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Rehue

Celestino Córdova, condenado a presidio por el asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay, presionando ilegítimamente mediante una huelga de hambre y aduciendo su muy conveniente condición de machi (no lo era cuando perpetró ese acto terrorista), ha sido autorizado por Gendarmería -mediante un beneficio carcelario extraordinario- a salir temporalmente del lugar de reclusión para visitar su rehue. El ministro de Justicia ha señalado del convicto que, para tal efecto, “él ha hecho un esfuerzo en hacer posible las condiciones de su solicitud”. ¿Cuál concretamente? Mientras que su par de Desarrollo Social ha sostenido que “la disposición a sentarse a conversar es lo que tenemos que crear hacia adelante”, enfatizando que la intención del gobierno es generar diálogo en la zona en conflicto, motivación política que habría justificado la medida y que hoy daría una luz de esperanza en la solución de la “histórica problemática” que la afecta. ¡Suena bien, pero está mal!, por diversas razones.

En primer lugar, porque el gobierno deja que le tuerzan la mano mediante la huelga de hambre que, en este caso, resulta inaceptable e injusta -pues no hay argumento racional que la sostenga- pero no obstante de alto impacto emocional en la opinión pública. Se trata, lisa y llanamente, de dejarse extorsionar. Segunda, porque la justa privación de libertad del preso trae como consecuencia el no poder practicar sus creencias religiosas de forma plena, cosa que éste sabía cuándo cometió el crimen. Tercera, abre un precedente altamente riesgoso hacia el futuro: ¿Las demandas de cuántos “Celestinos” tendrá que aplacar en lo sucesivo la sociedad chilena otorgando concesiones indebidas? Cuarta, debido a la implícita inequidad de la decisión si, a modo de ejemplo, se la compara con la persistente negativa de las autoridades correspondientes en otorgar beneficios carcelarios previstos para presos ancianos y gravemente enfermos, como es el caso de varios condenados por causa de “violaciones a los derechos humanos”; como si el acto perpetrado por el machi no lo fuese. Quinta, porque ha habido que movilizar a un número cercano a 300 gendarmes y carabineros para esta operación, con el costo de oportunidad y gastos asociados a cuenta de todos los chilenos.

El gobierno ha dado una pésima señal, justo antes de que se den por iniciadas las mesas de conversaciones en la región, presagio de que -temprano o tarde- se asistirá a un mal final en su intento por “pacificar La Araucanía”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.