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Nos quieren meter un gol

El despacho en la Cámara de Diputados del proyecto conocido como de “Goles para todos” no ha generado muchas reacciones ni tampoco tenido mayores repercusiones. Y, sin embargo, este proyecto, una moción presentada por parlamentarios, amerita un análisis más detenido. Aquí se “regula la transmisión de partidos oficiales del torneo nacional de fútbol por la televisión de libre recepción”. Al hacerlo se basa en la referencia a un “derecho al acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad”.

No es necesario ser abogado para anotar que la alusión al “derecho a la información” que aparece aquí suena artificial. Si bien en particular el Canal del Fútbol (CDF) tiene los derechos exclusivos para transmitir los partidos de fútbol del campeonato nacional por televisión, ello de ninguna manera limita el derecho a la información: radios, diarios, los noticiarios de la televisión abierta y otros medios digitales informan ampliamente sobre estos temas (siendo la única restricción importante la transmisión de los goles en la televisión abierta). Hace algún tiempo se escuchaba incluso la queja porque los noticiarios de televisión destinaban una gran parte de su emisión a la cobertura del deporte, lo que sugiere que no está claro el interés nacional involucrado aquí.

Pero hay otros puntos que vale la pena considerar respecto de este tema. Una primera pregunta se refiere al verdadero problema de política pública en juego aquí, y que estaría motivando una moción de este tipo. En la medida que en la mayor parte de su articulado el proyecto hace referencias al fútbol profesional (incluyendo el campeonato de fútbol femenino) se podría deducir que el legislador encuentra un problema en este ámbito: las referencias (complementarias a los argumentos ya mencionados) a la “hegemonía económica” de la industria de televisación del fútbol, y la “mercantilización” de la actividad deportiva, que aparecen en el ingreso del proyecto apuntan en esta línea. Y, sin embargo, estos argumentos no suenan relevantes ni convincentes para justificar una ley como la planteada, que busca crear un nuevo derecho social, y que más bien parece ser una propuesta efectista que apelaría a las pasiones de algunos grupos de votantes (y quizás por eso la extensión durante la tramitación del proyecto, a otros tipos de deportes).

Otro tema se relaciona con los contratos ya existentes respecto de los derechos de transmisión del fútbol. En la actualidad esta cuestión se cruza con la venta del CDF y la investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a este respecto. De acuerdo a lo informado por la prensa, las bases de licitación del CDF consideraban la transmisión por televisión abierta de algunos partidos del campeonato nacional. (Y, en todo caso, hace poco la Cámara de Diputados citó a la FNE y a la Asociación del Fútbol, propietaria mayoritaria del CDF para conocer pormenores de este proceso de venta; ¿para qué, nos podríamos preguntar?)

Esta breve discusión ya sugiere que este proyecto parece injustificado e inspirado en consideraciones improcedentes. La dedicación de nuestros legisladores, un factor escaso dadas las restricciones de todo tipo que ellos enfrentan, se pudo haber focalizado en proyectos más relevantes. Y, obviamente, llama la atención que haya sido aprobado por la Cámara; ¿qué tipo de incentivos son los que enfrentan nuestros legisladores que los llevan a votar a favor de un proyecto de este tipo? No basta, entonces, con preocuparse solamente del populismo en otros países. Al igual que con otros proyectos igualmente mal motivados, como las diversas propuestas sobre feriados regionales que siguen su curso legislativo, esperamos que en su discusión legislativa posterior (en este caso en el Senado) esta iniciativa será rechazada y sólo quedará en la historia anecdótica de nuestro poder legislativo, junto con otros proyectos como, por ejemplo, el de la “ley de siesta” (presentado el año 2003, y que también consideraba la siesta como un “derecho” -y que fue rechazado en la propia Cámara).

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl