia, hasta hoy, ha primado la vocación altiplánica y su desapego frente al mar. Los primeros habitantes en el litoral fueron poquísimas agrupaciones trashumantes, que difícilmente pudieron sobrevivir en un ambiente hostil. En cambio, en el altiplano arraigaron poblaciones como los tiahuanacotas, quechuas, aymaras e incas que con sus actividades pudieron mantenerse exitosamente.
La presencia española confirmó la dominación de las alturas, mediante la explotación de las masas aborígenes y la minería del oro y de la plata. Mediante diversas disposiciones, relativamente ambiguas, la monarquía hispánica creó la Audiencia de Charcas abarcando el altiplano y extendiendo su jurisdicción hasta el litoral de Atacama. Sin embargo, las determinaciones no fueron del todo claras y con el paso de los años se hicieron ambiguas. Decisiones del rey y virreyes del Perú, en diversos momentos, señalaron que la Audiencia de Lima lindaba con la de Chile, excluyendo a la Audiencia de Charcas. También la costa atacameña, en el siglo XVIII, fue adjudicada al virreinato de Buenos Aires, aunque no tuvo efectos concretos.
En esa forma, la jurisdicción de Charcas llegó a ser ambigua y en hechos concretos llegó a producirse una superposición de las jurisdicciones de Charcas y de Chile. Hubo determinaciones oficiales que favorecieron y dieron privilegios a vecinos de Santiago en el territorio en cuestión y, a mayor abundamiento, las autoridades reales confiaron a naves dependientes de Chile la vigilancia y protección del litoral.
Llegaron de esa manera los últimos días coloniales y mediando asuntos de carácter clerical, el monarca reconoció que la jurisdicción de Chile confinaba con la del Perú, sin considerar para nada la situación de Charcas.
A partir de 1810 los hechos comienzan a complicarse. El Alto Perú, como se designaba a lo que hoy es Bolivia, se mantuvo en situación incierta, hasta que Bolívar y Antonio José de Sucre crearon las bases para organizar la «República de Bolívar» y le adjudicaron un territorio que llegaba al mar y dispusieron su reconocimiento para formar un puerto. Favorecida fue la caleta de Cobija, situada al norte de lo que hoy es Antofagasta. Sin embargo, Bolívar y Sucre eran escépticos sobre el destino de Cobija y el último comentaba que su habilitación sería «más con bulla que provecho«. Ambos próceres deseaban tratar con el Perú la transferencia de Arica.
Pasaron varias décadas sin que se activase el problema de límites.
La explotación del guano y luego del salitre acarreó problemas con empresarios chilenos y hubo situaciones conflictivas que arrastraron a la Guerra del Pacífico.
Tras el diferendo entre Bolivia y Chile se escondía la acción oculta del Perú, que procuraba mantener su monopolio mundial de venta del salitre. En años anteriores, el gobierno de Lima había expropiado las salitreras de su territorio, las únicas conocidas hasta ese entonces, y luego estableció el monopolio de la venta del nitrato por mano del Estado, que constituía una altísima renta. Bajo esas circunstancias, el descubrimiento de salitre en suelo boliviano, al interior de Antofagasta, y su explotación por la Compañía de Salitres de Antofagasta, en la que primaban los capitales chilenos, venían a echar por tierra el monopolio peruano y sus especulaciones.
Surgió entonces la presión de Lima en La Paz para impedir la actividad salitrera en suelo boliviano, de cuyas resultas el gobierno altiplánico decidió imponer un impuesto al nitrato que se exportase, lo que contrariaba la exención establecida con Chile mediante un tratado que tenía seis años de vigencia. A la vez, mediante subterfugios se procuró impedir la explotación en nuevos distritos mineros.
Estas materias han sido estudiadas sobre sólidas bases documentales por Manuel Ravest Mora y subsidiariamente por el que suscribe estas líneas.
El gobierno boliviano decretó un impuesto por el salitre exportado; pero luego, como eso significaba violar el tratado existente desde 1874, procedió en una medida aún más arbitraria y violenta, a rescindir los contratos de concesión de los terrenos salitreros. Era una burla y un acto de mala fe cuando se estaba en negociaciones sobre la materia.
No quedaba más camino que la guerra y La Moneda procedió a iniciar las hostilidades.
El gobierno de Evo Morales, torciendo por completo la realidad de los hechos, ha procurado insistentemente culpar a Chile como país expansivo y agresor.
Recientemente en las páginas de este periódico (13 de febrero) se dio a conocer el planteamiento del abogado español al servicio de Bolivia, señor Ramiro Bratons, quien sostiene que el tribunal no debe actuar en derecho, sino con sentido de justicia, vale decir, de manera subjetiva, sin atenerse a las disposiciones convenidas en 1904.
Ese planteamiento es concordante con el deseo oficial de La Paz de inspirar conmiseración en lugar de aceptar la validez del derecho. De acuerdo con esa idea, todo convenio de derecho sería discutible.
Es el resorte que mueve el gobierno boliviano para prescindir de los hechos históricos y del derecho.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.