Escribo un 28 de junio, cuando conmemoramos el 72 cumpleaños de Jaime Guzmán Errázuriz.
Afortunado de poder hacerlo, porque en caso de prosperar el proyecto de resolución presentado días atrás por la diputada radical Marcela Hernando, esto estará prohibido en el futuro.
En efecto, la parlamentaria de la fenecida Nueva Mayoría ha dado crédito a la declaración de una ex alumna de Jaime, la que lo ha acusado de un comentario en su contra. Y como hoy basta que una persona afirme esto o lo otro para condenar a quién sea, la diputada se ha permitido afirmar que Jaime Guzmán “encarna valores anti-feministas” y entonces propone eliminar el nombre del senador asesinado de calles, plazas y de todo sitio público.
Agrega Hernando que el nombre de Jaime Guzmán representa la represión, la muerte y el machismo. Así no más, sin anestesia.
Apoyaron la iniciativa, entre otras diputadas, Camila Vallejo, Karol Cariola, Maite Orsini y Cristina Girardi…
Obviamente una iniciativa de esta naturaleza no va a ser aprobada en esta oportunidad, pero -como en tantas otras cosas- lo que pretende es correr una frontera e incentivar para que más adelante alguien aún más audaz e insolente pueda concluir que corresponde:
a) Sacar los restos de Jaime Guzmán del cementerio general, impedir que en la nueva tumba figure su nombre, prohibir la romería pública a su sepultura, impedir la realización de la Santa Misa por el descanso de su alma, cerrar el memorial que lo recuerda y destruir la estatua que sobre ese espacio cultural lo presenta al público.
b) Privar de personalidad jurídica a la Fundación Jaime Guzmán E., cerrar sus recintos y prohibir que entregue los premios que hoy adjudica a alumnos de diversas universidades.
c) Borrar su nombre de todos los documentos públicos, de las actas de la comisión constituyente, de los resultados electorales de 1989, así como de las sesiones del Senado de la República; exigir que sea eliminado de las actas del Consejo Superior de la P. Universidad Católica de Chile, así como de las de su Centro de alumnos de Derecho.
d) Eliminar su nombre de los colegios municipales o particulares que hoy lo exhiben con orgullo, exigir a la P. Universidad Católica de Chile que las dos salas que lleven su nombre cambian de denominación.
e) Retirar de todas las bibliotecas del país los textos de su autoría, los cientos de libros y artículos en que se lo menciona, para someterlos a censura, y devolver a circulación sólo los que denigren su persona y aprueben su asesinato, e impedir toda mención positiva a Jaime Guzmán en clases, conferencias, discursos, columnas, crónicas, programas de radio, tv o páginas web y otras redes.
f) Prohibir su foto en todas las sedes de la Unión Demócrata Independiente y en las de parlamentarios, y castigar todo uso de su imagen o de sus palabras en campañas electorales.
Lo que ha propuesto la diputada Hernando puede desencadenar una locura como la descrita. Se inscribe, ciertamente en la llamada “(in)cultura de la muerte”, la que al promover el aborto y la eutanasia, se extiende también al empeño por que los militares condenados mueran en la cárcel, al asesinato del lenguaje y, por cierto, al de la honra y de la verdad histórica.
Mientras tanto, Palma Salamanca se pasea libre por París, sin que conozcamos reproche alguno de diputadas tan sensibles.