Contribuir es concurrir voluntariamente en ayuda de un fin benéfico. Nuestras «contribuciones» son un eufemismo legal para maquillar una exacción que el Estado impone a propietarios de un bien raíz, en beneficio fiscal. El maquillaje esconde un impuesto al patrimonio, figura excluida de nuestra legislación. Pero además pisotea un principio básico de la constitucionalidad tributaria: los impuestos deben ser proporcionales a las rentas del «contribuyente«. La Constitución reitera: «en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos«. Pero eso es precisamente lo que nuestra ley hace en perjuicio de miles de «contribuyentes«. Alguien, sin conocimiento del propietario, le calcula el valor de su inmueble y el monto de su «contribución» trimestral. Ese impuesto al patrimonio se va incrementando con los años. En paralelo, los ingresos del «contribuyente«, que nadie toma en cuenta a la hora de calcular e imponer el tributo, van disminuyendo en caída acelerada, mientras se disparan sus gastos de salud. El efecto perverso es previsible: tras 30 o más años de trabajo, que le permitieron realizar el sueño de la casa propia, el «contribuyente» se verá forzado a venderla y cambiarse a una comuna de pelaje inferior, en que su vivienda más precaria quede exenta de «contribuciones«. Si no lo hace, la perversa dinámica de avalúos fiscales siempre en alza e ingresos personales cada año más escuálidos, culminará en el más infeliz de los epílogos: la humillación impotente de ver la propia casa embargada y luego sacada a remate, porque el Fisco debe pagarse de lo que es legalmente suyo. Casi semanalmente se publican ominosos obituarios tributarios: la sociedad debe saber quiénes son los «contribuyentes» morosos, que por irresponsable y contumaz descuido dejaron pasar tres años sin pagarle al acreedor estatal, tan implacable como insaciable. ¿No quisieron pagar? No pudieron. Pero ¿por qué no hicieron prudente reserva de fondos para pagar en plazo, cuota por cuota? Porque las «contribuciones» no son una compra o inversión opcional que pudieran postergar, son «impuestos«, bajo apercibimiento legal de ejecución coactiva. Y quien amenaza y ejecuta es el Fisco, el acreedor y cobrador privilegiado que impone multas e intereses de usura. Amparados en la dureza de la ley pero ley al fin de cuentas, sus operadores liquidarán en remate ese bien raíz que cobijaba la historia de muchos sueños, alegrías y penas, y nutría la esperanza de una vida de serena belleza y gozo crepuscular. El Estado, la comuna al servicio de los ciudadanos…

En este otoño de melancólica caída de hojas que ya cumplieron su deber de fecundidad, los «contribuyentes» están siendo notificados del alza de sus «contribuciones«. Quienes trabajan y cobran «sin moverse de su escritorio» los tranquilizaron: el alza venía amortiguada. Total, sólo un 25% más…

¿No habrá, como para la niñez, un Defensor de la Ancianidad?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Diario Financiero, www.df.cl