Inicio esta columna recordando el dramático audio de la llamada que hizo a Carabineros la señora Vivianne Mackay la noche en que ella y su marido fueron brutalmente asesinados. Hay tres frases que considero necesario rememorar.

Una de éstas es la primera que ella dice: “Nos atacaron”. La segunda, cuando le responde al carabinero que recibe la llamada de auxilio y que pregunta cuántos son los atacantes: “Vi a uno, pero gritaba mátalos, mátalos”. La última frase es casi al final del audio, con la señora Mackay llorando desesperada: “Siguen disparando, por favor vengan luego”. El final de lo ocurrido esa noche ya lo conocemos: el matrimonio murió calcinado al interior de su dormitorio, con el seguro de la puerta puesto, según el peritaje realizado, lo cual evidenció que ambos fueron prácticamente arrinconados para que no lograran escapar de las llamas.

Este miércoles el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, encabezado por el juez José Ignacio Rau, determinó absolver a los 11 acusados por este homicidio. Esta decisión deja al machi Celestino Córdova como el único condenado en el caso. Me detengo en el juez Rau ya que apenas se supo que él presidiría el juicio, desde distintos sectores se cuestionó su imparcialidad, principalmente por una serie de comentarios inoportunos que había realizado en redes sociales en relación a la causa mapuche (algunos que más bien parecían hechos por un barra brava), incluso criticando destempladamente una diligencia policial que contaba con una orden emanada de un Juzgado de Letras y Garantía y en la que luego la misma Corte Suprema descartó de plano cualquier acción indebida de parte de Carabineros al interior de la comunidad Temucuicui, una de las más violentas y conflictivas de La Araucanía. Por ende, resultaba a lo menos curioso que el juez Rau, miembro del Poder Judicial, criticara un procedimiento decretado por un juzgado. De un ciudadano común y corriente se pueden esperar comentarios nacidos desde las entrañas, pero de un magistrado, ello genera desconfianza y dudas con respecto de su objetividad para presidir tan relevante y complejo caso en el que había sido designado.

Ya iniciado el juicio, a fines de agosto pasado, el tribunal encabezado por Rau rechazó la inclusión de una prueba que era considerada muy importante por la Fiscalía: el peritaje a un arma que había sido usada en varios atentados, incluido el crimen de los Luchsinger Mackay. Luego, a mediados de septiembre, nuevamente se determinó rechazar otra prueba que pretendía incluir la Fiscalía, un peritaje siquiátrico que buscaba contrarrestar un informe de la defensa que señalaba que José Peralino, el imputado clave del caso, tenía la edad mental de un niño de 12 años. Con esta decisión no fue posible refutar, con los dos peritos que se presentarían en el juicio, la verdadera condición mental del acusado, quien según palabras de su abogado tiene “un lenguaje pobre e hilvana frases simples solamente”.

Aquí es preciso detenerse y hacer mención a las declaraciones que Peralino realizó a la prensa a la salida del tribunal tras ser absuelto: habló de “montaje”, de un “plan” y de “mentiras del Ministerio Público”; manifestó sus impresiones, dijo que el juicio no lo olvidaría jamás, habló de la familia Luchsinger Mackay y criticó duramente a las policías. En fin, más de una decena de frases perfectamente hilvanadas y que difícilmente las diría un niño de 12 años.

Pero las pruebas que terminaron siendo rechazadas no fueron las únicas, puesto que ya antes otras también habían sido excluidas en este caso por el Juzgado de Garantía de Temuco. A propósito de esto, el fiscal nacional Jorge Abbott, en relación a los ataques incendiarios ocurridos últimamente, criticó el alto estándar probatorio que exigen los tribunales de justicia cuando se trata de casos vinculados a la causa mapuche, concordando de paso con la PDI en que así es muy difícil establecer una relación directa entre los imputados y los hechos puntuales de los que se les acusa. Si a esto le agregamos que los jueces rechazan pruebas importantes una y otra vez, las opciones de condenar a los culpables son prácticamente nulas.

Cuando ocurre un atentado, los simpatizantes y defensores de grupos como la CAM o Weichan Auka Mapu (WAM) suelen rápidamente decir que “es un montaje”. Curioso que lo repitan con tanta insistencia, sobre todo porque precisamente Weichan Auka Mapu, tanto en abril de 2016 como en septiembre de este año, se adjudicó más de 50 ataques incendiarios a través de comunicados enviados a medios informativos mapuche (que dicho sea de paso jamás publicarían, dada su línea editorial pro indigenista, un texto de un grupo mapuche cuyo contenido no fuese genuino). En el último de estos comunicados, la WAM hace una fuerte crítica a ciertos dirigentes mapuches y a la prensa alternativa por calificar persistentemente sus acciones como montajes, ya que con esto, cito textual, “empañan el esfuerzo y actuar de nuestros weichafe”. Agreguemos a esto, por ejemplo, el reportaje del programa Informe Especial de TVN, en que miembros de la CAM reconocen abiertamente cometer atentados; o al propio vocero de esta organización terrorista, Héctor Llaitul, quien en el mes de julio, en un debate en la Universidad de La Frontera, homenajeó el ataque incendiario que destruyó los primeros camiones en La Araucanía hace más de 20 años. ¿Alguien puede seguir hablando de montajes cuando los mismos integrantes de estos grupos reconocen públicamente los atentados?

A propósito de Llaitul, la Corte Suprema le revocó la prisión preventiva a él y otras siete personas justamente en una investigación por ataques incendiarios contra camiones. Asimismo, el gobierno decidió quitar la calificación de terrorista en el caso de los cuatro comuneros acusados de quemar una iglesia de Padre Las Casas, imputados que presionaron a las autoridades con una huelga de hambre. Es oportuno recordar las palabras del vocero de estos imputados tras una reunión en La Moneda: “Le doblamos la mano al gobierno”. Y no olvidar tampoco lo que ocurre con Celestino Córdova, quien apelando a lo que él llama “la enfermedad del machi”, por estar encerrado en la cárcel, logró ser trasladado a un hospital por tiempo indefinido, incluso argumentando que necesita “fortalecer su espíritu” y por tal motivo está exigiendo, además, ser llevado a su hogar por algunos días.

Todo lo anterior es un cúmulo de pésimas señales que ha estado dando la justicia chilena hace ya largo tiempo, dejando una fuerte sensación de impunidad y a las víctimas abandonadas, mientras que quienes optaron por el camino de la violencia parecen disponer de resguardos y beneficios varios.

Al inicio de esta columna recordé tres frases de Viviane Mackay en la llamada de auxilio realizada a Carabineros. No fue casual. En todas esas frases ella habló en plural. Las reitero: “Nos atacaron”, “Vi a uno, pero gritaba mátalos, mátalos”, y “Siguen disparando”. Celestino Córdova no atacó en solitario esa noche al matrimonio, estaba acompañado de más personas y eso es, a esta altura, innegable. El machi ya recibió su sentencia, 18 años de cárcel porque se comprobó fehacientemente su participación en el crimen, mientras el resto de los responsables, sean quienes sean, están libres. Aquellos mismos que la justicia aún no condena y que esperamos que en algún momento sí lo haga, con un gobierno que no les dé la espalda a las verdaderas víctimas de este homicidio, sin presiones, sin descaradas intromisiones de parlamentarios de izquierda ni de organismos de derechos humanos, y sobre todo, ojalá, con jueces idóneos, para evitar cuestionamientos que eran completamente previsibles.

Para así no volver a dejar la sensación de que en este juicio nunca existió la objetividad que todo caso —especialmente uno tan emblemático— amerita.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El líbero, http://ellibero.cl