La discusión legislativa y ciudadana de los tres años previos a la despenalización del aborto marcó ciertos puntos que hoy son importantes de reflotar. Lo hacemos al cumplirse un año de su promulgación y ejecución, que ha estado en manos del Ministerio de Salud bajo dos gobiernos de sello distinto incapaces de materializar muchas de las exigencias de la ley.
La discusión para ser aprobada pasó de una agenda de salud pública a la agenda moral y al empeño por declarar al aborto un derecho humano para las mujeres. Desde su aprobación, la agenda ha sido capturada por el tema de Objeción de Conciencia, eclipsando otro aspecto que fue central en la tramitación de la ley. La necesidad de poner el mismo nivel de exigencia para acceder a la interrupción, tanto la verificación estricta de la causal, como que la mujer sea acompañada en la etapa reflexiva que determinará la prosecución o la interrupción del embarazo.
Contamos hoy con reportes del Ministerio, con números que dan cuenta de la magnitud del problema. Sin embargo, estos abordan una sola de sus dimensiones: la cantidad. Deberemos esperar para saber si esta despenalización ha incidido en las muertes maternas que con su promulgación se pretendió evitar. Al parecer, al menos en lo que corresponde a la primera causal, en alrededor de un 5% de los casos la mujer decidió continuar adelante (¿riesgo futuro?).
También deberemos esperar a que se logre conformar los equipos de acompañamiento para que la mujer tome la decisión de continuar o interrumpir su embarazo.
Hasta ahora, el foco no se ha puesto en la dimensión trágica de la toma de decisión, ya que el mismo empeño que se ha puesto en la capacitación en nuevas técnicas abortivas, no se ha materializado en la generación de herramientas para un acompañamiento efectivo, compasivo, solidario y reparador. No hemos sido informados, por ejemplo, de las intervenciones que se requieren para cortar los círculos de violencia sexual de jóvenes violadas que han requerido la interrupción por la tercera causal cuando son menores de edad. Suponemos que al momento del alta médica, ellas vuelven a sus hogares, donde en un alto porcentaje permanece impune el violador. Tampoco se conoce qué sucede con todos aquellos casos donde hay malformaciones que no son de mal pronóstico vital y que debieran ser acompañados dentro de la misma lógica de trato humanitario y compasivo. Hay mucho más que decir sobre este tema. Sentimos la urgencia de abrir espacios de reflexión que aborden estas aristas y estamos disponibles para aportar con las reflexiones que nos surgen del testimonio de madres que han vivido esta experiencia, de profesionales que la sufren diariamente en la atención primaria y que ejercen su profesión bajo la amenaza del incumplimiento de una norma (ley 21.030) y ello no les permite cumplir con otra norma (Ley N° 20.379).
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera