El Presidente de la República ha manifestado que Chile no adherirá al Pacto Migratorio que se está suscribiendo en Marrakech. La decisión, minoritaria en el concierto de los países, ha sido ampliamente criticada por las fuerzas de oposición. No obstante, dicho Pacto comportaba implicancias inmediatas no sólo en el ejercicio del poder soberano de la Nación, sino respecto a todas las prestaciones y servicios que el Estado de Chile debía proporcionar, por tiempo ilimitado, a quienes se encontrasen en situación de migrantes. La medida adoptada es digna de celebrar, puesto que atiende decididamente a los intereses superiores de Chile y de sus ciudadanos, permitiendo que sea el propio país el que establezca las reglas que han de regir la entrada de inmigrantes a su territorio y que, como consecuencia, dicha facultad no quede supeditada al contenido de un convenio internacional que concede a la posibilidad de inmigrar la calidad de un derecho humano inalienable, al que se adosan una amplia gama de deberes imposibles de eludir en caso de aceptarlo.

La decisión presidencial resulta particularmente oportuna si se considera que, cada vez más, la entrada de extranjeros a vivir en el país se convierte en una situación que preocupa a los chilenos, en particular a quienes viven en las zonas de mayor vulnerabilidad. Estos experimentan directamente el desmedro que este fenómeno comporta en sus vidas cotidianas. El impacto resulta cada vez más evidente en diversos ámbitos de las mismas. Es el caso, por ejemplo, de lo que acontece en los recintos hospitalarios y de asistencia ambulatoria, que ya desde antes tenían un funcionamiento deficiente y que, en la actualidad, con la masiva presencia de inmigrantes, se ven aún más deteriorados. Basta conocer la realidad de los policlínicos de las zonas aludidas, para aquilatar el deterioro en las prestaciones a los pacientes que conlleva el aumento significativo en las necesidades de cobertura asociadas al crecimiento de la población que acude. Este es únicamente un botón de muestra de las consecuencias de un proceso de inmigración mal encauzado.

No se trata de oponerse a la inmigración en sí misma, menos todavía a las personas que se ven, las más de las veces, impelidas a dejar sus países para buscar mejores perspectivas de vida fuera de ellos. El punto crucial es evitar un proceso de inmigración irresponsable: descontrolado y desorganizado, como el permitido durante el gobierno anterior. Quienes así han actuado, aunque hayan recibido los aplausos de algunos organismos internacionales, en los hechos han desconocido la realidad de una gran parte de los chilenos que han estado por años total o parcialmente excluidos y que ahora ven perder su lugar en el acceso a prestaciones básicas. Ya era hora de actuar con sensatez y valentía en la materia, sin obsecuencia a la corrección política internacional.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera