La semana pasada se dio a conocer el archivo de la investigación que por más de cinco años el Ministerio Público mantuvo abierta respecto de 12 universidades privadas, luego de que un grupo de diputados denunciara eventuales incumplimientos de la ley que las obliga a organizarse como entidades sin fines de lucro.
Además de los esfuerzos de la propia Fiscalía, durante ese período se encargaron diligencias a la Policía de Investigaciones, y se remitieron antecedentes y pidieron informes al Servicio de Impuestos Internos y al Consejo de Defensa del Estado, con el objetivo de determinar si los hechos investigados eran constitutivos de delito. En paralelo, el Ministerio de Educación hacía lo propio en orden a determinar si dichas instituciones habían incumplido la normativa educacional.
Todo esto permitió tejer un manto de dudas que cubrió las universidades cuestionadas y que fue utilizado por algunos para instalar un diagnóstico equivocado respecto de nuestro sistema de educación superior, desconociendo sus avances y generando un clima de crisis que sólo podía abordarse con cambios estructurales. Se abonó la idea de un sistema abusivo y fracasado que requería de una profunda intervención estatal y, bajo esa lógica, el gobierno promovió una reforma a la educación superior.
Si bien en ese contexto de desconfianza no resultaba extraño que los cambios estructurales que planteó el gobierno tuvieran cierto apoyo inicial, el sello intervencionista del proyecto de ley fue rápidamente identificado y dio origen a un transversal rechazo, que hoy tiene detenida la tramitación parlamentaria.
Las razones que la Fiscalía tuvo en consideración para archivar la investigación en contra de las universidades no son nuevas y estuvieron siempre presentes. Los fiscales, desde que tuvieron conocimiento de la causa, sabían que el delito de “lucro” no existe en nuestra legislación y que la forma en que jurídicamente las instituciones de educación superior se organizaron nunca ha estado prohibida. Por supuesto que, ante una denuncia, la Fiscalía tiene el deber de indagar y contribuir así a la necesaria certeza, pero la investigación que se mantuvo vigente por cinco años podría haberse resuelto en menos de uno, evitándose los efectos negativos para el sistema.
El desarrollo que nuestro sistema de educación superior ha alcanzado no quita que aún tengamos un debate pendiente respecto de las adecuaciones normativas que se requieren para su consolidación. Esa discusión debe basarse en un diagnóstico certero y necesita de un ambiente sereno para que sea provechosa. Aunque tardío, el cierre de estas investigaciones aporta al clima de confianza que se necesita para avanzar.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl.