Más allá de todo el alboroto causado en su momento por el asunto de la gratuidad en la educación superior, no debiera escapársenos otra transformación más sutil de la universidad. Ésta consiste en el paulatino encumbramiento de los estudiantes a otras tareas de la misión institucional. Uno de los motivos que se da para ello es que el grado de desarrollo de las sociedades podría estimarse en función de cuánta democracia admiten sus instituciones. Sin embargo, una paradoja de la vida pública es que, a pesar de que la democracia aparece como un objetivo prioritario en ciertos niveles de la vida política, ninguna de las instituciones que componen una comunidad debería aspirar a gobernarse democráticamente.

Una familia, una agrupación religiosa, un hospital, una universidad no pueden ser democráticos, y esto no perjudica sus funcionamientos. Con respecto a la universidad, señalaba Max Weber en una conferencia pronunciada en 1919 en Munich, frente a un grupo de estudiantes encandilados con la revolución bolchevique, que “la democracia está bien dentro de su propio ámbito, pero la educación científica que, por tradición, hemos de procurar en las universidades alemanas, es una cuestión de aristocracia espiritual, y sobre esto no cabe engañarse”.

El modo en que ha de regirse una institución es una consecuencia directa de su sentido y objetivos. Al ser la universidad la etapa final de aprendizaje y de investigación, se desprende de ello que el profesor que enseña e investiga es quien ocupa el lugar más elevado de la jerarquía. Por cierto, una universidad debe mantener un equilibrio en esas dos funciones, pues si privilegia la investigación, no se ve qué necesidad habría de estudiantes; y si privilegia la enseñanza, no se ve claramente qué necesidad habría de tomar en serio la investigación. En cuanto a la organización interna de la universidad, si bien el profesor-investigador se encuentra en la cúspide de la pirámide, su tarea sólo alcanza pleno sentido gracias a los estudiantes, quienes asisten para formarse en aquellas profesiones que Ortega llamaba “intelectuales”. Una minoría de ellos aspira, a su vez, a formar parte del cuerpo de profesores.

Ahora bien, debe decirse que el modelo napoleónico de universidad fue el que terminó imponiéndose en Iberoamérica, privilegiando las necesidades del Estado y de sus eventuales ideologías. Tal vez sea ése el origen de la obesidad de los aparatos administrativos universitarios, del protagonismo de los Rectores, y, en definitiva, de la funesta idea de que el saber y el cuidado de la cultura sólo estarán asegurados si la universidad reproduce en su seno los criterios de gobierno provenientes del Estado.

Nadie recuerda los nombres de los Rectores de Princeton, Basilea, o Cambridge cuando allí enseñaban Einstein, Jaspers y Hawking. ¿Por qué sería importante saber eso? Se trata de profesores que pudieron, por lo general, trabajar en paz dando lo mejor de sí, y de universidades que conocían muy claramente sus rasgos distintivos respecto de otras instituciones públicas. Sí recordamos en cambio el nombre del Rector de la Universidad de Friburgo entre los años 1933-1934. Lo recordamos, no por las alturas a las cuales elevó esa universidad, sino por lo que ella y su rectorado significaron en ese momento inexplicable de la historia alemana.

Volvamos al modelo napoleónico. Éste contagia a la universidad las vacilaciones rocambolescas de lo político, la volatilidad de sus credos y el pragmatismo oportunista característico de quienes sólo tienen como horizonte de vida eternizarse en sus cargos. Por cierto, si esto se traslada a la universidad, ésta sufre un menoscabo en su propia identidad. Puertas adentro, es perfectamente legítimo que la universidad adopte ciertos criterios políticos para funcionar y que tenga su propio ideario. Pero ya no es tan defendible que esos criterios vengan infectados por la política partidaria propia del Estado. Así como una isla puede perfectamente ser parte del paisaje de un país, podría sostenerse que el carácter insular, aristocrático y selectivo de una universidad no vulnera su pertenencia visceral a una patria y a una cultura, ni al compromiso con ellas.

Una reforma de la universidad que se proponga rectificar lo que ni siquiera se ha demostrado sea una injusticia, es una pérdida de tiempo. Sin prisa ni pausa, y con la excusa de que hay nuevas sensibilidades sociales, se pretende la incorporación de los estudiantes a niveles en donde se toman decisiones esenciales respecto de su futuro, pero en un pie de igualdad con quienes ya pasaron por esa condición de estudiantes. No se trata aquí entonces de democracia, sino de democratismo. La democracia implica igualdad; ¿es necesario recordar que un estudiante no es el igual de su profesor? Esto, además de ser una incoherencia, es una grave imprudencia. En efecto, la condición de estudiante es la de una preparación a otra cosa, no un fin en sí misma. Nadie estudia para ser estudiante. Por eso, estrictamente hablando, no puede haber “derechos de los estudiantes” independientes de aquella condición final a la cual se ordena el ser estudiante. Puede resultar extraño, pero quien mejor conoce el bien y lo mejor para los estudiantes, es quien dejó de serlo. Éste puede experimentar en sí mismo y desde el final del camino, dónde sería preciso rectificar o reforzar ese itinerario. Lo contrario sería como suponer que el montañista, aún en pleno ascenso, puede ver más lejos y mejor que el guía que ya llegó a la cima, e intenta indicar a quienes vienen subiendo cuál es el mejor rumbo.

En suma, la reflexión sobre el sentido y la misión de la universidad no arrojan como conclusión la necesidad de un gobierno democrático pluriestamental, ni la reubicación de los estudiantes en sitios que no son los suyos propios. Esto implicaría transformar la isla en un istmo que facilita el transporte de la racionalidad (o irracionalidad) propias del Estado a una institución que no es un Estado, y que se rige por criterios sapienciales muy distintos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl