Por fin llega una reforma que debió hacerse hace mucho tiempo, pero en política faltan agallas cuando se trata de subir la tajada de los ingresos que hay que destinar a ahorro para la vejez, y sobran, en cambio, cuando se trata de repartir platas de los mismos chilenos para destinarla a la gratuidad de educación superior. En un caso se trata de un deber, en el otro, de un gustito que pagamos todos y que pasa por la generosidad del gobernante.

Las críticas injustas al sistema previsional tampoco han ayudado a introducir los cambios, a pesar de estar posicionado entre los mejores del mundo y ser objeto de copia en decenas de países. El informe de Pensiones Mercer 2018, si no lo puso más arriba en el ranking (octavo mejor del mundo) fue por reproches que se le formulan por tener una tasa de cotización y una edad de jubilación muy bajas y un mercado laboral con dificultades para contratar personas mayores, así como un alto número de independientes que no cotiza en Chile. Ninguno de ellos es responsabilidad de las AFP. Y la mayoría, si no todos, son de cargo del Estado, que es el regulador y quien dirige la política económica.

Un efecto inesperado de los abusos con las pensiones en Gendarmería fue que gatillaron, aparte de las marchas “No + AFP”, una mejor comprensión del sistema. Recuerden los casi seis millones mensuales (en plata de hoy) que obtenía la ex esposa de Osvaldo Andrade que no tenía derecho a cotizar en el sistema estatal de Dipreca, que como todos los de reparto se financian principalmente con nuestros impuestos. En medio de la rabia al ver estos asaltos a las platas públicas, muchos entendieron que el 10 por ciento de cotización en el sistema privado es muy insuficiente para obtener una pensión similar a los ingresos durante la vida activa y, prescindiendo de la negligencia del regulador, comenzaron a hacer ahorro voluntario. Eso explica que hoy sumen cerca de dos millones las personas que optaron por esta vía para mejorar sus años de retiro que se prolongan cada vez más. En 2008 eran apenas 400 mil.

La ideologización de cualquier mejoría hace imposible decir la verdad a quienes no quieren oírla: que el sistema de reparto es inviable y está quebrado en todas partes donde funciona, que las personas tenemos que prolongar la vida laboral porque cada vez vivimos más años, que hay que aumentar lo que se ahorra para la vejez y cotizar siempre, no a veces o sólo cuando se es empleado dependiente. Tratar de ir con la ola popular impidió que el anterior gobierno asumiera el tema, porque había que conciliar el clamor “No + AFP” con el objetivo prioritario que es subir las pensiones sin meterle la mano al bolsillo a los que se esfuerzan por ahorrar.

La propuesta del Ejecutivo deja como una opción que el 4,2% adicional que se deberá cotizar sea administrado por las AFP. Se trata que los contrarios per se al sistema privado puedan pensar en un administrador estatal o en otro diferente a las AFP. Pero lo cierto es que las personas son menos tontas que lo que supone la ideología. Y podría apostar que la gran mayoría va a elegir que sea su AFP la que administre esta mayor cotización. Las razones son varias: no le cobrarán por administrársela (la comisión es sobre el flujo, que  no variará), hasta aquí han ofrecido una rentabilidad que no se obtiene en ningún otro instrumento en el mercado financiero (8%  real anual desde la creación del sistema contributivo) y no hemos sabido jamás de robos, quiebras, fraudes, jubilazos, etc.

Más allá de la ideología, la gran prueba para el sistema privado será qué porcentaje de ese 4,2% adicional se destinará a las AFP y cuánto a una o varias entidades del Estado u otras privadas. Y un dato más sobre cómo el Estado llega siempre tarde. Según el responsable del Informe Mercer Chile, el 14% propuesto sigue siendo insuficiente.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, wwwellibero.cl