Quienes nos oponemos al otorgamiento de gratuidad en los estudios superiores por la sola pertenencia a un determinado quintil (a muchos quintiles, en realidad) hemos visto con interés la proposición de privar de ese beneficio a quienes realicen actos vandálicos que dañen a sus comunidades educativas o a la comunidad nacional, en su honra, en su patrimonio o en la integridad física de sus miembros.
Los que nos oponemos a la gratuidad lo hacemos sobre la base del principio del mérito. Es decir, estamos a favor de las becas completas o compuestas con crédito, cuando las personas, junto a su situación socio económica, demuestren resultados de calidad en su vida escolar y los mantengan durante sus estudios superiores.
Esa misma mirada es la que justifica que si algún alumno incurre en faltas -es decir, anula sus méritos o los perjudica seriamente- debe perder el beneficio de la beca o, al menos, ser advertido con tarjeta amarilla. Y a la segunda amarilla…
Todos sabemos, además, que este razonamiento se aplicaría a muy pocos casos, porque no cabe duda que los estudiantes de mayores méritos humanos y académicos difícilmente se involucran en actos de vandalismo. Pero aún así, la advertencia vale para las eventuales y lamentables excepciones.
Por supuesto, todo lo anterior implica que estamos hablando de la gratuidad (o de la beca) como un beneficio, no como un derecho.
Pero incluso si aceptáramos retóricamente la ideologización que ha buscado presentar a la gratuidad como un supuesto derecho (¿hasta dónde debería llegar? ¿hasta el post-doctorado? ¿de por vida, a través de la educación continua?) no cabe duda que es absurda la argumentación por la cual se afirma que en cuanto fuese la gratuidad un derecho, nadie podría ser privado de ella, hiciese lo que hiciese.
Absurda, porque nuestros ordenamientos constitucionales y legales (en plural, para que nadie rechace el argumento al vincularlo con la Constitución vigente) han contemplado siempre la eventual suspensión e incluso la pérdida de algunos derechos, cuando no se cumple con los deberes que llevan aparejados.
¿No han reparado los defensores de la gratuidad como un derecho absoluto que pueden suspenderse o perderse los derechos de sufragio, de asociación, a ocupar cargos públicos, de propiedad e incluso hasta la nacionalidad, por actos propios de naturaleza delictual o incompatible con esos derechos?
Imagínense si no va a ser obvio que un vándalo, vándala o vándale, (jo, jo) deba perder el supuesto derecho que lo ayuda a estudiar gratis, justamente porque ha decido hacer lo contrario: destruir, herir, ofender.