Oscar Centeno será un nombre que los argentinos no olvidarán fácilmente. Chofer del círculo cercano del Ministro de Planificación Julio de Vido y su subsecretario Roberto Baratta, llevó un detallado registro manual en cuadernos tipo escolar del recorrido de bolsas con dinero en efectivo proveniente de coimas millonarias, que terminaban en la residencia presidencial de Olivos y en el departamento de los Kirchner en la Recoleta.

Al igual que Vasili Mithrokin, el archivero de la KGB que desertó a Occidente con las copias escritas por él de todos los secretos que pasaban por sus manos antes de archivarlos, produciendo el golpe de inteligencia más extraordinario conocido hasta ahora, Centeno registró en cuadernos todas las operaciones de traslado de dinero en bolsas, producto de las coimas requeridas para asignar contratos, destapando un escándalo nacional.

Si esto ocurrió en Argentina, por qué preocuparnos nosotros, se preguntará. Simple, porque la corrupción, al igual que la mitológica hidra, tiene muchas cabezas, existe en todos los países y su venal existencia termina afectando moral y económicamente a toda la sociedad.

Es toda la sociedad la que finalmente termina financiando, sin quererlo pero obligada a hacerlo, a quienes desde el poder que sustentan, se enriquecen ilícitamente.

Partamos por el efecto de los sobreprecios. Si el Estado asigna una licitación a una empresa por 120 pero su costo real es 100, los innecesarios 20 de costo extra son para pagar el soborno que permite ganar el contrato. Pero lo desgraciado de esta situación es que de las arcas fiscales salen los 120, y esos 120 provienen de los impuestos pagados por todos. Es decir, es toda la sociedad la que finalmente termina financiando, sin quererlo pero obligada a hacerlo, a quienes desde el poder que sustentan, se enriquecen ilícitamente.

Y es en el costo para la sociedad en lo que quiero profundizar, porque la corrupción no siempre se relaciona a pago de sobornos. Otra de las cabezas de esta hidra es el uso de recursos fiscales para pagar favores políticos. Porque, pregúntese, ¿es lícito contratar gente en el Estado que no se necesita para su normal funcionamiento, pero, no importando aquello, se les integra a un cargo para mantener cuotas de poder?

Con esta pregunta aterrizo en Chile, porque recientemente Chilevisión dio a conocer un informe de la Contraloría General de la República que detectó serias irregularidades en la administración de los presupuestos y los fondos de la Subsecretaría de Prevención del delito durante el gobierno anterior, cuestionando el destino de 122 mil millones de pesos, equivalentes a US$190 millones, que no se logran explicar.

Consultado por esto, el ex Sub Secretario de dicha repartición, Antonio Frey, expresó que había sido presionado para contratar personas como favores políticos, agregando que “los favores políticos se pagan de manera transversal en todo el aparato estatal. Yo no puedo hacerme responsable porque un sistema político distribuye los cargos”. Sin embargo, con posterioridad declaró que había sido sacado de contexto y que “fue un error decir algo que quizá se malentendió”. Era obvio que el argumento del fuera de contexto iba a aparecer, pero lo expresado lo escuchó todo el mundo.

¿Por qué tenemos que hacernos cargo, nosotros los contribuyentes, de financiar el enriquecimiento legal pero ilícito, en cuanto son favores políticos nada más, de cientos de funcionarios de la burocracia, que no justifican su existencia sino para mantener cuotas de poder o peor aún, para acceder al poder?

Si esto es así, me pregunto ¿cuántos de los 50.000 nuevos empleados a contrata que ingresaron al aparato estatal en el pasado gobierno de Michele Bachelet fueron favores políticos? Es importante la pregunta porque si sólo le asignamos un costo promedio para el Estado de 1 millón de pesos mensuales por funcionario, en cuatro años, se habría requerido financiar la no despreciable suma de US$3.750MM para mantenerles sus sueldos. Y digo se habría requerido, porque quizás 1 millón mensual es una cifra baja vs la realidad pagada.

¿Mejoraron en algo los servicios del Estado? Obviamente que no. La burocracia asfixia a proyectos de inversión, a las pymes, a las personas que tienen que hacer trámites en el Estado, etc. La pregunta entonces es, ¿por qué tenemos que hacernos cargo, nosotros los contribuyentes, de financiar el enriquecimiento legal pero ilícito, en cuanto son favores políticos nada más, de cientos de funcionarios de la burocracia, que no justifican su existencia sino para mantener cuotas de poder o peor aún, para acceder al poder?

Cada uno de aquellos contratos destinados a pagar favores políticos es corrupto, y lo es porque implica un enriquecimiento ilícito aunque, reitero, legal porque hay un contrato que lo ampara, puesto que la función para la que fue contratado el favorecido políticamente no se requiere, está demás, no agrega valor, no genera mejoras a los servicios que debe prestarle el Estado a sus ciudadanos. Ese personaje termina siendo un operador político, destinado a mantener, ampliar o conseguir poder para el partido que le asignó el cupo.

Lo perverso de todo esto son las consecuencias para aquellos funcionarios públicos que trabajan honestamente día a día en el Estado, haciendo silenciosamente bien su labor, porque la competencia para ellos resulta desleal. Y para quienes pagamos religiosamente nuestros impuestos: IVA, renta, contribuciones, licencias de circulación, combustible, etc., es inaceptable que se utilice el Estado como coto de caza, porque los costos son altísimos y se nos obliga a financiarlos con tributos cada vez mayores. El Estado es insaciable, y no se ve ni se siente que éste mejore.

Como se ve, la corrupción no solo está presente en Brasil, Argentina o Venezuela. No solo tiene que ver con sobornos o coimas. Esta hidra de múltiples cabezas sabe ocultarse bajo diversos disfraces, y en Chile, también está presente.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl