La semana pasada la tercera sala de la Corte Suprema volvió a fallar en el sentido de obligar al Estado a financiar medicamentos de alto costo considerando que las restricciones presupuestarias “no debieran invocarse cuando está comprometido el derecho a la salud física o psíquica de una persona”. Con éste son tres los casos en que ha acogido recursos de protección originados en la misma enfermedad degenerativa, la atrofia muscular espinal, que va afectando progresivamente funciones vitales como moverse, comer o respirar. Pero en junio pasado, la misma sala volvió a obligar al Estado a financiar por segunda vez la carísima droga para combatir el Síndrome Hemolítico Urémico (SHUA).

Bien por los padres y estos pequeños. ¡Qué más quisiera uno que sentir el respaldo del fisco para un drama similar, donde prolongar la vida de un hijo depende de un fármaco inaccesible por el precio!

Los cuatro supremos no aceptaron el argumento de Fonasa que hoy existen leyes que regulan la cobertura de salud de medicamentos de alto costo y que el para tratar la atrofia muscular espinal no se ha incorporado por razones técnicas. Desde 2015, la ley llamada Ricarte Soto ha ido sumando progresivamente las enfermedades raras que financia (este año serían 24) y junto con ello ha ido creciendo el número de personas beneficiadas, que a comienzos de año estaban en torno a las 8 mil 500. Es obvio que no hay un juez o un funcionario definiendo a dedo quiénes son los beneficiados, sino que se creó un protocolo que garantiza un sistema de evaluación y priorización que considera variables como el costo, la efectividad del tratamiento y el alcance de los beneficiados. Y, por supuesto, los conflictos de interés.

En Chile existen 1,3 millones de personas con una enfermedad rara, de manera que la mayoría está fuera del beneficio estatal. Luego de este fallo se espera que los 180 niños que tienen la misma afección busquen que la Corte les asegure el fármaco, que tiene un costo anual el primer año de 500 millones de pesos. Como hay una organización respaldándolos, debieran lograrlo y sumarían 90 mil millones de pesos, más que el presupuesto total del que dispone la ley Ricarte Soto, 83 mil millones para las casi 8 mil 500 personas este año.

Pero no debieran recurrir a los tribunales sólo estos 180 niños, sino que el millón y tanto de personas con enfermedades raras y todas las que tienen patologías de tratamiento caro no cubiertas por el Auge. Los supremos aclararon que su decisión “no alcanza ni define en modo alguno la implementación y diseño de políticas públicas, pues tal labor excede la facultad de esta Corte”. Es decir, el máximo tribunal no reemplaza la administración de la salud en Chile, pero tampoco se hace cargo de las consecuencias de sus decisiones.

Porque su fallo obliga a reasignar los recursos ya asignados en salud y en la medida en que son escasos, y no alcanzan para todos, darle a algunos significa quitarle a otros. La Corte Suprema no se hace cargo de a qué partidas hay que quitarle fondos, tal vez a las vacunas, que son tan caras, y no hay un inminente riesgo de muerte si se reducen los programas de vacunación ahora. Y, ¿qué ocurrirá después si vuelven los polios, las difterias y viruelas, entre otras?

Y para ser justos en garantizar el derecho a la vida que mandata la Constitución, ¿cómo va a asignar el beneficio el máximo tribunal? Si es por llegar a su corte es injusto, porque no todos pueden hacerlo. Si es por orden de llegada es también injusto, porque a los últimos no tendrá nada que darle si los recursos se agotan de tanto exprimir el limón.

No quisiera tener nunca en mis manos la facultad de decidir si alguien va a vivir o morir. Pero en salud cada decisión que se toma de presupuesto, o al interior de un hospital, tiene una dimensión ética. ¿Comprar más escáners, formar más especialistas o construir nuevos consultorios? ¿Incorporar al Auge el cáncer a la vesícula o a los ovarios? Cuando lo que se administra es la escasez, darle a uno es no atender otras necesidades que pueden ser tan urgentes como las otras y afectar a muchas más personas.

Es tan complejo el asunto cuando las necesidades son tan diferentes y son tantos los necesitados, que pareciera que lo más justo es que los tribunales no asignen los recursos a los que judicialicen el tema, sino que lo dejen a la administración. En último término, ésta tiene que responsabilizarse también de las consecuencias de sus decisiones. Y si el sistema no está funcionando o es injusto, habrá que mejorarlo, pero judicializar las asignaciones presupuestarias no es saludable para nadie.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl