Que la acusación constitucional de los diputados de izquierda contra tres ministros de Corte Suprema carece de base, no lo duda nadie. Es una simple interferencia en la potestad de los jueces de fallar las causas judiciales; peor aún, que el libelo más bien se funda en el “notable cumplimento de los deberes”, al haber aplicado las leyes como están escritas. En suma, que constituye una burda intimidación para que ningún juez se atreva nuevamente a dictar fallos que sean contrarios a los designios de la izquierda.

Pero el asunto se les viene abajo y casi es un dato que la acusación no será aprobada. Y no porque haya diputados opositores que rasguen vestiduras por ser contraria a un principio básico de la democracia y el Estado de Derecho, como es la independencia de los tribunales, sino porque el diputado Ignacio Urrutia los dejó “marcando ocupado”, cuando anunció que aprobaría la acusación, ya que -según él- “es una oportunidad nuestra para sacar de una vez por todas a jueces de izquierda”; idea que no molestó a otros miembros de su bancada.

Ignoro si lo planificó como jugada maestra, pero así le resultó. Sobrepasó a los acusadores por la derecha y les recogió el guante. Porque entonces, sectores DC o PR se verían votando junto a la UDI, algo poco grato para ellos. Pregunta: ¿qué hará el diputado PC Hugo Gutiérrez, que ha declarado votar siempre al revés que la UDI? Pero hay otro factor: sucede que destituidos los ministros acusados, habría que designar reemplazantes, lo que se hace mediante una quina que tendría que preparar una Corte Suprema muy enojada y de la cual el Presidente de la República, cuyo ministro de justicia ha dicho que hay que designar menos jueces de izquierda, propone un nombre al Senado. Y en éste, la izquierda habría desgastado su línea de crédito al aprobar la acusación y se vería a esa altura en dificultades para negar que estén tratando de politizar la nominación de los jueces. Es decir, que van por lana y pueden resultar trasquilados.

La lección que deja el diputado Urrutia es que en política lo que sirve es el coraje, y no el entreguismo o el escapismo. Si la izquierda quiere prescindir de la institucionalidad, entonces la mejor alternativa es doblar la apuesta. Algo que jamás se imaginaron, porque la derecha siempre se desgasta por proteger la institucionalidad. Ahora le toca -gracias al diputado- a la izquierda.

¿Y qué ha hecho el gobierno sobre todo esto? Nada. Como tampoco lo ha hecho respecto de la remoción ilegal de la Subcontralora por parte del Contralor, no obstante que según ley del órgano fiscalizador (art. 4°), su destitución es potestad exclusiva del Presidente de la República, el único que puede iniciarle un “juicio de amovilidad” con tal fin, ya que es inamovible y no una funcionaria de exclusiva confianza del Contralor. Es que al Presidente no le gusta pagar costos, ni siquiera para defender sus atribuciones. Y la gente se da cuenta: es cosa de ver las encuestas.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.